Presentació

Contra el fatalisme resignat a considerar irreversible la tendència a prescindir d’unes regles comunes que ordenin les relacions internacionals, ja sigui en relació a la proliferació nuclear (Lluís Bassets) o a les guerres comercials (Marisa Poncela), s’expressen opinions favorables a no donar per trencat el vincle transatlàntic entre els Estats Units i Europa (Carlota García Encina, [text 1]) o a fer compatibles un grau determinat de sobirania digital amb una regulació de caràcter global (Andrés Ortega, [text 2]).

En l’any electoral que afecta a molts països d’Amèrica Llatina, són especialment rellevants les eleccions presidencials a Colòmbia i Mèxic (Antonio Navalón, Jorge Volpi). La segona volta d’eleccions colombianes dibuixa per primera vegada una confrontació nítida entre la dreta, representada pel candidat uribista Iván Duque, i l’esquerra, representada per l’ex-alcalde de Bogotá, Gustavo Petro (Jerónimo Ríos, Jorge Galindo).

La crisi política italiana (Luciano Fontana, Álvaro Imbernón) amenaça en esdevenir una crisi a escala europea (Carlos Elordi, Steven Forti) amb una confrontació explícita entre europeistes (Antonio Pérez Mira [text 3]) i sobiranistes (Angelo Panebianco), i amb una pregunta inquietant: poden conviure l’euro i les urnes? (Bernardo de Miguel).

La consciència de la necessitat d’un gir en la política europea per salvar la Unió és present en articles coms els de Georges Soros, centrat en la respostes a la crisi dels refugiats,  la política d’austeritat i al Brexit; o el d’Adela Cortina que troba a faltar lideratges responsables i pragmàtics; o la proposta de consens de diversos economistes espanyols per enfortir la zona euro (Federico Steinberg, Miguel Otero y José Moisés Martín [text 4]).

Sobre la qüestió dels lideratges és interessant la reflexió de José María Lassalle [text 5] sobre les derives cesaristes i l’anàlisi de Laurent Bouvet [text 6] sobre la manera d’exercir el poder d’Emmanuel Macron.

L’actualitat espanyola es centra, òbviament, en la moció de censura contra Mariano Rajoy presentada pel PSOE amb Pedro Sánchez com a candidat alternatiu (Enric Juliana, Lucía Méndez [text 7], Joan Tapia). La reacció del PP a la sentència del cas Gürtel (Soledad Gallego-Díaz) no ha deixat al PSOE, si volia exercir el seu rol de principal partit de l’oposició (Fernando Vallespín, Carlos Elordi), altra opció que presentar la moció de censura, en sintonia amb el sentiment majoritari de l’opinió pública (enquestes d’IMOP i Invymark), cada cop menys tolerant amb la corrupció (Jordi Pérez Colomé/Kiko Llaneras) [text 8] i que demana una regeneració de la vida pública (Cristina Monge [text 9], José Antonio Gómez Yáñez, Argelia Queralt).

Tanmateix, es tracta d’una decisió arriscada pels efectes negatius que por tenir en un moment especialment crític de la política espanyola i europea (Eduard Roig, Javier Pérez Royo … I que ha desfermat tota mena de càlculs i maniobres tàctiques de tots els actors polítics (Ricardo Dudda [text 10], Isidoro Tapia, Roger Senserrich).

A l’hora d’escriure aquesta nota el desenllaç de la moció, decantada per la decisió favorable del Partit Nacionalista Basc  (Enric Juliana), suposa un gir radical de la política espanyola improbable fa una setmana, amb la caiguda de Rajoy i el seu govern l’elecció de Pedro Sánchez com a nou president (Juan Rodríguez Teruel, [text 11].

La perspectiva d’unes eleccions anticipades queda de moment allunyada, quan les enquestes  (SociométricaNC Report, IMOP i Invymark) estimen que Ciudadanos seria la força més votada,  en uns moments on es plantegen dubtes sobre la seva autèntica naturalesa ideològica (Máriam Martínez-Bascuñán, Pau Luque), que  Lluís Orriols [text 12] considera que en cap cas pot qualificar-se de populisme d’extrema dreta.

El gruix de les forces independentistes catalanes ha vist en la moció de censura l’oportunitat d’un canvi de rasant per superar l’actual bloqueig (Lola García, Francesc-Marc Álvaro). En aquest sentit s’orienta la rectificació del president Joaquim Torra sobre el nomenament dels consellers del Govern, condició necessària per aixecar la vigència de l’article 155 (Kepa Aulestia, Francesc Marc-Álvaro [text 13]).

Al mateix temps que el Cercle d’Economia [text 14] presenta un document amb la voluntat de superar el fatalisme i contribuir amb propostes en favor de  la convivència i la governabilitat.

 

 

 

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Carlota GARCÍA ENCINA, “Por qué volver a creer en la relación transatlántica” al blog del Real Instituto Elcano (24-05-18)

https://blog.realinstitutoelcano.org/por-que-volver-a-creer-en-la-relacion-transatlantica/

Se me ocurren miles de razones por las que reforzar, reinventar, restaurar, rediseñar… la relación transatlántica. Pero el actual contexto no ayuda.

Los europeos no están contentos con la Casa Blanca y Donald Trump no parece confiar en sus aliados del viejo continente ni entender muy bien qué es la UE. Su elección ya fue un shock para Europa, con la portada del Spiegel anunciando el fin del mundo tal y como lo conocíamos. Y ese era el sentimiento de Alemania y de gran parte de Europa: ¿cómo EEUU podía elegir a alguien tan poco adecuado para el cargo? Un nuevo presidente estadounidense que había prometido “hacer América grande otra vez” renegociando los acuerdos internacionales que consideraba injustos y perjudiciales para el país y cuestionando el valor de las instituciones internacionales. Europa había sido además uno de sus principales blancos, con Trump posicionándose a favor del Brexit y calificando a la OTAN de obsoleta. Precisamente la organización que invocó por primera y última vez el artículo 5 del Tratado para proteger a EEUU después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Fue Angela Merkel quien primero dio voz a un amplio sentimiento entre los europeos: los aliados de EEUU no podrían contar más con él y tendrían que tomar su destino en sus manos. Y luego llegó la salida de EEUU del Acuerdo sobre el Clima de París, la no certificación del acuerdo nuclear iraní y la designación de Jerusalén como capital de Israel. Sin embargo, reinaba cierta sensación de alivio e incluso de normalidad en las capitales europeas tras los primeros doce meses de Trump en la Casa Blanca. Fue, en gran medida, gracias a los mensajes de tranquilidad de Pence, Mattis, Tillerson y McMaster.

Pero la postura de la Administración se ha vuelto mucho más agresiva en este segundo año, con Tillerson, McMaster y alguno más fuera de Washington. La recientes decisiones en materia de proteccionismo y la salida de EEUU del acuerdo nuclear con Irán han torpedeado la relación y décadas de prosperidad y estabilidad, beneficiando a otras dos potencias: Rusia y China.

Curiosamente son estos dos países los que EEUU identifica como aquellos que desafían su poder, influencia e intereses, intentando erosionar la prosperidad y seguridad de EEUU en un mundo hipercompetitivo. Y son estas dos potencias, tachadas de revisionistas, las que están obligando a Washington a repensar sus políticas de las últimas décadas.

Así, los asuntos internacionales se presentan desde la Casa Blanca como un juego de suma cero, rechazando la “comunidad global” kantiana y a favor del estado de la naturaleza hobbesiano, donde las naciones compiten por tener ventaja sobre el resto. En este mundo hipercompetitivo las alianzas son una alineación temporal de intereses, sin valor intrínseco para EEUU, que no sirven para mejorar su poder o la influencia ni para evitar guerras futuras. La solución de EEUU pasa por reforzar su poder y poner sus intereses primero, pero no insistiendo en la re-emergencia de la multipolaridad, en la necesidad de fortalecer el orden internacional ni en la reafirmación de la Alianza Atlántica, ni de sus aliados europeos.

La relación transatlántica, ¿moribunda?

Las crisis han sido una constante en las relaciones transatlánticas: en lo político (hegemón vs. aliados), en el ámbito estratégico (por ejemplo la disuasión nuclear), y en lo económico (sobre todo cómo afrontar las crisis). Pero, hasta ahora, han sido todas ellas crisis dentro del sistema. El actual presidente ha roto con los principios e ideas del orden internacional establecido y, por tanto, ha creado una crisis fuera del sistema. Para muchos significa el final y la muerte de una moribunda relación transatlántica. Pero al mismo tiempo, la mayoría de los expertos, sobre todo al otro lado del Atlántico, insisten en que los lazos transatlánticos son vitales en el mundo de hoy en día. Internamente, porque reafirman las democracias o facilitan la transición hacia ellas, mantienen los mercados libres, la independencia judicial y la libertad de prensa; en el ámbito internacional porque lleva al uso el estado de derecho y de las instituciones globales para resolver las disputas internacionales y promueven el libre comercio. ¿Con qué idea nos quedamos?

Para empezar, la hostilidad de Trump hacia la UE y la OTAN no es un reflejo de la opinión pública estadounidense. La mayoría siguen teniendo una visión positiva de la UE, de la OTAN y de la mayoría de los europeos. A ellos se une una mayoría de políticos, militares, expertos y miembros del Capitolio. Incluso el nuevo secretario de Estado, Mike Pompeo, que responde a la llegada de esos nuevos y preocupantes aires a Washington, realizó su primer viaje oficial como jefe de la diplomacia estadounidense a la OTAN, y eso es significativo.

Trump, sin embargo, está teniendo problemas más serios con la visión de su país en Europa. La proporción de europeos que ven a EEUU de forma positiva ha caído de forma dramática desde que Obama dejó el Despacho Oval (así lo muestra nuestro Barómetro en el caso español). Y aquí es donde los europeos tienen que empezar a trabajar, para prevenir una mayor revitalización del antiamericanismo popular en Europa.

Además, los europeos deben preservar sus principios, a pesar de Trump y a veces en contra de Trump, y hablar con condescendencia sobre sus diferencia con Washington, La oportunidad está en responder de forma unitaria a una política bilateral que Trump busca con cada uno de los estados miembros decidiendo, por ejemplo, qué hacer con Rusia antes que Washington. Y todo sin dejar de cooperar ni de buscar ni trabajar con otros socios “like-minded” como Japón, Corea del Sur, o países de América Latina.

No volveremos a ver las relaciones transatlánticas tal y como las hemos conocido hasta ahora, porque el mundo está cambiando, y EEUU y Europa también. Pero el Atlántico sigue siendo el centro del mundo democrático y del sistema de libre comercio, un área de paz donde la fuerza no se usa para resolver los conflictos. No es menos cierto que sus diferentes percepciones de las amenazas y de cómo hacerlas frente han puesto a la alianza bajo presión. Pero a pesar de los desencuentros, la relación transatlántica sigue teniendo una gran importancia estratégica para ambas partes y no hay una alternativa realista a ella.

Valores en común, intereses coincidentes y objetivos compartidos han constituido, hasta ahora, los cimientos de las relaciones entre EEUU y Europa. Quizás haya que volver a reescribirlos, y quizás haya que distinguir de forma más clara entre lo que es estructural y lo que es coyuntural (¿Trump?) para la relación. Porque la relación transatlántica hoy en día va mucho más allá de los gobiernos y de los líderes de los países. Crece el papel de otros actores que adquieren cada vez más protagonismo en algunos aspectos de la coordinación transatlántica: ciudades, regiones, organismos no estatales, empresas, academia y científicos, entre otros. Y no les estamos prestando suficiente atención.

Es impensable una no-coordinación transatlántica en el avance de la inteligencia artificial, en las posibilidad del uso del big data, en la interconexión mediante el Internet de las cosas, y otros muchos. Y pienso en “Marea” como un claro ejemplo de ello. Un cable submarino de fibra óptica que conecta a EEUU con España y Europa, que involucra a Microsoft, Facebook y Telefónica. ¿La razón? El flujo de datos a través del Atlántico continuará aumentando y porque esta iniciativa fortalece las comunicaciones en todo el mundo. ¿Cómo no creer en el futuro de la relación transatlántica? Y es que remamos en el mismo mar.

 

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Andrés ORTEGA, “Soberanía digital” al blog del Real Instituto Elcano (30-05-18)

https://blog.realinstitutoelcano.org/soberania-digital/

El debate sobre la soberanía ha entrado en la esfera digital. En el fondo, la soberanía es el control sobre el propio destino. El presidente chino Xi Jinping habla de ello, con el objetivo, proclamado ya en 2015, de convertir a China en una “cibersuperpotencia” o una “potencia nacional en el ciberespacio” (wǎngluò qiángguó). No es el único. El presidente francés, Emmanuel Macron, en su reciente discurso sobre Inteligencia Artificial (IA) en el Collège de France, impulsó la idea de una “soberanía digital europea”, consciente de que no es algo que se pueda abordar desde un solo país europeo. Aunque Macron tiene claras las prioridades para Francia en este campo de la IA: la salud y la automoción. Pero Macron, a la cabeza de un Estado y nuevo referente de integración europea, sabe que no compite únicamente con otros Estados extraeuropeos (y europeos) sino con enormes empresas que invierten en I+D+i, y especialmente en IA, más de lo que pueden muchas administraciones públicas.

Crece la percepción de que Europa se está viendo sometida a un nuevo colonialismo por parte de las grandes plataformas digitales, que tienen nacionalidad (estadounidense o china), y que en muchos casos se acercan a la condición de monopolios (lo que está siendo examinado tanto por la UE como en EEUU). La gran excepción, siempre citada, es la sueca Spotify de música en streaming. Pero dice mucho sobre los problemas europeos que la salida a bolsa, exitosa, de Spotify se haya tenido que hacer en Nueva York. Aunque en Europa está creciendo de modo marcado el capital riesgo, un análisis del CEPS (Centre for European Policy Studies) apunta que ante grandes operaciones Europa falla. Si Spotify hubiera querido salir a bolsa en Europa hubiera necesitado de la autorización del Gobierno sueco, y de otras 27 o más autoridades en la UE. “Europa tiene la capacidad de desarrollar empresas innovadoras de alta tecnología, pero cuando necesitan capital, Europa desaparece del mapa”, señala el CEPS.

Es China la que tiene más desarrollado su concepto de soberanía digital, parte de su política de conectividad global. La cuestión volvió en el último congreso del Partido Comunista Chino. Un interesante artículo de una revista del Partido, anterior, de septiembre de 2017, traducido al inglés por la fundación New America, revela que el régimen establece una unidad entre la ciberseguridad y lo que llama la informatización: “sin ciberseguridad no hay seguridad nacional; sin informatización no hay modernización”. No sólo por una cuestión de soberanía, sino también de control de la información y de la población. “El trabajo de opinión pública en línea se ha convertido en la tarea más importante de propaganda e ideología. Los mundos en línea y fuera de línea deben formar círculos concéntricos y, bajo la dirección del Partido, movilizar a las personas de todas las nacionalidades, movilizar todos los aspectos de entusiasmo, para realizar conjuntamente el gran rejuvenecimiento de la nación china y la lucha por el sueño de China”.

Xi Jinping ha planteado abordar este tema en “cuatro principios de transformación del sistema de gobernanza global de Internet” (en el que China quiere participar activamente) y “cinco proposiciones para construir una comunidad de destino compartido en el ciberespacio”.

Los cuatro principios son:

◦      Respeto por la cibersoberanía.

◦      Salvaguardar la paz y la seguridad.

◦      Estimular una cooperación abierta.

◦      Construir un buen orden.

Y las cinco proposiciones:

◦      Acelerar la construcción de una infraestructura de red global, que estimule la interconexión y la interactividad.

◦      Construir plataformas compartidas para la interacción cultural en línea, que estimulen el intercambio y el aprendizaje mutuo.

◦      Promover la innovación y el desarrollo en la economía en línea, que estimule el florecimiento común.

◦      Garantizar la ciberseguridad y estimular un desarrollo ordenado.

◦      Construir el sistema de gobernanza de Internet y estimular la equidad y la justicia.

Otros países tienen planteamientos similares, pero con menos control, y quizá menos énfasis en la cibersoberanía, que es algo que sin embargo se va imponiendo de forma general, al menos como aspiración.

Claro que incluso China, que ejerce un férreo control soberano de Internet y de la tecnología punta en su territorio, ha visto estos días cómo una decisión de la Administración Trump limitando la venta de componentes de alta tecnología a ZTE, ha puesto de rodillas al fabricante de móviles y otros productos. Aunque Washington y Pekín hayan llegado a un acuerdo, con condiciones, para salvar el grupo chino de telecomunicaciones (y más), la soberanía digital de China ha quedado en entredicho. A la vez, se les ha recomendado a los soldados estadounidenses no comprar móviles chinos para evitar que se detecte sus posiciones en el mundo.

Cuando Europa actúa no está exenta de fuerza y capacidad de imponer sus reglas más allá de sus fronteras, como potencia normativa. Lo estamos viendo con la entrada en vigor el pasado 25 de mayo del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, o GDPR por sus siglas en inglés) de la UE que se aplicara no sólo a empresas europeas sino a todas aquellas que operan en territorio europeo, aunque desde EEUU se rechace en principio. No es sólo una cierta recuperación del control o de la soberanía sobre Internet. Es una soberanía extendida, aunque limitada. Sin embargo, la comparecencia del CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, en el Parlamento Europeo fue frustrante y poco aportó.

¿Qué habría pensado Juan Bodino en nuestros días? Pues parece que el control sobre el propio destino se nos está escapando de nuestras manos. ¿Se puede recuperar? Más bien, somos fatalmente interdependientes.

 

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Antonio PÉREZ MIRA, “Mattarella y la custodia de Europa” a Agenda Pública (30-05-18)

http://agendapublica.elperiodico.com/matarella-y-la-custodia-de-europa/

La política italiana ha vuelto a hacer honor a su fama de complejidad con un nuevo episodio en esta historia interminable sobre la (in)gobernabilidad del país. En este caso, el suceso afecta directamente al papel del Jefe del Estado y ocurre en el momento en el que parecía que el letargo postelectoral tocaba a su fin tras el acuerdo de gobierno entre la Lega y el M5S, y el agónico parto de su candidato común a primer ministro, Giuseppe Conte. Pero los efectos tranquilizadores de la fumata blanca han durado más bien poco, puesto que la pasada tarde del domingo el premier in pectore renunciaba a su candidatura por el veto del presidente de la República, Sergio Mattarella, a su propuesta de Paolo Savona como ministro de Economía. Savona es un conocido economista  euroescéptico, y su nominación ponía encima del tablero el cuestionamiento del euro, abriendo un periodo de incertidumbre sobre la continuidad de Italia en el proyecto europeo. La sola idea de este terremoto para la Unión con epicentro en uno de los estados fundadores ha supuesto una reacción política y constitucional sin precedentes, con lecturas interesantes para todos los países del entorno.

Para entender el embrollo político y constitucional que están viviendo en estas horas en Italia, conviene comprender el sistema constitucional italiano. El país instauró en 1948 una república con una forma de gobierno parlamentaria, en la que su presidente se configuró como representante de la unidad nacional (artículo 87 de la Constitución italiana), con una alta autoridad moral sobre la que se sustenta su mandato y, por ende, el ejercicio de sus funciones constitucionales. Se trata de un poder neutro e imparcial, pero también un árbitro que vigila la observancia y el cumplimiento de los principios constitucionales. En este sentido, podríamos considerarlo como un órgano apolítico porque, en palabras del profesor Martines, no se trata de una persona de parte, a diferencia de los otros órganos constitucionales con vocación política, sino que siempre está de parte de la Constitución. Pero es precisamente este alejamiento de la arena política, como espacio en el que las distintas fuerzas políticas son exponentes del pluralismo político (y, por tanto, donde se ejerce la confrontación y colaboración entre los distintos y legítimos intereses de partido), lo que convierte al presidente de la república en un órgano que bien podríamos definir, siguiendo la terminología schmittiana, como guardián de la Constitución, un guardián político que garantiza y controla la adecuación y respeto a los valores constitucionales. No podemos olvidar que la Constitución italiana nace claramente en oposición al fascismo, y el riesgo de retorno a discursos totalitarios no ha desvanecido con el transcurso de los lustros.

En este contexto, el presidente Mattarella ejerció este control político el pasado domingo ante la lista de ministros propuesta por el candidato Conte. Se trata de un hecho insólito que ha despertado un gran interés doctrinal, aunque la inmensa mayoría de los constitucionalistas italianos se ha expresado en distintos foros apoyando la actuación de Mattarella. Analicémosla.

La conformación del Gobierno en Italia requiere de varios pasos. El presidente de la República realiza consultas para proponer un candidato a presidente del Consejo de Ministros que cuente con una mayoría en el Parlamento (en la Cámara de los Diputados y en el Senado, debido al sistema del bicameralismo perfecto). Pero no es el presidente del Consejo de Ministros el que se somete al voto de la confianza de las cámaras, sino todo el Gobierno (artículo 94 de la Constitución italiana), que está compuesto por aquél y por los ministros (artículo 92). Dentro del Gobierno, es el presidente del Consejo el que dirige la política general del Ejecutivo e impulsa y coordina la acción política y administrativa del Estado, siendo su máximo responsable. Este dato es relevante porque, de acuerdo de nuevo con el mencionado artículo 92 (origen de toda la controversia), el presidente de la República nomina, como es obvio, al presidente del Consejo, pero también a los ministros, aunque a propuesta de éste.

He aquí el problema: el alcance y el valor del poder de nombramiento de los distintos ministros por parte del presidente de la República. Tradicionalmente, esta función de separación de los ministerios y de elección de las personas encargadas de los mismos ha entrado en la esfera de la dirección política que compete al presidente del Consejo. Esta lista se presentaba al Quirinale y ya entonces el Gobierno de la República, que no de su presidente, requería la confianza a las cámaras. Es cierto que no es el primer caso, y abundan, en el que el presidente de la República desaconsejaba el nombramiento de determinadas personas por razones de inoportunidad política. Lo que convierte éste en diferente son las razones de Mattarella para el veto del euroescéptico Savona y la airada reacción de los partidos que apoyaban la conformación de este Gobierno.

Empezando por lo último, la reacción de la Liga y del M5S ha extralimitado toda cortesía constitucional, llegando incluso a proponer un imposible impeachement contra el presidente Mattarella, puesto que el artículo 90 sólo prevé la alta traición y el atentado contra la Constitución como motivos para apartar al presidente de la República.

Lo curioso es que, con su actuación, Mattarella sí ha querido evitar un atentado contra la Constitución italiana, dado que ha considerado que el nombramiento de Savona como ministro de Economía podía ir en contra de la adhesión de Italia en la Unión Europea (artículo 11 de la Constitución), el respeto de las obligaciones internacionales y europeas (artículos 80 y 117) o la protección del ahorro (artículo 47). Siguiendo ese papel de guardián político de la Constitución, ha evitado -podríamos decir- un quebranto del orden constitucional italiano, lanzando un mensaje claro de firmeza ante las derivas populistas que están resquebrajando el continente europeo. Al tiempo, consciente o no, Mattarella ha ejecutado lo que, a mi juicio, supone el gran símbolo en esta crisis: Europa está dentro de la Constitución italiana, la construcción europea no es ajena al orden constitucional italiano y, por tanto, la Unión se encuentra dentro de la Constitución material que el presidente de la República está dispuesto a defender con ese prestigio político que acompaña a su cargo.

Empero, esta loable acción tiene su contrapunto, basado en el cuestionamiento de la deriva de la Unión y su asimilación a la sola idea del neoliberalismo. La Europa defendida por Mattarella, de acuerdo con sus argumentos, ejemplifica el gobierno de los mercados frente al gobierno de los pueblos. El mensaje del presidente de la República deja fuera del juego político las legítimas aspiraciones de los partidos sobre la política económica y monetaria. Y nada lo simboliza mejor que el nombramiento como candidato a la Presidencia del Consejo de Ministros del tecnócrata Carlo Cottarelli, ex economista del Fondo Monetario Internacional.

 

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Federico STEINBERG, Miguel OTERO y José Moisés MARTÍN, “Propuesta de consenso de economistas españoles para fortalecer la zona euro” a Agenda Pública (25-05-18)

http://agendapublica.elperiodico.com/propuesta-de-consenso-de-economistas-espanoles-para-fortalecer-la-zona-euro/

El euro nació con el objetivo de unir más a los ciudadanos europeos, de dar un gran paso hacia adelante en la consecución de “una Unión cada vez más estrecha”, que es, según el Tratado fundacional, la meta que se pretende alcanzar con el proyecto de integración. Sin embargo, desde que comenzara la crisis la moneda única ha contribuido a separar a los europeos, llegando incluso a destruir parte de la confianza que se había forjado durante décadas de cooperación entre los países del centro y los de la periferia. Una vez más, en una cumbre a finales de junio, la eurozona tiene la oportunidad de completar su aún débil estructura. Los jefes de Estado y de Gobierno debatirán sobre las iniciativas para reformar su gobernanza. La reunión, que tendrá lugar en un clima de incertidumbre por la situación política de Italia y bajo los efectos de la negociación del presupuesto post-Brexit, parte de un proceso de reflexión, debate y elaboración de propuestas que, desde el año 2015 e iniciado oficialmente mediante el llamado documento de los cinco presidentes, culminó en un paquete de documentos sobre el futuro de la Unión Europea y una propuesta formal de la Comisión Europea el pasado mes de diciembre.

Que la gobernanza económica de la zona euro tiene lagunas y deficiencias es ya un lugar común. Lo atestiguan los pobres resultados de la gestión de la crisis de los años 2009 a 2013, que terminó con cinco países intervenidos, dos presidentes depuestos, altos costes sociales y económicos y una profunda erosión en la confianza ciudadana en las instituciones europeas. Una mejor arquitectura de la moneda única no habría evitado la crisis, pero la habría hecho mucho menos severa y habría evitado que se abriera un conflicto entre países acreedores (del norte) y deudores (del sur). En los últimos años se han desarrollado nuevos mecanismos de refuerzo de la vigilancia fiscal y nuevas instituciones de aseguramiento de países en dificultades, así como una ampliación del abanico de políticas monetarias del Banco Central Europeo; pero estas decisiones se han tomado, en muchos casos, en el último momento, sin un debate público de calidad y muy presionados por las reacciones nerviosas de los mercados financieros.

La resaca de la crisis ha dejado un elenco importante de aportaciones sobre las posibilidades de mejorar y completar la gobernanza de la Unión Europea, tanto en los aspectos bancarios y fiscales como en los políticos e institucionales. Los acuerdos no son fáciles, por cuanto las posiciones de partida no siempre se asientan en las mismas percepciones sobre lo que debe ser la Unión Económica y Monetaria, asunto muy bien analizado recientemente en Brunnermeier, Landau y James en El Euro y la batalla de las ideas, particularmente materializadas en las posiciones de Francia y de Alemania.

Precisamente por esta dificultad de entendimiento mutuo, se ha desarrollado un énfasis especial en la aproximación de visiones entre los pensamientos francés y alemán de política económica. Así, ya son varios los documentos que a lo largo de estos años han firmado economistas de ambos países, buscando la manera de reconciliar sus posiciones. Sus propuestas han servido para poner encima de la mesa algunos de los ejes clave de la reforma: completar la Unión Bancaria, revisar las normas fiscales, mejorar la rendición de cuentas de la gobernanza económica, establecer mecanismos de compensación presupuestaria en el caso de shocks asimétricos o reformar la arquitectura y la legitimidad de los mecanismos de intervención. Una agenda ambiciosa que se centra en los aspectos neurálgicos de la reforma, pero que sin duda chocará con las limitaciones de la acción política real, que no sólo se basan en lo que es bueno sino, sobre todo, en lo que es políticamente posible.

Los economistas en España no han sido ajenos a este debate. La reforma de la eurozona ha sido ya motivo de artículos en este mismo blog (aquí y aquí), y hasta el gobierno se ha atrevido, en un acto con muy pocos antecedentes, a ofrecer su propia propuesta, que enmienda a la que el propio Gobierno dejó caer hace ya un tiempo.

Sin embargo, hasta la fecha no se había presentado un documento de consenso apoyado por una amplia variedad de economistas españoles que, sin estar vinculados a ningún partido político, sí que tenían posiciones representativas de las distintas sensibilidades existentes en esta materia. Desde el Real Instituto Elcano, que desde hace varios años viene siendo un lugar de encuentro para debatir sobre temas europeos, se ha liderado este esfuerzo, que ha cristalizado en un texto que han terminado firmando más de 20 autores y que se publicó el Día de Europa. De hecho, como hemos podido comprobar a lo largo de la difícil labor de elaboración del texto, lo más difícil ha sido lograr consensuar una serie de propuestas que fueran al mismo tiempo aceptables para todos los autores y, a la vez, ambiciosas. O, como uno de los firmantes dijo, lograr un mínimo común denominador que no fuera un conjunto vacío. La propia acción de la representación en España en la Comisión Europea, a través del grupo de trabajo sobre el futuro del euro, permitió ir acercando posturas y generando ese marco común que no es un documento de máximos para nadie, pero sí aceptable por todos los y las firmantes.

El documento plantea una hoja de ruta a corto, medio y largo plazo para que el euro pueda afrontar con éxito su próxima crisis y su existencia deje de ser cuestionada. Para ello se propone:

  • Completar la Unión Bancaria a través de la puesta en marcha del Fondo Europeo de Garantía de Depósitos y un soporte fiscal para el Mecanismo Único de Resolución, y la consideración de todos los títulos de deuda pública de los países del euro como activos libres de riesgos, al menos mientras el presupuesto de la Unión Europea no tenga verdaderas capacidades contracíclicas.
  • Establecer una autoridad fiscal central, con sus propios recursos y capacidades, con la competencia suficiente para emitir deuda conjunta y hacer una política fiscal contracíclica a nivel europeo, de la que se podrían beneficiar sólo los países que cumplieran las reglas fiscales.
  • Integrar el Mecanismo Europeo de Estabilidad en la estructura institucional de la Unión Europea y someterlo a sus normas y tratados. Su personal podría integrarse en el ya existente Consejo de Estabilidad Fiscal Europeo que, tal y como hace la Airef en España, haría una vigilancia técnica de las políticas macroeconómicas de los países con el fin de evitar desequilibrios fiscales y políticos.
  • Mejorar el sistema de incentivos y apoyos para el desarrollo de reformas institucionales y de mercado. En este sentido, se proponen apoyos de la Autoridad Fiscal Central para aquellos países que emprendan reformas.
  • Permitir al Banco Central Europeo actuar como prestamista de última instancia cuando se den las circunstancias apropiadas para ello, es decir, a través del mercado secundario en momentos de ataques especulativos contra la deuda soberana de algún país de la zona euro.
  • Mejorar la gobernanza y la rendición de cuentas, implicando más activamente al Parlamento Europeo a través de la creación de un Comité de Asuntos del Euro, que diera legitimidad a los rescates, cuando éstos se produjeran, y ante quien rendiría cuentas el presidente de la Autoridad Fiscal Central, que estaría propuesto por el Eurogrupo.

Las propuestas presentadas avanzan en la dirección de una mayor integración política y, en algún momento, requerirán de un proceso de reforma de los tratados. Puede que en algunos entornos se consideren irrealizables o utópicas, pero lo cierto es que son tiempos de actuar con audacia y con ambición. Además, la mayoría de la opinión pública española se muestra tan o más dispuesta a avanzar en la integración como sus gobernantes. No desaprovechemos la oportunidad.

 

 

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José María LASSALLE, “Tambores cesaristas” a El País (30-05-18)

https://elpais.com/elpais/2018/05/29/opinion/1527610947_689751.html

El liberalismo está en retirada y Hobbes vence a Locke a diario para provecho de Carl Schmitt. Este podría ser el balance de la situación política en Europa y América en estos momentos. Un balance inquietante que no va a cambiar en mucho tiempo. De hecho, de alterarse este análisis sería para ver cómo el pensamiento liberal pierde la hegemonía sobre el relato que ha fundado y legitimado la democracia desde las revoluciones atlánticas hasta hoy. La causa está en el rebrote portentoso e imparable del miedo como vector social y la incapacidad de los liberales de actualizar la razón de sí mismos, que fue, tal y como explica Judith Shklar, derrotar al miedo con el nacimiento de la Modernidad.

La fatiga que muestran los liberales en todos los frentes nace de su incapacidad para reclamarse como una racionalidad crítica que devuelva a la libertad la energía ilusionante de afrontar desde ella los retos del siglo XXI. Y es que el liberalismo necesita evolucionar, empezando por su discurso y su aproximación a la realidad mediante, lo que Lars Svendien ha denominado, una ontología de la libertad. A través de ella, el liberalismo debe recentrar su campo de acción sobre conceptos como la diversidad, la tolerancia, la propiedad y la privacidad. Conceptos con los que elaborar un nuevo dispositivo reformista que responda a las incertidumbres de una humanidad que solo puede entenderse a partir de la globalización y la vivencia planetaria de todos sus problemas y urgencias. De lo contrario, el liberalismo cederá más y más terreno y, con él, se reducirá el espacio que define la convivencia pluralista y el marco de vigencia de los derechos y garantías que identifican una sociedad abierta.

Hobbes vuelve con fuerza. Lo hace calzando las botas de un populismo que no deja de evolucionar y mutar, demostrando que no es un fenómeno ocasional, sino que va camino de convertirse en el soporte del relato fundador de la democracia. Convertido en la estructura significante que explica y pretende reorganizar el caos de ansiedades e incertidumbres que nos acompaña cotidianamente, el populismo adquiere la fisonomía de un Leviatán expansivo que encauza el miedo que protagonizan multitudes transversales que claman seguridad y certidumbre a cualquier precio. Multitudes informes que traducen políticamente a través del miedo, un malestar profundo hacia lo establecido y, sobre todo, hacia quienes han encarnado y protagonizado su defensa en las últimas décadas.

La causa de ello hay que buscarla en la decepción y la desilusión que genera el consenso articulado alrededor del incumplimiento de las promesas generacionales de bienestar y progreso ofrecidas después de la II Guerra Mundial en Europa y Estados Unidos; y, en España, desde la Transición para acá. Primero, con el 11-S y, después, con la crisis económica de 2008, la Modernidad postindustrial se ha demostrado fallida a los ojos de la mayoría. Lo mismo que el relato social-liberal que ha hecho viable hasta ahora la alternancia partidista del centro-derecha y la socialdemocracia, así como la estabilidad de unas instituciones que se fundaban en un equilibrio de consensos que ha sido roto con la irrupción de los populismos.

La política y la sociedad evolucionan hacia un reality show que acosa la lógica moderna de la racionalidad instrumental y la hace inviable en todo el angular de sus actuaciones reformistas. El sentimiento triunfa y una especie de romanticismo mórbido niega las raíces conceptuales de la Ilustración al considerarlas trasnochadas. Las sociedades democráticas evolucionan hacia una ideologización sentimental de sí mismas. Se plebeyizan y reclaman una coherencia emocional desde la que apaciguar el miedo a través de dispositivos colectivos de comunicación que propagan el populismo a través de un haz de vectores multitudinario. Este se transforma así en una trituradora de sensatez que vive dando dentelladas hacia todo lo que proyecte moderación. El objetivo es siempre el mismo. Demostrar que la política no puede seguir organizándose en forma de diálogos y consensos, sino de rupturas, combates y fratrias tuiteras que proyectan sobre el terreno de juego partidista la lógica competitiva de un e-sport democrático con cada vez mayor número de actores.

Carl Schmitt se convierte de este modo en el profeta de la “weimarización” política del siglo XXI. Un modelo de democracia que se reinventa desde un populismo que logra encauzar el miedo bajo la forma de una añoranza al orden y la seguridad personalistas, y que no es otra cosa que una versión posmoderna del cesarismo por aclamación. De ahí ese “momento schmittiano” que se extiende por doquier y que reclama electoralmente el cesarismo, aunque adaptado a la intensidad del populismo que alimente su relato, la personalidad de quien lo protagoniza y, por supuesto, la fortaleza de la institucionalidad que lo limite.

Con Trump en un extremo y Macron en el otro, las democracias occidentales ensayan modelos cesaristas que demuestran la generalización del fenotipo. Y es que para la nueva política que inspira la versión cesarista del populismo, la moderación y la grisura de los acuerdos que relativizan las posiciones ya no tienen encaje en un mundo en permanente conflicto y agitación. La vanguardia de lo político se insinúa en la épica, más o menos combativa, de un liderazgo que enfrenta personalmente los problemas con los gestos de una autoridad voluntarista bajo la que todos los que tienen algo que perder no dudan en refugiarse bajo su manto como mal menor.

Y es que todo vale con el fin de frenar el desorden y el caos de la antipolítica asamblearia y las amenazas exteriores, o interiores, que acompañan la globalización. Por eso, el cesarismo crece. Porque aglutina los rescoldos de la prosperidad de antes de la crisis y las burbujas de la prosperidad de hoy, y las integra dentro de un relato épico atractivo que pica espuelas para conquistar la tranquilidad de poder seguir disfrutando de un status, el que sea. Estas son las razones que hacen que avancen en las democracias, cada vez menos libres, las huestes cesaristas y que lo hagan bajo un tamborileo de fondo que parece anunciar su victoria inevitable al proclamarse a los cuatro vientos electorales que son el único orden posible en medio de la incertidumbre. Se perfila así una Nueva Derecha que aúna dentro de un discurso schmittiano al soberanismo jacobino con la sentimentalización decisionista. En fin, una suerte de dictadura soberana y democrática que se alimenta del descrédito estructural sufrido por un liberalismo que, a los ojos de muchos, se ha hecho pusilánime y concesivo porque la Modernidad en la que se inspira ha perdido vigencia y pie. Lo dicho, tambores cesaristas que llenan el silencio de un liberalismo en retirada.

 

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Laurent BOUVET, “Le macronisme: une verticale du pouvoir incomplète” a Telos (29-05-18)

https://www.telos-eu.com/fr/le-macronisme-une-verticale-du-pouvoir-incomplete.html

Il est particulièrement périlleux de tenter de dresser le bilan d’une action politique, a fortiori d’un mandat présidentiel, au bout d’un an. Il est même impossible de le faire si l’on s’en tient aux résultats de la politique menée par le président de la République, son gouvernement et sa majorité. À la fois parce que ceux-ci sont dus en partie au pouvoir précédent et parce qu’ils ne sont pas encore assez significatifs pour donner un éclairage net sur la pertinence des choix revendiqués. L’angle des politiques publiques n’est donc pas le bon si l’on veut dessiner les contours (pour le moment hypothétiques) d’un « macronisme », un an seulement après l’élection de celui qui en est à la fois l’inspirateur et la principale incarnation.

Mieux vaut donc se tourner vers une autre perspective, en essayant de comprendre quel est le ressort profond de ce nouveau pouvoir qui a surgi dans le paysage politique français. Un pouvoir doublement nouveau puisqu’il est à la fois le résultat d’une volonté nouvelle, affichée et revendiquée comme telle, et celui d’une situation elle aussi nouvelle. Il est indispensable d’aller au-delà de ce qui est visible, à l’oeil nu, de cette « nouveauté » politique : les méandres de la communication présidentielle, les décisions prises… pour tenter de saisir ce qui n’est pas immédiat : la philosophie politique sous-jacente de ces paroles et de ces actes, ou du moins la manière dont ils sont conçus et pensés par les acteurs, au premier chef ici par le président de la République. Par chance, celui-ci n’est pas avare de longues explications sur ses sources d’inspiration, sur les raisons de son action ou encore sur la manière dont il entend la mener.

On partira d’un élément qui caractérise incontestablement la posture adoptée, dès son élection, par le chef de l’Etat : la verticalité du pouvoir présidentiel. Nul ne lui conteste en effet une volonté en ce sens, que ce soit pour s’en féliciter ou que ce soit pour s’en désoler. Pourtant, et ce sera notre argument central ici, cette verticalité reste aujourd’hui encore incomplète. Construite à partir du régalien, du haut, elle n’arrive pas en effet jusqu’au populaire, en bas.

La verticalité du pouvoir présidentiel, dans le cadre républicain, est une colonne d’air qui relie le régalien au populaire, le haut et le bas, le pouvoir qui s’exerce et sa légitimation politique. Il est incontestable, depuis le soir de sa victoire et son entrée spectaculaire dans la cour du Louvre, qu’Emmanuel Macron a compris l’impérieuse nécessité de remettre debout, à coups de symboles, l’incarnation du pouvoir présidentiel, négligée voire abîmée par ses deux prédécesseurs aux yeux de nos concitoyens. Le jeune président de 40 ans a d’ailleurs, depuis, pleinement assumé cette incarnation sur la scène internationale comme sur la scène nationale, au point de se voir baptisé « Jupiter » et de se voir reprocher une dérive monarchique – reproche déjà enduré par nombre de ses prédécesseurs à l’Elysée.

Toutefois, Emmanuel Macron n’a pas (encore ?) su ou pu reconnecter le régalien au populaire, au bout d’un an d’exercice du pouvoir suprême, le piédestal n’est toujours pas devenu un socle. On voit même se dessiner une fracture entre un exercice du pouvoir présidentiel, pleinement incarné et assumé, et la manière dont il est perçu et reçu dans le pays : « président des riches », « froideur technocratique »… Cette distance qui s’est rapidement installée a plusieurs causes. Certaines sont bien identifiées, d’autres restent plus contestées. On en distinguera quatre.

La première cause, la plus communément admise, de cette coupure, tient aux conditions mêmes de l’élection d’Emmanuel Macron. Celles-ci fournissent d’ailleurs encore des motifs de contestation de la légitimité politique du président de la République du côté de la France Insoumise par exemple ou dans les manifestations qui ont rythmé la première année du quinquennat, comme si un troisième tour de l’élection présidentielle était indispensable aux yeux de nombre de militants de gauche, et qu’il devait nécessairement se dérouler dans la rue. On sait que le président de la République a été élu dans un second tour contre Marine Le Pen, à l’issue d’un premier tour serré où il n’a rassemblé que 24% des électeurs. Mais malgré cette base électorale étroite – il est apparu comme le meilleur candidat de la France du « oui » au traité constitutionnel européen de 2005 –, il a trouvé la clef du centre contre des blocs renvoyés loin à droite (le Front national et Les Républicains version Fillon-Wauquiez) et à gauche (la France Insoumise et un PS réduit au score de Benoît Hamon) mais incapables de s’unir pour s’opposer à lui. La coupure de la colonne d’air peut se lire ici suivant la ligne populiste : le chef de l’Etat serait le représentant du haut, des « élites » (pro-européennes, ouvertes à la mondialisation, CSP+, présentes dans les grands centres urbains, etc.) contre des formations incarnant le bas, le « peuple », mais un peuple divisé entre une configuration sociale et une configuration nationale-identitaire dont la conjonction démocratique est a priori impossible. Cette impossibilité d’un peuple laisse toute latitude à un pouvoir qui pense pouvoir s’exercer par le haut sans avoir besoin du bas.

Une causalité aussi simpliste doit évidemment être rapidement complétée. Une deuxième origine de la coupure de la colonne d’air républicaine tient à la pente technocratique du pouvoir macronien. Celui-ci a été à juste titre décrit comme une reprise en mains des affaires publiques par la haute fonction publique de l’Etat. Celle, plus précisément, d’une nouvelle génération de hauts fonctionnaires, née à l’âge de la mondialisation, de la révolution numérique et du New Public Management. La France renoue ici avec une grande tradition de son histoire : l’intervention directe des élites étatiques pour remettre le pays « en marche », sur les bons rails, du colbertisme au gaullisme en passant par le saint-simonisme et son riche héritage tout au long du XIXème siècle. Cette fois, début du XXIème siècle oblige, c’est en lien avec les élites de la nouvelle économie, sur fond de volontarisme entrepreneurial. Le bas de la colonne d’air, le populaire, se retrouve à la traîne d’une telle dynamique : la France des territoires, des notables, des élus locaux et des réseaux traditionnels apparaît non seulement comme notariale et rentière, incapable d’innovation et de disruption, mais surtout comme conservatrice, un pêché mortel à l’âge du nomadisme, de la « société liquide » et de l’hyper-connection.

L’inspiration philosophique du président de la République, celle dont il a parlé à de multiples reprises ces derniers mois, fournit une troisième explication de la coupure. Emmanuel Macron s’inscrit en effet explicitement, de manière a priori paradoxale avec le caractère colbertiste que l’on vient de souligner, dans une tradition d’attention à la société civile, aux contre-pouvoirs et aux équilibres qui y sont représentés. Cette tradition politique, c’est celle de la « deuxième gauche », pour laquelle l’Etat est sinon suspect du moins toujours trop présent voire trop pesant ; celle pour laquelle la négociation et le compromis, social en particulier, valent autant sinon davantage que la loi, expression d’une volonté générale qui n’est à ses yeux qu’une autre manière de désigner la tyrannie de la majorité. L’équilibre macronien, revendiqué, du « en même temps » vient de là, et les références et révérences du président de la République vont très souvent à cette famille politique. Mais cette horizontalité toute ricoeurienne peut difficilement l’aider à relier le régalien au « populaire ». Cela l’en éloigne même sans doute encore un peu plus. Ne serait-ce que parce que cette société civile complexe faite de groupes sociaux constitués et de multiples représentants des différents fragments du corps social français ont rarement été dans l’histoire nationale des rouages efficaces entre le pouvoir politique et le peuple, ils ont même été, le plus souvent, des freins à la construction d’un tel lien. On y retrouve aussi bien la tentation élitiste lorsque cette société civile est le plus souvent réduite, dans le discours présidentiel, à sa frange dynamique et innovante. De plus, à l’époque de la crise généralisée de la représentation que nous vivons, l’affichage fréquent d’une horizontalité qui se veut consensuelle et pacificatrice peut s’avérer contre-productif, d’autant plus quand il est démenti, dans les faits, par une prise de décision politique très verticale qui est le fait d’une étroite élite étatique réunie autour du président.

Une quatrième cause, sans doute plus fondamentale encore, explique cette coupure de la colonne d’air entre le régalien et le populaire. Elle tient à l’attention, perçue comme bien trop faible, accordée par le pouvoir actuel à l’inquiétude des Français face aux défis qui pèsent sur leur identité commune – immigration, intégration, laïcité, frontières, souveraineté, terrorisme, « insécurité culturelle »… La préoccupation majeure au sommet de l’Etat se veut avant tout économique ; on pourrait ainsi la qualifier d’économicisme,  coagulation de l’esprit technocratique, de l’inspiration managériale et de la possibilité de conclure des deals sur tous les sujets. Ce sont d’ailleurs les sujets économiques et sociaux qui se prêtent le mieux au pragmatisme macronien du « en même temps ». Le dyptique « libérer et protéger » qui définit le projet d’ensemble du quinquennat en la matière, même si l’on a bien compris qu’il y avait un temps pour chacune de ses composantes, est un équilibre qui permet a priori de s’allier tour à tour une partie de la gauche et une partie de la droite. La chose semble en tout cas possible après les dérives et impasses des quinquennats précédents. Le problème, et il est de taille, c’est que d’autres enjeux, ceux qui renvoient précisément à l’identité commune des Français sont beaucoup moins susceptibles d’être traités dans cet habile et confortable « en même temps ». Or ce sont ces enjeux-ci qui sont devenus, ces dernières années, les plus saillants pour nos concitoyens. Ils les placent même désormais volontiers devant leurs préoccupations économiques et sociales – emploi, pouvoir d’achat, retraite… – même si celles-ci restent très présentes. Le chef de l’Etat se montre moins à l’aise en la matière, dans ses interventions publiques notamment, comme si son pragmatisme ne fonctionnait pas avec la même efficacité qu’en matière de réformes économiques. Alors même que l’on est là, outre l’impérieuse nécessité d’un discours construit sur le sujet qu’appelle une époque marquée par l’exacerbation des revendications identitaires de toutes sortes, au coeur du vieux contrat politique entre le régalien et le populaire, celui qui définit par un aller-retour permanent la complexe et mouvante « identité de la France » chère à Fernand Braudel.

Pour réussir son quinquennat et redonner ainsi toute sa confiance en lui au pays, il est indispensable qu’Emmanuel Macron rétablisse la circulation de l’air dans la colonne qui relie le régalien au populaire. Sans cette pleine et entière verticale du pouvoir qui fait tenir ensemble la France, il est à craindre qu’outre un échec politique de celui qui veut en incarner avec force le renouveau en ce début de XXIe siècle, le pays ne se défasse encore un peu plus, ce qui ouvrirait toute grande la porte de toutes les incertitudes.

 

 

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Lucía MÉNDEZ, “… Y la legislatura colapsó en 48 horas” a El Mundo (27-05-18)

http://www.elmundo.es/espana/2018/05/27/5b09ccfee5fdea09188b4650.html

Después de tres años de parálisis, con un Gobierno en minoría sin iniciativa política y una oposición instalada en el tacticismo, la actual legislatura -nacida con el fórceps de la abstención socialista– ha colapsado en escasas 48 horas. Acostumbrado a vivir al límite, Mariano Rajoy llevaba meses esperando el momento de salir del Congreso con los Presupuestos aprobados.

Había invertido cantidades ingentes de tiempo y de dinero en mimar al PNV para disponer de sus cinco votos. Ni siquiera el empantanamiento catalán, que le había obligado a mantener el 155 por el nombramiento de consellers presos o fugados, le distraía más de un minuto de su verdadero objetivo: seguir en La Moncloa hasta 2020. A trompicones. A trancas y barrancas. Como siempre, desde las elecciones del 20-D de 2015. Debió consultar el horóscopo. Todos los astros se alinearon en su contra esta semana y los jueces de la Audiencia Nacional le dieron la puntilla en la sentencia de la primera época de la trama Gürtel. Nueve años después de haber comenzado la instrucción.

Los vertiginosos acontecimientos que dejan a Rajoy en la más delicada e incierta situación de su prolífica vida política se sucedieron en el lapso comprendido entre las cuatro de la tarde del miércoles 23 -cuando el PNV anunció el voto afirmativo a los Presupuestos- y las tres de la tarde del viernes, cuando el propio presidente compareció para poner a caldo a Pedro Sánchez por haber presentado una moción de censura para desalojarle de La Moncloa. Dos imágenes cruzadas pueden condensar el frenesí político de la semana. El jueves, bien temprano, Mariano Rajoy fue entrevistado en la Cope y Pedro Sánchez en la Ser. Ambos se deshicieron en elogios el uno del otro por su unión indestructible contra el independentismo catalán. El PP había elevado a Pedro Sánchez a la categoría de hombre de Estado -la máxima condecoración que dispensa este partido-, y el líder socialista se dejaba querer. Un día después, Sánchez había presentado una moción de censura contra Rajoy por la sentencia de Gürtel y el PP le dispensaba el tratamiento de Judas Iscariote.

La crónica de los acontecimientos de tres días escasos -algunos de ellos bastante inverosímiles- dibuja un país sólidamente instalado en la inestabilidad, aquejado de la mayor crisis de Estado, y unos partidos políticos incapaces de enderezar el rumbo.

El lunes ya apuntaba maneras. Los diputados fueron llegando al Pleno de Presupuestos en medio de un panorama alocado. El nuevo presidente de la Generalitat había nombrado consellers a políticos presos o fugados. El Gobierno paralizó la publicación del decreto de nombramiento, a pesar de lo cual Quim Torra pretendía que tomaran posesión. El 155 permanecía en vigor, por lo que el PNV no confirmaba su apoyo a los Presupuestos. Albert Rivera, el líder de Ciudadanos y favorito de la demoscopia electoral, había protagonizado un acto de exaltación de lo español cuyos detalles pusieron los pelos de punta incluso a muchos de sus simpatizantes. Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, había convocado una consulta interna sobre el chalé que él y su pareja, la portavoz parlamentaria, Irene Montero, se compraron en la sierra de Madrid.

“Es como si todo el mundo se hubiera vuelto loco”. Éste era el comentario más repetido fuera del hemiciclo del Congreso, mientras dentro se debatían las distintas partidas de los Presupuestos. Dispuestos a encarar el segundo día de Pleno, los diputados se sobresaltaron el martes bien temprano con la detención de Eduardo Zaplana en Valencia. Lo que faltaba. El ex ministro de Aznar y ex portavoz de Rajoy fue protagonista principal de una época y una épica del ejercicio del poder del PP. Acostumbrados ya a las detenciones y el encarcelamiento de colegas muy principales, los dirigentes populares pusieron cara de susto -o de pena como mucho por la enfermedad del detenido- y archivaron el acontecimiento en el “pasado simbólico” del aznarismo.

El mismo martes, mientras los ministros y portavoces de los grupos seguían desgranando los Presupuestos en la tribuna sin que nadie les hiciera mucho caso, Quim Torra mantenía convocada la toma de posesión de los consellers. Los servicios jurídicos del Estado seguían indagando si la publicación del decreto de Torra era viable o no. En realidad, el Gobierno de Rajoy quería mantener la decisión en suspenso para que el PNV votara los Presupuestos.

En una esquina del Congreso, la vicepresidenta no lograba aclarar el por qué de la tardanza de los servicios jurídicos en emitir criterio. En la otra, los diputados de Podemos debatían sobre la consulta del chalé de su secretario general y su portavoz parlamentaria. Con un denominador común: la peripecia del chalé hará daño político a Podemos, sea cual sea el resultado de la consulta. Los diputados socialistas cruzaban opiniones acerca de la preocupante irrelevancia del PSOE. Y un parlamentario del PP expresaba su inquietud a propósito de las actuaciones judiciales contra los miembros del partido. “Hay una actitud justiciera contra la corrupción por parte de los cuerpos policiales, la Fiscalía y los jueces. Buscan un escarmiento y, a poco que encuentren, no pararán”.

Proféticas palabras que se tradujeron en hechos en la mañana del jueves, pocas horas después de que Mariano Rajoy abandonara el Congreso con los Presupuestos aprobados. La estabilidad que buscaba para dos años le duró una noche. La sentencia del caso Gürtel acabó por dar al traste con los planes, las tácticas y las contorsiones de todos los partidos políticos. Y no se puede decir que fuera una sorpresa, ya que desde hace semanas se sabía que el fallo de la Audiencia estaba a punto.

El colapso de la segunda legislatura se reflejó con toda su intensidad en la mirada furibunda y el gesto crispado del presidente del Gobierno en su comparecencia al término del Consejo de Ministros del viernes. Rajoy no dio crédito al enterarse de que Sánchez había presentado la moción en el registro del Congreso tan rápido porque quería evitar que el presidente disolviera antes de las 11 de la mañana del viernes. Un completo disparate, en opinión de los colaboradores de Rajoy, en cuyos planes de futuro jamás ha estado, ni por asomo, la posibilidad de acortar la legislatura. Ni aun en el caso de que el Congreso le hubiera devuelto los Presupuestos sin aprobar. Rajoy tenía previsto prorrogarlos y lanzar el balón hacia adelante. El presidente es preso de su propio relato de gran superviviente, que no piensa corregir, ni cambiar, ni modular en el tiempo que le quede en La Moncloa. Sea el que sea. Días, meses o años.

Años va a ser difícil. Así estaba de enojado el viernes, cuando incluso tuvo que suspender el viaje a Kiev para asistir a la final de la Champions. Enojado no solo por la moción de censura de Pedro Sánchez. Que también. Mariano Rajoy ha perdido por el camino de la corrupción a su único aliado parlamentario, Ciudadanos. Ya pueden desgañitarse el presidente, sus ministros y los dirigentes del PP en proclamar la estabilidad del Gobierno. La ficción no da más de sí. Independientemente de que triunfe o -más bien- fracase la moción de censura de Pedro Sánchez, el clamor de la convocatoria de unas elecciones generales recorre el país de punta a punta. Y perseguirá a Rajoy allá donde vaya.

“La legislatura no da más de sí. España necesita un Gobierno y no lo tiene. Ni Rajoy gobierna, ni Pedro Sánchez puede gobernar. Con la mayor crisis territorial de la democracia que no hace más que agudizarse. La única salida lógica y racional pasa por las urnas. Obligar a Rajoy a disolver, voluntariamente, o por la fuerza de una moción de censura que tenga como objetivo único el adelanto electoral. Esto no debería ser tan difícil, si no fuera porque todos los partidos juegan al corto plazo, al día siguiente”. Esta es, resumida, la opinión fundada de personalidades políticas de relieve.

 

 

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Jordi PÉREZ COLOMÉ/Kiko LLANERAS, “Cuáles son los casos de corrupción más graves de España” a El País (26-05-18)

https://politica.elpais.com/politica/2017/06/09/actualidad/1497023728_835377.html#?ref=rss&format=simple&link=link

Toda corrupción es mala, pero no del mismo modo. En España ha habido más de 2.000 casos de corrupción desde al año 2000. Solo un puñado son conocidos: por su magnitud, porque pertenecen a tramas complejas o porque afectan a altos cargos. EL PAÍS reunió a un panel de 13 académicos expertos en corrupción para que ordenen los casos principales. Los tres más graves del siglo XXI en España son, por este orden, Púnica, Gürtel y Palau. Los datos fueron recogidos en 2017, antes de la sentencia del caso Gürtel.

Los académicos han valorado dos aspectos de 22 grandes casos: primero, la seguridad de que un caso haya ocurrido, y segundo, su gravedad. Como se ve en el gráfico, todos son muy graves y muy probables -tanto los que tienen sentencias como los que no. En casos de esta magnitud, después de años de trabajo policial, la diferencia para casos con sentencia o no es pequeña: “Muchas veces no me preocupa tanto lo que diga finalmente la sentencia, que puede ser absolutoria por cuestiones formales”, dice Manuel Villoria, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos.

Cada panelista define la gravedad con su baremo, pero los factores donde hay más coincidencia son cuatro: grado de sofisticación de la trama, dinero sustraído, nivel de los investigados y perjuicio para la opinión pública. Los casos más graves son los diseñados específicamente, que “consisten en la creación de un sistema replicable pensado para abusar del dinero y la plaza pública, que implican por definición la aprobación de varios miembros de la administración”, dice Elena Costas, investigadora postdoctoral de la Universitat Autònoma de Barcelona.

El podio del saqueo

Estos son los tres casos más importantes de corrupción por su gravedad y por la certeza.

Caso Púnica. Lo tiene todo: trama, años, dinero, extensión. Ha sido el caso de corrupción más cercano a la perfección, según los especialistas. Solo ha recibido puntuaciones de 9 y 10 en gravedad. En probabilidad solo Gürtel le supera porque el juicio estaba más avanzado cuando los expertos respondieron el cuestionario. El corazón del delito de la Púnica era cobrar comisiones a cambio de adjudicaciones en ayuntamientos de Madrid y Valencia. El presunto cerebro de la trama era Francisco Granados, ex número dos del PP en Madrid. “Púnica es el más preocupante porque se produce dentro de una estructura administrativa. Es muy sofisticada e intensa”, dice Gimeno.

Caso Gürtel es la otra pata de los grandes casos de corrupción vinculada al PP. El centro de la trama era el empresario Francisco Correa, que se nutría de contratos y favores de administraciones dirigidas por el Partido Popular en Madrid y Valencia a cambio de sobornos a funcionarios y autoridades públicas. Los años que lleva Gürtel en las portadas le da también más peso: “Los grandes titulares pueden llevar a una percepción mayor respecto a su gravedad”, dice Costas.

Caso Palau. Su gravedad es la connivencia: “De forma activa y por omisión hay una cantidad espectacular de actores, e implica a una trama transversal: políticos, sociedad civil, empresarios y otros partidos que hacen ver que no ven”, dice Carles Ramió, catedrático de la Universitat Pompeu Fabra. Fèlix Millet, expresidente del del Palau de la Música, se quedó con dinero de la entidad y canalizó comisiones de constructoras a Convergència i Unió.

Las dudas de algunas investigaciones

El resultado no solo permite ordenar los casos principales, sino aclarar el panorama. El caso Pujol está valorado como muy grave, pero baja su peso por falta de seguridad: “Hay indicios para que dé un salto cualitativo, lo que nos haría hablar no de una corrupción española, europea o latinoamericana sino africana”, dice Ramió. Pero falta de concreción: “La propia policía ha generado dudas. Hay tanta oscuridad. Los policías te dicen que hay mucho, pero no lo cierran: qué contratos, dónde está el dinero”, añade Villoria. El caso Lezo es otro ejemplo de corrupción que podría crecer en gravedad con el tiempo. La actualización de este panel en dos años moverá a la fuerza las percepciones.

El caso Pokemon tiene una magnitud notable -con más de 100 acusados-, pero que esté centrado en ciudades gallegas ha perjudicado su cobertura y, por tanto, su importancia: “Hay 11 municipios con alcaldes y ex alcaldes implicados, que va más allá del urbanismo”, dice Yeimy Ospina, investigadora del IBEI (Institut Barcelona d’Estudis Internacionals).

El patrón español

El análisis de todos los casos permite ver otro patrón: en corrupción, España es una mezcla peculiar entre Holanda y Rumanía. Los niveles de corrupción entre funcionarios españoles de policía, educación, sanidad o hacienda están al nivel del norte de Europa. Pero hay una zona donde se cruzan todos los problemas: municipios, contratos públicos y urbanismo. “Tenemos un agujero muy grande en contratación pública y en su momento de urbanismo”, dice José María Gimeno, catedrático de la Universidad de Zaragoza. Aún se puede afinar más: “El 90% de los casos de corrupción no tienen lugar en administraciones públicas tradicionales, sino en la paraadministración: entes que se crean para funcionar con más agilidad, como empresas públicas, fundaciones”, dice Fernando Jiménez. Allí los funcionarios tienen otros sistemas de compensaciones y los controles son distintos.

Los gobiernos centrales tienen más seguros: “La administración central tiene a los mejores expertos. A nivel provincial, lo son menos porque los buenos se han ido si han podido”, dice Eliska Drapalova, investigadora postdoctoral en la Hearthie School de Berlín. Los controles de los Ayuntamientos están en manos de los secretarios e interventores, cuya labor depende a menudo de la voluntad del alcalde: “Pueden quitarles los complementos, llevarlos a un despacho en el sótano, hacerles la vida miserable. Luego si alguien se va por mobbing, el alcalde pone a alguien de interino y se puede alargar”, dice Víctor Lapuente, profesor de la Universidad de Gotemburgo.

El nivel de corrupción en un país se ha medido habitualmente por la percepción de los ciudadanos. La corrupción es el segundo gran problema para los españoles, después del paro. El tercero son los políticos y los partidos. Desde el inicio de la crisis, la corrupción ha estado entre los tres primeros, junto al paro y la economía. El índice permite ver algo curioso en el comportamiento de los españoles. El estallido de casos de corrupción en España fue al final de la burbuja, entre 2006 y 2008. El caso Malaya en Marbella fue el ejemplo. Pero la percepción de la corrupción como un problema enorme para los españoles empezó en 2010, cuando la crisis se había esparcido. Hasta entonces, no se veía como un problema enorme que unos pocos robaran mientras la mayoría vivía bien. “Cuando el porcentaje de ciudadanos que creía que la situación económica era mala o muy mala superó el 50%, el impacto de la cobertura mediática en la percepción de la corrupción como problema público empezó a aumentar”, dice Anna M. Palau, profesora de la Universitat de Barcelona.

Metodología. La preselección de los 22 casos fue revisada por el panel. El criterio para escogerlos fue el número de búsquedas en Google desde 2004 de los principales casos en España según la lista extensa: “casos judiciales relacionados con corrupción política”. La referencia fue las búsquedas hechas en España para el caso Brugal: todos los que fueron más buscados, entraban en la selección.

El panel contestó estas dos preguntas para cada caso: “1. ¿Qué seguridad tienes de que se produjo este caso de corrupción? (1, seguro que no ocurrió; 10, seguro que sí ocurrió.)”; y “2. Asumiendo que el caso de corrupción se produjo, ¿cómo sería de grave? (1, nada grave; 10, absolutamente grave.)”. Esas respuestas, codificadas entre 1 y 10, son las que se representan en los gráficos.

Los miembros del panel son: Elena Costas (investigadora postdoctoral en la Universitat Autónoma de Barcelona), Víctor Lapuente (profesor en la Universidad de Gotemburgo, Suecia), Manuel Villoria (catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos), Carles Ramió (catedrático de la Universitat Pompeu Fabra), Fernando Jiménez (profesor de la Universidad de Murcia), Laura Chaqués (profesora de la Universitat de Barcelona), Anna M. Palau (profesora de la Universitat de Barcelona), Jordi Muñoz (investigador en la Universitat de Barcelona), Eliska Drapalova (investigadora postdoctoral en la Herthie School of Government), Jesús Lizcano (catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de Transparencia Internacional), Yeimy Ospina (investigadora del Institut Barcelona d’Estudis Exteriors), José María Gimeno (catedrático de la Universidad de Zaragoza) y Eva Anduiza (profesora de la Universitat Autònoma de Barcelona).

 

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Cristina MONGE, “Una segunda oportunidad redentora” a infoLibre (28-05-18)

https://www.infolibre.es/noticias/opinion/columnas/2018/05/28/una_segunda_oportunidad_redentora_83298_1023.html

Esta legislatura nunca debió nacer como lo hizo. Después de dos elecciones, de una convulsión interna en el PSOE tras destituir a su secretario general, una abstención para permitir gobernar al PP violando todas las leyes de la política, y la constatación de la incapacidad de la oposición para llegar a ningún acuerdo. Pero no sólo eso. Al bloqueo parlamentario le acompañaba la sospecha más que fundada –hoy ya comprobada– de que el partido que iba a gobernar se encontraba en el centro de varias tramas de corrupción institucionalizada, que había “gestionado” la crisis por la vía de la devaluación interna dando lugar a un incremento de la desigualdad como certifican hoy todos los informes –aunque el Banco de España retire el capítulo con ese título–, que no mostraba ninguna voluntad de resolver el conflicto del modelo territorial que ya despuntaba, y que empezaba a hacer gala de una enorme incapacidad para leer los desafíos del momento y darles una solución. Todos estos problemas se han ido pudriendo y el detonante de la demoledora sentencia de la Gürtel hace que ya no sea posible que no pase nada.

El azar ha querido que apenas unas horas después de aprobarse los Presupuestos Generales del Estado la sentencia de la Gürtel haya dado una patada al tablero de ajedrez y las piezas hayan saltado por los aires. Una especie de justicia poética, si se sabe aprovechar. El PSOE ha comprendido la importancia de llevar la iniciativa y se ha situado en el centro del tablero haciendo lo único que podía hacer: presentar una moción de censura. Podemos también ha comprendido que no puede volver a negarse a un acuerdo con los socialistas para desalojar al PP. Ciudadanos anda calculando la jugada como si las encuestas le dieran la legitimidad que no le otorgaron las urnas. Y los nacionalistas van viendo cómo maniobran, conscientes de las dificultades tanto de su posición como del posible conflicto que podrían generar en el interior del PSOE.

A la hora de escribir estas líneas creo que todas las vías están abiertas: que prospere la moción de censura con los apoyos ya previstos más Ciudadanos, que lo haga con el PNV, que no prospere y profundicemos el bloqueo parlamentario mientras Rajoy sigue al frente, o que Rajoy dimita –o le hagan dimitir– sin saber si otro diputado o diputada del PP puede ser investido, metiéndonos en un escenario inédito.

En este contexto, y consciente de que todo puede cambiar en minutos, me atrevo a lanzar unas reflexiones por aquello del “interés general”. En primer lugar, quiero confiar y confío en que además de dar titulares de trazo grueso cada diez minutos, unos y otros estén en algún sitio discreto negociando un acuerdo que necesitamos con urgencia. En segundo lugar, que las decisiones se tomen con la debida diligencia pero sin olvidar los procesos internos de debate y acuerdos, de forma que los compromisos que se adquieran en la mesa de negociación luego puedan ser respaldados y cumplidos por cada organización sin romperse por el camino. Y finalmente, que llegar a acuerdos sólo cuando es imprescindible y sólo con aquellos que proporcionan la mayoría está bien, pero lo que realmente define la altura política de una organización es saber llegar a acuerdos siempre, aunque no se necesiten; y que estos sean lo más amplios posible. Quien acabe gobernando este país, por unos meses o unos años, tiene que ser capaz de lidiar con la complejidad que hoy caracteriza nuestra vida política, toda una segunda transición que necesita un nuevo modelo de organización territorial, un pacto educativo, una apuesta sin fisuras por las reivindicaciones feministas, una decidida política energética que nos ayude a combatir el cambio climático, y un nuevo modelo económico y fiscal que tenga en el frontispicio la lucha contra la desigualdad.

Quizá esto sería más sencillo si cada cual viera en este momento histórico la oportunidad de redimir algunos de los pecados más recientes. El PSOE tiene la posibilidad de volver a liderar el juego político y hacerlo con visión de Estado. Podemos puede demostrar que está a la altura de las circunstancias y que no volverá a cometer el error de impedir un desalojo de la derecha. Los nacionalistas –en toda su pluralidad– tienen la oportunidad de sentarse a hablar de reforma constitucional y de modelo de organización territorial y que en el otro lado de la mesa haya un interlocutor dispuesto a escuchar, cosa que hasta ahora ha sido imposible. Ciudadanos puede decidir enmendar el error de su papel en la crisis de la Comunidad de Madrid, donde el PP –sobre el que pesan las peores de las sospechas y cada vez más confirmaciones de corrupción– gobierna gracias a su voto.

La situación es compleja, y a la vez que todos tienen mucho que ganar redimiendo errores recientes, ninguno anda sobrado de credibilidad y solvencia política, por lo cual quien falle esta vez es muy posible que agote sus oportunidades.

En definitiva, unos y otros tienen ahora una segunda ocasión para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en los partidos políticos, que reiteradamente aparecen en todas las encuestas como los actores con menor credibilidad. Y ojo, porque es posible que esta sea la última oportunidad. Italia no está tan lejos de España.

Todo esto puede parecer un ejercicio iluso, y en cierta medida lo es, pero esta patada al tablero que ha supuesto la sentencia de la Gürtel –y más que vendrán– resitúa todas las piezas, y acabará mejor posicionado quien supedite la táctica a la estrategia, es decir, quien tenga un modelo de estado y de sociedad y sepa cómo llevarlo a cabo.

 

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Ricardo DUDDA, “Guerra de mociones, guerra de posiciones” a Letras Libres (30-05-18)

http://www.letraslibres.com/espana-mexico/politica/guerra-mociones-guerra-posiciones

La sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel afirma que el PP y el grupo de Correa crearon un “sistema de corrupción institucional”, en el que líderes políticos otorgaban a empresarios contratos públicos inflados y a medida a cambio de regalos y comisiones. El resto del dinero se utilizó para pagar sobresueldos a miembros del partido. Como consecuencia de esta sentencia, la Audiencia ha condenado a 33 años de prisión al extesorero del partido Luis Bárcenas, y a 51 al empresario Francisco Correa. La lista de delitos es larga, e incluye blanqueo de capitales, apropiación indebida, falsedad continuada en documento mercantil, estafa procesal y delitos fiscales. Aunque no cumplirán tantos años, ya que el Codigo Penal lo impide (“El máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido”), las penas son muy altas.

Pero lo que realmente ha provocado la moción de censura del PSOE tiene que ver con unos párrafos contundentes sobre la credibilidad del presidente del gobierno: “Los señores Arenas, Álvarez Cascos, García Escudero, Rajoy, etc. niegan […] la existencia de una caja b en el partido. Sin embargo, el Ministerio Fiscal rebate la veracidad de dichos testimonios al indicar -argumentación que comparte el tribunal […]- que se pone en cuestión la credibilidad de estos testigos, cuyo testimonio no aparece como suficiente verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la caja b del partido”. Esto implicaría, en cierto modo, que Rajoy miente. Según Tsevan Rabtan, en una ponderada tribuna en El Mundo analizando la sentencia, “los magistrados no creen a los dirigentes del PP, pero no pueden jurídicamente ir más allá, por ser los hechos anteriores a la reforma que introdujo la responsabilidad de las personas jurídicas y por tratarse, en muchos casos, de sospechas, al menos en esta parte de la trama, sobre personas indeterminadas.” Las consecuencias judiciales de la sentencia son muy pequeñas para los mencionados: solo responde el PP, como partícipe a título lucrativo, que tiene que devolver 245.492,80 euros.

Es decir: los jueces saben que el entramado está ahí, pero el proceso para demostrarlo es largo. Como termina Rabtan, “la sentencia del caso Gürtel es otra enorme carretada de estiércol. Sus páginas nos muestran la porquería fluyendo sin obstáculo en los alrededores y dentro del partido. Nos revelan una política de omertá ante la mugre, de ignorancia deliberada.” El PP tiene que responder políticamente. Rajoy tiene que dimitir.

Esto son palabras vacías: Rajoy no dimitirá. Su respuesta ha sido cínica y victimista. En rueda de prensa, con actitud defensiva y arrogante, se preguntó quién reparte los certificados de credibilidad en España, y usó el argumento de la mayor representación parlamentaria para explicar por qué tiene razón. ¿Cómo puede ser culpable si tiene 137 escaños? El PP es un partido desleal a pesar de que proclama las bondades de la moderación y el constitucionalismo. Responde a las agresiones que amenazan su poder con juego sucio, insinuando incluso que si el partido es culpable, los demás también lo son.

El debate sobre la moción de censura le beneficia. Pedro Sánchez planteó su moción sabiendo que difícilmente podría salir adelante. La moción se planteó más como un “imperativo ético” y un intento de mostrar el estado de urgencia actual que como un plan alternativo de gobierno. Es lo que le han reprochado en Ciudadanos, que piden elecciones ya o un presidente independiente que convoque elecciones en otoño.

La intención del PSOE no era en principio ganar la moción sino posicionarse y poner en evidencia a los demás partidos, especialmente Ciudadanos, que recientemente votó con el PP los presupuestos de 2018. Ante la posibilidad de que fracase, Podemos ya ha avisado de que propondrá su propia moción para convocar elecciones inmediatamente. El partido de Iglesias ha perdido completamente su relato. El debate de izquierda caviar sobre el chalet de Iglesias y Montero ha afectado su credibilidad. Es normal que quieran recuperar relevancia.

De pronto estamos en una guerra de mociones que es una guerra de posiciones. Todos necesitan la ayuda de los demás, por simple aritmética, pero hacen como si pudieran actuar solos. No nos acostumbramos al multipartidismo. 213 diputados del total de 350 en el Congreso (un 60%) quiere que Rajoy abandone el cargo, pero no se ponen de acuerdo. Sánchez, Iglesias, Rivera pelean por controlar el relato y quieren salir los primeros en la foto post-Rajoy. Mientras, el presidente hace lo de siempre: definirse a partir de la indefinición de los demás.

 

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Juan RODRÍGUEZ TERUEL, ¿Por qué Pedro Sánchez ha ganado una mación de censura improbable?” a Agenda Pública (31-05-18)

http://agendapublica.elperiodico.com/por-que-pedro-sanchez-ha-ganado-una-mocion-de-censura-improbable/

Decía Giovanni Sartori que, a diferencia de la naturaleza, la vida social y política no se puede predecir. Con modestia, los científicos sociales solo podemos anticipar futuros probables, una probabilidad que siempre estará a tiempo de ser desmentida por la realidad. No se me ocurre mejor ejemplo que la moción de censura presentada por el PSOE al Gobierno de Mariano Rajoy. De entrada, una moción tan inevitable como incierta, cuyo improbable éxito no convenía a los principales actores, y cuyo máximo riesgo para el PSOE era que acabara saliendo adelante (como decíamos aquí). Era casi la última bala que le quedaba a Pedro Sánchez en la cartuchera, por lo que podía acabar convirtiéndose en una moción contra el propio líder socialista.

Pero improbable nunca significa imposible. Sánchez tenía una oportunidad. Y la ha aprovechado.

Lo interesante de los desenlaces imprevistos en política es que no solo abren súbitamente escenarios hasta entonces descartados. También nos ponen el descubierto algunas variables políticas que habían ido cambiando, quizá sin que nos diéramos cuenta, y que pasan a convertirse en fundamentales en el nuevo contexto. ¿Cuáles son esas variables que han aupado a Sánchez y que pueden transformar la dinámica política a partir de ahora?

Tienen básicamente que ver con las dos muletas sobre las que se ha venido apoyando Rajoy en lo que llevamos de legislatura. En comparación con 2016, Ciudadanos y PNV habían perdido margen de maniobra en el juego político. Más de lo que el propio Rajoy previó, cuando confiaba en que Ciudadanos explorara escenarios diletantes o que el PNV mantuviera su apoyo para no poner en peligro los Presupuestos. En ambos casos, el cálculo falló. No por casualidad ambos son (aparte del PP) probablemente los dos actores menos satisfechos con el desenlace de esta moción, porque en realidad ninguno de ellos ha podido escoger con la libertad que había tenido hasta ahora.

Ciudadanos ha experimentado una transformación de sus expectativas políticas. Ha pasado de querer ser partido bisagra a aspirar a convertirse en el partido mayor de la política española. De decantar mayorías entre PSOE y PP desde el centro a intentar remplazar a este último ocupando el espacio del centro-derecha. Es una evolución lógica y racional si asumimos que los partidos medianos de centro siempre correrán riesgo de desaparecer, como ya expliqué hace unas semanas.

Gracias al fallo de representación que produjo el PP al ser incapaz de resolver la crisis política de Cataluña y de reaccionar con credibilidad ante los casos de corrupción, Ciudadanos había descubierto estos últimos meses una oportunidad excepcional (de ésas que se dan una vez cada tres generaciones en política) para substituir al PP, como AP hizo en su día respecto a UCD. Todas las encuestas apuntaban creíblemente esa oportunidad, contribuyendo a alimentar una nueva burbuja electoral. Pero de momento eso es solo una expectativa, fundada y posible, quizá aún no probable, mucho menos inevitable.

Pero mientras que la expectativa del sorpasso liberal-conservador está por confirmar, sus consecuencias en términos de competición política se han hecho patentes estos días: Ciudadanos ya no puede conformarse con alianzas o jugadas que hace solo un año hubieran sido coherentes y convenientes en su estrategia. A diferencia de febrero de 2016, ya no podía aceptar ninguna coalición de gobierno de la que Albert Rivera no no fuera presidente, ni podía especular –ni siquiera ficticiamente- con un acuerdo parlamentario de gobierno apoyado por Podemos. Tampoco podía reproducir su actuación en casos parecidos con gobiernos autonómicos (La Rioja, Murcia o el más reciente de Madrid). Ciudadanos debía actuar ya como el partido mayor que ahora aspira a ser.

Y este desenlace pone en riesgo ese plan. En contra de lo que estos días se ha especulado, Ciudadanos necesitaba aún más tiempo de Gobierno popular y más crisis catalana para afianzar su ocupación electoral y orgánica del electorado PP. Pero si el PP caía, solo podía aceptar elecciones inmediatas para aprovechar el viento de cara y evitar el coste a medio plazo de devolver la izquierda al poder.

Lo que no estaba previsto en su mapa estratégico era este resultado: convertirse en un partido de oposición, sin influencia de gobierno, dándole el liderazgo de esa oposición a su principal adversario, al que –a su vez– debe prestar apoyo parlamentario en varias autonomías (unos acuerdos que ahora se pondrán a prueba). Este nuevo escenario no necesariamente echa por tierra sus opciones ante el PP, al menos mientras que la fórmula Cataluña+corrupción permita alimentar su discurso sobre la identidad y sobre la regeneración política. Pero ahora corre el riesgo de que el Gobierno del PSOE rebaje la tensión con las fuerzas del soberanismo y el PP se vea forzado a renovarse inevitablemente. De cómo se resuelvan estas dos cuestiones dependerán las opciones aún plausibles para que Ciudadanos acabe emergiendo como la nueva fuerza del centro-derecha español. Con menos tensión catalana y un PP más presentable a ojos de sus electores, Ciudadanos podría volver a quedar expuesto a la lógica sanguinaria del voto estratégico incentivado por el sistema electoral español.

El encorsetamiento del PNV quizá era menos evidente en parte debido al deslumbrante impacto de su real politik apoyando los Presupuestos a cambio de importantes contrapartidas, pero rebajando con ello principios y alianzas tradicionales. Pero ello no impedía que la fuerza del PNV también estuviera sometida a factores temporales a punto de cambiar. Y es que su impresionante capacidad de negociación en estos últimos años se había beneficiado del principio de Arquímedes que rige el poder de los partidos periféricos en la arena parlamentaria española: “La influencia del nacionalismo vasco suele experimentar un empuje hacia arriba equivalente al peso que desaloja el nacionalismo catalán (cuando éste se distrae en subastas soberanistas que no controla)”.

Desde la segunda legislatura de Zapatero, la influencia declinante de CiU y ERC en el Congreso de los Diputados ha revalorizado el realismo contable del PNV. Y la lógica perversa de la competencia centrífuga entre PP-Ciudadanos-CiU/JxS/PDECat-ERC, de la que parecía imposible desvincularse, no solo debilitó la izquierda española, sino que apuntaló al PNV. Pero por la misma razón, el retorno de las fuerzas soberanistas catalanas al pragmatismo (aún gradual y dubitativo) ha restringido el margen de decisión del PNV, que ya no podía sostener por más tiempo un posición tan incompatible con sus colegas catalanes. Ahora lo hemos visto, y ahora podemos intuir que irá a más.

Porque las aspiraciones del nacionalismo vasco no solo son incompatibles con el discurso territorial de Ciudadanos; también están objetivamente reñidas con el esquema político que resitúe a Cataluña en la estructura de poder del Estado. Al PNV no le conviene una Cataluña fuera de control, pero tampoco una Cataluña en el cuadro de mando de la política española (una regla tan contundente como impronunciable a los ojos de los nacionalismos catalán y vasco).

Si la improbable victoria de Sánchez se ha hecho realidad gracias a esta reducción del margen de maniobra de los partidos que de facto han sostenido al débil Gobierno de Rajoy, cabe plantearse qué consecuencias pueden derivarse en un escenario inédito: un Gobierno al que el PSOE llega sin pasar por elecciones, con un posición parlamentaria muy vulnerable, con una Cataluña política abierta en canal y apoyado sobre el partido que hace poco pretendía remplazarlo, en el contexto de mayor polarización política desde el retorno de la democracia.

La primera consecuencia se producirá dentro del Parlamento, y se reflejará en la imposibilidad de desarrollar una verdadera agenda de gobierno en el Congreso siempre que requiera mayorías parlamentarias. La disputa entre PP y Ciudadanos, pero también entre PSOE, Podemos y el resto de partidos que le han aupado al Gobierno harán aún más difícil articular mayorías constructivas. En cambio, Sánchez tiene la oportunidad de desplegar una intensa actuación desde el Ejecutivo que visualice lo que el PSOE podría hacer si ganara las próximas elecciones.

La segunda se producirá en el nivel autonómico: desde allí el PP tratará de hacer oposición institucional a la inestable nueva mayoría, aunque con eso deberá chocar con quien sostiene esos gobiernos. Lo que puede tener efectos no esperados en Andalucía: allí Susana Díez esperaba contar con un apoyo más comprometido de Ciudadanos tras las próximas elecciones de otoño o primavera. Pero ahora Ciudadanos deberá pensarse tres veces cualquier acuerdo con el PSOE, que inmediatamente irá en detrimento de su competencia con el PP.

Finalmente, habrá consecuencias en la retórica del debate político en España. Ahora que el centro-derecha quedará recluido en la oposición, la oposición izquierda-derecha puede ganar mayor credibilidad y eficacia. Y la salida del Gobierno del PP podría contribuir a rebajar la tensión con el soberanismo más combativo en Cataluña, ese que ansiaba caos en la política española a fin de recuperar el brío perdido en las calles (no en vano, Puigdemont se oponía a este desenlace y ahora deberá redefinir sus escenarios). Una oportunidad para el PDECat, incluso para el denostado Torra.

En realidad, este insospechado final de una moción de censura inicialmente diseñada para ser perdida quizá no resulte tan malo para el PP ni para el propio PSOE: de repente, se ha transformado el escenario en el que emergieron los nuevos partidos, tal como éstos pretendían pero no en la forma que esperaban. Sin que hayan desaparecido las razones estructurales que les impulsaron, ahora deberán afrontar cómo adaptar su relato: el cambio político se ha hecho realidad, pero éste ha venido de la mano del PSOE, no de Podemos. Ahora solo falta que el PP sepa persuadir a sus atribulados votantes que solo él, no Ciudadanos, puede revertirlo.

 

 

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Lluís ORRIOLS, “Ciudadanos, ¿hacia el populismo de extrema derecha?” a Piedras de Papel (24-05-18)

https://www.eldiario.es/piedrasdepapel/Ciudadanos-populismo-extrema-derecha_6_774882525.html

El acto “España Ciudadana” del pasado fin de semana es probablemente la culminación de un proceso de transformación ideológica que se ha ido gestando en Ciudadanos a lo largo de los últimos meses. Se trata de una transformación de gran calado consistente en desplazar el eje central de la estrategia del partido de la regeneración democrática a un discurso de corte nacionalista español. Gracias a este movimiento estratégico, Ciudadanos ha logrado lo que hasta ahora parecía imposible en la política española: lograr agrietar las bases más conservadoras del PP. Según los últimos barómetros del CIS, Ciudadanos cuenta hoy con el 24% de los votos de los españoles de derechas (valores 7 y 8 de la escala ideológica). Se trata de un porcentaje tres veces superior al de abril del año pasado (4-9%).

Es cierto que la identidad nacional se encuentra en el ADN de Ciudadanos, pues apareció en Catalunya hace ya más de una década como resultado de la clásica confrontación nacionalista entre el centro y la periferia. Sin embargo, cuando Ciudadanos irrumpió en el escenario político español, su perfil anti-nacionalista catalán quedó relegado a un segundo plano. Hasta hace pocos meses, el éxito de Ciudadanos se explicaba por su discurso de regeneración democrática y de hartazgo con la corrupción entre electorado de centro y centro-derecha. Sin embargo, cuestiones como la identidad nacional o la preferencia sobre la organización territorial del Estado no tenían prácticamente nada que ver con el voto a Ciudadanos en las elecciones generales de 2015 y 2016.

Este perfil ideológico que tenía Ciudadanos al llegar a la política española ha cambiado sustancialmente en los úlitmos meses y actualmente el nacionalismo ocupa un papel central. Según la nueva versión de Ciudadanos, los conflictos tradicionales de clase social o las actuales brechas generacionales deben dejarse a un lado con el fin de estar unidos ante una coyuntura crítica para España.  Albert Rivera lo dejó claro en su discuro del fin de semana pasado: sólo ve a españoles, sin facciones ni intereses contrapuestos. Ahora no es momento de poner el acento en  lo que divide a los ciudadanos, España debe ser un solo pueblo unido ante la agresión del secesionismo catalán.

Estas declaraciones de Albert Rivera apelando al nacionalismo español y a la idea de “un sólo pueblo” ha provocado que algunas voces en el debate público consideren que esta formación está virando hacia los postulados propios de los partidos populistas de extrema derecha. Pero ¿es realmente así? Los partidos populistas de extrema derecha suelen estrucutrar su ideología en tres elementos cruciales: un proyecto autoritario (priorización de la ley y orden por encima de otros principios), nativismo (nacionalismo de Estado y rechazo a la inmigración) y un discurso populista (lucha contra una elite corrompida que desatiende los deseos del “pueblo”). Aunque Ciudadanos haya potenciado su discurso nacionalista tan característico de los nuevos partidos populistas de extrema derecha, existen al menos dos motivos para rechazar la afiramción de que Ciudadanos se está transformando en un partido populista de extrema derecha.

En primer lugar, el nacionalismo de Ciudadanos no tiene como elemento central la connotación nativista de rechazo a la inmigración propios del populismo de extrema derecha. El nacionalismo de Ciudadanos está más orientado a la clásica fractura centro-periferia que sufren muchos Estados-nación. Sorprendentemente en nuestro país no ha habido por el momento ningún partido relevante que haya incorporado las tesis nativistas y xenófobas como un pilar central de su ideario como ha ocurrido en muchos países de nuestro entorno. No podemos descartar que esto ocurra en el futuro, pero hasta hoy, ningún partido, incluyendo Ciudadanos o el PP, tiene este componente nativista como elemento central de su proyecto político.

En segundo lugar, y aún más importante, Ciudadanos no está en condiciones para convertirse un partido de corte populista. Es cierto que el discurso de Albert Rivera articulando el concepto de “un solo pueblo”, negando la existencia de facciones e intereses contrapuestos, tiene cierta similitud con los movimientos populistas. Pero seríamos poco rigurosos en calificar a Ciudadanos como un partido populista. Los actuales movimientos populistas que recorren por Europa son una respuesta a una profunda crisis política que sufren nuestras democracias. Para ello, estos partidos planetan la confrontación política en términos de “el pueblo vs. las élites”. En efecto, los partidos populistas consideran que el poder ha sido usurpado por unas élites dirigentes corruptas que están al servicio de intereses distintos a los de la ciudadanía y reclaman que el poder sea devuelto al pueblo.

Este discurso difícilmente puede ser articulado por Ciudadanos, pues uno de sus elementos fundacionales no es ofrecer una respuesta populista a la crisis política sino una respuesta de corte tecnocrática. En efecto, el perfil de Ciudadanos se ajusta mucho mejor al proyecto político basada en la necesidad de que el sistema vuelva a ser eficaz, dejándolo, para ello, en manos de los expertos. No se trataría, pues, de devolver el poder al pueblo (populismo) sino dejarlo en manos de quienes saben (tecnocracia) con el fin de impulsar las políticas más eficientes para la ciudadanía. Es esta respuesta tecnocrática la que permite comprender la iniciativa de Ciudadanos de impulsar un departamento de recursos humanos para reclutar a candidatos para las próximas elecciones.

Además, la idea de “un solo pueblo” del discurso de Albert Rivera del pasado fin de semana no es solo compatible con el populismo (como algunos han advertido) sino también lo es con el discurso tecnocrático. La tecnocracia también niega la existencia de facciones e intereses contrapuestos en la sociedad pues su discurso se articula bajo el supuesto de que existen malas y buenas políticas: un obrero manual, un profesional liberal, un joven y un jubilado, todos ellos, deberían coincidir en qué política es la más oportuna, pues la deseabilidad del recetario político no depende de la clase social o la edad sino de que sean más eficientes y técnicamente mejores.

En definitiva, Ciudadanos es un partido que irrumpió en la política española para ofrecer una respuesta tecnocrática a la crisis política. La apuesta de Ciudadanos no es articular su discurso en torno de devolver el poder al pueblo sino de potenciar un gobierno de expertos con el fin de alcanzar las políticas eficaces y eficientes que los españoles (sin distinciones) necesitan. Con este pedigrí de corte tecnocrático en sus espaldas es altamente improbable que Ciudadanos acabe convirtiéndose en un partido populista de extrema derecha español.

 

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Francesc-Marc ÁLVARO, “Un Govern, un relat” a La Vanguardia (31-05-18)

http://www.lavanguardia.com/opinion/20180531/443956808787/un-govern-un-relat.html

Encara que alguns ho posen en dubte des d’una visió que només puc qualificar d’antipolítica, hi ha una diferència bàsica entre un independentisme ancorat només al carrer i un independentisme protagonista a les institucions. Com que ja no soc jove, tinc memòria de quan tots els independentistes cabien en els pocs metres quadrats del Fossar de les Moreres, lloc de trobada obligat de cada Onze de Setembre. En aquell moment –parlo dels anys vuitanta–, era una fantasia pensar que un dia hi hauria un Consell Executiu integrat per un president i consellers favorables a la independència. Això ara és una realitat, fruit d’una sèrie d’esdeveniments i transforma­cions socials i polítiques de gran abast.

El Govern presidit per Quim Torra és un Gabinet de coalició format per consellers d’ERC i de JxCat, un grup que, al seu torn, és una plataforma electoral nova, dins la qual hi ha el PDECat i diversos independents, vinculats tots ells per la proximitat a Carles Puigdemont. Com en tot govern de coalició, una de les claus del seu funcionament serà la coordinació. Més enllà d’això, hi ha tres incògnites sobre aquest Govern que sobresurten per damunt de la resta. Primera: quin nivell d’autonomia tindrà per prendre decisions respecte de la vigilància severa que exerciran el Govern espanyol i el conjunt de poders de l’Estat? Segona: quin tipus de relació establirà amb l’entorn de Puigdemont a l’estranger i fins a quin punt podrà desmarcar-se del tacticisme que fins ara ha posat en pràctica el líder de JxCat? I tercera: quina dinàmica es generarà amb les entitats sobiranistes, de manera espe­cial amb l’ANC, que ha rebut el nou Gabinet amb agres acusacions d’“acotar el cap”? Són tres interrogants que haurem de tenir contestats abans dels preceptius 100 dies de dispensa.

Dirigents de JxCat i d’ERC van anunciar que aquest seria “un Govern de resistència”. Què vol dir això exactament? En un sentit immediat, fa referència a reconstruir l’autogovern després de l’impacte del 155 i a defensar àrees primordials com l’escola, els Mossos, les polítiques socials i els mitjans de comunicació públics, a més de mantenir el suport als presos polítics i exigir la seva llibertat. Però el Govern Torra no podrà fer només això, com és obvi. Haurà d’establir les polítiques prioritàries i això obligarà a explorar suports al Parlament més enllà del bloc independentista, que no disposa de majoria mecànica i folgada des del moment en què la CUP ha dit que estarà a l’oposició. No hi haurà política independentista si les polítiques dels independentistes no tenen prou suport parlamentari, començant pels pressupostos. JxCat i ERC tenen l’oportunitat de demostrar que són capaços de governar i d’escoltar els problemes de tothom. Aquest Govern serà, es vulgui o no, l’aparador principal de les virtuts i defectes de la política dels independentistes, cal que tots els consellers en siguin conscients. El prestigi d’una idea depèn dels que gestionen en nom seu.

Qualsevol govern necessita un relat clar i compartit que serveixi per explicar el que es vol fer i el sentit de l’acció política. Sense aquest relat, totes les decisions són com escenes mal il·luminades de cinema mut. Si l’Executiu Torra no sabés generar aquest discurs, la ciutadania rebria una pila de missatges dissonants, que dependrien només de la gràcia i del sentit de l’oportunitat del conseller de torn. No parlo d’una estratègia comunicativa, vaig més enllà. Adverteixo sobre la principal feblesa que té avui el bloc independentista en conjunt: la manca d’una estratègia i d’un discurs que traslladin a la ciutadania el diagnòstic que els dirigents fan en privat.

Aquest exercici –difícil però imprescindible per no repetir errors– va unit a una qüestió terriblement incòmoda per a la cúpula del procés: qui tindrà a partir d’ara la direcció política del Govern i, per tant, de la nau principal de l’independentisme? Torra serà només un president per delegació o acabarà fent com Puigdemont quan Mas el va designar? Diumenge, el nou president va assistir a una funció al TNC i va ser rebut amb aplaudiments per la majoria del públic; sembla una anècdota, però ens diu una cosa important: la responsabilitat principal no es pot dividir ni delegar. El càrrec presidencial no podrà ser mai de perfil baix. La direcció política no podrà estar en dos llocs alhora. Sobre el paper, es parla d’una presidència dual, però costa d’imaginar que aquest disseny pugui aplicar-se. Una altra cosa seria pensant en una legislatura curta, però llavors caldria parlar de la gestió dels temps i d’una tàctica ­basada –pel que sembla– a trobar –com sigui– el momentum d’un ideal retorn al que va ser l’octubre unilateral de l’any passat; sobre aquesta hipòtesi no hi ha unanimitat al Govern.

Elsa Artadi i Pere Aragonès són les dues figures fortes d’aquest Gabinet. Tots dos coneixen la maquinària i han de construir una cadena de lleialtats i confiances que millori substancialment les dels governs precedents. Fer-ho seria tenir sentit d’Estat, la qual cosa diria molt dels governants independentistes.

 

 

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Nota de opinión del Círculo de Economía: “Propuestas para mejorar el autogobierno de Catalunya y el funcionamiento del modelo territorial del Estado”  (28-05-18)

https://www.circuloeconomia.com/wp-content/uploads/2018/05/Propuestas-para-mejorar-el-autogobierno-de-Cataluña-2.pdf

Contra el fatalismo del conflicto y a favor de la convivencia

España vive una crisis política de enorme profundidad, sin duda la mayor desde la Constitución de 1978. Aunque en una perspectiva europea e internacional comparada no somos raros, dado que otras democracias occidentales están padeciendo crisis similares, esto no puede llevarnos a banalizar nuestros problemas ni a desatenderlos.

En nuestro caso, la manifestación más intensa, grave y urgente de esta crisis política es el problema catalán. Sin abordarlo, no sólo la vida política catalana permanecerá alterada, sino que lo estará también el conjunto de la vida política y social española. La modernización española permanecerá bloqueada mientras no lo atendamos. En este sentido, la crisis política catalana es la crisis del conjunto del proyecto español de convivencia.

El problema catalán pudo ser visto en el pasado inmediato fundamentalmente como un conflicto político con el Estado. Pero a partir de las decisiones tomadas de forma unilateral por la mayoría independentista del Parlment de Cataluña los días 6 y 7 de septiembre de 2017, ese problema ha pasado a ser, en primer lugar, un problema interno de la sociedad catalana, en términos de una fractura civil y una polarización política que impiden la gobernabilidad y la ordenada vida empresarial y dificultan la convivencia.

Pero a pesar de su gravedad no podemos caer en el fatalismo. Nos negamos a pensar que la única perspectiva que hay por delante es el deterioro de la convivencia cívica, la polarización política y la desconfianza empresarial. Por el contrario, queremos hacer una llamada a la sociedad catalana en su conjunto y, especialmente, a las fuerzas políticas con representación parlamentaria, en favor de acciones para recobrar la convivencia y la gobernabilidad.

Que no se nos diga que dadas las circunstancias es una tarea difícil. Somos los primeros en reconocerlo. Pero el hecho de que sea difícil no puede ser excusa para no hacer nada, sino un estímulo para que busquemos, de forma activa, el diálogo transaccional. Es el único camino eficaz para atender a los problemas.

En este camino de recuperación de la convivencia y la gobernabilidad todos tenemos que sacar enseñanzas útiles de lo sucedido en estos últimos años. Señalemos algunas que merecen ser tenidas en cuenta.

La primera es la importancia del absoluto respecto a la legalidad. El respeto al principio de legalidad en que se funda el Estado de derecho es la base de la sociedad democrática pluralista. Sin él no hay civilización. Ni tampoco progreso económico y social. Conculcar ese principio es entrar en la senda de la fractura de la convivencia civil, de la ruptura del pluralismo social, de la polarización política y de la alteración de la vida económica y social. Esta es una lección que no podemos olvidar.

La segunda enseñanza es que el respeto al principio de legalidad tiene que conjugarse y equilibrarse con el ejercicio del principio democrático que obliga a los poderes políticos a encontrar las vías legales adecuadas para encauzar las legítimas aspiraciones y preferencias de la población, especialmente cuando esas preferencias son manifestadas por un elevado porcentaje de votantes que viven en un determinado territorio, como ocurre en el caso de Cataluña.

Cuando esas preferencias no encuentran salida por la vía del diálogo político y el acuerdo transaccional acostumbran a desbordar la legalidad.

Ambos principios están en el frontispicio de la Constitución de 1978 y ambos son de igual importancia. La falta de equilibrio en la conjugación de esos dos principios – una tarea que constituye la acción política por antonomasia- ha llevado, por un lado, a que cuando la respuesta a las aspiraciones de mejor autogobierno y de celebrar una consulta ha sido únicamente la legalidad vigente, el conflicto se haya encauzado por vía judicial, una vía claramente inadecuada para resolver un problema político como el que tenemos. En el otro extremo, cuando se ha puesto sólo el foco en el principio democrático con olvido del de legalidad, el conflicto político ha mutado en Cataluña en una fuerte división social interna y una intensa polarización política. Esta dinámica de acción reacción no hace sino agudizar los problemas políticos, fragmentar a la sociedad y dañar la convivencia y el progreso económico y social.

Estamos convencidos de que existen vías para el arreglo del conflicto político, tanto interno como externo. El principio de legalidad nos ofrece técnicas legales y constitucionales para abordar con eficacia y equidad los problemas. El principio democrático, por su parte, debe aportar la voluntad política de diálogo transaccional. Soluciones técnicas y voluntad política tienen que ir de la mano para encontrar los arreglos necesarios.

A partir de estas breves reflexiones sobre la naturaleza de la crisis política catalana y de estas enseñanzas a extraer de la forma en cómo se ha abordado hasta ahora, desde el Círculo de Economía queremos contribuir a atender este problema haciendo seis propuestas para el diálogo transaccional y el acuerdo político.

PROPUESTAS PARA LA CONVIVENCIA Y LA MEJORA DEL AUTOGOBIERNO

1a. Las prioridades políticas en Cataluña deben ser recuperar la seguridad jurídica, la confianza empresarial y la convivencia cívica.

Como hemos dicho, sin respetar el principio de legalidad no es posible la convivencia social, ni el pluralismo político ni el progreso económico. Desde esta perspectiva, la primera tarea del gobierno de la Generalitat debe ser dar una señal clara de estabilidad jurídica y respeto a la legalidad al adoptar decisiones políticas. El mejor indicador de éxito en esta tarea será el retorno de sedes empresariales. Para ello el gobierno debe poner en marcha un plan de diálogo con el mundo empresarial para el retorno de las que se han ido y dar confianza para nuevas inversiones y proyectos empresariales.

No se pueden desconocer ni banalizar los efectos que, a medio y largo plazo, pueden acabar teniendo las salidas de sedes corporativas y fiscales. Su importancia para la modernización económica, el empleo de calidad y el progreso social es indiscutible. Dado que la actividad productiva no se ha deslocalizado, afortunadamente, hasta ahora, los efectos sobre el PIB y el empleo no han sido importantes, aun cuando algunas actividades se han visto en mayor o menor medida afectadas. Pero si podrían aparecer esos efectos cuando, en un escenario de medio plazo, cambios en la demanda y el propio cambio técnico exijan a las empresas ampliar sus inversiones y emprender nuevos proyectos productivos.

La segunda prioridad del gobierno de la Generalitat tiene que ser la búsqueda de un pacto interno entre todas las fuerzas políticas representadas en el Parlament para la convivencia y el buen funcionamiento de la vida política y administrativa. La fractura cívica y la polarización política irán en aumento sin un consentimiento pluralista y activo. Ese consentimiento pluralista para el cambio tiene que alcanzar. al menos, a los dos tercios de las fuerzas parlamentarias, tal como establece el Estatuto para promover cambios sustantivos que afectan a la convivencia social y política. Es irrenunciable recuperar esta regla.

Ese pacto interno para la convivencia tiene que ser el resultado del diálogo y el acuerdo en el marco de las instituciones parlamentarias catalanas, de acuerdo con sus normas de funcionamiento interno. El resultado de ese pacto debería ser un nuevo Estatuto cuya naturaleza debe ser la de una verdadera constitución catalana dentro del marco de la Constitución española, tal como proponemos a continuación.

Dicho pacto interno es una condición previa y necesaria para, paralelamente, abordar el diálogo y la búsqueda de un pacto externo con las instituciones del Estado y con el resto de las comunidades autónomas. Las instituciones centrales y la propia sociedad española en su conjunto serán renuentes a alcanzar acuerdos con un gobierno catalán de parte.

En paralelo a este proceso interno, desde el primer momento, el gobierno de la Generalitat y el gobierno central tienen que dar muestras de capacidad para abrir ese diálogo y para proyectarlo en el marco de las instituciones políticas representativas que son las que al final han de aprobar y dar el consentimiento. Esta sería una señal muy importante para la recuperación de una senda de un diálogo amable con la democracia.

2a. Mejorar el autogobierno de Cataluña mediante la elevación del Estatuto al rango de norma constitucional en el marco de la Constitución española, aprobado mediante consulta en referéndum a los ciudadanos catalanes.

Cataluña es la única comunidad autónoma que no tiene aprobado por referéndum de sus ciudadanos su norma institucional básica, el vigente Estatuto de Autonomía. El origen de esa anomalía está en la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el Estatuto de 2006 que previamente habían aprobado por referéndum los ciudadanos. El hecho de que un tribunal enmiende a posteriori la voluntad popular fue sin duda un error político de gran magnitud.

Ese error y la anomalía política de un Estatuto que no ha sido ratificado por la voluntad popular permiten comprender el amplio malestar social existente en Cataluña sobre el funcionamiento del Estatuto y sobre el propio modelo territorial de Estado. Y este hecho anómalo, permite comprender, a su vez, dos rasgos adicionales de la crisis catalana.

El primero es la demanda de una amplia mayoría de ciudadanos –alrededor de dos tercios- que quieren votar en una consulta para expresar su voluntad sobre la forma de integración de Cataluña en el Estado. Sin responder a esta demanda de consulta el problema político catalán permanecerá empantanado.

El segundo es la demanda de reconocimiento de Cataluña como comunidad nacional, con fuertes elementos culturales y políticos propios. Esta demanda de reconocimiento no significa reclamación de privilegios respecto de otras comunidades que, como en el caso de las comunidades forales o las insulares, tienen también otros elementos diferenciales. Sin este reconocimiento no será fácil encontrar un arreglo político estable.

Esta carencia de respaldo popular directo al Estatuto vigente, unido a los fallos en el funcionamiento general del modelo territorial del Estado –tanto en su dimensión política como financiera-, han contribuido en gran manera a la deslegitimización en Cataluña del modelo territorial vigente. Esta deslegitimización puede explicar, en buena medida, el hecho de que un amplísimo número de ciudadanos que durante décadas apoyaron opciones nacionalistas moderadas, constitucionales y estatutarias den ahora su apoyo a opciones políticas radicales y rupturistas del orden constitucional y estatutario.

La deslegitimación del Estatuto también ha sido fomentada por la devaluación de su función normativa provocada tanto por medidas del Gobierno y la Administración Central como por decisiones del Tribunal Constitucional a lo largo de las últimas décadas.

Ante este estado de cosas, la propuesta del Círculo es elevar el rango legal del Estatuto a su función de “norma institucional básica de la Comunidad Autónoma”, tal como establece el artículo 147-1 de la Constitución española. De esta forma el Estatuto quedaría despojado de su función de distribución de competencias que correspondería a la Constitución. Pero, a cambio, eso permitiría dejar para el Estatuto todas las cuestiones internas exclusivas de la comunidad, como la lengua, la educación, la cultura, el funcionamiento interno del autogobierno en todos los ámbitos competenciales que le son exclusivos, la ordenación territorial, administración pública, financiación, entre otras.

La idea del Estatuto como la norma suprema del autogobierno interno de Cataluña –es decir, verdadera constitución nacional equivalente a la de los estados nacionales dentro de un modelo con rasgos federales como es el español- implicaría el reconocimiento nacional que demandan una mayoría de ciudadanos. Esta visión del Estatuto como constitución nacional del territorio viene avalada por la propia Constitución, así como también por la experiencia constitucional comparada y por la opinión de los expertos constitucionalistas y administrativistas. En particular, aquí nos apoyamos en la opinión expresada por un grupo diverso territorialmente de catedráticos de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo de diferentes universidades españolas que hace unos meses publicaron un documento titulado “Ideas para una reforma de la Constitución”, que anexamos en esta “Opinión”. El pasado 4 de abril organizamos un debate a partir de este documento de cuyas conclusiones nos aprovechamos en esta Opinión.

Este cambio del rango legal del Estatuto exigirá llevar a cabo una consulta sometiéndolo a referéndum en Cataluña. En todos los sistemas de distribución territorial del poder político la norma institucional básica la aprueba la entidad, la comunidad, la región, el estado federado o regional. No es necesaria una segunda consulta a todos los españoles. Esto es así debido a que el Estatuto no es una ley orgánica del Estado. No es una norma compartida, de doble sesgo, que es al mismo tiempo norma estatal y norma autonómica. Sólo es norma autonómica y, por tanto, sólo la aprueba la comunidad afectada.

Este cambio de naturaleza del Estatuto es necesario pensando especialmente en una solución de futuro para Cataluña como la que hemos propuesto más arriba. Pero más allá de Cataluña esta elevación del rango legal de los Estatutos es en beneficio de todas las comunidades autónomas. Así como para un mejor funcionamiento del modelo territorial y del Estado en su conjunto.

Una reforma de este tipo puede plantear el temor a que cada unidad territorial haga con su norma lo que le venga en gana, burlando o menospreciando la Constitución. Pero ese temor no debe exagerarse. La Constitución sigue siendo el texto de referencia que hay que respetar, so pena de nulidad de la norma subordinada y la norma estatutaria puede ser sometida a un eventual control previo –para evitar repetir el error de 2010- por parte del Tribunal Constitucional.

Nuestra propuesta exige alcanzar un pacto interno entre todas las fuerzas políticas sobre el contenido del Estatuto. Para ello pedimos al gobierno de la Generalitat y al conjunto de las fuerzas políticas con representación parlamentaria que de forma inmediata, de acuerdo con los preceptos reglamentarios del Parlament, se ponga en marcha una Comisión para el diálogo político y la elaboración de un pacto político interno que, después, conduzca a la celebración de una consulta en Cataluña.

 

Propuestas para mejorar el funcionamiento del modelo territorial en beneficio de todas las comunidades autónomas

Las propuestas que acabamos de hacer para mejorar el autogobierno de Cataluña requieren algunas modificaciones legales del modelo territorial que, a su vez, pueden requerir reformas constitucionales específicas para darles encaje.

No deberíamos temer a estas reformas constitucionales. Lo que no se adapta se momifica. La mala tradición constitucional española del siglo XIX y primera mitad del XX dio lugar a que en lugar de la reforma adaptativa y gradual el mecanismo de cambio constitucional fuese su derrocamiento. Esta mala tradición nos debe servir de estímulo para llevar a cabo ciertas reformas constitucionales.

El modelo territorial de Estado de la Constitución de 1978 es un modelo lleno de virtudes. Permitió la distribución territorial del poder político y la creación de nuevas instituciones políticas de autogobierno regional. Se dio, de esta forma, satisfacción a las demandas de las nacionalidades históricas de un mejor autogobierno. Pero, a la vez, amplió esa posibilidad al conjunto de todas las nuevas Comunidades Autónomas. De esas virtudes originales del modelo habla el hecho de que en Cataluña el apoyo en el referéndum sobre el texto constitucional superara del 90 %.

Pero junto a estas virtudes, el modelo contiene comprobadas deficiencias. Deficiencias que en algunos casos son de origen, algo que, sin embargo, no es una acusación, dado que el modelo de estado que se señalaba en 1978 no estaba completamente diseñado en la Constitución. A esas deficiencias de origen se han venido a sumar defectos sobrevenidos que han surgido de su puesta en funcionamiento y de la respuesta de las instituciones políticas a los problemas que se han ido planteando a lo largo del tiempo.

Creemos que después de 40 años de funcionamiento hoy es necesaria y posible una mejora del modelo. Dada la naturaleza de la crisis política, la Constitución necesita reformas en bastantes aspectos. Hay por delante, por tanto, un tiempo de reformas. Pero aquí y ahora nuestra prioridad y la urgencia son las reformas orientadas a mejorar el modelo territorial. Necesitamos disponer de un texto normativo bien acabado en el marco del cual puedan resolverse el problema catalán, a la vez que mejorar el funcionamiento del modelo territorial.

Dado que la reforma constitucional es siempre difícil, hay un debate doctrinal acerca de si no conviene sustituirse por reformas legislativas que, en principio, son más rápidas de aprobar e implementar. Puesto que el problema catalán requiere respuestas a corto plazo para que no se enquiste, debe valorarse la opción de reformas legislativas ordinarias. Una de ellas es la reforma de la financiación de las comunidades autónomas, cuestión de la que hablamos más adelante. Si hará falta, en todo caso, que la solución a la que se llegue se estabilice en un texto rígido, difícil de cambiar por gobiernos sucesivos. Y aún es posible que fuese conveniente constitucionalizar algunos de esos aspectos.

Pero, en todo caso, algunas de las reformas necesarias para mejorar el funcionamiento del modelo territorial y del autogobierno de las comunidades no se pueden hacer mediante leyes ordinarias. El motivo es que esas leyes tendrían que cambiar el “statu quo” normativo y el Tribunal Constitucional acabaría impidiéndolo. Hay una jurisprudencia constitucional que ha cerrado el paso al legislador para hacer reformas que afecten al reparto competencial existente. Un ejemplo es lo ocurrido en los últimos meses con el intento del gobierno del Partido Popular de reformar el sistema educativo. El Tribunal Constitucional ha señalado que el gobierno central no tiene competencias en esta materia. Si quisiera hacerlo tiene que mediar una reforma constitucional.

Tampoco es viable el camino de la mutación constitucional entendida como un cambio constitucional sin formalizarlo como reforma. Es decir, un cambio en la interpretación de la Constitución. Nos eternizaríamos en la espera.

Una vía alternativa a la de la reforma para dar encaje constitucional a la demanda catalana de mejor autogobierno es mediante una disposición adicional a la Constitución de reconocimiento de los derechos históricos. Pero esa vía requeriría concretar cuáles son esos derechos históricos. Algo que, para evitar posteriores conflictos ante el Tribunal Constitucional, requeriría algunas reformas constitucionales.

Nuestra propuesta para mejorar el autogobierno requiere, por tanto, varias reformas del modelo territorial.

3a. Perfeccionar el actual sistema de reparto de competencias, diferenciando de forma clara las que corresponden al Estado y las que son de exclusiva competencia de la Generalitat.

En el terreno de la distribución de competencias nuestra Constitución es un régimen lleno de disimulos y falta de claridad. El único precepto de la Constitución que regula la distribución de competencias es el artículo 149. En él se acumulan sin mucho criterio el régimen de competencias exclusivas del Estado, de competencias legislativas compartidas, de competencias de las Comunidades Autónomas, de competencias de ejecución y otras. Algunos expertos han llegado a identificar una tipología de competencias que tiene más de 25 clases consolidadas. No hay ningún sistema en el mundo tan enmarañado.

Un efecto de esta falta de claridad ha sido obligar al Tribunal Constitucional a funcionar, sentencia a sentencia, como un órgano legislativo más, lo que ha degradado su función. Otro ha sido el elevado conflicto competencial entre gobierno central y comunidades autónomas. El resultado ha sido la degradación y deslegitimación del propio modelo territorial.

Nuestra propuesta es clarificar de forma radical este confuso panorama. La vía para hacerlo es utilizar las técnicas que se usan de forma eficaz en otros sistemas similares. Los modelos que funcionan son los que han retenido en la Constitución las competencias exclusivas de la administración central dejando a los textos constitucionales de los respectivos entes territoriales las demás competencias. A partir de esa distribución inicial los sistemas federales se acoplan mediante cláusulas que permiten compatibilizar el conjunto, hacerlo armónico y convertirlo en un sistema eficiente.

En nuestro caso se trata de que, mediante la reforma constitucional adecuada se defina, de forma sintética y clara, cuáles son las competencias del gobierno central: las exclusivas y las de carácter concurrente. Las competencias que no estén en la Constitución pueden ser de las Comunidades Autónomas según establezca sus normas institucionales básicas (sus Estatutos).

Esta reforma tendrá dos efectos positivos inmediatos. Por un lado, disminuirá el nivel de conflicto político y judicial. Por otro, mejorará la autonomía de acción del autogobierno de las comunidades.

En el caso de Cataluña entre las competencias exclusivas están cuestiones como la lengua, la enseñanza, la cultura, el derecho civil propio, la ordenación territorial o la organización interna de la administración autonómica y otros organismos públicos. En este núcleo competencial está el núcleo fuerte del reconocimiento de la identidad catalana. Por tanto, nuestra propuesta produce de forma automática ese reconocimiento.

Aunque la exclusividad de competencias como la lengua y la enseñanza puedan dar lugar a temores a que se lesionen derechos individuales pensamos que en un sistema político con un elevado pluralismo como el catalán ese riesgo no debe producirse.

4a. Desarrollar un marco institucional más sofisticado y eficaz para la cooperación en las relaciones intergubernamentales de las comunidades autónomas entre sí y de estas con las instituciones políticas centrales.

Es en el aspecto de las relaciones de cooperación intergubernamental donde mayor pobreza y menor avance se ha logrado a lo largo de todos estos años. Esta pobreza de cooperación explica la falta de lealtad recíproca con que ha operado hasta ahora el modelo.

Aunque el campo de la cooperación no se limita a la cámara alta, es quizás el papel del Senado en el que existe un mayor consenso en cuanto a la necesidad de su reforma. Es necesario transformarlo en una verdadera cámara territorial que aborde todas aquellas cuestiones que afectan a la cooperación intergubernamental y a la protección del autogobierno de las comunidades frente a las injerencias del gobierno y de la administración central. La reforma puede ir en el sentido de un modelo como el del Senado alemán o de otras fórmulas mixtas que existen en otros modelos de Estado similares al español. Pero, en cualquier caso, esta reforma del Senado es necesaria y urgente tanto para mejorar el modelo territorial como el autogobierno de las comunidades autónomas.

Ahora bien, hay que tener presente que la necesidad de cooperación y de lealtad institucional no están concentradas en el Senado. Se mueven mucho más en el terreno del funcionamiento de los gobiernos, de las administrativas públicas y de los organismos reguladores. Es en estos campos donde se concentra de verdad el poder ordinario del Estado a la hora de hacer y aplicar políticas y de regular la economía. Y es en este terreno donde hay muchísimo que hacer para mejorar la cooperación intergubernamental. Un buen inicio sería comenzar por hacer cotidiano el funcionamiento de la Conferencia de presidentes. El otro es en el terreno de la financiación y las relaciones entre la AEAT y las agencias de las CC. AA. al que nos referimos más adelante.

5a Pedimos a todos los partidos políticos representados en el Congreso, tanto a los de ámbito estatal como territorial participar activamente en la Comisión para la evaluación del modelo autónomo. Esta Comisión debe dar paso a la Subcomisión de reforma constitucional. De esta forma las soluciones técnicas aquí propuestas encontrarían la voluntad política necesaria para implementar las reformas aquí propuestas.

La Comisión de evaluación del modelo territorial es, hoy por hoy, el único marco político parlamentario existente de diálogo político sobre el modelo territorial. Sin embargo, este diálogo está limitado por el hecho de que una gran parte de los partidos con representación parlamentaria no participan en los trabajos de la Comisión. Desde el Círculo pedimos su participación y el compromiso para avanzar. De ser necesario, la Comisión debe ampliar sus plazos de vigencia para permitir desarrollar ese diálogo mediante la comparecencia de los presidentes de las 19 comunidades y ciudades autónomas. Sólo de esta forma se podrán alcanzar conclusiones relevantes.

Los trabajos de esta Comisión deben ser la antesala para la convocatoria de la subcomisión parlamentaria para la reforma de la Constitución.

6a. Reforma del modelo actual de financiación autonómica con tres objetivos: 1) Hacerlo más eficiente y equitativo, incorporando a las comunidades forales a los mecanismos de solidaridad interterritorial. 2) Permitir a las comunidades autónomas recibir de forma directa, y en el ejercicio presupuestario vigente, los ingresos fiscales que les corresponden; y, 3) Aumentar la cooperación e integración entre la agencia tributaria estatal y las agencias de las CC. AA.

Aunque pensamos que el problema catalán no es en primera instancia un problema financiero sino de reconocimiento del autogobierno propio, sin duda los problemas relacionados con la financiación de las competencias y los servicios públicos fundamentales que tiene encomendadas la Generalitat han jugado un papel importante en la agudización de ese problema.

Existe un amplio consenso entre los expertos en financiación acerca de la necesidad de reformar el actual modelo. Ese consenso coincide también en la posibilidad de hacerlo sin necesidad de una reforma constitucional sino mediante reformas legislativas ordinarias. Aun cuando daría mayor estabilidad al modelo mediante la constitucionalización de ciertos elementos del modelo.

Los expertos muestran también un amplio consenso acerca de dos aspectos. Por un lado, de las debilidades del actual modelo en cuanto a su escasa robustez, responsabilidad fiscal y equidad redistributiva. Por otro, en las líneas que deberían orientar su reforma: a) redefinir la capacidad normativa, de gestión, de recaudación y de inspección; b) mejorar el mecanismo de redistribución (o solidaridad) entre las distintas CC. AA. Las actuales diferencias en recursos disponibles por ciudadano y año entre las distintas CC. AA. del régimen común y, especialmente, entre estas y los regímenes forales son de una cuantía tal que no hay argumentos racionales para sostenerlas; y, c) la necesidad de incorporar a las comunidades forales al mecanismo de solidaridad, una carencia que es, a estas alturas, incomprensible e injusto.

Por nuestra parte, hemos elaborado un documento de análisis del actual modelo y de propuestas de reforma que aparecen desarrolladas con detalle más abajo. En resumen, nuestras propuestas de reforma van en tres direcciones:

  1. A) Redefinirlacapacidadnormativa,degestión,derecaudacióneinspeccióndelasCC.AA. De esta forma se mejorará la robustez del sistema a la vez que se promueve una asignación eficiente y una gestión más responsable por parte de las CC. AA.

El punto esencial de nuestra propuesta es un sistema que permita al Estado y a las CC. AA. compartir las mismas bases imponibles. Esto permite que puedan ser gravadas simultáneamente por ambas administraciones. Este es un modelo que funciona bien en otros estados descentralizados similares al español. Es un modelo muy distinto al actual de cesión parcial de los tributos en el que la cesión y capacidad normativa depende fundamentalmente de la decisión y los márgenes que establece el Estado y de las

transferencias que posteriormente, fuera del ejercicio presupuestario vigente, hace el Estado a las CC. AA.

El modelo que proponemos permitirá a las CC. AA. recibir de forma directa, y dentro del mismo ejercicio fiscal, los ingresos que le corresponden. Esto será una indudable mejora sobre la situación presente. El modelo puede, sin embargo, aplicarse de varias maneras que se desarrollan en el documento anexo.

  1. B) Mejorar e implementar nuevos mecanismos de coordinación de información fiscal y recaudación entre las CC. AA. y el Estado.

El modelo de concurrencia tributaria que proponemos no podrá ser efectivo si no va acompañado de una buena coordinación entre las administraciones tributarias de las distintas CC. AA. y la del Estado (AEAT). Para que esta coordinación sea efectiva es necesario que la AEAT y las agencias de las CC. AA. estén totalmente conectadas informáticamente y compartan sus datos. Cabría pensar en una agencia tributaria compartida única.

  1. C) Mejora del actual sistema de reparto de recursos financieros entre las distintas CC. AA. con un mecanismo más transparente que asegure un nivel adecuado de equidad entre ellas.

El objetivo es asegurar que todos los ciudadanos puedan recibir unos servicios públicos fundamentales similares con independencia del lugar en que residan. O utilizando un lenguaje más técnico, que dos individuos con el mismo nivel de renta y de necesidades pero que residen en distintos lugares de España puedan recibir unos servicios públicos básicos similares mediante una carga fiscal similar. El actual Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales es un buen punto de partida a partir del cual se debe avanzar en la mejora de la solidaridad. En el documento anexo se desarrollan estas vías de mejora.

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Como hemos señalado al principio, nos resistimos a cualquier forma de fatalismo acerca de la viabilidad de lograr un arreglo al problema político de Cataluña dentro del marco legal y constitucional. Pensamos que afrontar con valentía política este problema permitirá, después, abordar otras dimensiones de la crisis política española. Esto, a su vez, permitirá avanzar en la modernización social y económica y en la renovación del pacto político y territorial.

Tenemos los instrumentos técnicos necesarios para abordar la mejora del autogobierno y del modelo de organización territorial y de financiación. Nuestras propuestas van en esta dirección. Pero la técnica sin la voluntad política no sirve de nada. Necesitamos buscar un diálogo transicional que permita renovar el pacto político y territorial de 1978.

Creemos que las propuestas que hacemos en este documento constituyen una mejora sustancial no sólo del autogobierno propio de Cataluña, sino también del autogobierno del resto de las CC. AA., así como del funcionamiento del Estado en su conjunto. Por eso las defendemos sin timidez de ningún tipo.

Los problemas de la cohesión territorial y de renovación del pacto político constitucional van más allá, sin embargo, de lo dicho hasta ahora. Es fundamental repensar el papel del Estado en el equilibrio y la cohesión territorial de España, tanto en su vertiente de apoyo y fomento de las infraestructuras básicas tradicionales de movilidad y las nuevas infraestructuras digitales y del conocimiento, como en las políticas de apoyo a la actividad empresarial privada y pública. En ambos campos hay claros caminos de mejora. Sobre esta cuestión hace ya tiempo que llamamos la atención en una Opinión publicada en 2001 titulada “El papel del Estado en el mantenimiento del equilibrio económico territorial en España”. Creemos que era premonitorio lo que allí decíamos acerca de algunos de los problemas que han aparecido posteriormente en este terreno y que, en gran parte, siguen pendientes de respuesta. De ahí que incluyamos aquí, como anexo, ese documento.