Presentació

L’informe anual de Freedom House sobre l’estat de les llibertats, la democràcia i l’Estat del dret constata que portem 12 anys consecutius de retrocés democràtic (Lluís Bassets). En aquest retrocés hi juguen un paper determinant les dues grans potències  mundials: d’una banda, amb la regressió nordamericana sota la presidència de Donald Trump (Ramón Lobo, Andrés Ortega); de l’altra, la consolidació del model xinès de capitalisme d’Estat amb el reforçament de l’autoritat de Xi Jinping després del XIX congrés del Partit Comunista xinès (Xulio Ríos) [text 1]

En aquest context de progrés incessant de la globalització econòmica i tecnològica i de regressió democràtica (Enrique Fanjul), el camí que emprengui Europa és crucial, i molt especialment l’impuls que hauria de sorgir d’un eix franco-alemany reforçat (Xavier Vives). D’aquí la importància del pacte entre la CDU i el SPD per reeditar la “Grosse Koalition” (Franco delle Donne) i també de les eleccions italianes del mes de març (Daniele Bellasio). Una guia del que podria ser la reorientació de la política econòmica europea la proposen 14 economistes francesos i alemanys [text 2], en la línia de reconciliar solidaritat i disciplina de mercat a la zona euro.

Les enquestes electorals més recents  a Espanya (Metroscopia/El País, GAD3/ABC) registren l’impacte del resultat de les eleccions catalanes, amb un espectacular increment de l’estimació de vot a Ciudadanos (José Juan Toharia) que passa a estar en condicions de disputar el primer lloc al PP; i amb l’estancament del PSOE i el descens d’Unidos Podemos. La hipòtesi d’un canvi en l’hegemonia dins del centre-dreta espanyol és comentada, entre d’altres,  per Jordi Juan, Ignacio Varela i Kiko Llaneras.

En el rerefons d’aquest panorama electoral apareixen el problema polític d’Estat que planteja la situació catalana (Lorenzo Bernaldo de   Quirós [text 3],  Juan Luis Cebrián, Javier Pérez Royo, José Enrique Serrano), les seqüeles polítiques i socials de la gran recessió i la corrupció (Belén Carreño, Íñigo Domínguez), així com la cada vegada més gran agenda de qüestions irresoltes,  com el finançament autonòmic (Guillem López Casasnovas, Carlos Sánchez), la reforma de les pensions (Hugo Ferradáns) o les polítiques per combatre la desigualtat i la pobresa (Gaby Jorquera).

Amb la constitució del nou Parlament de Catalunya es dóna un primer pas cap a la recuperació de la normalitat política, sense la certesa, però,  que els passos que vindran s’encaminin en la mateixa direcció. L’independentisme està davant del dilema  (Lola García, Lluís Foix, Lluís Bassets) entre el realisme d’acceptar els impediments i límits que frustren la seva causa (Josep-Lluís Carod-Rovira, Lluís Orriols) [text 4] i el voluntarisme de continuar amb la ficció de la República. En pocs dies es veurà com juguen les seves cartes els quatre actors polítics principals del camp independentista, amb un paper determinant d’ERC (Astrid Barrio, Miquel Noguer) a l’hora de decidir sobre el procediment de la  investidura presidencial, un PDECat tocat per la sentència del cas Palau (Jordi Nieva-Fenoll, Astrid Barrio), un Carles Puigdemont imprevisible i una CUP amb un paper secundari.

D’aquesta situació tan complexa cal destacar dues qüestions que depassen de llarg la conjuntura: el tema del l’exercici dels drets polítics dels electes empresonats (Argelia Queralt [text 5], José Luis Martí, Miguel Ángel Presno) i el futur del finançament dels partits polítics (Juan Rodríguez Teruel) [text 6]

Per tancar aquest Focus Press proposem un manifest de Bo Winegard [text 7] que reivindica el centrisme i la moderació com a antídots al “foc i la fúria” dels temps que corren.

 

Xulio RÍOS, “El xiísmo, ¿un ‘pensamiento’ prematuro?” a esglobal (11-01-18)

https://www.esglobal.org/xiismo-pensamiento-prematuro/

Un análisis de la validez y consistencia de las ideas del líder chino, Xi Jinping.

El XIX Congreso del Partido Comunista de China (PCCh), celebrado el pasado octubre, incorporó el pensamiento estratégico del Presidente chino, Xi Jinping, como aportación teórica a la construcción del “socialismo con peculiaridades chinas en la nueva época”.

A Xi se le reconoció en este congreso que cuenta con un pensamiento propio, todo un activo en los arcanos del comunismo chino que le sitúa en este plano a un nivel similar a Mao Zedong, el fundador de la República Popular China tras décadas de lucha revolucionaria.

El reconocimiento congresual del pensamiento, destacado como la “cristalización teórica” de los últimos cinco años de práctica para impulsar el desarrollo del gigante asiático, escenifica también la última aseveración en ese propósito del PCCh de personalizar el poder. Se trata de una decisión que va a contracorriente de los varios lustros postmaoístas y viene acompañada de la recentralización de la autoridad, proceso iniciado a partir del XVIII Congreso, en 2012. Recuérdese que ya en 2016, Xi fue reconocido como “núcleo”, en un anticipo de lo que estaba por venir.

Ni siquiera a Deng Xiaoping y su teoría del socialismo con peculiaridades chinas se le reservó el calificativo de pensamiento para sus aportaciones, rehuyéndose cualquier equiparación con el gran icono revolucionario, Mao Zedong. Tampoco en Deng se  puede advertir una obsesión por exhibir su poder sino que, más bien al contrario, le gustaba ejercerlo entre bambalinas.

La validez y consistencia de este pensamiento de Xi Jinping es objeto de debate. A priori, su principal virtud es la certera aprehensión del momento que vive el país, la identificación de sus retos y oportunidades y la plasmación de una firme voluntad de aprovechamiento del momento histórico.

Pero, ¿tiene sustancia suficiente para ser calificado de pensamiento? ¿Qué aporta al marxismo desde la perspectiva china que no se haya hecho ya? ¿Redefine algo? ¿Obliga a proveerse de nuevas nociones? Conceptos como sociedad modestamente acomodada, la civilización ecológica o la comunidad de destino compartido de la humanidad, ¿expresan algo realmente nuevo? ¿Son los más adecuados para connotar el actual rumbo del liderazgo chino o simples reconsignas para generar renovadas ilusiones y encumbrar a un líder que necesita mantener la movilización social permanente para realizar el sueño chino? Sorprende, en cualquier caso, la inusual rapidez de esta entronización teórica con el propio autor en activo y concluyendo apenas su primer mandato.

En el punto III del informe presentado por Xi Jinping al XIX Congreso del PCCh, que lleva la rúbrica alusiva al pensamiento guía del xiísmo, enumera las “14 perseverancias” que lo definen: la dirección absoluta del Partido, la consideración del pueblo como sujeto central del proceso, la profundización integral de la reforma, la nueva concepción del desarrollo, la condición del pueblo como dueño del país, la gobernación según la ley, los valores socialistas centrales, la garantía y mejora de las condiciones de vida del pueblo, la civilización ecológica, la seguridad nacional, el imperio del Partido sobre el Ejército, la reunificación y el principio “un país dos sistemas”, la construcción de una comunidad de destino compartido de la humanidad y la exigencia de una mayor severidad disciplinaria del Partido.

Esas 14 perseverancias es lo que podríamos llamar también las 14 estratagemas de Xi para lograr que el PCCh, que encara una fase crucial en su gestión del proceso chino, no se desvíe, no olvide sus raíces y objetivos, de dónde viene y a dónde va, a quién sirve, y ciertamente es resultado de la experiencia histórica de un partido que se asoma al primer centenario de su fundación (2021).

Así, lo que realmente definiría el xiísmo como pensamiento es la propuesta estratégica de alcanzar el objetivo de culminar la modernización en dos largas zancadas (2020-2035 y 2035-2050) que confluirían en el centenario de la fundación de la Nueva China (2049). Todo ello a partir de una nueva diagnosis que enfatiza el cambio de sello en la identificación de la contradicción principal que caracteriza el momento que vive el gigante asiático (entre la creciente demanda social y un desarrollo desequilibrado e ineficiente).

Xi a la vista de otros líderes

Cada líder chino ha tenido que lidiar con una coyuntura histórica concreta. Los principales dirigentes que precedieron a Xi han tenido sus atributos y límites en función de la época que les tocó vivir. Si Mao lideró el proceso revolucionario y sentó las bases de la construcción de la Nueva China, Xi puede fundamentar el último impulso del regreso inevitable de China al epicentro del sistema internacional siempre y cuando logre consumar las tareas que se ha planteado el PCCh. Para ello, a sabiendas de que eso va a provocar tensiones en el orden internacional, quizá importantes (trampa de Tucídides), necesita disponer de un doble ejército (no solo el Ejército Popular de Liberación sino también un militarizado PCCh) bien cohesionado.

Dejando a un lado otros dirigentes (Hua Guofeng, Hu Yaobang, Zhao Ziyang), efímeros por diversos motivos, Jiang Zemin (1989-2002) tuvo bajo su cerviz durante buena parte de su mandato la sombra de Deng Xiaoping y después él mismo actuó a la sombra de Hu Jintao (2002-2012). El peso en la nuca de un histórico de la revolución siempre condiciona la libertad de maniobra. No es ciertamente el caso de Xi. No obstante, lo importante es que las coyunturas son diferentes, si bien el PCCh parece haber acertado también en la personificación en Xi de esta etapa de su proceso. Jiang, por su parte, debió dar respuesta al proceso de incorporación china a la economía internacional (OMC) y a las mutaciones internas que ello originaba en la sociedad y en la propia política del Partido. Hu, alertado sobre las sombras del modelo de desarrollo, inició el cambio de rumbo y de filosofía que ahora gestiona Xi.

Lo que el actual líder chino plantea es, ante todo, poner a punto al PCCh para culminar la tarea de la recuperación de la grandeza perdida. Y al Ejército, cuestión indispensable si queremos que esté preparado para “librar guerras y ganarlas”, como dice Xi, con el horizonte de materializar la reunificación de forma pacífica (Taiwán), un desafío mayor.

El actual líder chino aplica más energía en la implementación de ideas que no son tan novedosas como pudiera parecer a primera vista, porque quizá China transita por ese momento en que la situación ha madurado lo suficiente para urgir su aplicación o porque su no implementación supondría ya graves riesgos para la estabilidad.

Pero comparemos, aunque sea de forma somera. El Pensamiento Mao Zedong aglutina el conjunto de aportaciones teóricas y políticas del líder chino al bagaje ideológico socialista. Cabe destacar en este sentido la teoría de la revolución de la Nueva Democracia, sobre la revolución y la construcción socialistas, sobre la construcción del ejército revolucionario y la estrategia militar, sobre la política y la táctica, sobre la construcción del Partido, el trabajo ideológico y la cultura… Aquella “bomba atómica espiritual de potencia ilimitada”, en palabras de Guo Muruo, fruto de décadas de reflexión y acción, se completaba con la línea de masas o el principio de autosostenimiento, así como la actitud realista y el valor de la práctica como fuente de conocimiento.

Las aportaciones de Deng Xiaoping tienen igualmente un gran valor, ya que facilitaron la superación del rechazo a conceptos como el mercado o la propiedad privada, auténticos tabúes para los partidos comunistas, y, como resultado de la propia experiencia del proceso chino durante el maoísmo, conjuró las prisas en la construcción de la nueva sociedad con el conocido aserto de que “llegaremos al socialismo dando un largo rodeo por el capitalismo”. La fórmula “un país, dos sistemas” como alternativa para lograr la reunificación pacífica, el liderazgo colectivo o la incorporación de las “características chinas” como muletilla para justificar la diferenciación nacional del comunismo chino, no solo en clave civilizatoria o cultural sino como adaptación a la singularidad de este Estado-continente, constituyen recursos teórico-conceptuales que vertebran la actual política china.

Por su parte, la triple representatividad de Jiang Zemin fue la base ideológica que permitió la incorporación al PCCh de muchos empresarios y representa una ruptura con la ideología tradicional del Partido (vanguardia del proletariado), al dejar a un lado la idea de la lucha de clases. El Partido debe representar siempre las inquietudes del desarrollo de las fuerzas productivas avanzadas de China, representar la orientación del desarrollo de la cultura avanzada del país, y representar los intereses fundamentales de la mayor parte de la población china, dijo Jiang, en un guiño de claras connotaciones interclasistas.

La concepción científica del desarrollo de Hu Jintao supuso la respuesta a los problemas relacionados con el excesivo consumo de recursos, la grave contaminación medioambiental y la creciente brecha entre los ricos y los pobres y, por lo tanto, formula la necesidad de cambiar la impronta del modelo de desarrollo, incorporando las variables de sostenibilidad, justicia social y protección ambiental. Aunque a Hu probablemente se le recordará más por su reivindicación de una “sociedad armoniosa” y cierta reconciliación con el confucianismo y la mentalidad tradicional, fue él quien inició el viraje del made in China al created in China en pleno estallido de la crisis financiera global.

Xi y el pensamiento clásico

Xi Jinping acostumbra a citar la filosofía clásica como muestra de erudición e incluso como complemento de las apelaciones al marxismo, más frecuentes en sus discursos.

Si bien su insistencia en el Estado con derecho le aproxima de facto a los legalistas, en modo alguno rechaza la tradición confuciana y, sobre todo, a aquella visión que apunta al desempeño de un liderazgo fuerte en términos de ejemplaridad. Las invocaciones de ese tipo, que resuenan en su lucha contra la corrupción, abundan en su asociación con la virtud y la rectitud. Sin embargo, esa asociación entra en conflicto con la idolatría, muy lejos de la humildad que el confucianismo requiere al buen gobernante en el ejercicio del poder. “El soberano es el menos”, en el decir de Mencio, quizá se aproxime al “servir al pueblo” del PCCh pero debe contextualizarse por añadidura en el respeto a la crítica constructiva que facilita el contraste de opiniones y pareceres y evita el anquilosamiento autoritario del poder.

El estilo político que Xi naturaliza en el PCCh promoviendo la idea de que debe dirigirlo todo es más intrusivo que la concepción emanada del pensamiento tradicional y claramente asociable al centralismo democrático de corte leninista.

Pareciera que el afán legalista de Xi tuviera un propósito principal: establecer una nueva fuente de legitimidad basada en una gestión avalada por la norma que acompaña de la consolidación de la hegemonía del PCCh, cerrando todo derecho a la crítica adjetivada “indebida” por erosionar la lealtad, aunque nada tenga que ver con la disidencia antisistémica.

Ideas y poder

El Pensamiento de Xi sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva época se define en la jerga oficial como el más reciente avance del proceso de sinización del marxismo. Ya una decena de institutos fueron rápidamente creados para investigarlo.

La irrupción del xiísmo es, sobre todo, una evidencia de la creciente autoridad de Xi Jinping en el seno del PCCh. A la vista del contenido de su formulación explícita, cabría decir que por el momento Xi es más un hombre de poder que de ideas y que todos los mecanismos le serán de utilidad si le permiten crear y agrandar ese poder.

La suma de títulos en torno a Xi obedece a una política que pretende realzar el papel del PCCh en la fase actual y su importancia como nervio clave del sistema político chino y blindar con lealtad cualquier hipótesis de disidencia interna por tímida que fuese. Ese proceso de enaltecimiento de su figura es inseparable de la idea de que “el Partido lo dirige todo” o la prohibición de las “discusiones indebidas” y el fin de los experimentos “democráticos” internos de Hu Jintao. Está por ver cuánto de todo esto supone la liquidación efectiva del liderazgo colectivo o si responde a claves culturales que apuestan por exaltar la máxima figura en ese contexto “crucial” que tantas veces se señala desde el PCCh.

Aunque la denominación guarde similitudes con la otorgada en su día a Mao, a la vista de las trayectorias de uno y otro y de los respectivos contenidos, es difícil realmente establecer comparaciones.

¿Nos hallamos ante un nuevo envoltorio de ideas no tan nuevas? En buena medida, sí. Incluso la comunidad de destino compartido, la mayor novedad de la diplomacia china y llamada a convertirla en un pilar de la gobernanza global como expresión de su modelo de relaciones internacionales, presenta, en su fundamento, claras reminiscencias del “nuevo pensamiento” que el odiado Mijaíl Gorbachov alentaba en la URSS de la perestroika en los años 80 del siglo pasado.

Xi es un nacionalista, un comunista patriótico si me apuran, que debe hacer lo imposible por evitar el fracaso en el momento más crucial de la historia contemporánea china, cuando más cerca parece estar el gigante asiático de alcanzar el objetivo de cumplir la modernización ansiada desde finales del siglo XIX poniendo fin a dos siglos de decadencia. Los dirigentes chinos piensan mucho en clave histórica y cultural. De ahí que se extremen las cautelas y se cierre filas para evitar riesgos que puedan hacer derrapar el proceso. Todo vale para ello, incluso lo que pudiera parecer un pensamiento prematuro.

 

 

“Réconcilier solidarité et discipline de marché dans la zone euro” a Telos (17-01-18)

https://www.telos-eu.com/fr/reconcilier-solidarite-et-discipline-de-marche-dan.html

Au terme de près d’une décennie de stagnation, la zone euro goûte enfin au bonheur d’une reprise robuste. Dès lors, la tentation est forte pour les responsables politiques de baisser la garde. Ce serait une grave erreur car la monnaie unique reste vulnérable du fait de fragilités financières persistantes, d’une fragmentation financière peu favorable à la croissance à long terme et de divisions profondes entre États membres tant sur le plan économique que politique.

Ces problèmes ont des causes multiples, mais l’architecture financière et budgétaire actuelle y contribue de manière décisive :

Le cercle vicieux entre risque bancaire et risque souverain (les banques soutenant les États par leurs achats d’obligations publiques et attendant un secours des mêmes États en cas de difficulté) constitue toujours une menace très sérieuse pour certains États membres et pour la zone euro dans son ensemble. Une union bancaire encore incomplète et des marchés de capitaux fragmentés empêchent la zone euro d’exploiter au mieux les avantages de l’intégration monétaire et de bénéficier de ses effets stabilisateurs via la diversification des sources de financement comme des portefeuilles d’épargne.

Les règles budgétaires manquent de transparence : elles poussent les États à serrer les vis quand tout va mal et à distribuer des « cagnottes » quand tout va bien, sans parvenir à endiguer la tendance à l’augmentation des dettes publiques. Les défauts de l’architecture budgétaire de la zone euro mettent également une pression trop forte sur la BCE et ont aggravé les tensions politiques entre États membres pendant la crise.

L’incapacité de la zone euro à gérer les crises budgétaires, autrement que par des prêts d’urgence conditionnés à des programmes d’ajustement très durs, a nourri la montée des mouvements populistes et nationalistes aussi bien dans les pays débiteurs que créanciers. La perte de confiance qui en résulte constitue une menace non seulement pour l’euro mais aussi pour le projet européen dans son ensemble.

Les pays membres de la zone euro sont profondément divisés sur la manière de répondre à ces défis. Certains prônent des règles budgétaires plus souples et des mécanismes de stabilisation macroéconomique au niveau de la zone euro ; d’autres voudraient au contraire durcir les règles et renforcer les incitations à mener des politiques prudentes au niveau national, et rejettent tout partage des risques supplémentaires ; certains voudraient exclure toute possibilité de restructuration des dettes publiques lorsque d’autres  considèrent la discipline de marché comme indispensable pour restaurer la responsabilité budgétaire et la stabilité financière. Ces positions paraissent inconciliables. De fait, les projets de réformes de la zone euro sont aujourd’hui dans l’impasse.

Nous considérons que cette polarisation du débat entre solidarité (entre États membres) et responsabilité (au niveau de chacun d’entre eux) constitue une fausse alternative, et cela pour trois raisons. Premièrement, une architecture financière solide requiert des instruments à la fois pour prévenir les crises (par de bonnes incitations) et pour en atténuer les effets (lorsque malgré les précautions, une nouvelle crise survient). Deuxièmement, il est faux d’affirmer que tout mécanisme de solidarité entraînera inévitablement des comportements déviants de la part des États qui chercheront à tirer profit du système. Troisièmement, un tel mécanisme est en fait nécessaire si l’on veut s’appuyer davantage que par le passé sur la discipline de marché, qui consiste à laisser le marché sanctionner un État impécunieux : la règle de « non-renflouement » d’un État par les autres ne sera pas crédible tant que sa mise en œuvre effective aboutira au chaos, à la contagion et finalement au risque d’explosion de la zone euro, comme on l’a vu lors des différents épisodes de la crise grecque. Solidarité et responsabilité sont donc complémentaires et non substituables. D’où notre proposition de mettre en œuvre six réformes en parallèle, qui se complètent mutuellement.

1.  Rompre le cercle vicieux entre risque bancaire et risque souverain, en pénalisant les banques dont lactif est trop concentré sur une unique signature souveraine, tout en protégeant mieux les déposants européens via un système intégré d’assurance des dépôts. Cette première réforme vise à immuniser les banques contre une éventuelle restructuration de dette publique et contre le risque de panique des déposants. Elle est compatible avec de bonnes incitations au niveau des États, notamment parce que la prime d’assurance des dépôts peut être modulée en fonction des risques spécifiques du pays, et n’être mise à contribution qu’une fois épuisée une « franchise » nationale. Parallèlement, les mécanismes obligeant les créanciers des banques en difficulté à prendre des pertes doivent être renforcés, tout comme la pression des autorités de surveillance pour réduire les stocks d’actifs non performants et harmoniser davantage les règles prudentielles. Afin de donner une impulsion à l’union des marchés de capitaux, l’Autorité européenne des marchés financiers devrait voir ses attributions étendues et sa gouvernance réformée. La combinaison de ces mesures permettrait de réduire drastiquement la corrélation entre le risque bancaire et le risque souverain et de mettre en place une véritable intégration transnationale des marchés bancaires et des marchés de capitaux.

2.   Remplacer les règles budgétaires actuelles, centrées sur le déficit dit « structurel » (corrigé du cycle d’activité) par une règle simple de dépenses avec un objectif de long terme de réduction de la dette. Les règles actuelles manquent à la fois de flexibilité pendant les crises et de fermeté en phase de croissance. Elles sont complexes et peu fiables, exposant la Commission européenne à toutes sortes de critiques. Nous proposons de les remplacer par un principe simple selon lequel, en tendance et en euros courants, les dépenses publiques ne devraient pas croître plus vite que le PIB. Elles devraient même croître moins vite dans les pays dont le taux d’endettement est trop élevé. Une telle règle serait à la fois plus stabilisante pour l’activité et plus transparente pour les citoyens et leurs représentants.  Sa mise en œuvre serait contrôlée par une institution nationale indépendante, elle-même supervisée par une institution indépendante au niveau de la zone euro. Les gouvernements qui violeraient la règle seraient obligés de financer l’excès de dépense en émettant de la dette « junior » (la première touchée en cas de restructuration) dont la maturité serait automatiquement allongée au cas où le pays nécessiterait un programme du Mécanisme européen de stabilité (MES). La pénalité imposée par les marchés pour émettre cette dette exercerait une discipline beaucoup plus crédible que les menaces actuelles d’amendes qui ne se sont jamais matérialisées, sans pour autant mettre en péril le stock de dette accumulée.

3.  Prévoir un dispositif de restructuration ordonnée des dettes souveraines pour les pays dont la solvabilité ne pourrait être restaurée par des prêts conditionnels du MES. Cela requiert avant tout de réduire le coût financier et économique d’une restructuration, donc de mettre en œuvre la première proposition, ci-dessus, mais aussi d’améliorer les outils de stabilisation macroéconomique et de créer un actif européen « sans risque » (voir plus bas). Il faudra aussi protéger les États souverains des créanciers – passagers clandestins et autres fonds « vautours » – qui refuseraient de participer à la restructuration. Pour ne pas déstabiliser les marchés de dette, il vaut mieux ne pas s’engager dans un mécanisme de restructuration automatique ; par ailleurs, le durcissement des politiques de prêt du MES et les pénalités appliquées aux banques dont l’actif est excessivement concentré sur une signature devraient être mis en place progressivement, annoncés à un moment où les dettes de tous les pays de la zone euro sont considérées comme soutenables (comme c’est le cas actuellement) et combinés aux autres réformes permettant de réduire le risque souverain, tels que l’assurance européenne des dépôts et les mécanismes de partage des risque que nous proposons comme quatrième réforme.

4. Mettre en place un fonds pour aider les pays de la zone euro à absorber les crises économiques les plus graves, sachant que les fluctuations de faible ampleur de l’activité seraient prises en charge exclusivement par les politiques budgétaires nationales. Le fonds serait alimenté par des contributions nationales. Un pays dont l’emploi chuterait brutalement (ou dont le chômage augmenterait brutalement) pourrait alors bénéficier d’un transfert. Afin d’exclure que le système ne dégénère en transferts permanents, les contributions nationales seraient plus élevées pour les pays instables faisant souvent appel au fonds. Par ailleurs, la participation des États serait conditionnelle au respect, sur une période à définir, de la règle budgétaire et des préconisations du Semestre européen.

5. Proposer aux investisseurs un actif synthétique « sans risque » en alternative aux dettes souveraines nationales. Cet actif serait un panier diversifié et « seniorisé » d’actifs souverains nationaux. Par exemple, des intermédiaires financiers pourraient acheter un portefeuille diversifié standardisé de dettes souveraines et utiliser celui-ci comme collatéral pour émettre un actif synthétique avec plusieurs tranches de séniorité et donc de risque. La tranche senior constituerait l’actif sans risque. L’introduction de ce type d’actif en parallèle de la régulation limitant la concentration des expositions au risque souverain permettrait d’éviter des mouvements brutaux sur la demande de ces dettes et contribuerait ainsi à la stabilité financière. Une phase expérimentale à petite échelle permettrait de régler les paramètres et de vérifier la viabilité du système.

6. Réformer larchitecture institutionnelle de la zone euro. Nous proposons de séparer le rôle de surveillance (le procureur) du rôle politique de décision (le juge). Le procureur pourrait être un Commissaire spécifique, indépendant du reste de la Commission européenne ; alternativement, il pourrait être extérieur à la Commission (mais cela nécessiterait un changement de traité). Le juge serait le président de l’Eurogroupe ; ce rôle pourrait être confié à la Commission, suivant ainsi le modèle du haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères. Par ailleurs, la responsabilité politique de la gestion de crise devrait être entièrement confiée à un MES réformé, comptable devant le Parlement européen.

Ces propositions requièrent une mise en œuvre jointe. Couper la courroie de transmission entre les banques et les États nécessite de réduire la concentration des expositions souveraines des banques et de mettre en place une assurance européenne des dépôts. La réforme des règles budgétaires requiert des institutions de surveillance plus fortes et plus indépendantes à la fois au niveau national et au niveau européen. Enfin, rendre la règle de non-renflouement plus crédible requiert non seulement un meilleur cadre légal pour les restructurations, mais aussi un soutien budgétaire en cas de crise et un renforcement du Mécanisme européen de stabilité.

Sans aborder toutes les questions fondamentales qui se posent à la zone euro (comme déterminer quels biens publics européens doivent être financés de manière conjointe et comment le faire), notre ensemble de propositions permettrait de changer la donne en améliorant significativement la stabilité financière, la cohésion politique et le potentiel de croissance de la zone euro, tout en répondant aux priorités et aux inquiétudes de ses États membres.

Nos dirigeants ne devraient pas se contenter de moins !

Agnès Bénassy-Quéré (École d’Économie de Paris, Université Paris 1); Markus Brunnermeier (Princeton University), Henrik Enderlein (Hertie School of Governance et Institut Jacques Delors, Berlin), Emmanuel Farhi (Harvard University), Marcel Fratzscher (DIW et Université Humboldt, Berlin), Clemens Fuest (Institut Ifo et Université de Munich), Pierre-Olivier Gourinchas (Université de Californie, Berkeley), Philippe Martin (Sciences Po, Paris et Conseil d’Analyse Économique), Jean Pisani-Ferry (Bruegel, Institut Universitaire Européen, Hertie School of Governance et Sciences Po), Hélène Rey (London Business School), Isabel Schnabel (Université de Bonn et Conseil des Sages”), Nicolas Véron (Bruegel et Peterson Institute for International Economics), Beatrice Weder di Mauro (INSEAD et Université de Mayence) et Jeromin Zettelmeyer (Peterson Institute for International Economics).

 

 

Lorenzo BERNALDO DE QUIRÓS, “Por la concordia” a La Vanguardia (14-01-18)

http://www.lavanguardia.com/edicion-impresa/20180114/434286903853/por-la-concordia.html

La crisis Catalunya-Estado ha desembocado en un escenario de marcada polarización social y política. La sociedad catalana aparece dividida en dos bloques antagónicos, con un apoyo popular similar si bien el soberanismo tiene la mayoría absoluta en el Parlament. En paralelo, el choque ha despertado en buena parte de España un sentimiento nacional dormido durante años que se ha visto acompañado por la emergencia de un anticatalanismo tácito y, en numerosas ocasiones, expreso en amplios sectores de la opinión pública. La combinación de ambos fenómenos ha conducido a un equilibrio inestable y envenenado. Esta situación dificulta pero a su vez plantea la imperiosa necesidad de buscar una fórmula inteligente de concordia para un problema cuyo enquistamiento constituye un riesgo para la estabilidad y la prosperidad de Catalunya y del conjunto del ­Estado.

La disputa abierta entre el Gobierno central y la Generalitat catalana no es ­algo nuevo. Se inscribe en una dilatada trayectoria de encuentros y desencuentros sobre la articulación institucional de las Españas. En sus versiones extremas, esa dialéctica llevó en ocasiones a rechazar, desde Catalunya, el fet español, una simple superestructura de poder y, desde el centro, a negar el fet diferencial catalán. La tensión entre esas dos posiciones está en el origen de las políticas asimilistas aplicadas desde los gobiernos centrales y de las actitudes separatistas del Principat a lo largo de los últimos tres siglos. Las fuerzas centrífugas y centrípetas han logrado converger en ocasiones, el Estatut de 1932 y la Consti­tución de 1978, pero estos compromisos siempre han terminado de manera abrupta en medio de recriminaciones mutuas.

Para abordar “la cuestión catalana” es vital partir de un hecho básico. Si por su reconducción se entiende la pretensión de encontrar una solución definitiva, la probabilidad de alcanzar esa meta es remota. El anclaje de Catalunya en la estructura estatal de las Españas es problemático y dinámico. Por tanto, cualquier iniciativa ha de ser humilde en sus objetivos. Se está ante un proceso evolutivo, de ensayo-error cuyo resultado final es imposible determinar a priori. Con un cierto pesimismo orteguiano, el rompecabezas catalán no es soluble, sino conllevable pero el paso previo para enfrentarse a él es el desarme sentimental del conflicto. Como describió Vicens Vives, el talante de los catalanes oscila entre el seny, la disposición al pacto y al compromiso, y la rauxa, el dominio de los impulsos emocionales y la propensión a jugarse la partida a todo o nada. Cuando el rauxismo se desboca, la política desbarra en el Principat por las pendientes de un misticismo mesiánico que lleva al precipicio.

Dicho esto, la reconducción de la crisis catalana ha de partir de dos premisas: el reconocimiento de la ausencia de vencedores y vencidos en el conflicto, y la obligada e inexorable coexistencia entre dos formas distintas de entender Catalunya y su vinculación con España. Sólo de esta forma es factible emprender una negociación sensata, capaz de desembocar en un compromiso razonable. Si se asume la imposibilidad, la irracionalidad y la ­indeseabilidad de una independencia unilateral y se acatan las reglas del juego legal-constitucional, se abriría una ruta de diálogo sereno que ha de plasmarse en decisiones jurídicas. La Constitución y las leyes han de ser respetadas y cum­plidas pero también pueden y deben ser modificadas cuando las circunstancias lo exigen o lo aconsejan. Es aquí ­donde la política, la imaginación y el sentido del Estado han de desempeñar un papel esencial.

Quienes defienden la inmutabilidad de la Carta Magna en lo referente a la organización territorial del Estado olvidan que ya se produjo una mutación de ella en 1981, cuando el pacto PSOE-UCD eliminó de facto la distinción constitucional entre regiones y nacionalidades en favor del criterio de uniformidad generalizada de las autonomías. Si a este artificial y ajeno a la historia enfoque armonizador se añade la ausencia en la Constitución de un reconocimiento explícito a la realidad nacional de Catalunya dentro de esa nación de naciones que es España, los gérmenes del actual conflicto estaban ya inoculados y su posterior propagación era previsible, por no decir, inevitable.

La teoría según la cual una reforma constitucional es la vía adecuada y ne­cesaria para reconstruir el anclaje de Catalunya en el Estado es discutible. Por añadidura, esa opción choca con el es­collo de un mecanismo extremadamente rígido y de alcance imprevisible si se ­acometiese una revisión stricto sensu de la ley de leyes. Esta es la posición de ­algunos ilustres constitucionalistas que han planteado opciones que no fuerzan a realizar un cambio formal de la Cons­titución y abren la posibilidad de una lectura flexible de su marco político-normativo. En concreto cabe avanzar hacia un sistema de federalismo com­petitivo de simetría variable y de corresponsa­bilidad fiscal mediante una ley orgánica que regule la financiación autonómica o introducir una Disposición Adicional a la “vasco-navarra” que reconozca la sin­gularidad catalana.

En coyunturas como la presente es fácil y tentador desde los bandos en disputa maximizar sus apuestas para obtener réditos político-electorales a corto plazo dentro y fuera de Catalunya. Esta tendencia se acentúa cuando las cuestiones a debate adquieren o, mejor, se las dota de un carácter existencial y, por tanto, movilizador de las esencias patrias en una y otra dirección. En este entorno, el coste de una estrategia con amplitud de miras puede ser alto y su tasa de retorno para quienes la promueven baja o ne­gativa. Ahora bien, aceptar este plan­teamiento es un error. Constituye una visión alicorta que sólo serviría para ge­nerar frustración y mantener abiertas las heridas creadas por el desarrollo del ­ procés.

La batalla contra el separatismo irredento no se ganará con la ley, mediante la fuerza o con una constante apelación a los males y costes de la independencia, sino con ideas y con la oferta a Catalunya de un proyecto sugestivo de vida en común para las Españas que permita desplegar y canalizar las energías creadoras de los catalanes en un Estado compartido, en un club de ciudadanos libres y responsables. En este sentido, la proclama de Prat de la Riba, Catalunya lliure dins l’Espanya gran, guarda toda su vigencia y enarbolarla en estos tiempos de incertidumbre y de zozobra supone un poderoso antídoto contra los separadores y los separatistas.

Quien escribe estas líneas, un liberal castellano, es consciente de que estas ideas no son compartidas por muchos catalanes y por muchos españoles. Unos las considerarán una concesión inaceptable a los independentistas; otros una manifestación más o menos sofisticada de la sujeción de Catalunya a una estructura estatal rechazable. Ahora bien, entre el inmovilismo y la revolución hay siempre un camino poco espectacular pero fructífero y razonable, el de la reforma y el pacto entre visiones finales incompatibles pero gestionables en un clima de racionalidad mínima que permita restaurar la concordia.

 

Entrevista a Lluís ORRIOLS a Crític (9-01-18): L’independentisme és majoritari, però no és hegemònic a Catalunya

http://www.elcritic.cat/entrevistes/lluis-orriols-lindependentisme-es-majoritari-pero-no-es-hegemonic-a-catalunya-20381

Quina impressió general et va deixar el 21-D? 

Estem en condicions de tenir una radiografia molt fidel de quines són les preferències dels catalans. Un element significatiu és una altíssima participació: pràcticament tothom ha votat, i això ens permet confirmar que els resultats no són fruit de biaixos ni de participacions asimètriques. A més, posen en dubte l’argument segons el qual un augment de la participació originaria canvis en les preferències sobre la independència.

Han estat unes eleccions que shan llegit en clau de blocs: lindependentista i el constitucionalista. Però també se’n pot fer una segona lectura, en clau dreta-esquerra. Ha estat una clara victòria de la dreta?

En aquestes eleccions se’m fa difícil fer una anàlisi en la lògica esquerra-dreta com es pot fer en altres processos electorals. Han estat particularment marcades per la qüestió nacional; només així es pot explicar que molts votants del Partit Socialista en altres arenes polítiques hagin acabat optant per Ciutadans, i no només en aquestes eleccions, sinó també en les del 2015. El punt focal en el bloc no independentista ha estat un partit de centre, centredreta i, per tant, el fet que molta gent hagi buscat refugi en aquesta opció per expressar el seu no a la independència fa que es desdibuixi molt la lectura en la lògica esquerra-dreta.

Quin seria per tu el titular de la nit electoral?

El principal que estava en joc és la majoria parlamentària, de manera que el primer titular és que es revalida la victòria de l’independentisme a pesar d’un augment significatiu de la participació. Aquest és l’element crucial, però hi ha dos subtítols més. D’una banda, el fet que ERC no aconsegueixi imposar-se en l’espai independentista, tal com preveien les enquestes, i, com a conseqüència d’això, l’altre subtitular és que Ciutadans s’erigeix com la primera força política. Això permet visualitzar d’una manera clara l’heterogeneïtat de l’electorat català: que l’independentisme és majoritari, però que no és hegemònic a Catalunya. Els ciutadans han intentat buscar la força política que de manera més nítida expressi un mandat d’adhesió o de rebuig a la independència i als elements perifèrics de la independència, com el 155 o l’empresonament dels líders polítics i dels moviments socials. En aquestes eleccions hi ha un mandat clar en aquest eix.

Per què creus que ERC no ha aconseguit erigir-se com a primera força del bloc independentista? 

El fet que no s’hagi imposat ha estat un contratemps altament inesperat per a ERC i és una de les notícies sorpresa de la nit. Fins a les dues últimes setmanes totes les enquestes deien que Esquerra guanyaria finalment la batalla a Convergència. També ho apuntaven els processos electorals previs no autonòmics. Si hagués estat així, el titular seria molt diferent del que tu plantejaves sobre el fet que “la dreta ha guanyat”. Però què va passar les dues setmanes abans de les eleccions? Doncs que vam tenir una campanya molt excepcional, on el Codi penal va estar permanentment present, amb un líder com Junqueras absent, sense poder coordinar-la i amb molt poca visibilitat. Molts pensàvem que el fet que fos a la presó podria ser un element de visibilització, que el missatge mateix seria la repressió, i no va ser així. S’ha demostrat que el lideratge és fonamental en una campanya electoral, i ERC va perdre’l aquest 21-D. De fet, el lideratge de la número dos, Marta Rovira, va demostrar ser molt precari, fins al punt que a la meitat de la campanya van decidir “amagar” el candidat, que volia dir que les coses estaven anant molt malament. En canvi, Puigdemont també tenia l’argument de l’exili; però, com que no era a la presó, va poder coordinar una campanya electoral entorn d’una idea senzilla i clara: la restitució de Govern legítim, del pre-155, i aquest element va tenir molta força. JxCat va fer valdre la figura de Puigdemont com a president legítim i va crear una candidatura entorn del seu retorn. Això va servir per ocultar la sigla del PDECat, que no ajudava gens, i que segurament ERC no hauria tingut cap problema a guanyar-la. Aquest fet va donar la volta a les eleccions.

Apuntava la politòloga Gemma Ubasart a les darreres Birres Crítiquesque en aquesta campanya JxCat no li havia fet fair play a Junqueras

L’efecte col·lateral de no presentar una candidatura conjunta és que s’ha d’escenificar inevitablement la competició. En part, les dues candidatures eren aliades, perquè, si aconseguien la majoria, hi hauria una coalició de Govern i aquest era un interès comú, però en part també eren rivals, perquè cada una perseguia els seus propis interessos privats, és a dir, guanyar la primera posició o el nombre màxim de vots possible dins del bloc independentista. Per tant, no és una qüestió ni de fair play ni de no fair play, sinó de gestió d’aquest interès comú amb una competició partidista. I aquí JxCat va saber jugar les seves cartes d’una manera excepcionalment bona. La qüestió del retorn del president legítim tenia una càrrega tremenda, no només per la connexió amb el que havia passat amb l’article 155, l’empresonament dels polítics i l’exili de Puigdemont, sinó també perquè ha ‘liquidat’ la batalla interna entre ERC i el PDECat sobre si el candidat a la presidència de la Generalitat havia de ser Junqueras o Puigdemont. En realitat, el fet que els dos partits obtinguin pràcticament el mateix nombre de vots i que se’ls hagin de repartir fa que C’s acabi imposant-se com a primera força política és un efecte col·lateral de la victòria inesperada de JxCat dins el bloc independentista.

Els resultats electorals que ha obtingut Ciutadans sóconjunturals o es consolidaran?

Ciutadans té una virtut i un defecte. La virtut és que davant un context de polarització nacional, en les dues darreres eleccions al Parlament ha estat capaç de convertir-se en el partit que els ciutadans consideren que millor expressa un mandat de rebuig a la independència. Però el seu defecte és que han apostat pràcticament en exclusiva per això, és a dir, que els vincles amb l’electorat català són només entorn de la qüestió nacional-identitària, i ha desatès molts altres tipus de vincles programàtics d’altra naturalesa. Això és un problema, i la millor expressió que tenim d’aquest problema és que Ciutadans és primera força en les eleccions catalanes, però s’enfonsa en les municipals. És incapaç de tenir un arrelament al territori, i aquesta falta de polivalència denota un símptoma que hauria de cuidar si vol consolidar aquesta posició de privilegi que té en la política catalana. Perquè, si ho condiciona tot a la polarització nacional, a curt termini no sembla que hi hagi res que pugui canviar, però a mitjà termini poden canviar les condicions.

Abans parlaves de lideratges… En aquest sentit, també Iceta va intentar disputar-li el lideratge a Arrimadas.

Abans de les eleccions, hi havia una forta pugna per quin era el partit que podia ser punt focal dins el bloc no independentista. El que estava naturalment cridat a ser-ho era Ciutadans, que té un pedigrí antinacionalista clar i que, a més, era líder de l’oposició durant la darrera legislatura, però el PSC va rivalitzar-li aquesta posició abans de la campanya electoral. Per això s’estava parlant moltíssim que el Partit Socialista aconseguiria molt millors resultats dels que finalment va aconseguir, perquè per primera vegada semblava que podia trencar la lògica que l’únic punt focal era Ciutadans. Va jugar amb l’argument que era l’única força capaç de crear un Govern alternatiu en el cas que els independentistes no fossin majoria al Parlament i li va servir per esmorteir pèrdues cap a C’s i, fins i tot, per recuperar espai. Però això durant la campanya electoral es va esvair, per un efecte de les enquestes electorals. Aquesta és la meva hipòtesi. Va ser una profecia autocomplerta. Els sondejos situaven C’s com a primera força, i això va ser un motor de coordinació poderosíssim en l’entorn no independentista. La idea que una força no independentista podia quedar primera va ajudar molt C’s a aglutinar la idea d’utilitat i a coordinar tot el vot no independentista entorn de la seva candidatura.

Després dels diferents debats televisius, els mitjans van situar Iceta com el parlamentari més ben preparat i amb més experiència… però finalment l’’Icetaton’ no va funcionar.

El PSC va tenir algunes actuacions clarament confuses durant la campanya. L’’Icetaton’, el canvi de discurs quan va parlar d’indultar els presos polítics, o ballar en ‘prime time’, per exemple…, jo crec que no era el to que es requeria en aquestes eleccions tan excepcionals i amb uns elements que no donaven peu a la broma. L’humor és perillós: pot ajudar-te, però també et pot convertir en frívol. Però, dit això, tot i no tenir el creixement que s’esperava, el PSC va ser capaç de tapar fugides cap a Ciutadans.

Què creus que determina el vot a Ciutadans, quines expectatives satisfà? És una qüestió de programa electoral o és una qüestió purament identitària?

Les qüestions ideològiques tenen una influència, és a dir, que els votants de C’s són votants de centre o de centredreta, i, per tant, ser d’esquerres acaba sent un impediment per votar C’s. Això vol dir que sí, que hi ha altres elements que expliquen el vot a C’s més enllà de la qüestió identitària, però jo crec que aquest és el principal element estructurador.

Una part de lindependentisme fa un relat bastant simplista de Ciutadans i del seu electorat, connectant-lo sovint amb l’extrema dreta…

Quan parlem de la ideologia d’un partit, podem parlar de dos nivells: de l’oferta, és a dir, de la ideologia que representa el partit, o de la demanda, que es refereix al perfil del seu electorat. En cap dels dos casos, ni des de la perspectiva de l’oferta ni de la demanda, ens trobem davant un partit d’extrema dreta. És un partit que presenta programes electorals de centre, centredreta, i em remeto al Manifesto Project. El perfil del votant de Ciutadans és particularment fort en les posicions ideològiques de centre amb un biaix a la dreta, però no d’extrema dreta.

Deia lassessor en comunicació Antoni Gutiérrez-Rubí també a les “Birres Crítiques” que Inés Arrimadas juga molt bé a retornar la pilota quan li fan aquesta classe dacusacions, que és part de la seva estratègia i que sap bregar molt bé amb els prejudicis que floten sobre el partit.

A curt termini, és a dir, en aquestes eleccions, el principal objectiu de C’s era convertir-se en el punt focal del no independentisme, el punt focal dels partidaris de la unitat d’Espanya, convèncer-los que són el partit que més clarament enviaran el mandat que una porció dels catalans estan en contra de la independència. No sóc expert en comunicació política, però la manera com va desenvolupar la seva estratègia ha estat altíssimament exitosa, en termes de maximització de vots. Ha funcionat d’una manera tremenda en el cas del Partit Popular… Se’ls va menjar.

És a dir, que els resultats de C’s són l’únic que explica l’estavellada del PP aquestes eleccions

Sí, absolutament. I això ens dona una lliçó més enllà de Catalunya, perquè aquestes eleccions també les hem de llegir en lògica espanyola. Teníem la sensació que l’independentisme i l’activació de les identitats nacionals ajudava el PP, sobretot a la resta de l’Estat. Hi ha el típic lema que el PP guanya vots amb el seu antinacionalisme català. Doncs les primeres eleccions que hem vist després de tot el que ha passat des del setembre indiquen que no és tan clar que la qüestió identitària sigui una cosa que pot beneficiar el PP. Potser passava quan hi havia bipartidisme, però actualment, en una situació de competència multipartidista i amb la presència de C’s, ja no és tan clar qui podrà beneficiar-se de la qüestió identitària. La qüestió catalana és perjudicial per a l’esquerra espanyola, això segur, però ja no és tan clar que sigui particularment beneficiosa per al PP, perquè ara té la competència de C’s.

Creus que pot acabar menjant-se el PP també a l’Estat espanyol?

És encara molt recent el que ha passat a Catalunya, però podria ser que la “lluna de mel” que està vivint Ciutadans acabés contaminant la intenció de vot en unes eventuals eleccions generals. L’eix identitari- nacional acabarà estructurant la competició entre Ciutadans i el PP, que és una cosa nova a Espanya, perquè fins ara C’s lluitava contra el PP des d’una lògica de nova política, de regeneració democràtica, contra la corrupció… i, si la identitat nacional guanya pes a les eleccions generals, C’s estarà en millors condicions d’obtenir resultats més bons que els que ha obtingut fins ara.

Per molt que creguis que els resultats del 21-D no es poden llegir en clau esquerra-dreta, sí que ha estat bastant significativa la davallada de les esquerres transformadores

En el cas de la CUP, aquesta caiguda és un efecte quasi mecànic, automàtic i totalment esperable. Va créixer molt el 2015 pel sol fet que, dins l’espai independentista, no hi era l’opció d’ERC. O es votava la candidatura de Mas o es votava la de la CUP, i molts ciutadans que no eren d’ERC ni de l’antiga Convergència però que volien enviar un mandat favorable a la independència —molts dels quals venien, precisament, de l’entorn dels Comuns— no van trobar-se còmodes amb la candidatura de JxSí. La CUP tenia un percentatge de vots i un nombre d’escons realment insòlit si tenim en compte que és una esquerra anticapitalista. Clarament, això denotava algun element excepcional. Un politòleg internacional que mirés les enquestes i els resultats electorals del 27-S, el primer que diria és “què fa un partit anticapitalista amb 10 escons?”. Va ser un efecte d’oferta: no hi havia cap altre partit que pogués acumular gent que volia votar a favor de la independència però no volia votar a favor de les retallades d’Artur Mas. Llavors, un cop se separen les opcions i ERC es presenta per si sola, molts vots prestats a la CUP se’n van a ERC. I no és com a càstig a la CUP, sinó perquè de cop l’oferta partidista s’amplia. La seva davallada no és misteriosa: és molt contingent al fet que s’hagi erradicat JxSí.

Per tant, no creus que la defensa de la unilateralitat, per un costat, o el seu suport puntual a JxSí en alguns moments de la legislatura, per laltre, hagin condicionat els seus electors potencials.

Jo sóc escèptic amb aquestes interpretacions. És possible que algú hagi deixat de votar la CUP com a rendició de comptes per la seva ‘performance’ durant els dos últims anys, però jo diria que la lectura hauria de ser més aviat la contrària. L’opció de sortida d’aquells insatisfets amb com ha anat el procés era precisament la CUP, perquè era l’únic partit que no era en el Govern i l’únic que era percebut, a vegades, com la salvaguarda del procés. El vot de rendició de comptes jo crec que l’afavoria. No crec que hi hagi un element de “decepció” per no ser suficientment d’esquerres, perquè els resultats del 27-S no s’expliquen per la seva condició d’anticapitalista.

I què ha passat amb els Comuns?

Això sí que és més misteriós. Fa un parell d’anys fèiem un diagnòstic de per què CSQEP havia obtingut uns resultats tan pobres, i ens basàvem en dos arguments. D’una banda, que era el partit més damnificat per un context de polarització entorn de l’eix nacional. Era la formació que més patia davant d’un procés en què els votants demanaven una resposta clara, perquè no podien donar-la i havien de posar l’accent en terceres vies o buscar altres elements de conciliació que en un context tan tens no funcionen. El segon argument té a veure amb una qüestió més de disseny: un lideratge precari de Lluís Rabell, que era poc conegut i poc valorat entre els seus, i una sigla fallida, que fins i tot els votants d’ICV percebien amb una certa hostilitat. Aquests dos elements els havien de corregir. És cert que la polarització els ve donada, però podien canviar el lideratge, la sigla i la construcció del projecte.

I ho van fer.

Exacte. En aquestes noves eleccions els Comuns han tingut un lideratge molt més conegut, molt més visible, molt millor valorat entre els mateixos votants, i una sigla amb una certa trajectòria. Però el que hem vist és que fins i tot corregint aquests elements han obtingut pitjors resultats, i la pregunta és “per què?”. És una pregunta oberta encara i l’única resposta que puc tenir és que el context de polarització del 2017 és més intens que el del 2015. Tot i que aquelles eleccions van ser “plebiscitàries” i altament polaritzades, les del 2017 encara ho eren més, després d’uns mesos extremament convulsos, amb l’empresonament de líders polítics i el sector no independentista amb una clara sensació que hi havia una amenaça real de secessió. I els Comuns encara se n’han ressentit més que en el 27-S.

Els resultats electorals trenquen el lema Catalunya, un sol poble? 

Un dels titulars de la nit electoral és que la victòria de Ciutadans té una càrrega que pot ser innòcua en termes parlamentaris, però que en termes simbòlics és molt important. Tenir un partit no independentista com a primera força visibilitza la complexitat i la diversitat de l’opinió pública i de la ciutadania catalana. Clarament, el fet que hagin guanyat visibilitza que Catalunya està dividida, que ja ho sabíem, però el resultat de les eleccions ho ha posat en primer pla.

L’escenari que sens ha obert després del 21-D és una victòria del bloc independentista. Però Puigdemont podrà ser investit? Els diputats a lexili podran agafar les actes i participar en l’activitat parlamentària? Com serà la constitució del nou Govern?

Serà convuls. Sí que podran agafar les actes, però segurament no podran ser presents en les sessions de votació. O bé renuncien a les actes de diputats, o si són a la presó o fora d’Espanya, no podran gaudir de la majoria parlamentària. Hauran de replantejar-se seriosament, si no hi ha cap canvi, que hauran de córrer llistes per salvaguardar la majoria independentista al Parlament. I, sobre la presidència, el fet que Puigdemont quedés primer va facilitar moltíssim les negociacions entre JxCat i ERC, perquè de manera clara el que és cridat a ser el pròxim president de la Generalitat és ell i Esquerra s’hi haurà de conformar. Pensa que els votants de la CUP prefereixen Puigdemont abans que Junqueras, i, per tant, aquesta batalla, que semblava que seria ferotge entorn del lideratge, queda desactivada pels resultats. Però també pot passar que Puigdemont renunciï a ser investit president perquè no pugui tornar i es reactivi aquesta pugna.

Preveus que hi hagi noves eleccions?

Dins de l’enorme dificultat de gestió de qualsevol resultat electoral, els que van sortir el 21-D són els de més fàcil gestió possible. El fet que hi hagi una majoria independentista, que el vot afirmatiu de la CUP no sigui necessari i que el PDECat hagi quedat primera força fan que l’aritmètica parlamentària sigui la de més fàcil gestió de totes les aritmètiques possibles. Aquests són els resultats que més faciliten una investidura i els que fan menys probables unes noves eleccions.

 

 

 

Argelia QUERALT, “Señoría, la prisión provisional no lo puede todo” a Agenda Pública (14-01-18)

http://agendapublica.elperiodico.com/senoria-la-prision-provisional-no-lo-puede/

Ayer el Instructor Llarena denegó a los Diputados Junqueras, Sánchez y Forn que acudieran a los Plenos de constitución del Parlament y de investidura. Aunque no se comparta ni objetivo político ni los medios utilizados para conseguirlos por los ahora presos preventivos, eso no impide admitir que la lectura de la decisión judicial despierta dudas sobre la adecuación constitucional de las medidas previstas en él. La razón principal para sostener estas dudas es, a mi juicio, la desproporción de las restricciones al derecho de participación de los presos respecto de los fines que pretenden protegerse, como trataré de argumentar a continuación.

El Magistrado inicia su argumentación haciendo un rápido repaso del alcance del los derechos de participación contenidos en el art. 23. 2 CE. Destaca, quizá en exceso por la confusión que genera sobre su fundamentalidad, que este derecho (fundamental) es de configuración legal. A continuación recuerda cuales son los requisitos que deben concurrir en la restricción de todo derecho fundamental: que esté prevista en la ley, que la finalidad  que persigue la restricción sea compatible con la Constitución y que sea proporcional en sentido estricto, lo que significa que exista “correspondencia razonable en su intensidad” (el entrecomillado es del auto). En definitiva, el Magistrado reconoce el principio de excepcionalidad de la limitación de los derechos fundamentales. Hasta aquí todo correcto.

Sin embargo, es en la aplicación de estos principios generales al caso concreto donde el Magistrado vira hacia argumentaciones constitucionalmente discutibles. Y ello porque, resumidamente, el Magistrado pese a reconocer que no existe en la ley cláusula alguna que permita expresamente una restricción tan contundente en los derechos de participación de los presos, acaba aplicándolas haciendo una interpretación extensiva (cundo no analógica) de las previsiones existentes, cosa que no sirve para los derechos fundamentales. La interpretación de los derechos fundamentales debe hacerse siempre intentando su mayor efectividad y, como el propio Magistrado reconoce en la parte de teoría general de su auto, asumiendo que las restricciones al ejercicio de los derechos son excepcionales.

El Magistrado reconoce que los demandantes no están incursos en ninguna de las causas que implica la pérdida de la condición de parlamentario. Tampoco existe causa para suspender el ejercicio de los derechos de participación según al normativa parlamentaria. Sin embargo, el Magistrado, en una suerte de aviso a navegantes, sostiene que podría llegar a suspender los derechos de participación de los reclusos si son finalmente procesados porque entrarían, entonces, dentro del ámbito de aplicación del art. 384 bis de la LECRIM pensado, ni más ni menos, que para delitos de terrorismo y, he aquí el quid de la cuestión, de rebelión. De momento el Instructor reconoce que aunque la suspensión no es todavía procesalmente admisible la gravedad de los delitos imputados justifican otras limitaciones, no tan gravosas, pero limitaciones al ejercicio del derecho al fin y al cabo. Las dureza de las restricciones traen causa de los delitos que se investigan, la secesión y la rebelión, puestos en duda por una gran parte de la doctrina. Así, de aquellos polvos estos lodos

Sigue el Magistrado en su argumentación afirmando algo que es formalmente cierto: que los derechos de representación no son, según la  CE u otra ley, preeminentes respecto de oros derechos fundamentales. Sin embargo, hay que recordar que el TEDH ha sido muy insistente en defender que los derechos de participación, en sentido amplio (sobre todo los derechos de expresión y información) juegan una función institucional nuclear en el desarrollo de las democracias: son la base del pluralismo social y político. Así pues, quizá no primen, pero en su ponderación respecto de otros derechos o bienes constitucionalmente legítimos hay que tener muy presente cual es su papel fundamental en las democracias representativas.

Aborda finalmente el Magistrado la inexistencia de un derecho a los permisos penitenciarios: no hay un derecho a una concesión automática de los permisos. Sin embargo, el Magistrado olvida que la concesión de los permisos se debe ver necesariamente condicionada cuando lo que se solicita es el ejercicio de un derecho fundamental, la representación que deriva del art. 23 CE. En este sentido, Llarena se hubiera podido inspirar en el Auto del TSJ de Navarra (1987) que, como ya he explicado, no le vincula pero nada impedía que sirviera como referente interpretativo. Para los Magistrados de Navarra si los presos preventivos pueden votar en las elecciones y pueden ser candidatos a las elecciones, negarles toda participación tras ser elegidos supondría “lesionar el ejercicio de los derechos de sus electores”. En aquel supuesto, el TSJ de Navarra autorizó la salida de un preso preventivo acusado de terrorismo de ETA para asistir al debate de investidura, en el que era candidato, eso sí, acordando las medidas adecuadas para impedir su evasión. Y ello porque, a diferencia del Magistrado Llarena, en su Auto, el TSJ de Navarra consideró que no había previsión legal alguna que permitiera limitar el derecho a participar en el pleno de investidura. Por tanto, una decisión judicial no condenatoria no podría crear esta restricción. En el Auto de 1987, por cierto, se destacaba que la gravedad de los delitos investigados no justificaban una restricción tan invasiva en los derechos del preso preventivo.

En cambio, el análisis que lleva a cabo Llarena en su Auto sorprende puesto que de él cabe entender que el Poder Judicial y los medios policiales con los que cuenta no serían capaces de controlar adecuadamente la salida de los presos preventivos y evitar altercados públicos. Literalmente el Magistrado afirma que la salida es “algo que este instructor no percibe con la garantía que reclama el mantenimiento de la pacífica convivencia que precisamente justificó la adopción de la medida cautelar”. Además de ser una afirmación cuanto menos dudosa si se tiene en cuenta la realidad social catalana, olvida el Magistrado que la ciudadanía ha ejercido hasta el momento su derecho fundamental a manifestación de forma pacífica.

Finalmente, pero no por ello menos sorprendente, el Magistrado adopta una última decisión en su Auto: según sus palabras, para que las restricciones que él impone a los diputados de acudir a los Plenos de constitución y de investidura no supongan una alteración de la composición de la Cámara catalana, reinterpreta el Reglamento del Parlament y afirma que Junqueras, Sánchez y Forn votarán por delegación.

A este respecto hay que destacar, en primer lugar, que el art. 93 del Reglamento no prevé la delegación para supuestos de privación de libertad. Y, en su caso, la única que podría “establecer los criterios generales para delimitar los supuestos que permiten la delegación” (art. 93.2 in fine, del Reglamento) es la Mesa del Parlament. Pese a transcribir literalmente este previsión, el Magistrado se otorga la capacidad de sustituir a la Mesa y decide, como se ha dicho, que los presos preventivos votarán por delegación. Esta actuación supone, en primer lugar,  una clara invasión de la autonomía parlamentaria sin precedentes. En segundo lugar, abre la puerta a interpretaciones contra legem que bien pueden favorecer otras situaciones que el Magistrado dice estar previniendo. Y, en tercer lugar, significa una injerencia excesiva en los derechos de participación y de representación política dado que la relevancia de la intervención en dos plenos como el de constitución e investidura no está solo en el acto de votar, sino también en la posibilidad de participar en el debate conformando, así, la voluntad de la cámara. En definitiva, el Magistrado desnaturaliza la intervención en los citados plenos, violentando, además, la autonomía del Parlament de Catalunya.

El Magistrado mantiene la prisión provisional pese a que algunas voces jurídicamente solventes consideran que hay otras medidas de asegurar el proceso y la no reiteración delictiva. Cabe afirmar, así, que el Magistrado ha optado por una interpretación de la ley restrictiva de los derechos. En este contexto, Llarena podría haber optado por una interpretación intermedia y más adecuada a los estándares existentes de derechos fundamentales, limitando la participación presencial en los plenos de constitución e investidura, dado su naturaleza especial, y advirtiendo de que no sería así respecto de la actividad ordinaria del Parlament. Esto permitiría los Diputados implicados, a sus grupos parlamentarios y a la Mesa del Parlament tomar las medidas adecuadas para el mejor funcionamiento de la cámara.

Mucho me temo que este Auto contiene suficiente elementos para ser desautorizado por el Tribunal Constitucional o, en su defecto, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El respeto escrupuloso de los derechos fundamentales y de las instituciones democráticas son siempre exigibles. De otra forma, los que pretenden cambiarlas de formas ilegítimas acaban sacando provecho.

 

 

Juan RODRÍGUEZ TERUEL, “¿Adónde nos lleva el empobrecimiento financiero de los partidos?” a Agenda Pública (17-01-18)

http://agendapublica.elperiodico.com/donde-nos-lleva-empobrecimiento-financiero-los-partidos/

A la espera de la Gurtel, la sentencia del caso Palau es la primera gran decisión judicial –desde Filesa- contra la financiación ilegal de los partidos. En este caso, uno de los partidos angulares de la democracia española desde la Transición, Convergència Democràtica de Catalunya. Las reacciones de estos días ponen el foco sobre los efectos políticos que podrían o deberían derivarse de ello, aunque hay que reconocer lo insatisfactorio que inevitablemente nos supondrá este modesto desenlace. Al fin y al cabo, el resultado es que tenemos a unos cuantos pillos de edad avanzada definitivamente desacreditados y sentenciados (Millet y Montull), y a un anciano (Daniel Osàcar), desconocido para la mayoría, cuya fidelidad a las siglas del partido le llevará a asumir todo el castigo por un delito del que aparentemente parece haber sido solo un mero agente instrumental. Artur Mas insistía, horas después del veredicto, que su extesorero no se había llevado un céntimo al bolsillo (vaya, que no es un vulgar Bárcenas, lo que parece plausible). Pero el exlíder de CDC/PDECat no parece dispuesto a completar su razonamiento (¿adónde fue, pues, ese dinero y quién debería responder por ello?), y prefiere así dejar que esta persona mayor a la que considera inocente pase algunos de sus días postreros entre rejas. Y es que los partidos son hoy el último refugio de la razón de estado como principio constante de la acción política. Cinismo, pero racionalmente fundamentado: a pesar de todo lo llovido por el caso Palau y demás procesos en marcha, el ‘gen convergente’ (que señala Enric Juliana) no ha dejado de darle un millón de votos a cada una de las candidaturas levantadas sobre el eje CDC (CiU, JxSí, JxCatalunya) desde que Mas tomó el relevo de Pujol, impidiendo que ERC les arrebatara el cetro. Maragall puede haber ganado la batalla moral, pero el poder sigue en manos de quienes pretendió desafiar hace casi dos décadas.

Sin embargo, sin soslayar el debate moral, también es recomendable tomar distancia y observar lo más estructural del trasfondo político del caso Palau: las enormes dificultades que tienen los partidos para financiar su actividad política, y cómo algunos buscaron atajos para afrontar esas restricciones… hasta que estos han dejado de ser rentables. El caso Palau (y las otras investigaciones en marcha sobre el 3%) y el caso Gurtel y derivados tienen en común una estrategia de buscar rentas financieras en los márgenes de beneficio que dejaba la generosa acción de los gobiernos en los que participaban esos partidos en tiempos de bonanza. Como ya expliqué en un artículo anterior, esa manera de operar ha tenido, hasta cierto punto, cobertura legal de la que se han venido aprovechando algunos partidos.

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Que los tesoreros de CDC buscaran blanquear donaciones a cambio de obra pública a través de instituciones venerables como el Palau de la Música ha sido un producto de incentivos institucionales. Hasta 2007, el marco legal permitía explícitamente las aportaciones anónimas de empresas y donantes a los partidos, con algunas limitaciones. De ello se beneficiaron los principales partidos de centro-derecha: AP/PP, CDC, UDC y PNV. Como muestra el gráfico 1, estos cuatro partidos se repartían el 92 % de los casi 100 millones de euros de donaciones anónimas que durante 20 años los partidos declararon ante el Tribunal de Cuentas. Tras las limitaciones impulsadas desde la izquierda a la financiación de los partidos en la ley de 2007, esa transfusión de ingresos privados se trasladó a las fundaciones de los partidos. El gráfico 1 ilustra en qué medida se mantuvieron los porcentajes del reparto de donaciones empresariales (ahora ya fuera del anonimato) desde 2007 hasta 2015 entre las fundaciones de los cuatro partidos mencionados, aportaciones que durante estos años han alcanzado casi los 30 millones de euros.

En síntesis, los grandes partidos de gobierno de la derecha en España han sido muy eficaces con la financiación empresarial encubierta, mientras que los partidos de la izquierda han tendido a extraer mayores ingresos privados de su presencia en las instituciones, esto es, de sus cargos públicos. Sin olvidar el esquema general de fondo: unos y otros se financian, sobre todo, de las subvenciones procedentes de las Administraciones públicas, de donde obtienen entre ocho y nueve de cada diez euros que ingresan en total.

Sin embargo, lo que quiero subrayar en este artículo, a partir de los datos analizados procedentes del Tribunal de Cuentas, es que estas conductas castigadas por los jueces en casos como el del Palau parecen más características del pasado que se va que del presente que viene. Y aunque es de celebrar el actual rigor que la justicia (y poco a poco, la legislación) demuestra con estas prácticas corruptas (un rigor mayor que el que ejercen los ciudadanos con su voto), las nuevas tendencias no vislumbran necesariamente un panorama mucho más prometedor.

Y es que el sistema de financiación de los partidos está cambiando, sin que sepamos muy bien hacia dónde, aunque la dirección está clara: se está reduciendo el dinero que ingresan los partidos por vías formales y fiscalizables para desarrollar sus tareas políticas.

En primer lugar, bajan las donaciones a las fundaciones. Como muestra el gráfico 2, tras un período inicial –en el nuevo marco legislativo- en el que las fundaciones emergieron como fuentes de recaudación de ingresos privados (de empresas, para la derecha, o de individuos, para la izquierda), estos empezaron a caer al inicio de la década actual, especialmente a partir de 2012, con una interesante convergencia hacia la estabilización en 2015. Puede ser el efecto de la crisis económica, al que se suma el creciente descrédito (incluso riesgo de imagen) que puede significar para los donantes ser relacionados con un partido político. Y en el caso de CDC, puede haber también un efecto ‘procés’: sin duda, la huida política hacia delante que experimentó Mas a partir de 2012 (con el caso Palau ya en plena investigación) no debió favorecer la solidaridad tradicional de las empresas con CDC.

Lo relevante es que esta caída de las donaciones (sin ser sustantivamente decisiva para las finanzas de los partidos) no se ha visto compensada por otras fuentes. Al contrario. La principal fuente de ingresos privados para los partidos – las cuotas de los afiliados – se encuentra estancada, cuando no en recesión. Como se observa en el gráfico 3 (a pesar de los vaivenes contables que no podemos clarificar mejor), los partidos apenas han podido incrementar el dinero que han venido obteniendo de sus bases en los últimos 30 años. Este estancamiento es más evidente si tenemos en cuenta que, hasta recientemente, los partidos no dejaban de alardear de su incremento sostenido de afiliados (a menudo, maquillado por malabarismos contables). Un ejemplo: en euros constantes, el PSOE ingresa casi lo mismo en 2015 que en 1989, mientras que el PP declara ingresar menos que la AP de 1987. Curiosamente, mientras que el PP hace ostentación de triplicar la militancia del PSOE, este triplica los ingresos por cuotas de afiliación de aquel. En realidad, el PSOE es el partido que más obtiene/depende financieramente hoy de sus bases, de las que recibe uno de cada seis euros ingresados.

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Muy cerca de esas cifras se mueven Ciudadanos y Podemos, con una diferencia entre ambos: mientras Podemos es más eficaz en rentabilizar las aportaciones de sus cargos públicos, Ciudadanos obtiene más fondos de sus afiliados.

Finalmente, las subvenciones públicas se hunden, reforzando la tendencia que marca el debilitamiento de los ingresos privados. Como expone el gráfico 4, la crisis económica ha tenido un efecto devastador sobre las finanzas de los partidos. Desde 2008, el Estado (a través de sus diversas instituciones) ha reducido su aportación al funcionamiento ordinario de los partidos un 33 %, regresando a niveles (en euros constantes) de 1987. La caída ha sido especialmente acentuada desde el regreso de Montoro a Hacienda.

Me imagino que muchos lectores pueden incluso tomarse como buena noticia esta reducción del dinero que la sociedad se gasta en partidos políticos. Se nos pueden ocurrir unas cuantas finalidades sociales en las que ese ahorro estaría bien empleado seguramente. Me pregunto, en cambio, si esa reducción puede generar algunas consecuencias perversas y, quizá, indeseables para el futuro de nuestra democracia.

Por un lado, si los partidos se persuaden de que la carencia de recursos puede menoscabar su capacidad de competir por el poder, no cejarán de buscar nuevas fórmulas, alejadas del ojo público, para suplir esa debilidad. Una forma tradicional de resolver el problema es tratar de no perder el poder para quienes ya están en él, apostando por una mayor polarización que dificulte los entendimientos que puedan alimentar, tarde o temprano, una alternancia en las mayorías políticas. En ese contexto, ya tenemos un coste evidente, porque la confección de políticas consensuadas resultará menos evidente si los partidos gobernantes temen perder el poder si ofrecen excesivas concesiones.

Por su parte, los nuevos actores –o quienes hayan perdido el gobierno temporalmente- pueden tratar de hacerse con el poder con una fuerte inversión en aquellos márgenes temporales o espaciales difícilmente fiscalizables. Quien pueda pagar el lanzamiento de un partido o de un candidato antes de que ese gasto deba ser controlado. En Estados Unidos, la deriva plutocrática de su política representativa no consiste tanto en el incremento exponencial del coste de sus campañas electorales sino en la superioridad de las expectativas electorales de los candidatos previamente ricos. En ese contexto, las celebridades son también una alternativa, moldeada por la fama y el dinero, a los políticos tradicionales.

O quien pueda evadirse del ámbito de control. Un ejemplo de ello puede darlo la campaña de Puigdemont, para el que el mayor gasto en período electoral quizá no hayan sido las vallas y spots publicados pagados por CDC (todavía!), sino su logística organizada en Bruselas y financiada empresarialmente desde Cataluña, pero que difícilmente fiscalizará el Tribunal de Cuentas. Será interesante seguir con atención adónde se dirigirán los réditos financieros de la nueva candidatura JuntsxCatalunya: ¿a Puigdemont, al PDECat, a… CDC?

En todos los casos, la restricción financiera de los partidos favorece el encogimiento de las organizaciones que sustentan los partidos y promueve la desintermediación entre los dirigentes y las ciudadanía en general. De esa desintermediación cabe esperar, en el largo término, mayor personalización y auge de estrategias populistas por parte de elites que adulan a los ciudadanos para que estos les mantengan en el poder. No es difícil entender por qué los ‘chamanes’ (de Víctor Lapuente) son más propensos a sobrevivir con partidos débiles y líderes reforzados.

Por otro lado, la reducción de los ingresos de los partidos ilustra, una vez más, cómo los resultados políticos importantes pueden derivarse de decisiones improvisadas y carentes de finalidad estratégica. A pesar de las sensatas reflexiones que se han venido proponiendo desde sectores académicos (como esta de Óscar Sánchez o esta promovida por ODHIR), este cambio no obedece a una búsqueda de renovación de los partidos, de racionalización de su gasto, de reflexión sobre sus funciones o de búsqueda de una mejor representación de los ciudadanos por otros modos. Es la suma de restringir la financiación privada, por conveniencia, al tiempo que la pública, por necesidad. Por eso, las consecuencias pueden ser distintas de las perseguidas. Como muestra un estudio de La Raja y Schaffner, las crecientes restricciones a las formas de financiación en Estados Unidos han acabado favoreciendo las opciones de los candidatos más puristas e independientes frente a los pragmáticos representantes de partidos tradicionales, porque suscitan mayor capacidad de atracción de apoyos financieros entre grupos temáticos y grandes donantes ideológicamente motivados.

Sabemos que en España, la reducción del gasto en los partidos será una medida involuntaria muy popular, ya que solo una ínfima parte de los ciudadanos están dispuestos a apoyar económicamente a los partidos que mejor representen sus intereses, prefiriendo que estos se apoyen sobre sus propios miembros o sobre otras fuentes privadas. Pero habrá que reflexionar seriamente si esta desconexión financiera entre votantes y sus representantes puede acabar afectando también la capacidad de influencia de los partidos más perjudicados sobre la agenda de políticas públicas, generalmente aquellos más proclives a la reforma social.

 

 

Bo WINEGARD, “El centrismo: un manifiesto moderado” a Revista de Libros (17-01-18)

http://www.revistadelibros.com/discusion/el-centrismo-un-manifiesto-moderado

Centrismo (1). Es decididamente un término debilucho y poco excitante y con frecuencia inspira escarnio, como una suerte de pálido purgatorio para quienes temen actuar con audacia o proponer ideas políticas creativas. O incluso algo peor: lejos de ser una filosofía coherente, es un popurrí de consideraciones, quejas y ansiedades relativas a otras filosofías. El centro es ese lugar donde prefieren aterrizar aquellos que no pueden comprometerse del todo con algo. Y el centrista es ese amigo formal que pide pudin de vainilla por miedo a que algo distinto pueda ofender a su delicado paladar.

Estas quejas comunes contienen más de una pizca de verdad, pero el centrismo no es necesariamente gris o incoherente. Propiamente entendido, el centrismo es un sistema filosófico consistente que pretende guiar a los sistemas políticos y culturales a través del cambio sin los paroxismos de la revolución y la violencia. El centrista, en este sentido, cree que ese progreso político y cultural se logra mejor con cautela, templanza y compromiso, no con extremismo, radicalismo o violencia.

Al igual que el conservador, el centrista arranca con una observación pesimista sobre la naturaleza humana: es imperfecta (o, en términos religiosos, pecaminosa). Los seres humanos no son infinitamente flexibles o perfectibles. No pueden usar la razón para trascender completamente sus impulsos básicos y sus prejuicios. Nuestra mejor comprensión de la naturaleza humana hoy día deriva de las ciencias evolutivas, que muestran robustamente que los humanos están «diseñados» para navegar por una sociedad de pequeñas dimensiones; y que son limitados, estrechos de miras, partidistas, proclives a la violencia, a la pugna por el estatus y al casi inexorable tribalismo. Si bien la psicología evolutiva de primera hora enfatizó en exceso la medida en que se produce un «desajuste» entre los «cerebros para la edad de piedra» y la sociedad moderna posindustrial, es indudablemente cierto que las estructuras del moderno Occidente desafían a la naturaleza humana de maneras que las sociedades más pequeñas no lo hacen.

Dado que los seres humanos son tendentes a favorecer el vínculo familiar y tribal sobre otros, resulta difícil de lograr un complejo orden social basado en el Derecho. Sin duda, muchas colectividades no han superado una estructura social nepotista basada en la afinidad tribal y en los caprichos de quienes ejercen el poder. Por tanto, los logros de la civilización occidental –los mercados, la igualdad ante la ley, la admiración por la investigación libre‒ deben despertar nuestra admiración y respeto reverencial. Un radical mira a la moderna sociedad occidental y ve una panoplia de patologías y desgracias; un centrista comprueba con alivio que la lista sea tan breve. Es más, el centrista contrapone los males a los logros extraordinarios. Los más poderosos y ricos reyes de épocas pretéritas se habrían sonrojado ante los lujos que hoy damos por sentados. Incluso darse el humilde gusto de poder comprar una ensalada de rúcula en la tienda por unos pocos euros es algo que habría asombrado y deleitado a nuestros ancestros.

El centrista, como el conservador, está, por tanto, preocupado por las propuestas radicales utópicas, porque el centrista teme que puedan inspirar alteraciones dramáticas que desbaraten un orden social razonablemente satisfactorio. Las teorías abstractas sobre el altruismo humano y la felicidad son atractivas, pero no han sido puestas a prueba por las despiadadas realidades del mundo. Cuando se han ensayado teorías inspiradoras que malinterpretan o comprenden deficientemente la naturaleza humana, los resultados han sido invariablemente trágicos. El centrista, sin embargo, es igualmente escéptico en relación con el neoliberalismo radical de la derecha. El Estado de bienestar moderno, más allá de sus déficits, ha hecho un buen trabajo cohesionando una sociedad amplia y masivamente urbanizada en la que la caridad privada no puede resolver los problemas más graves de la pobreza. Muchos teóricos del neoliberalismo (aunque no todos, por supuesto) parecen estar tan errados sobre la naturaleza humana como los socialistas y otros utópicos. No todos los seres humanos pueden prosperar en la moderna economía de la información. La educación es, obviamente, un bien social enorme, pero no puede convertir a una persona con un coeficiente intelectual de 85 en un ingeniero. Crear mejores incentivos no producirá una sociedad de Einsteins.

Además, los mercados, aunque brillantes generadores de riqueza, son frecuentemente corrosivos a los valores sociales. Es por ello, entre otras razones, por lo que los líderes políticos y culturales han establecido siempre reglas para disciplinar el mercado y han solido intentar eliminar por completo ciertos bienes del sistema de mercado. En buena parte de Estados Unidos, por ejemplo, el sexo no puede comprarse y venderse legalmente. Existen, por supuesto, argumentos razonables para la legalización de la prostitución, pero no resulta inmediatamente obvio que la sociedad sería mejor si se permitieran todas las potenciales transacciones del mercado. El o la centrista no necesita adoptar una posición firme en este punto; debería más bien examinar cuidadosamente la evidencia disponible y futura sobre los efectos de la legalización. El punto más importante es que el libertarismo de mercado es una filosofía política radical y, por tanto, debe ser acogida con escepticismo.

Hasta ahora, buenas dosis de conservadurismo; esto suena como una versión modernizada de la filosofía política de Edmund Burke. Pero hay dos diferencias significativas entre el centrismo tal y como aquí se concibe y el conservadurismo: 1) el centrismo no se resiste al cambio y 2) no acepta un orden moral trascendental (religioso).

Los grandes conservadores del pasado –Edmund Burke, Joseph de Maistre, Klemens von Metternich, John Calhoun, T. S. Eliot, etc.‒ mostraron con frecuencia un particular y ferviente apego al orden social vigente, un apego que como mejor queda quizá resumido es en la ocurrencia de Bierce de que un conservador es aquel que «está prendado de los males existentes, a diferencia del liberal, que quiere reemplazarlos por otros». Admito que esto es una simplificación, y que la mayoría de los conservadores se han dado cuenta de que el cambio paulatino es necesario para preservar el orden social. Sin embargo, se trata de una simplificación justa, y no es intelectualmente deshonesto imaginar a los conservadores en el lado estático de un continuum de cambio, mientras que los progresistas se sitúan al otro lado (cambio radical).

El centrista, y esto no debiera sorprender, desea permanecer en el centro de este continuum, animando al cambio cuando sea prudente, pero desaconsejando los vaivenes radicales o abruptos. El centrista cree, mucho más que el conservador, en el progreso social y cree que los seres humanos han hecho notables avances morales y económicos en los últimos quinientos años. El conservador está en lo cierto cuando afirma que el pasado está repleto de lecciones para el futuro, pero al progresista no le falta razón al afirmar que el pasado está también lleno de errores, dogmas y barbarie. Quizá podría decirse del modo siguiente: el pasado es como una biblioteca vieja, inutilizada y decadente; los libros contienen sabiduría a raudales, pero el edificio está en la ruina por el deterioro y los insectos. El conservador quiere mantener la biblioteca, mientras que el centrista desea mantener los libros. Y el radical quiere quemarlo todo y empezar de nuevo.

Los grandes conservadores del pasado también creyeron en un orden moral trascendental, una estructura social sancionada por la divinidad cuya corrección primordial estaba determinada por Dios. Los conservadores modernos están, en términos generales, menos persuadidos de la existencia de un orden moral trascendental, pero la mayoría aún abrazaría alguna versión del mundo social guiado o inspirado por la divinidad. El centrista rechaza tal cosa como algo fantasioso. El mundo social no se mantiene unido por valores trascendentales, sino por leyes laicas. La guía apropiada para la política social es la ciencia, no el dogma religioso. Así y todo, el centrista no rechaza el valor de la religión. Es muy posible que la creencia religiosa pueda vincular a los individuos, aportar propósito y sentido, y pueda guiar y disciplinar prejuicios y propensiones de maneras saludables. El valor último que tiene la religión en la sociedad es una cuestión empírica abierta, y el centrista no ve ninguna razón para decidir de antemano sin disponer de la evidencia. Y, en cualquier caso, incluso si los investigadores llegan a la conclusión de que la religión, porque falta en última instancia a la verdad y fomenta el sectarismo irracional, es destructiva de los valores sociales modernos, será extraordinariamente difícil de eliminar. Las atronadoras denuncias de la religión son probablemente tan peligrosas como la creencia ferviente e irreflexiva.

El centrismo, por tanto, se define por un conjunto de asunciones y tendencias, y no por dogmas políticos. A continuación figura una lista, sin duda incompleta, pero útil, de tales asunciones y actitudes:

1) Desconfianza y desdén por las propuestas y las acciones extremas. No debe ponerse freno a las ideas y propuestas políticas innovadoras, pero aquellas que precisan de cambios radicales del actual statu quo deben moderarse para así resultar atractivas al conjunto del electorado. Las propuestas extremas son a menudo erróneas, pero incluso cuando son correctas requieren una consideración cuidadosa y una implementación pausada. La acción violenta es casi siempre errónea y contraproducente, como lo es limitar libertades básicas que permiten florecer a las sociedades liberales.

2) Desconfianza respecto de las grandes teorías o sistemas políticos. Las sociedades y comunidades políticas son increíblemente complejas y nuestra comprensión del modo en que los sistemas sociales y la naturaleza humana interactúan es extremadamente limitada. Las grandes teorías son casi siempre incorrectas y fomentan el dogmatismo y el extremismo. El pensamiento utópico es quizás el tipo de gran teoría más peligrosa y seductora. Las ideas que requieren un daño significativo hoy para dar lugar a un mañana mejor son particularmente perniciosas. La incertidumbre sobre el futuro exige humildad y un compromiso con el orden y el bienestar en el aquí y ahora.

3) Escepticismo sobre la bondad de la naturaleza humana. Aunque nuestra comprensión de la naturaleza humana es limitada, la mejor evidencia, científica e histórica, sugiere que los seres humanos suelen ser sectarios, tribales y tendentes a la violencia. Esto no significa que los seres humanos sean irremediablemente «pecadores» o malvados. No lo son. A veces son pacíficos y cooperativos. Pero la paz y la armonía entre grupos religiosos, culturales y étnicos diversos es la excepción, no la regla. Los sistemas políticos y culturales deben lidiar con los seres humanos tal y como son, y entender sus propensiones básicas. El optimismo excesivo sobre la naturaleza humana ha conducido a menudo a la tragedia. Y el sistema político actual, cualesquiera que sean sus fallos, suele ser sabio, porque ha sido condicionado por años de lenta experimentación con seres humanos reales. Una sociedad decente en el mundo vale por mil utopías mentales.

4) Deseo de buscar pactos y formar grandes coaliciones. El buen gobierno y la armonía social requieren al menos un consenso implícito entre los gobernados. Las propuestas políticas que se desvían de este consenso, aun si resultan ser correctas en última instancia, amenazan con alienar a las personas y fomentar el descontento. Ganar la batalla de las ideas antes de implementar una política que suponga un cambio significativo del statu quo reviste, por tanto, una importancia crucial. Como mejor se hace esto es apelando a los valores comunes y a los compromisos entre distintos partidos.

5) Énfasis pragmático en la ciencia, la evidencia y la verdad. Como las sociedades son exquisitamente complejas, las mejores políticas sociales se alcanzan por medio de la experimentación pausada y cuidadosa, y no del dogma. Aunque la ciencia no puede resolver todos los problemas sociales, es el mejor instrumento con que contamos para medir el éxito o fracaso de las políticas concretas. Por tanto, es importante proteger de manera vigilante la libertad de expresión y de investigación para que las mejores ideas se debatan con rigor en el foro público. Las ideologías políticas tienden a cegar a la gente frente a las mejores medidas. Uno no debe buscar la respuesta «conservadora» a la pobreza, o la respuesta «progresista» a la inmigración. Uno debe buscar la mejor respuesta. Es muy improbable que ningún partido político tenga el monopolio de la verdad.

6) Una admiración sana por el patriotismo y la desconfianza frente a la política de la identidad. Los Estados-nación, aunque no dejan de tener fallos, son uno de los pocos instrumentos sociales capaces de forjar identidades amplias no basadas en marcadores tribales sectarios, tales como la raza o la religión. Permiten a los individuos beneficiarse de las empresas colectivas de gran alcance, un empeño admirablemente comprometido con un credo más que con los ancestros. Aunque el patriotismo puede ser peligroso, también puede resultar saludable. La política de la identidad tiende a dividir a la gente y a crear agrias facciones que compiten por lo que perciben como sus intereses. Dado que los seres humanos son de naturaleza tribal, este faccionalismo es fácil de crear y peligroso para la unión cooperativa más amplia entre personas distintas.

7) Una adhesión firme al imperio de la ley y fidelidad a los principios constitucionales. El imperio de la ley es uno de los logros más grandes y frágiles de la civilización occidental. Crea una sensación de equidad y protege a los ciudadanos de los caprichos de sus dirigentes. Debe ser elogiado y protegido frente a posibles corrosiones. Y aunque personas muy formadas no precisen de apelaciones a la autoridad («Madison dijo X, Y y Z»), la sociedad no está integrada sólo por expertos con una educación superior. Los prejuicios de las personas requieren atención y no pueden ser pasados por alto. Tener un documento escrito (o un legado de leyes y principios que son objeto de veneración) que inspira reverencia ayuda a asegurar la preservación del imperio de la ley.

El centrismo en nuestros tiempos

Para el centrista, una de las tendencias más perturbadoras de los últimos quince años es la radical moralización de las preferencias políticas. Resulta cada vez más difícil discutir abiertamente sobre política sin ser tildado de racista o sexista. Esto es aborrecible para un centrista, porque circunscribe el discurso de un modo tan marcado que la gente pierde la oportunidad de debatir todos los ángulos de las políticas sociales importantes. Tómese la inmigración como ejemplo. Es un asunto extraordinariamente complejo y cualquier política inmigratoria global incluirá sacrificios dolorosos. Si se limita la tasa de la inmigración legal, muchos individuos con ambición y buena fisonomía moral verán denegadas sus aspiraciones de integrarse en sociedades pujantes en las que poder desarrollar sus capacidades. Por otro lado, si se amplía extraordinariamente la tasa de la inmigración legal, ello causará una disrupción social y cultural y un resentimiento continuados y, posiblemente, salarios más bajos.

Hay mucha gente de buen corazón a ambos lados del debate. Sin embargo, muchos situados en la izquierda no sólo están en desacuerdo con las leyes de inmigración restrictivas, sino que denuncian a quienes las apoyan. Este es un patrón que se repite en muchas otras discusiones políticas: la discriminación positiva, la libertad de expresión, la reforma penal, la seguridad, la brecha salarial, y suma y sigue. La imputación de motivos espurios a las personas que alzan su voz expresando sus bienintencionadas preocupaciones o preferencias es un acto de extremismo porque provoca hostilidad y polarización. Aquellos a quienes se denigra como fanáticos trogloditas se irritan comprensiblemente y se radicalizan aún más. Y a medida que las acusaciones morales erosionan la confianza y la buena No parece irrazonable, y de hecho es probablemente necesario, regular las lindes del diálogo político aceptable. Ello no significa que la sociedad deba hacerlo jurídicamente; significa que las sociedades pueden sacralizar ciertas ideas, estigmatizando a aquellos que las rechazan o contradicen públicamente. En Estados Unidos, por ejemplo, la idea de que todos somos iguales ante la ley y debemos ser tratados como individuos constituye un valor sagrado. Quienes muestran su oposición a este valor sagrado no deben ser detenidos, por supuesto, pero sí parece razonable estigmatizarlos. Sin embargo, es crucial que nos protejamos frente a una especie de regresión a un tabú según el cual las ideas que resultan perfectamente compatibles con los ideales de una sociedad cosmopolita se estigmatizan y aquellos que las divulgan sufren el escarnio público y son moralmente vilipendiados.

El centrismo acepta la imperfección de los seres humanos: son tribales, agresivos, ávidos de estatus y a menudo cargados de prejuicios. Pero también acepta que pueden ser sociales, tolerantes y pacíficos. Es útil ser escéptico sobre la naturaleza humana en sentido amplio, pero benévolo con las personas, especialmente en el ámbito del discurso público. Esta benevolencia fomenta el debate público y el discurso libre y provechoso, y, permaneciendo el resto de factores constantes, el debate libre lleva a las mejores soluciones para los problemas sociales complejos.

Los acontecimientos del año pasado en Charlottesville y la reacción posterior de Donald Trump han hecho del debate cívico público algo aún más difícil, especialmente en relación con cuestiones moralmente sensibles. Y ha provocado que algunos respetables izquierdistas elogien las tácticas extremistas de «Antifa» y otros grupos de la izquierda radical. Por supuesto que el nacionalismo blanco debe ser denunciado, y el centrista no siente ninguna simpatía por las masas que gritan «Los judíos no nos reemplazarán». Pero es crucial que mantengamos firme el compromiso con el imperio de la ley y que protejamos la libertad de expresión. La fealdad y el extremismo que han aflorado en Virginia no deben provocar el ciego aplauso para los movimientos igualmente extremistas de la izquierda. Que el movimiento «Antifa» afirme detestar a los nazis no lo convierte ipso facto en noble. No estamos, como han sugerido algunos, ante el equivalente moral de los soldados que desembarcaron en Normandía para luchar contra los nazis. Y, de hecho, muchas de sus acciones son repelentes y merecen ser condenadas.

El centrismo, propiamente entendido, no es debilucho ni poco excitante. De hecho, el vigoroso debate que promueve debería ser estimulante. Si su insistencia en la humildad resulta una suerte de sedante, su entusiasmo favorable y su disponibilidad para considerar ideas procedentes de todas partes sirve de compensación. La civilización es un logro brillante y el centrista quiere celebrarla. Pero tal celebración no requiere ignorar sus defectos o sus innovaciones desalentadoras. El progreso moral es innegable, y los futuros ciudadanos nos juzgarán ciertamente tan deficitarios como nosotros consideramos a nuestros antepasados. Esa reflexión debe servirnos de lección y hacer que seamos tan tolerantes con los fallos de nuestros conciudadanos como queremos que lo sean nuestros descendientes con nosotros. Quizás el centrismo es realmente esto: una sonrisa tolerante ante el reconocimiento de que somos humanos, demasiado humanos.

Bo Winegard, licenciado en Psicología por la Florida State University, es ensayista.

__Notas al pie del artículo completo

1. Este texto apareció publicado originalmente publicado en Quillette el 29 de agosto de 2017. ↩