Presentació

El XIXè congrés del Partit Comunista Xinès és el gran esdeveniment internacional de la setmana, amb la plena consolidació del lideratge de Xi Jinping (Mario Esteban [text 1], Xulio Ríos)  -elevat a la categoria de Mao i de Deng Xiaoping- per impulsar un nou salt en la modernització xinesa en la perspectiva d’esdevenir la primera potència econòmica mundial el 2050 (Adan Turner), en un context de feblesa política occidental  on predominen el que Andrea Rizzi denomina com a governs zombi. Una feblesa lligada a una desconfiança generalitzada en les institucions, com argumenta Andrés Ortega [text 2].

En el cas europeu, aquesta feblesa afecta els Estats membres de la Unió, com Alemanya on Angela Merkel inicia unes complexes negociacions per formar govern en base a una coalició inèdita (Maria-Paz López). O una Itàlia que redefineix novament la seva llei electoral (entrevista a Matteo Renzi) i viu una nova revifada de l’autonomisme de la Lombardia i el Veneto (Andrea Rizzi).

En un escenari post-crisi torna a prendre força la voluntat d’impulsar el pilar social de la Unió Europea, considerat com un factor de relegitimació política de les institucions comunitàries. Samuel Bentolila i Juan J.Dolado  [text 3] presenten un balanç de l’Europa Social i analitzen la seva possible evolució futura.

Inevitablement, la qüestió catalana ha esdevingut també un problema europeu  (Carlos Elordi) [text 4], editorial de Le Monde, Benoît Pellistrande), que el mateix Mario Draghi ha qualificat de “significatiu”, i que ha  concitat un recolzament unànime dels Estats membres de la Unió al Govern espanyol (Enric Juliana).

El desenllaç del conflicte apunta – si no es produeix un nou gir inesperat d’última hora- a un escenari desolador (Josep Ramoneda) [text 5], amb un dany incalculable a les institucions d’autogovern, a l’economia catalana (Josep Oliver, Fernando Trias de Bes) i espanyola (Raymond Torres), i a la convivència ciutadana (Antoni Puigverd).

Les mesures proposades pel Govern central en aplicació de l’article 155 de la Constitució (Eduard Roig, Xavier Arbós, Antonio Arroyo) per intervenir l’autogovern (Enric Juliana) susciten incògnites sobre la seva recuperació a curt termini (Raimon Obiols) [text 6], amb dubtes raonables sobre les possibilitats reals de la seva realització (Rubén Amón) [text 7], amb inquietants interrogants sobre la seva constitucionalitat (Enoch Albertí) i sobre el seu efecte en el conjunt del sistema democràtic espanyol (Juan Rodríguez Teruel [text 8], Pau-Marí-Klose [text 9], Josep Maria Vallès).

Després de la convulsa jornada del dijous 26, restem a l’espera del desenllaç, sobre el que confeccionarem una segona part d’aquest Focus Press que publicarem el proper dilluns.

Mario ESTEBAN, “La era de Xi Jinping” al blog del Real Instituto Elcano (25-10-17)

https://blog.realinstitutoelcano.org/la-xi-jinping/

El 19º Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCC), que acaba de finalizar, será recordado como el momento en que la figura de Xi Jinping fue puesta a la altura de Mao Zedong y Deng Xiaoping. Se acabó la era del liderazgo colectivo y de la alternancia entre elitistas y populistas al frente del Partido. Xi Jinping podrá gobernar de manera más personalista y autocrática que sus dos inmediatos predecesores (Jiang Zemin y Hu Jintao) y seguir siendo el hombre más poderoso de China una vez termine su actual mandato al frente del PCC en 2022.

Primero fue la reforma de los estatutos del PCC para incluir su nombre entre los principios teóricos fundamentales del partido: “El pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era”. Honor que antes estaba reservado a Mao y a Deng. A continuación, la elección de un nuevo Comité Permanente del Politburó, órgano colegiado de mayor poder dentro del partido, que pasa a estar compuesto mayoritariamente por cargos afines a Xi y en el que no aparece ningún posible sucesor. De los cinco nuevos miembros del Comité Permanente del Politburó cuatro son de la facción elitista (Li Zhanshu, Zhao Leji, Wang Huning y Han Zheng), los dos primeros son además protegidos de Xi, y sólo uno (Wang Yang) es de la facción populista y afín al primer ministro Li Keqiang. Es más, ninguno de ellos cumple con los requisitos de edad para mantenerse en este órgano más allá de 2022. De esta manera, Xi Jinping se asegura ser el hombre fuerte del país más allá del próximo lustro al no haber ningún candidato claro para su sucesión. Incluso abandonando la Secretaría General del PCC en 2022, Xi seguiría siendo el hombre más poderoso de China.

El 19º Congreso del Partido también nos ha deparado cambios muy notables tanto en el ámbito socioeconómico como en política exterior. En la primera área se ha modificado la que el PCC entiende es la principal contradicción de la sociedad China. En 1981 se identificó la necesidad de acelerar el ritmo de crecimiento económico y ahora se sustituye por centrase en la calidad de dicho crecimiento. Por tanto, se invertirá más en innovación y desarrollo para fomentar actividades económicas de un alto valor añadido y en bienestar social (educación, sanidad, pensiones…). Las grandes empresas estatales tendrán un papel fundamental en ese desarrollo tecnológico, aunque se evitarán los monopolios y se relajaran las restricciones a las inversiones extranjeras. Está por ver en qué sectores y regiones se concretan estas promesas de mayor acceso al mercado chino para los inversores extranjeros.

En la arena internacional, Xi Jinping implementará durante el próximo lustro una política exterior más asertiva y orientada a incrementar la influencia de China en la gobernanza global y en su región , aprovechando para ello las oportunidades que le brinda el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. No en balde, desde que China comenzase a sufrir la presión de las potencias coloniales a mediados del siglo XIX, ningún líder chino ha estado tan confiado como Xi en el papel que puede desempeñar Pekín dentro de la comunidad internacional. De hecho, Xi explicitó en la inauguración del 19º Congreso del PCC que China podía ser un modelo para otros países, incluso en el ámbito político, presentó a su país como un aliado fiable para garantizar los bienes públicos globales, y criticó el aislacionismo estadounidense.

Atrás queda la política exterior de perfil bajo elaborada por Deng Xiaoping hace un cuarto de siglo y se ofrece una hoja de ruta que llevará a China a convertirse en una sociedad medianamente acomodada en 2020, en un país desarrollado en 2035, y en un país con un poder nacional puntero y un ejército de clase mundial en 2050. Esta asertividad viene combinada con una clara dimensión cooperativa, como evidencian la fundación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, y la Iniciativa de la Franja y la Ruta, pero cada vez más en los términos marcados desde Pekín. Esta estrategia aparentemente contradictoria está brindado importantes réditos a China, como ilustra que el sustancial incremento de su presencia y su capacidad operativa en el Mar del Sur de China, mediante la construcción de islas artificiales, no haya sido óbice para un estrechamiento de las relaciones con la mayoría de los países del sudeste asiático, gracias a unos sustanciales vínculos comerciales y financieros.

Acostúmbrense a este nombre, Xi Jinping, porque va ser, por mucho tiempo, el hombre más poderoso de uno de los dos países más poderosos del mundo.

 

Andrés ORTEGA, “Momento de desconfianza general” al blog del Real Instituto Elcano (24-10-17)

https://blog.realinstitutoelcano.org/momento-de-desconfianza-general/

La desconfianza se ha ido instalando en nuestras sociedades. Desconfianza en los gobiernos, en los parlamentos, en los medios de comunicación e incluso en las empresas, que también han perdido en este terreno. La confianza en los directivos empresariales ha bajado en 12 puntos en un año, hasta el 37%, sobre todo por la percepción de lo que ofrecen las empresas y de cómo tratan a sus empleados.

Esta crisis de confianza, acentuada en los últimos tiempos, alimenta los populismos de diverso signo, la demanda de liderazgos fuertes cuando no dictatoriales, o de democracia directa en detrimento de la representativa. Puede tener que ver con los efectos de la crisis económica vivida, pero dado que se ha acentuado ya en recuperación, sus raíces parecen más profundas y las consecuencias de su implosión preocupantes, pues la confianza es uno de los factores básicos del buen funcionamiento y estabilidad de las sociedades, sobre todo –mas no únicamente– en las democracias.

El Barómetro de Confianza Edelman, que se viene publicando desde 2012, registra en su última edición de 2017 un marcado deterioro a este respecto. Dos tercios de los 28 países estudiados entran en la categoría de “desconfiados” (distrusters), es decir, con menos de un 50% de confianza en los gobiernos, medios de comunicación, empresas y hasta ONG. Todo ello viene acompañado de un creciente recelo (50%) hacia el libre comercio. Donald Trump no está solo en sus planteamientos. Y las preocupaciones sobre el futuro –la crisis de la idea de progreso– crecen, a pesar de que vivamos una de las épocas más pacíficas y prósperas de la historia. La corrupción y la globalización son las dos preocupaciones esenciales de los ciudadanos, pero también les preocupa la velocidad de los cambios que viven.

Sin embargo, la participación política, que algunos creen es la solución, no ha bajado: este año, el 77,7% en la primera vuelta de las presidenciales francesas (pero sólo el 48,7% en las posteriores legislativas), el 76,2% en las alemanas y el 67,6% en las recientes austriacas. La credibilidad de los líderes políticos sí ha bajado. También la del llamado Cuarto Poder: el 60% de los encuestados se fía más de lo que encuentra a través de Google que de lo que puede leerle a una firma en un medio acreditado. Los medios sociales crean burbujas o “cámaras de eco”: el 53% no escucha a gente u organizaciones con las que tienden a no estar de acuerdo.

Hay diferencias en el índice de Confianza general entre el “público informado” (España está en un 57% de confianza, frente al 60% global), y la masa (en España un 41%, frente a un 45% global). A destacar que la confianza general es mayor en la India, Indonesia y China, economías al alza. Y aunque no entre en este Índice, la desconfianza entre gobernados y gobernantes es también uno de los problemas fundamentales que confronta el mundo árabe, donde hay varias ollas acumulando presión.

Según el estudio de Edelman, tampoco crece la confianza en organizaciones internacionales que pudieran servir de sustitutas. Sin embargo, el último Eurobarómetro de la Comisión Europea, de la primavera pasada, recogía una cierta recuperación de la confianza media en la UE (42%), e incluso en el Gobierno nacional (37%, por debajo de la propia Unión), lo que confirma un posterior sondeo para el Parlamento Europeo. Pero son niveles bajos si se comparan, por ejemplo, con los reinantes en 2006; es decir, antes de la crisis. En España la confianza en la UE está en un 40% y en el Gobierno nacional en un 18%.

Otra importante reciente encuesta, esta vez del Pew Research Center en 38 países, resulta también muy relevadora, y perturbadora, en este contexto de desconfianza general, pues empiezan a parpadear luces de alerta. Hay una preferencia generalizada por la democracia en el mundo –sobre todo en las economías más ricas–, pero están creciendo los populismos y extremismos de extrema derecha y de extrema izquierda y el apoyo a dictaduras militares. El 78% de los encuestados en el mundo están a favor de la democracia representativa, pero un 66% declara su preferencia por la democracia directa, en la que los ciudadanos, más que sus representantes electos, son los que votan y deciden en cuestiones de importancia (un 38% en España lo considera algo muy bueno y un 75% bueno), lo que tiene también que ver con la desconfianza en los gobiernos, los parlamentos y los partidos políticos. Y, aunque hay un claro rechazo a las dictaduras militares, minorías importantes (24%) se pronuncian por un líder fuerte o por alternativas no democráticas, libres de interferencias de los parlamentos o de la justicia. De los encuestados, Rusia es el país con menor porcentaje (7%) de ciudadanos comprometidos con la democracia. Cuidado.

No estamos en los años 30 del siglo pasado. Las situaciones son muy distintas. Pero empieza a haber demasiados parecidos. ¿Las soluciones? Nada fáciles. Desde luego, pasan por restablecer la confianza en los sistemas. Lo que implica que han de abordar los problemas que preocupan a los ciudadanos.

 

Samuel BENTOLILA y Juan J.DOLADO, “La Europa social revisitada” a Nas es Gratis (26-10-17)

http://nadaesgratis.es/dolado/la-europa-social-revisitada

Esta entrada es una versión resumida y ligeramente revisada de la homónima aparecida en VoxEU.org.

Hace casi dos décadas, el octavo informe de la serie del CEPR “Monitoring European Integration” exploró las interacciones entre la política social y la integración económica en Europa. La experiencia de la anterior ampliación de la Comunidad Europea −con la incorporación de Grecia, Portugal y España en la primera mitad de los años ochenta− proporcionó a Social Europe: One for All? (“Europa social: ¿Una para todos?”, de Bean, Bentolila, Bertola y Dolado) un punto de partida adecuado para intentar prever el futuro de la política social tras la entonces próxima ampliación a Europa del Este, que finalmente tendría lugar en 2004. Se intentó analizar cómo evolucionaría la dimensión o “acervo” social de la Unión Europea (UE) −es decir, la normativa social común a toda la Unión− a raíz de la creciente integración económica en sus diversas formas, desde la liberalización comercial hasta el aumento de la movilidad del capital y de la mano de obra.

El diagnóstico básico del informe fue que la integración de economías con diferentes niveles de desarrollo, aunque en general mejore el bienestar agregado, suele tener consecuencias negativas para los productores menos eficientes, tanto en los antiguos estados miembros como en los nuevos. Por tanto, la integración crearía una demanda de mayor protección social. Sin embargo, la efectividad de las políticas sociales nacionales se vería mermada por la mayor integración económica, de modo que la oferta de estas políticas disminuiría. Como resultado de estas fuerzas contrapuestas, el “precio” de la protección social indefectiblemente aumentaría, mientras que su “cantidad” en equilibrio podría subir o bajar.

Se esperaba que estas fuerzas dieran lugar a una mayor presión sobre el modelo europeo de protección social y las legislaciones laborales. Sin embargo, dada la solidez de los sistemas nacionales de relaciones laborales y de gasto social, y en la medida en que estos representan diferencias genuinas en las preferencias nacionales sobre estas cuestiones, no se esperaba una competencia a la baja en los estándares de protección social y del mercado de trabajo. Por tanto, se consideró esencial articular la armonización de estándares mínimos en todas aquellas políticas sociales que no favorecieran a determinados grupos de población privilegiados (insiders) a expensas de los segmentos menos favorecidos de la sociedad (outsiders).

Para los países más ricos, la coordinación podría consistir en armonizar sus normativas en vigor, que ya suponían una elevada protección social. Sin embargo, para los países con preferencias diferentes con respecto a dicha protección (por ejemplo, el Reino Unido) o con menores niveles de desarrollo, existía el peligro de que esas normas comunes eliminaran los beneficios del comercio y perjudicaran a los “pobres más lejanos”, incluso si estaban destinadas a proteger a los “pobres más cercanos” en los países europeos. Por tanto, la diversidad era realmente deseable y la introducción del acervo comunitario completo en los nuevos estados miembros solo tendría sentido si se llevara a cabo de forma gradual, a medida que sus niveles de vida se aproximasen a los de Europa Occidental.

Al diseñar las políticas de la UE se decidió que condiciones de trabajo tales como el permiso parental, la no discriminación sexual, la igualdad de trato de los empleados a tiempo parcial y completo o la consulta con los representantes de los trabajadores sobre la gestión en grandes empresas multinacionales podrían armonizarse para evitar el dumping social, es decir, la reducción de derechos a fin de obtener ganancias de competitividad. Sin embargo, incluso cuando se pusieron en práctica normas a nivel de la UE, su aplicación no ha sido muy rigurosa. Como resultado, el progreso en el desarrollo de una política social de la UE ha sido mucho más lento que en otras áreas como el comercio o la política monetaria.

Veinte años despues

Dos décadas después de la publicación del informe, la Europa Social ha vuelto a encabezar la agenda política, pero esta vez no se ha debido a una ampliación de la UE. El debate actual sobre los pros y contras del acervo social está sujeto a cuatro desafíos principales, que simultáneamente han aumentado la demanda de protección social y han limitado la capacidad de suministrarla.

Primero, ha reaparecido el comercio interindustrial con los países emergentes, especialmente con China. En segundo lugar, el cambio tecnológico, que desempeña un papel destacado pero ha cambiado de forma, pasando de tener un sesgo en favor de los trabajadores más cualificados a suponer una oleada de “rutinización“, que progresivamente permite a las máquinas llevar a cabo tareas que antes solo podían realizar seres humanos. Esto afecta especialmente a los trabajadores que están en el tramo medio de la distribución de salarios, provocando así la polarización del trabajo (véase este artículo de Goos, Manning y Salomons).

En tercer lugar, la recesión financiera global iniciada en 2008 y la posterior crisis del euro que afectó a Europa en 2011 (la Gran Recesión) han mostrado los límites de la disposición de las naciones ricas de la UE a mitigar los efectos de la crisis en los países rescatados. Además, la ayuda ha llegado a través de programas de rescate individuales de cada país, sujetos a una estricta condicionalidad, y no mediante ningún mecanismo de seguro de rentas en toda la UE. En cuarto lugar, la crisis de los refugiados ha puesto a prueba severamente el principio de la libre circulación de personas en la UE. De hecho, la actual ola de nacionalismo en muchos países europeos puede entenderse como el resultado de estos desarrollos y su consiguiente impacto en el bienestar y la distribución de la renta.

Para ver cómo ha operado este conjunto de fuerzas en la práctica, es útil dividir la UE (para los países con datos) en cinco bloques, de acuerdo con sus modelos de política social (siguiendo la propuesta de Bertola, Boeri y Nicoletti): (i) Nórdico (ND: Dinamarca, Finlandia y Suecia, más los Países Bajos); (ii) Anglosajón (AS: Irlanda y el Reino Unido); (iii) Continental (CT: Alemania, Austria, Bélgica, Francia y Luxemburgo); (iv) Mediterráneo (MN: España, Grecia, Italia y Portugal); y (v) Centro-oriental (CE: Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa y República Eslovaca).

Según la base de datos de distribución de la renta de la OCDE, el bloque MN era el que tenía el índice de Gini (medida de la desigualdad de la renta disponible de los hogares) más elevado en 2004 (33.4%), seguido del AS (32%) y el CE (30.9%), con los bloques CT y ND en la parte inferior (28.5% y 26.2%, resp.). Una clasificación similar (inversa) se aplica a la pobreza (medida por la fracción de la población total con renta disponible del hogar por debajo de la mitad de la mediana): 13.1% (MN), 10.8% (AS), 10.6% (CE), 8.2% (CT) y 6.9% (ND).

En 2014, una década después, la desigualdad había aumentado en el bloque MN (con un 34%), especialmente en España y Grecia, donde la devaluación interna impuesta por la Troika ha significado un aumento de casi 1.5 puntos porcentuales en sus índices de Gini. Por el contrario, la desigualdad ha disminuido en los bloques AS y CT (31.3% y 28%, resp.) y apenas ha variado en los dos bloques restantes: CE (30.7%) y ND (26.4%). La pobreza ha aumentado en casi un punto porcentual en todos los bloques excepto en el AS, donde se ha reducido en una cifra similar.

La recesión ha supuesto un gran reto para todos los países en que la legislación laboral fue diseñada para favorecer a grupos específicos de trabajadores protegidos (por ejemplo, trabajadores con contrato indefinido en España o empleados públicos y algunos colectivos de autónomos en Grecia), ya que el paro y la pobreza han aumentado. La Gran Recesión ha coadyuvado al desmantelamiento parcial de algunas de estas regulaciones ineficientes, que son difíciles de justificar en términos de la distribución o la eficiencia.

No obstante, el coste directo lo han soportado principalmente los segmentos más débiles de la sociedad (jóvenes, inmigrantes y trabajadores menos cualificados y mayores). A su vez, algunas de las políticas de ajuste en el mercado laboral que funcionaron bien en Alemania y otros países centroeuropeos −como los recortes salariales temporales o las reducciones del tiempo de trabajo− no son directamente aplicables a los bloques MN o CE, precisamente porque sus ineficientes instituciones favorecieron una especialización en sectores que fueron perjudicados de forma permanente por la crisis (por ejemplo, la construcción) o debido a la gran importancia de las pymes en estas economías.

En este sentido, sigue siendo primordial no imponer rápidamente en estos países un nuevo acervo social más estricto. Se les debería permitir recuperarse primero de la crisis y poner en práctica reformas de sus políticas económicas. Las reformas orientadas hacia sistemas más descentralizados de determinación salarial son claves. También se debería revisar la protección dual del empleo, estableciendo que los contratos temporales solo se puedan usar para actividades productivas no permanentes, así como para la sustitución y la formación. Las reformas recientes de este tipo en los países MN y CE son pasos en la dirección correcta, pero todavía no son suficientes.

Mirando hacia el futuro

A pesar de que la UE ha ido construyendo una dimensión social que ha mejorado las condiciones de vida y la convergencia social entre sus miembros, los cuatro desafíos antes indicados requieren ahora una estrategia más efectiva para fortalecer el acervo social de la UE. A ellos se une un quinto desafío que se agravará en años venideros: el envejecimiento de la población, que reducirá aún más los recursos disponibles. Dado que la convergencia en las tasas de empleo y el nivel de vida se ha paralizado en los últimos años, una mayor cooperación social debería implicar una mayor armonización de estándares básicos, como los de salud y seguridad en el trabajo, el reconocimiento de títulos académicos, la edad de jubilación y el impuesto de sociedades.

En el contexto del diseño de una UE post-Brexit, como nos contó hace una semana Juan F. Jimeno, la Comisión Europea ha propuesto un pilar europeo de derechos sociales. Uno de sus objetivos es aumentar el presupuesto social de la UE, que actualmente representa solo el 0.3% del gasto público social en la UE. La propuesta incluye un cuadro de indicadores sociales para hacer un seguimiento del progreso individual de cada país. Un documento complementario enumera el acervo existente y las propuestas incluidas en el llamado Pilar Social, aunque este último sigue estando poco desarrollado y aparentemente lejos de implicar que las normas de la UE sean más estrictas que las nacionales en muchos países.

Algunas políticas concretas para llevar a Europa hacia una “clasificación triple A social“, en palabras de su presidente, Jean-Claude Junker, podrían ser las siguientes:

1. Un mecanismo estabilizador automático (por ejemplo, un fondo de prestaciones por desempleo de la UE, con sistema bonus-malus), destinado a evitar que oscilaciones del ciclo económico conduzcan a desequilibrios estructurales profundos, como sucedió durante la crisis del euro (véase este trabajo de Ábrahám, Brogueira de Sousa, Marimon y Mayr).

2. Un papel activo de los fondos estructurales y de cohesión y, de iniciativas recientes como la Garantía Juvenil y el Paquete de Inversión Social (que actualmente no funcionan bien), para reducir las grandes disparidades entre países en sus políticas de inversión en capital humano (cuidado y educación en la infancia, política educativa, políticas activas del mercado de trabajo, etc.).

3. La mejora del intercambio de información y la cooperación administrativa entre países para evitar el llamado “turismo social”.

4. Limitaciones en el uso de los fondos de la UE por aquellos países que incumplan los acuerdos sobre libre movilidad laboral o la recepción de cuotas de refugiados. También el uso de un enfoque de “condicionalidad positiva” −según la propuesta de Boeri y Jimeno− para los países que tomen medidas para desmantelar la legislación que protege la posición privilegiada de algunos trabajadores en detrimento de los más desfavorecidos.

5. El uso de la mayoría cualificada en lugar de la unanimidad en los asuntos sujetos a la armonización de estándares mínimos.

Debemos reconocer que, con mayor globalización y progreso tecnológico, el desafío de una mayor demanda de protección social y una menor capacidad para ofrecerla es aún más fuerte que hace dos décadas. Sin embargo, ha llegado el momento de llevar a cabo una discusión profunda sobre una nueva dimensión social de la UE y cómo lograrla.

 

Carlos ELORDI, “Cataluña es ya un serio problema europeo” a eldiario.es (24-10-17)

http://www.eldiario.es/zonacritica/Catalunya-serio-problema-europeo_6_700689964.html

Ocurra lo que ocurra en los próximos días -y la aplicación del artículo 155 encabeza con ventaja la lista de posibilidades inmediatas- la crisis catalana va a continuar y nadie puede descartar que se vaya agudizar aún más a corto y medio plazo. Los poderes políticos europeos son muy conscientes de ello. Y temen que Catalunya abra una nueva dinámica que se sumaría al creciente populismo de ultraderechas, al terrorismo y al Brexit para amenazar la estabilidad política de la UE y el futuro mismo de la Unión. Unos cuantos artículos publicados en la prensa más seria del continente en los últimos días recogen la inquietud creciente de las élites europeas a este respecto.

Catalunya es la región emblemática de la imagen de la España moderna en el mundo y, de lejos, la más conocida y valorada y no sólo por sus atractivos turísticos. De repente ha dejado de ser un paraíso que había que visitar y se ha convertido en un drama. Con una fuerza inusitada. Lleva más de tres semanas en el centro de la atención política y mediática europea. Las cargas policiales del 1 de octubre han sido la noticia más destacada del año y lo que está pasando en Catalunya ha llegado hasta el último rincón de la opinión pública del continente.

En un principio, la mayor parte de los medios, indignados por la represión del Gobierno español, expresaron algo parecido a la simpatía con el movimiento independentista. Más tarde, sobre todo en los últimos días, se ha producido un cierto giro en la opinión publicada y más de un diario importante se ha colocado en posiciones muy críticas con el independentismo, al que se acusa de no representar más que a una parte de los catalanes y de haber roto la legalidad constitucional.

Un reciente  editorial de Le Monde ha sido el más claro ejemplo de esto último. Escrito con un ardor propio de la toma de posición ante una controversia de política interior y no ante un problema de otro país, el texto no decía nada que no digan los medios españoles que militan contra el independentismo. Pero más significativo que eso era justamente la pasión que ponía en sus argumentos. Que en un periódico casi siempre tan equilibrado como el rotativo francés no podía sino derivarse de la honda preocupación de que la crisis catalana termine teniendo graves consecuencias en todos los países, empezando por Francia misma.

Philippe Lamberts, el político belga que co-preside el grupo de los Verdes en el Parlamento europeo, ha expresado así esa preocupación: “Catalunya amenaza al espíritu de la integración europea incluso más que el Brexit”. Porque la iniciativa independentista ataca directamente al principio básico de la que Unión Europea está fundada sobre la autonomía constitucional de sus Estados-miembro, de sus leyes. Aunque también porque la actuación represiva del Gobierno español atenta contra la protección de los derechos humanos y civiles que es otro principio fundacional de la UE.

El primero de los argumentos explica por qué el Consejo Europeo y la mayoría de los gobiernos europeos se ha alineado firmemente con Rajoy y lleva a preguntarse por qué los dirigentes independentistas siguieron en su camino de ruptura sabiendo desde el principio, porque se lo habían tenido que decir muchas veces, que no iban nunca iban a encontrar el mínimo apoyo en las capitales europeas.

El segundo, el rechazo a las cargas policiales, hasta ahora no se ha expresado con tanta claridad. Es cierto que el portavoz oficial del Consejo Europeo criticó en su momento la acción policial. Pero públicamente no se ha ido más allá. En privado, las cosas han debido de ser algo distintas. Hay sólidos indicios de que algunos de los principales gobiernos, y Bruselas misma, han tratado de influir para que Rajoy contuviera sus respuestas y, sobre todo, emprendiera cuanto antes el camino de la negociación. Seguramente lo siguen haciendo. Y es muy probable que el motivo principal de las dudas en torno a la conveniencia de aplicar el artículo 155 procedan justamente de las presiones europeas para que no se haga.

Europa teme que el 155 provoque una rebelión del independentismo en la calle y que las escenas del 1-O vuelvan a las aperturas de las televisiones del continente. Por los citados principios y porque su apoyo a la política del Gobierno español en Catalunya se podría ver seriamente puesta en cuestión si la represión policial y judicial terminan siendo las protagonistas del conflicto.

Por las consecuencias que eso pudiera tener en España, pero también porque esas tensiones podrían ser un catalizador de respuestas similares a las del independentismo catalán en todo el continente. “La rebelión catalana podría animar a otros movimientos autonomistas y separatistas”, ha escrito Tony Barber en el Financial Times. Ese y otros medios subrayan que ya existen contenciosos abiertos de ese tipo. En el País Vasco, en Flandes, en Córcega, en el Alto Adigio germanoparlante italiano. O en la Lombardía y en el Veneto, por hablar sólo de los capítulos más conocidos. Porque toda la antigua Europa del Este está plagada de problemas de ese tipo. Y el diario de Londres añade que la crisis catalana podría tener “serias implicaciones” en la solución, ya hoy por hoy muy difícil, del problema que el Brexit ha abierto en las relaciones entre Irlanda y el Reino Unido.

“ Catalunya puede poner a prueba la unidad europea, su fuerza y sus valores. Y unido a los demás desafíos que afronta la democracia europea, Catalunya puede reavivar las persistentes dudas que existen en Washington, en Pekín y en Moscú sobre la capacidad de la UE para hacer frente a todas esas dificultades y avanzar por el camino de una más estrecha unión”.

 

Josep RAMONEDA, “Abans que arribi l’hora sòrdida” a Ara (25-10-17)

https://www.ara.cat/opinio/josep-ramoneda-abans-arribi-hora-sordida_0_1894010593.html

1 . FANTASIES. Ja hi haurà temps per analitzar els errors estratègics que han dut el sobiranisme al moment catastròfic en què de sobte pot perdre gran part del capital acumulat. És una llei de tot conflicte que quan s’intenta anar més enllà de les pròpies forces la posició adquirida es posa en risc i cal saber-se aturar per reforçar les posicions i preparar-se per emprendre una nova etapa.

Tenir un adversari com el nucli corporatiu que governa Espanya, representat avui pel PP, molt marcat per l’empremta autoritària, al qual tant li costa assumir la realitat democràtica del conflicte i afrontar-la políticament, fa molt fàcil donar-li la culpa de tot i quedar d’aquesta manera blanquejats dels propis errors. Però aquesta actitud només serveix per acabar entrebancant-se una i mil vegades en la mateixa pedra, per repetir cíclicament els mateixos errors. Que l’estat espanyol té la força de la seva banda és una dada de la realitat. Que Europa avui encara no és més que un tractat entre estats que, precisament perquè han fet cessions sensibles de sobirania cap amunt, no volen donar senyals de debilitat que puguin generar reclamacions de redistribució cap avall i actuen amb un esperit totalment corporatiu, és una altra obvietat que no es pot deixar de tenir en compte.

S’ha volgut creure que si el govern espanyol forçava la màquina repressiva institucional, Europa ens donaria un cop de mà. Com si no sabéssim el que ha fet amb Polònia o amb Hongria. S’ha venut la fantasia que una ruptura unilateral de la legalitat basada en el principi de sobirania obligaria el govern espanyol a negociar. I s’ha fet sense ni tan sols una majoria social àmplia i contrastada de suport. I no s’ha sabut preveure la capacitat d’impactar sobre la població que té el poder econòmic quan comença a emetre senyals de risc. L’1-O ja va ser una temeritat, que va obtenir premi gràcies a la capacitat ciutadana de fer possible que es votés amb un pla B que va posar en evidència la incompetència dels serveis secrets espanyols i la demencial actuació repressiva de les forces de seguretat. Però, ja abans del discurs del rei, era evident que l’estratègia sobiranista havia tocat sostre i era el moment de frenar i convocar eleccions, evitant així el pànic econòmic que es va disparar el dijous 5 i que ha estat la patacada més dura que ha rebut l’independentisme. Per aquest flanc ha entrat el govern espanyol amb tota la cavalleria.

2 . SORDIDESES. És evident que l’aplicació de l’article 155 simbolitza el final del règim del 78. Però aquest moment de ruptura ha estat tenaçment treballat des que Aznar va arribar al poder i va posar en marxa un procés lent però constant de recentralització, a partir del seu principal èxit polític: la unificació de tota la dreta espanyola (des de la més extrema fins a la liberal) en un sol partit. El projecte es va frenar quan, amb la Guerra de l’Iraq, la vanitat va fer perdre a Aznar el sentit de la realitat. Però quan Rajoy va retornar la dreta al poder ho va fer amb un projecte de restauració conservadora, que ara es consagra amb l’aplicació de l’article 155 i amb la submisa col·laboració del PSOE, que allunya de l’horitzó immediat la possibilitat d’una alternativa de govern sense el PP. El règim del 78 s’ha empetitit. Només hi caben PP, PSOE i Ciutadans.

Es parla molt d’una situació d’empat. El sobiranisme no té prou força per imposar-se unilateralment, l’estat espanyol no podrà mai acabar definitivament amb ell. Però els governs d’Espanya sí que tenen capacitat coercitiva i complicitats internacionals sobrades per frenar-lo a la brava quan arriba a posar en perill el sistema establert. I en moments d’alta tensió com aquests, la divisió es trasllada a la mateixa societat catalana, on només els comuns i alguns alcaldes socialistes han fet un cert paper de pont. Queden pocs dies perquè l’autonomia quedi sota tutela del govern espanyol. Evidentment aquest escenari pot configurar una aliança de resistència més enllà del sobiranisme. Fa basarda evocar vells eslògans: contra el 155 viurem millor. Però la prioritat en aquest moment hauria de ser salvar el que es té, que és una plataforma de futur més segura que una nova travessia del desert, que és on ens conduiria la fantasia d’alguns de fer-ho saltar tot provocant un daltabaix econòmic. Que Puigdemont convoqui eleccions és la forma més viable -que no segura- d’impedir l’ocupació.

 

Raimon OBIOLS, “No hi ha dret” a “L’Hora” de Nou Cicle (24-10-17)

http://www.noucicle.org/lhora/raimon-obiols-no-hi-ha-dret/

Caldria exigir un jurament a les persones escollides per a  una funció de govern públic: un jurament que incorporés la clàusula del “Primum non nocere”, en català antic “Primer no noure”, no fer mal. S’hi hauria d’afegir també el principi de precaució: no potinejar a benefici d’inventari amb el material explosiu de les emocions d’identitat; no excitar-les ni confrontar-les per a guanyar vots, beneficis, posicions de poder. Aconseguir-ho no és fàcil, perquè el joc del nacionalisme és una bicoca que permet obtenir suculentes fortunes polítiques i econòmiques, com hem vist a bastament en el nostre país en les darreres dècades.

Els actors principals del conflicte que estem vivint a Catalunya i a Espanya han dut aquesta mena de polítiques al límit i estan causant una gran destrossa. A més, no és una destrucció creativa sinó, valgui la redundància, una destrucció destructiva, infecunda. No fa avançar ni un mil·límetre la causa de les llibertats de Catalunya; ni farà progressar el més mínim la pretensió uniformitzadora del nacionalisme espanyol. Els efectes que es produeixen van exactament en el sentit contrari.

Han tractat d’emmanillar mentalment i emocionalment la gent, tant a Catalunya com a Espanya, en una polarització abrupta i absurda, uns esquemes de confrontació perillosament simplistes, que generen baralles, enemistats i rancúnies, i poden ocasionar desgràcies majors. Han generat un contenciós cada vegada més enverinat que, a més, ens condemna a escoltar o llegir (si no escollim inhibir-nos, i no podem fer-ho), els branda-banderes que es desfoguen descordats, en els mitjans i a les xarxes. No es pot exagerar què en resulta: si hi ha una majoria aclaparadora en aquest afer, és la dels exasperats.

A Catalunya, la fractura de la que vam advertir des de fa anys (no temem tant el “xoc de trens”, dèiem, com el “xoc d’identitats”) és una realitat que ningú no discuteix. A Espanya, el vell nacionalisme, que es va batre en retirada acabada la dictadura, ha trobat en aquest conflicte una gran oportunitat vindicativa i torna a emergir amb força; a estadis i balcons, la “rojigualda” senyoreja (demanar-nos per què això no es donà en els anys de la tragèdia basca ens introduiria en el terreny pantanós dels inconscients col·lectius). En tot cas, s’ha expandit un joc creuat i crispat d’acció i reacció, a base de tòpics, estereotips i prejudicis, en un cercle viciós que es retroalimenta. “C’est lantisemite qui fait le juif”, deia Sartre.

Convé, en aquesta situació, respondre al “Cui prodest?”. Qui se’n beneficia, d’aquest estat de coses? Sobretot és la dreta espanyola i els poders que li donen suport. Si el PP continua en el govern és gràcies a l’auge independentista. Té raó Milagros Pérez Oliva quan escriu que “un dels efectes del conflicte català sobre la política espanyola és que ha permès que el PP es mantingui en el poder malgrat la important pèrdua de suports electorals. De fet, si no fos per l’amenaça de l’independentisme, Rajoy ja no seria al Govern”. “Ara”, conclou Pérez Oliva, “el PP calcula exultant els rèdits que pot obtenir d’una defensa ferma de la unitat d’Espanya. De moment, dels judicis per corrupció ja gairebé ni sen parla”.

Que la dreta espanyola tenia decidit des de fa anys trencar el “pacte territorial” del 78 em sembla evident, com ho és també que el “Procés” li ha servit, com anell al dit, per a aquest designi involucionista. Amb l’aplicació del 155, el govern Rajoy es consolida i evita una majoria alternativa al Congrés.

Miren de culminar el seu propi “procés”. Presentant el 155, Rajoy va dir que tenia la sensació que “alguns han volgut premeditadament arribar fins ací”. És exacte: ja recollien firmes l’any 2006, contra l’Estatut votat en el Parlament i a les Corts, i refrendat pel poble de Catalunya; ja estimulaven la catalanofòbia; ja manipulaven barroerament la composició del Constitucional; ja n’explotaven políticament i electoralment les sentències.

Cal afegir que ho han pogut fer gràcies a l’ajut indirecte i inestimable del “procés”. Tot això, s’ha demanat ara un dels seus publicistes, “l’independentisme ho hauria d’haver previst?”. I respon: “Sí, i els republicans del 1931 també haurien hagut de preveure el 1936”. És una comparació injusta, perquè la primera previsió era de pur sentit comú, mentre que la segona hauria implicat una capacitat de pronòstic quasi miraculosa.

Que el Minotaure (l’Estat espanyol, per usar la imatge d’Enric Juliana) reaccionaria humiliat i amb fúria vindicativa era evident des del mateix moment que es feren les primeres passes d’un camí que significava sortir de la legalitat constitucional. Les sessions al Parlament de Catalunya del 6 i 7 de setembre, i l’1-O, van ser determinants. “Si ten surts”, ha escrit un constitucionalista italià comentant-ho, “o bé has de recular després precipitadament, o bé una de dues: o fundes una nova legitimitat o pateixes les sancions de la que has trencat.”

Un autogovern polític és negociable perquè és graduable: pots obtenir més autogovern, més independència, més sobirania, en funció de la correlació de forces de cada període. La Independència amb majúscules no és negociable: funciona amb l’esquema radical del Si o del No. O l’aconsegueixes o poden fer-te pagar el preu de no haver-hi arribat. Per això, i perquè dividia la societat catalana, sempre hem qualificat el “procés” d’aventura irresponsable.

A Catalunya, els efectes d’aquesta juguesca al tot o res s’estan produint dramàticament, en termes socials, polítics i econòmics. Les nostres institucions d’autogovern estan afeblides i amenaçades. Potser es trobarà en el darrer moment un compromís que salvi mínimament la situació i cal continuar treballant-hi, malgrat els mals averanys.

I si aquests es compleixen? Si cregués que no hi ha altra opció que desistir davant d’un desastre inexorable, callaria, per pudor i per decència. Però crec que és possible un difícil redreçament, amb noves majories, a Catalunya i a Espanya; un redreçament per la llibertat i la fraternitat, contra la imposició de la força i contra les confrontacions caïnites. “El nacionalisme és la guerra”, va dir Mitterrand. Fórmula extrema, però encertada: les lluites dels nacionalismes confrontats sempre porten desgràcies. Cal evitar-les, resistir-s’hi constantment i amb fermesa, fins i tot quan dir la veritat no és popular. Deixeu que em desfogui, quan tantes coses per les que hem lluitat durant tant de temps corren el risc d’escolar-se per l’aigüera, i digui : No hi ha dret.

 

Rubén AMÓN, “¿Y si no pudiera ejecutarse el 155?” a El País (24-10-17)

https://politica.elpais.com/politica/2017/10/24/actualidad/1508857304_090913.html

Ha sido difícil anunciar el 155, pero ejecutarlo es imposible”. La confidencia de un alto funcionario del Estado resume la incertidumbre de Mariano Rajoy respecto a la eficacia de esta medida de coerción constitucional. Nunca se había utilizado en nuestra democracia. Y no está claro que funcione cuando el Senado otorgue el plácet para activarlo, tanto por la resistencia —activa o pasiva— que va a oponer Cataluña como por la falta de tiempo —seis meses, aunque prorrogables— y la precariedad misma del Estado español en el territorio hostil donde ha de consumarse la restauración de la legalidad.

1. La resistencia activa. Será más o menos pintoresca la resistencia teatral que ofrezcan Carles Puigdemont y sus consejeros. Pueden hacer del palacio de la Generalitat una parodia de Masadá, pero relevarlos de sus cargos es bastante sencillo, como va a serlo sustituirlos por otros. El problema consiste en la obstrucción que puedan oponer los demás funcionarios, tanto de alta graduación como de menos galones. Ya han anunciado los periodistas de TV3, de Cataluña Ràdio y de la Agencia Catalana de Noticias que no acatarán la intervención de los nuevos gestores. Y les han secundado la gran mayoría de Ayuntamientos, los estamentos educativos —el sindicato mayoritario USTEC rechaza el 155 y renegará de los nuevos interlocutores— y hasta el cuerpo de bomberos, reacio por completo a reconocer la legitimidad de un “Estado invasor”. Queda pendiente de aclararse la posición de los 17.000 Mossos d’Esquadra. No cabe la desobediencia en un cuerpo policial y casi todos los sindicatos apuntan a que serán leales al nuevo mando que designe Madrid, pero el antecedente del 1-O contradice el optimismo, sin olvidar hasta qué extremos se han enrarecido las relaciones del cuerpo autonómico con la Policía Nacional y la Guardia Civil.

2. La resistencia pasiva. No hacen falta grandes movilizaciones ni revueltas para sabotear los planes del 155. Cataluña ha consolidado una Administración propia que reúne 200.000 funcionarios y que lleva cuatro décadas progresando en un régimen de autosuficiencia. Soraya Sáenz de Santamaría anunció que serían cesados o expedientados los empleados públicos desobedientes, pero hay maneras de paralizar el funcionamiento de la comunidad sin incurrir en delitos flagrantes, del mismo modo que es imposible organizar un escarmiento masivo. No ya porque la Administración catalana se paralizaría en un periodo de convulsión, sino porque no hay medios humanos para sustituir los extremos de una plantilla explícita o implícitamente desleal. El 155 naufragaría en un territorio hostil.

3. El tiempo. Las presiones del PSOE y de Ciudadanos resultaron determinantes para que Rajoy se comprometiera a resolver el 155 en seis meses. Era la manera de enfatizar una situación de interinidad breve y de tranquilizar a la opinión pública catalana —y la española—, pero semejante compromiso temporal hace todavía menos viable la capacidad de construir una suerte de Administración paralela o inducida. La propia sustitución de altos funcionarios requeriría unos trámites administrativos complejos, en tiempo y en filibusterismo. Quiere decirse que la única manera de ejecutar el 155 en seis meses camino de unas elecciones consistiría en que el Gobierno central encontrara en Cataluña una Administración leal y engrasada para la novedad. Y el escenario real es exactamente el contrario.

4. La inexistencia del Estado de Cataluña. El principal inconveniente de los planes de Rajoy radica en la práctica inexistencia del Estado español en Cataluña. Pudo observarse en el fallido plan de neutralización del referéndum del 1 de octubre, aunque no se trata de una gestión concreta, sino de un problema estructural. Únicamente el 9% de los empleados públicos de Cataluña proviene de la Administración central. La cifra es superior en la Comunidad Valenciana (16%) y en Andalucía (19%), mientras que en la Comunidad de Madrid alcanza el 39%. Ya explicaba en este periódico el profesor Andrés Betancor (Universidad Pompeu Fabra) que la presencia del Estado “es puramente residual, testimonial” y circunscrita a los cometidos de la Hacienda pública y de la Seguridad Social.

No teniendo músculo el Estado en Cataluña —842 jueces, 5.900 efectivos de los cuerpos de seguridad—, la crisis ha puesto en juego la emergencia de los refuerzos, pero también la precariedad con que se desenvuelven, resumida en el transatlántico del Piolín.

5. La precaridad del Estado mismo. El poder, el peso, del Estado español tiene más que ver con una visión mítica que con una realidad operativa. Más allá de la crisis catalana, el Estado se halla expuesto a una crisis de autoridad y de funcionamiento. Tanto por las sucesivas transferencias realizadas a las comunidades autónomas como por la política de privatizaciones —el Estado no lleva a casa el teléfono ni el gas ni la luz— y la circunstancia de una plantilla de funcionarios “analógica”, desmotivada y tentada por el sector privado. Es la perspectiva desde la que el propio Estado no podría emprender un plan de “socorro” en Cataluña sin que terminara resintiéndose el resto del territorio y la propia eficacia de la Administración, aunque el despliegue de refuerzos policiales no pone en peligro la seguridad el territorio.

 

Juan RODRÍGUEZ TERUEL, “El 155 CE lo puede cambiar todo” a Agenda Pública (24-10-17)

http://agendapublica.elperiodico.com/155-ce-lo-puede-cambiar/

Hay algo que no me cuadra en todo esto. Me refiero a cómo la política española está abordando el artículo 155 CE y sus posibles efectos ‘perversos’ o ‘no previstos’ -más allá del desafío soberanista- sobre el conjunto del sistema político español.

A pesar de la gravedad con que Mariano Rajoy presentó el texto con que solicitará al Senado la intervención de la autonomía catalana, quizá no pudo evitar en su escenificación un cierto tono de agente judicial impartiendo una sentencia tan incómoda como implacable, antes que la imagen de un hombre de Estado junto a la orilla del Rubicón. No es el único. En realidad, así se está despachando, por parte de sus impulsores, la que puede convertirse en una de las decisiones políticas más trascendentales desde el restablecimiento de la monarquía parlamentaria hace cuarenta años: un mero recurso constitucional que busca efectos jurídicos para un problema jurídico, restablecer el Estado de Derecho en Cataluña. Un instrumento legal que podría haberse aplicado para un problema administrativo en Canarias hace unos años ahora se utilizará para una rebelión contra el Estado en Cataluña y – si funciona-… ¿por qué no en otras Comunidades en el futuro?

Por supuesto, el anuncio de la medida ha abierto un intenso debate entre constitucionalistas sobre qué significa ese precepto, qué margen de constitucionalidad permite y qué consecuencias jurídicas cabe esperar. Tanta discrepancia entre juristas ya nos da una medida de la naturaleza verdaderamente política del asunto, en la que la fuerza del poder gubernamental y la inercia de los hechos van a acabar definiendo el contenido de su ejecución.

Y aquí viene lo que no me cuadra: una medida política tan trascendente para nuestra democracia apenas está suscitando un debate político equivalente sobre el alcance y sentido del 155 para resolver el problema que nos ha llevado hasta aquí, un debate eclipsado por el ritmo vertiginoso que han marcado los acontecimientos. No me refiero, claro está, a las reacciones políticas a favor o en contra de partidos y otros actores políticos. Mucho menos a las páginas y páginas que vienen publicándose en la prensa sobre cómo “el gobierno” plantea desplegar la medida (y en las que hemos leído versiones tan dispares según el día y el diario que llega a resultar enternecedora la muestra de ingenio creativo que nuestros gobernantes manifiestan cuando se lanzan a imaginar cómo reinventar aquella porción de la realidad que más aborrecen).

No. Por debate político me refiero a plantearse qué consecuencias plausibles pueden derivarse de la aplicación del 155 para nuestro sistema político, qué costes vamos a tener que asumir el conjunto de la sociedad española y, muy en especial, la catalana, con qué horizontes se plantea cada uno de sus impulsores esa medida, y a qué reconocen tener que renunciar en el futuro con este instrumento constitucional. Para que nos entendamos, si el 155 es el botón rojo del Estado autonómico –como muchos medios han ilustrado estos días-, tenemos que saber el número de bajas que comporta el uso de la bomba atómica y por cuántos años durará la contaminación atómica producida.

Reconozco que algunos aspectos de alcance más inmediato se han apuntado tímidamente. Los partidos defensores de la medida han hablado de un calendario electoral (elecciones en enero de 2018), pero este resulta tan inverosímil que la propia vicepresidenta ha tenido que abrir la puerta a la posibilidad de una prolongación de la intervención. También se ha mencionado, con cierta frivolidad, la afectación de los medios de comunicación públicos de la Generalitat, pero eso solo ha servido para suscitar un espeso interrogante sobre qué modelo de ‘defensa del pluralismo informativo’ se recetará para TV3 o Catalunya  Ràdio: ¿el de TVE, el de Telemadrid, o directamente la solución definitiva practicada en Canal 9 valenciano? En cualquier caso, el ministro Dastis debería ir buscando una fórmula inofensiva para explicar esos planes en inglés.

No obstante, si pensamos en una perspectiva más amplia, el uso del 155 CE tiene algunas implicaciones de fondo que no deberían pasar inadvertidas.

De entrada, se va aplicar una intervención del autogobierno catalán que desaprueban la mayoría de ciudadanos en Cataluña. Entre un 55,4 % (INYMARK para La Sexta) y un 66,5 % (GESOP para El Periódico) de los catalanes creen que Rajoy no debería aplicar el 155 CE, mientras que un 63,3 % de los españoles sí lo apoya. Este apoyo tiene una fuerte lógica partidista en Cataluña: lo aprueban casi todos los votantes de PP y Ciudadanos, y lo rechazan casi todos los que votarían a Comunes, PDECat, CUP y ERC. Y un detalle clave para mi argumento posterior: el votante del PSC se encuentra dividido 6 a 4 cuatro entre favorables y contrarios.

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Que una medida de esta envergadura solo convenza plenamente a los votantes de dos partidos que no representan la mayoría absoluta en el Congreso y apenas un 25 % del Parlament no afecta a su legitimidad ni debe impedir que el Gobierno haga uso de sus atribuciones constitucionales (como cuestionan muchos de sus adversarios). Pero sí refleja la posición de debilidad política desde la que se aplicará esta medida traumática. Claro que el PSOE es un apoyo fundamental en esa suma, pero la unanimidad de sus bases está lejos de ser una realidad. Y un empeoramiento o incumplimiento de los términos establecidos por el secretario general del PSOE harían aún más frágil ese apoyo.

Se puede objetar, y con razón, que las medidas impopulares precisadas son las que definen la grandeza política de los liderazgos, y que la democracia y el cumplimiento de la Constitución no pueden quedar supeditados al albur de los bandazos de la opinión pública. Pero no se podrá obviar que, cuanto menos conscientes sean esos votantes de los costes e implicaciones necesarios que se asumen mediante el recurso al 155, mayores son los riesgos para la legitimidad y el apoyo ciudadano a medida que se vayan haciendo evidentes las consecuencias reales de esta intervención. Son demasiado recientes para olvidarlos los efectos políticos que acarrearon no solo las medidas de austeridad aplicadas desde los gobiernos de Zapatero y del propio Rajoy sino también la deficiente forma de abordar su comunicación y defensa ante la opinión pública.

Precisamente, donde el debate político acerca del 155 CE debería ser menos cicatero es en la identificación de sus efectos para el engranaje de la vida política durante y después de su aplicación. Sin extenderme, creo que se deben destacar tres consecuencias importantes, cuyo valor dependerá evidentemente de cómo se resuelva la ejecución efectiva de esta medida.

Por un lado, la intervención del Govern de la Generalitat catalana va a comportar un reforzamiento inusitado del poder del ejecutivo central, tanto por la extensión del alcance de sus decisiones en la administración pública catalana como por la debilidad del control parlamentario que podrá ejercerse sobre ese poder. Me imagino que los partidos que dan apoyo al uso del 155 CE son plenamente conscientes de ello: aunque PSOE y Ciudadanos hayan pactado contenidos y límites en su aplicación, será Rajoy y sus ministros quienes van a decidir políticas, cargos y gasto presupuestario en el día a día, dando valor efectivo a esa intervención, y durante el tiempo que considere necesario. (Recuerde el lector cuánto le cuesta a los gobiernos deshacerse del poder adquirido).

Con ello, no deja de ser altamente significativo que, al final, Rajoy acabe pudiendo desplazar la gestión política de la cuestión catalana al único ámbito parlamentario en el que todavía hoy cuenta con una verdadera mayoría, el Senado, liberándose así las facultades más robustas de control ejercidas tanto por el Congreso como el propio Parlament de Cataluña. Los principales límites a su actuación probablemente provendrán de las trabas que levante la propia administración autonómica. Vamos a asistir a un Yes, Minister, en versión catalana 2.0.

Pero las consecuencias más importantes para la democracia española quizá se produzcan más allá del espacio temporal de la propia intervención: y después, ¿qué? El acuerdo con el PSOE, tal como nos lo ha explicado la prensa, sitúa el encauzamiento del conflicto catalán en una futura reforma de la Constitución. Lo que suscita diversos interrogantes. ¿Hasta qué punto será posible abrir el debate sobre esa reforma mientras no se extingan las restricciones proyectadas sobre el autogobierno catalán? ¿Y quiénes y en qué condiciones llegarán a esa eventual negociación para la reforma?

Tanto si la intervención de la autonomía catalana se realiza eficazmente como si degenera en un conflicto mayor, no es difícil imaginar que ese debate estará fuertemente determinado, de entrada, por cómo salga la derecha española de este atolladero. Cuanto mejor sea ese desenlace (condición sine qua non para un escenario verosímil de reforma constitucional; de lo contrario, no habrá nada que reformar), mayor será la fortaleza del PP para definir el campo de juego de la reforma territorial: qué contenidos y en qué dirección.

Por eso, no es impensable que el resultado de todo este proceso resulte en un nuevo modelo de encaje territorial para España delimitado por el PP con el asentimiento de Ciudadanos. Los lectores menos ocurrentes estarán pensando en puro centralismo. Pero será algo más sofisticado. Llegado ese momento –si ha llegado íntegro hasta entonces-, el PSOE deberá esforzarse mucho para defender aquello que considere esencial en su programa de reforma territorial, que no será otro que la pluralidad –más o menos consistente- del federalismo que se atisba en el horizonte.

Y esto nos lleva a la última de las posibles consecuencias del 155 CE que quizá deban hacerse explícitas: el debilitamiento de la izquierda española, por un tiempo mayor del esperado, y su probable subordinación a los relatos que la política de identidad está promoviendo a raíz del secesionismo catalán. Es curioso: en marzo de 2016, Podemos podría haber cambiado el curso de la política española si hubiera aceptado apoyar la elección de Pedro Sánchez como presidente; y en agosto de 2017, Sánchez podría haber abierto una nueva etapa de haberse completado la operación para una moción de censura en su favor. Quizá ambas operaciones eran de por sí improbables. Pero lo que se avecina detrás del 155 CE para la izquierda es, si cabe, más espeso. No digo que el 155 CE sea una trampa mortal para Sánchez, pero alguien puede haberlo pensado así.

Y quien más notará esa transformación será el hermano catalán del PSOE. A pesar de toda su erosión y declive, el PSC sigue siendo el puente más fiable que existe aún entre el Estado y la sociedad catalana, entendida aún como una única ‘comunidad nacional’. Si el 155 CE hubiera de significar el fin del autogobierno catalán tal como lo hemos conocido hasta ahora, difícilmente el partido que nació en 1978 para levantarlo podrá sobrevivirle. De las implicaciones para Cataluña de esa transformación, nos ocuparemos en otro artículo. De momento, apuntemos que una consolidación definitiva de Ciudadanos (y del independentismo) en detrimento del PSC e incluso de los Comunes podría tener efectos relevantes para el sistema de partidos y la gobernación en España, si eso implicara un achicamiento electoral del espacio que aún conforman PSOE y Podemos.

Todo estos son escenarios sostenidos por supuestos e hipótesis que muy probablemente se desmoronarán parcial o totalmente en los próximos días, semanas y meses. Pero la sola insinuación de esos indicios debería ser suficiente motivo para que miráramos más detenidamente qué hay detrás del humo que se está esparciendo por la política española desde Cataluña.

Una vez que se active el 155 CE de verdad, no habrá marcha atrás.

 

Pau MARÍ-KLOSE, “Bueno esto es …, es …, un poco como un toro, ¿no?” a Agenda Pública (22-10-17)

http://agendapublica.elperiodico.com/bueno-poco-toro-no/

En su comparecencia del sábado Rajoy para anunciar la aplicación del 155 brindó una pequeña perla. En lo que parecía una pequeña improvisación melodramática fuera de guión para reforzar su argumento confesaba su convicción de que los independentistas “querían llegar hasta aquí”. ¿Justifica esa intención manipuladora el 155?

La sospecha de Rajoy no es solo suya; la compartimos muchos. Sospechamos también que desde el bloque independentista escenificaron el 1-O con objeto de provocar una reacción desmedida del Estado y que así pudieran tomarse miles de fotos de policías aporreando a ciudadanos apostados ante sus colegios electorales o llevándose las urnas. Y lo consiguieron. Si bien entre los miembros del Govern no ha sido explicitado nunca abiertamente el carácter provocador de sus acciones – sí lo ha hecho sus socios de la ANC y Omnium, e intelectuales afines al secesionismo– no han faltado las apelaciones a actuar con “astucia”.

Por ello, somos muchos los que creemos que los líderes políticos del independentismo se han embarcado en un estrategia de “cuanto peor, mejor” y tientan al gobierno central con provocaciones porque están convencidos de que, pese a los efectos colaterales de la respuesta, la causa independentista saldrá fortalecida. Es una batalla por la opinión pública, interna y externa. No hay que olvidar que la esperanza que abrigan muchos independentistas, reconocida sin tapujos por académicos afines al independentismo, es poder abrir la vía de la llamada “remedial secesion”, amparando el derecho a la secesión en la comisión por parte del Estado de graves actos de injusticia, violación de derechos humanos y negación de derechos de autogobierno. Socializando costes esperan cosechar ganancias particulares.

Hace una década desparecieron de la parrilla televisiva Las Noticias del Guiñol. Seguro que la mayoría de los lectores recordarán alguna de sus parodias. Si eran asiduos seguro que no habrán olvidado al guiñol del torero Jesulín de Ubrique y la cápsulas de análisis político y social precedidas por una frase mítica: “Bueno esto es… es… un poco como un toro ¿no?”. Las premisas filosóficas de la respuesta del gobierno (y sus cómplices políticos en esta aventura)  tienen mucho que ver con el encuadramiento mental que tan bien sintetizaba Jesulín. La crisis catalana es como un toro: le presentan el capote al gobierno y éste embiste como un miura. Y no sabe (o no quiere) evitarlo

La primera embestida le valió más de un disgusto. La ejecución del 1-O resultó claramente fallida bajo cualquier prisma que se quiera utilizar, obligando al delegado del gobierno en Cataluña a pedir disculpas. El PSOE lamentó los hechos en boca de su líder y desde el principal partido de la oposición se llegó a pedir la reprobación de Sáenz de Santamaría (aunque luego se retiró).

La prensa internacional se hizo rápidamente eco del número de “heridos” provocados por las cargas policiales, confiando en las abultadas cifras que facilitaba la Generalitat. El hecho de que después se revelará que la mayoría de los heridos eran personas atendidas en centros de salud por afectaciones menores recibió únicamente atención en algunos medios y, dentro de ellos, solamente por parte de algún columnista. El daño estaba hecho. No creo que sea aventurado afirmar que en los días inmediatamente posteriores al 1-O varios editoriales y reportajes de grandes medios sobre la situación catalana generaron incomodidad en el gobierno. También la reacción de algunos líderes políticos internacionales, como el primer ministro belga, y en otro plano, Farage, Berlusconi o Putin.

A pesar de la contundente intervención del gobierno central, el Govern de la Generalitat consiguió celebrar el referéndum y proclamar unos resultados. Resulta imposible acreditar su fiabilidad y son muchos los indicios de fraude, pero incluso así, los resultados resultan verosímiles a la luz de lo que conocemos demoscópicamente sobre el apoyo social que tiene el independentismo. Con esa base tan frágil han sido capaces de apuntalar una narrativa que resulta legítima para un 40% de catalanes, según la cuál los resultados del referéndum justifican una declaración de independencia, aunque no todos crean que ésta deba producirse ahora (resultados de la encuesta de GESOP para El Periódico).

El fracaso de la embestida gubernamental tiene otra expresión en el rechazo social que ha suscitado su actuación el 1-O.  Según la encuesta de GESOP una amplísima mayoría de catalanes, con independencia de su sentimiento independentista, consideran desproporcionada la actuación del Estado para evitar el referéndum. Se trata de una visión compartida por la práctica totalidad de los independentistas y una amplia mayoría de no independentistas (70,5%). La actuación del gobierno solo convenció muy mayoritariamente a los votantes catalanes del PP (78,9%).

Sintomáticos de este fracaso de la estrategia del PP son asimismo las actitudes hacia el futuro. El 62,9% de las personas con sentimiento independentista se sienten optimistas sobre el futuro, frente al 12,8% de los no independentistas. Los últimos acontecimientos parecen haber reforzado las expectativas del bloque independentista. Aunque la mayoría de independentistas no confían todavía en que el Procés finalizará con la independencia de Cataluña, el porcentaje de los que consideran que, al final del túnel, se llegará a ese escenario se ha disparado. Mientras en setiembre de 2015 los independentistas que vaticinaban que la secesión se haría realidad eran el 21,8%, en el sondeo de este mes llegaban ya al 40,1%.

En estas circunstancias, lejos de escarmentar, el gobierno se prepara para la segunda embestida tras haber considerado que, con sus cartas (el capote),  Puigdemont no aclaró adecuadamente si se había declarado la independencia en el Parlament el 10 de octubre. A lo largo de la semana se especuló sobre la naturaleza de las decisiones que se proponía adoptar el PP en el marco de la aplicación del 155. El PSOE anunció que sería una intervención light, breve y limitada. El objetivo en torno al cuál sería posible encontrar un consenso entre los partidos que apoyan la aplicación del 155 parecía ser el de convocar elecciones inmediatas. Carmen Calvo llegó a explicitar la fecha acordada con el gobierno: enero.

Sin embargo, tras la comparecencia de Rajoy, queda claro que la embestida no será light ni se va a circunscribir a la preparación de elecciones inmediatas. El gobierno entrará de nuevo “como un toro”, reservándose para sí todos los poderes que correspondían al Govern y limitando la acción del Parlament. Se encontrará en frente una ciudadanía que rechaza mayoritariamente el 155 (el 66,5% de los catalanes la ven con malos ojos, según la encuesta de GESOP).

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Rajoy podría haber optado por un 155 light. Pese al rechazo mayoritario al 155, ese tipo de intervención, circunscrito a la preparación de nuevas elecciones, probablemente habría encontrado mayor comprensión en la sociedad catalana. No en balde más de dos de cada tres catalanes señalan en la encuesta de GESOP que estarían de acuerdo con la celebración de nuevas elecciones para intentar resolver el conflicto, y un porcentaje similar ve con buenos ojos la propuesta de una reforma de la Constitución que incluyera mejorar el autogobierno de Cataluña. Gracias a la encuesta de GESOP sabemos, por fin, que no solo la convocatoria de un referéndum como solución concita apoyos amplios en la sociedad catalana, como nos habían querido vender falazmente los políticos soberanistas.

Significativamente, la propuesta de reforma constitucional divide a los ciudadanos con sentimiento independentista en dos mitades casi iguales: el 49,1% la ven de forma positiva frente al 45,5% que no está de acuerdo.

Mimbres había, pues, para tejer una alternativa a la intervención dura (y probablemente haber incluso descartado la intervención inmediata) y convocar la apertura de la Comisión para  la Reforma de la Constitución, invitando explícitamente a los nacionalistas catalanes a plantear en ella sus reivindicaciones. Rajoy, con la ayuda de sus socios, podría haber apelado a esas mayorías favorables a la negociación, haber cultivado una disposición a escuchar las reclamaciones nacionalistas, haber intentado ahondar la fisura que atraviesa de cabo a rabo el independentismo catalán. Haber, en definitiva, recurrido al viejo principio de “divide et impera” u otras variantes de lo que en ciencia política se conoce como herestética.

La opción dura por la que apuesta tira este capital político por la borda, emplazándonos con ello en un escenario en que la propuesta de reforma de la Carta Magna difícilmente contará con la complicidad de ningún sector significativo del nacionalismo catalán, lo que representa un elemento de discontinuidad inquietante respecto al marco de convivencia que nos habíamos dado en 1978. En este sentido, la intervención del 155 que se plantea tiene una profundidad histórica como pocas,  y a partir de ahora se incorporará como pieza fundamental en los anales de agravios míticos del nacionalismo catalán, junto al 11 de setiembre de 1714 o la ocupación franquista de Cataluña en 1939.

El gobierno y sus socios tienen objetivos: “volver a la legalidad”, “recuperar la normalidad y la convivencia”, “continuar con la recuperación económica”, y “celebrar elecciones en situación de normalidad en un plazo máximo de seis meses”. Estos objetivos pueden fundamentar un argumentario superficial que va a ser repetido como una letanía propagandística. Pero el gobierno carece de un “marco teórico de cambio” que haga plausible que vaya a lograr lo que se propone, ni existen indicios empíricos que inviten a pensar que la alternativa por la que han optado va a generar un mínimo consenso trasversal en la opinión pública catalana, aprovechando puntos de convergencia que, como hemos visto, existen todavía entre segmentos de ambos lados. La intervención más bien parece destinada a fracturarla definitivamente con una embestida ciega y dislocada. Como un toro.