Presentació

Temps incerts, temps interessants, temps perillosos … Una mirada al panorama mundial ho ratifica: Moisés Naím parla de l’huracà polític que està canviant el món i Javier Solana de la manca inquietant de lideratge mundial.

Esteban Hernández [text 1] gosa fer un esbós de les forces polítiques que dominaran Europa en els propers anys: el liberalisme regenerador, la nova esquerra reactiva i la nova dreta nacionalista … Amb un buit que ningú omple: el d’un espai que proposi  un model econòmic diferent, que s’oposi a l’ortodòxia no des de mesures pal·liatives de les males decisions sinó des de la proposta de decisions econòmiques millors.

Els resultats de les eleccions federals alemanyes no conviden a l’optimisme: tot i la victòria d’Angela Merkel (Luis Bouza) [text 2], l’erosió dels dos partits centrals del sistema ha estat molt més forta del previst, invalidant la fórmula de la gran coalició i obrint pas a una governació més complicada i de resultats incerts (Harold James), i amb la nova dreta extrema instal·lada al Bundestag (Paul Hockenos).

La fragilitat política de Merkel condicionarà negativament els plans de rellançament del projecte europeu (Andrés Ortega), anunciats per Jean-Claude Juncker en el seu discurs sobre l’estat de la Unió Europea i impulsats amb vigor per Emmanuel Macron. Sobre el pla Macron, veure els comentaris de Sylvain Courage, Christophe Destais i Miguel Carrión.

Sobre els Fets de Setembre/Octubre a Catalunya, compartim les mirades pessimistes de Jordi Amat [text 3] i Oriol Bartomeus [text 4] coincidents en ressaltar la cadena d’irresponsabilitats que han portat fatalment a un atzucac de conseqüències greus per a les institucions i per a la convivència cívica.

Més enllà dels estats d’ànim que suscita la situació, són d’agrair els esforços d’Agenda Pública i de Politikon per oferir anàlisis que no caiguin en la propaganda, la manipulació o la fantasia. Destaquem les aportacions de set dels editors de Politikon (Elena Costas, Roger Senserrich, Berta Barbet, Pablo Simón, Luis Abenza, Silvia Claveria i Jorge Galindo), aplegades en un dossier sobre l’1-O [text 5] D’Agenda Pública, seleccionem l’article de Eduard Roig [text 6] sobre l’Estat de Dret i el d’Oriol Bartomeus que emmarca la crisi catalana en la crisi del sistema polític espanyol.

També són força interessants les mirades històriques de Josep Fontana [text 7], en una llarga entrevista a eldiario.es, i de Josep Maria Fradera [text 8] a El País; així com la exposició ponderada dels arguments del sobiranisme de Carles Boix [text 9] a Jot Down.

Tanquem amb noves referències al debat sobre el populisme entre Íñigo Errejón i José María Lassalle, amb una entrevista [text 10] al mateix Lassalle i un comentari de José María Ruiz Soroa.

Esteban HERNÁNDEZ, “El ‘bloque dominante’: estas son las fuerzas políticas que dominaran Europa” a El Confidencial (28-09-17)

https://blogs.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/tribuna/2017-09-28/referendum-cataluna-1o-partidos-politicos-europa-poder-resistencia-liberales_1450791/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=BotoneraWeb

Los economistas Bruno Amable y Stefano Palombarini publicaron ‘L’illusion du bloc bourgeois’ al hilo de las elecciones presidenciales francesas. Es un penetrante ensayo en el que describen la recomposición de las fuerzas políticas que está teniendo lugar en las democracias occidentales, y donde explican que toda la agitación que vivimos, con el surgimiento de nuevos partidos, el ascenso de formaciones de derechas y los cambios en los mapas electorales, tiene que ver con la ausencia de un bloque social dominante.

Con esa expresión no se refieren a la dificultad para congregar una mayoría amplia en torno a un partido o un candidato, sino a la complicada unión entre los intereses y posiciones que la formación triunfadora defiende y los de sus votantes. En sus palabras: “Un bloque es dominante no solo cuando es capaz de llevar un proyecto político a la victoria, sino también cuando la ejecución concreta de este proyecto corresponde a las expectativas del bloque social y, por lo tanto, asegura su viabilidad como dominante. En presencia de un bloque dominante, las políticas públicas y la alianza social que las apoya se validan y se refuerzan mutuamente”.

La nueva ortodoxia

No les falta razón. Desde un punto de vista discursivo, sí hay una idea dominante en nuestro continente, una ideología concreta que posee gran relevancia a la hora de organizar las políticas públicas, de dirigir la economía y de instigar los cambios sociales. Es esta: somos europeístas, somos liberales, somos globales, estamos a favor de las reformas para hacer la economía más productiva; sabemos que debemos ser más innovadores, apostar por una mano de obra preparada y adaptada a los tiempos, forjar empresas competitivas que salgan al exterior, perseguir el crecimiento, económico y personal, y ser optimistas ante los cambios que se avecinan.

Sin embargo, este giro en la política, que parece romper con la vieja oposición entre izquierda y derecha que dio forma a las últimas décadas, esconde algunos puntos ciegos. El primero de ellos está relacionado con las contradicciones que alberga. Es difícil estar en desacuerdo con esta propuesta, porque suena raro que alguien se oponga a reformar para mejorar, a los avances, a la innovación o a que los ciudadanos de un país estén mejor preparados.

No es verdad

El problema es que todo esto no se corresponde con la realidad: la apuesta europeísta es débil porque solo tiene en cuenta una vertiente, la económica, y porque significa fundamentalmente que Alemania gana y los países del sur pierden; cuando hablan de impulsar el liberalismo, lo deben hacer desde el reino de la fantasía, porque nada menos liberal que un mercado concentrado en torno a pocas empresas, como es el nuestro, que son alentadas a que se hagan aún más grandes por los fondos que instigan las fusiones y adquisiciones y por el dopaje del que las provee el Banco Central Europeo; cuando hablan de reformas, lo que quieren decir es que van a despedir trabajadores y a bajar los salarios, y la innovación es fantástica, solo que no la aplican, porque las empresas cada vez dedican menos dinero a ella y en su lugar deciden destinarlo a que los accionistas principales obtengan mayor rentabilidad.

Son contradicciones poderosas, porque si bien estas tesis son sostenidas por una parte no desdeñable de la población, su aplicación práctica termina perjudicando a la mayoría, y por tanto haciendo imposible un bloque dominante, en el sentido de que exista una correlación entre las políticas que se aplican y el mantenimiento del estatus y los recursos económicos de las personas que las defienden. Antes al contrario, generan un notable aumento de la desigualdad, que expulsa en lo concreto a aquellos que respaldan esas ideas en lo abstracto.

El eje izquierda/derecha

Si esta ideología se ha convertido en dominante, no es tanto por su capacidad de convicción como por el rechazo que generan sus oponentes. Hay muchos ejemplos: gobernantes como Rajoy o Macron no han llegado al poder porque generen confianza, sino porque las otras opciones son percibidas como un riesgo. Este tipo de liberalismo se encuentra enfrente a populismos de un lado y de otro o al repliegue nacionalista, y eso ha bastado para asustar al votante en algunos países (y no ha sido suficiente en otros).

Dadas estas contradicciones, las ideas políticas que se oponen a la ortodoxia dominante son diferentes de las del pasado, entre otras cosas porque ya no se anclan en el eje izquierda/derecha, aunque conserven algunos de sus elementos típicos. En el siglo XXI, hemos visto tres tipos de ideologías emergentes.

1. Liberales y regeneradores

La primera es una nueva opción liberal, tomada como una expresión más real y profunda del sistema dominante. Es algo así como: “Vamos a ser modernos, liberales y regeneradores de verdad, y no como los que gobiernan, que lo dicen pero no lo son”. Frente a las deficiencias que perciben los ciudadanos, estos partidos se ofrecen como una esperanza. Su propuesta es liberarse de la corrupción y de las constricciones de los partidos de la derecha, de manera que puedan realizar una gestión más eficiente y que nos encamine mejor al futuro. Eso era lo que había detrás del nacimiento y del auge de la formación de Clegg, del partido liberal alemán, de Ciudadanos o de Macron.

2. La nueva izquierda

La segunda alternativa es la que proviene de la izquierda, ya sea la de Die Linke, la de Mélenchon o la de Podemos. Estas propuestas se han articulado mucho más desde la oposición a lo existente que desde una vertiente propositiva. Están contra el neoliberalismo, quieren combatir el fascismo, acabar con el racismo, la xenofobia y el machismo, y apuestan decididamente por los asuntos culturales. En España, esto se substancia en que quieren terminar con el régimen del 78, sea eso lo que sea, y con la actual configuración territorial del Estado; su propuesta última no es una idea fuerza, sino su deseo de sacar del Gobierno al PP.

3. La nueva derecha

La tercera posibilidad, la que mejor suerte ha corrido, mezcla elementos diversos de un modo novedoso. Cuenta con aspectos típicos de la derecha y de la extrema derecha, como el nacionalismo, la oposición a los inmigrantes (priorizada ahora como un asunto material, “nos quitan el trabajo; aquí no hay, no pueden venir”, más que como uno racial), la exaltación de las bondades patrias y el deseo de orden, pero los mezcla con otros típicos de la socialdemocracia, como las medidas de protección social y la mejora de los servicios públicos, así como promete mucho más trabajo para los nacionales, que fue la baza utilizada por Le Pen, Trump y el Brexit. Estas opciones son las que más populares resultan entre las clases desfavorecidas de los países ricos, entre los perdedores de las naciones ganadoras.

Incluso el proceso catalán, excluidas las consideraciones culturales, bebe de estas fuentes. Aunque no pueda subsumirse todo lo que ocurre en Cataluña en estas circunstancias, allí aparecen dos de estas lecturas. Buena parte del PDeCAT apostaba por el liberalismo triunfante, ese que podía tener grandes opciones en el mundo global gracias a la innovación y a la modernidad, y que quiere concurrir en solitario a la competición mundial antes que de la mano de regiones más atrasadas. ERC ha preferido aunar la variable nacionalista con el refuerzo social, y por eso le va mejor. Es en esas clases que ven peligrar su futuro, como la población rural, los autónomos, los pequeños comerciantes y determinados grupos de trabajadores, donde cuentan más apoyos; como ha ocurrido en otros lugares de Europa, ha sido la parte que sale perdiendo de una zona rica la que más se ha movilizado.

Este es nuestro escenario, y entre estas tres opciones se mueve la política contemporánea. Sin embargo, ninguna de ellas ejerce de resistencia firme frente al punto central, ese motor que ha animado todos los cambios y que ha sido el causante principal de las tensiones sociales. La ideología dominante ha tenido como efecto el aumento de las desigualdades, en poder y en recursos, tanto en lo que se refiere a las personas como en lo relativo a los países. En ese contexto, el repliegue nacionalista no es extraño, porque en situaciones de escasez y de gran competencia, es habitual que cada cual defienda primero a los suyos. Pero que venzan unos u otros en esta pelea no varía la estructura. La opción que falta, la que está misteriosamente ausente, es la que propugna un modelo económico distinto, la que se opone a la ortodoxia no desde medidas paliativas de las malas decisiones sino desde la propuesta de decisiones económicas mejores.

La fuerza electoral dominante

Hasta ahora, ha habido partidos e ideologías que han tratado de canalizar las nuevas tensiones sociales hacia su terreno, pero poco más. Esto ha tenido muchos efectos, y uno de ellos ha sido la expulsión de la socialdemocracia europea del terreno de juego, porque ya no cuenta con su votante típico, que se ha marchado hacia los distintos tipos de derecha. Otro ha sido la reconfiguración de la izquierda, cuyo votante, más que la clase obrera que era su sustento en décadas anteriores, es el joven urbano formado, que identifica el sistema con lo represivo, que se mueve en la precariedad y que recompone desde lo anti las viejas ideologías.

Pero el bloque dominante real, ese conjunto de personas que han salido perdiendo en los cambios económicos, es mucho más amplio: lo conforman pequeños empresarios, trabajadores especialistas que son despedidos por resultar demasiado caros, profesionales liberales que nunca llegan a trabajar en lo que estudiaron o que cobran mucho menos de lo que pensaron, personas de más de 45 años que han sido expulsadas del mundo laboral, empleados mal pagados del sector servicios, parados que entran y salen del mercado de trabajo, parejas en la treintena que se siente inseguras sobre su futuro, pensionistas que están dedicando sus ingresos a ayudar a sus hijos y que temen que los años venideros sean peores, o incluso esos empleados que carecen de red de seguridad si las cosas se tuercen. Estos son los perdedores de nuestro tiempo, y quien sepa ofrecerles un programa coherente tendrá la fuerza electoral dominante.

 

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Luis BOUZA, “La paradójica hegemonía de Merkel en cinco claves” a Agenda Pública (24-09-17)

http://agendapublica.elperiodico.com/la-paradojica-hegemonia-merkel-cinco-claves/

Angela Merkel ha ganado las elecciones del 24 de septiembre en Alemania y volverá con toda seguridad a asumir la dirección del gobierno del hegemón europeo. Para evaluar la magnitud de su figura política baste señalar que si completa un nuevo mandato de 4 años adelantará a Adenauer (1949-1963) en número de años como canciller, igualando a su mentor Helmut Kohl (1982-1998) como canciller más longeva de la República Federal fundada en 1949. Sin embargo, dicha victoria se da en el contexto de un claro retroceso electoral (su partido pierde más de 8 puntos respecto a las anteriores elecciones de 2013) y de consolidación de los populistas de extrema derecha (AfD, siglas de Alternativa para la Alemania) por encima de lo previsto. Sin pretender explicar dichos resultados que requieren un análisis más pormenorizado, intentamos ponerlos en el contexto de los 12 años de gobierno de Angela Merkel.

Una coalición de gobierno incierta

Como en la mayor parte de las elecciones anteriormente ganadas por Merkel, no hay ninguna alternativa de gobierno que no pase por el partido de la canciller. Esto se da en un Parlamento más fragmentado por la entrada de más de 150 diputados verdes y de AfD, cuyos partidos se quedaron al límite de la barrera de acceso al Bundestag en las anteriores elecciones. Según los resultados de las encuestas a pie de urna las únicas alternativas son la reedición de la gran coalición con los socialdemócratas (SPD) o la formación de una coalición “jamaicana” de la CDU/CSU de Merkel con los liberales del FDP y los verdes (llamada así por la identidad de los colores de los tres partidos con la del país caribeño). A priori la gran coalición con el SPD, con quien Merkel ya gobernó de 2005 a 2009 y de 2013 hasta hoy, es mucho más ventajosa para la canciller. Sin embargo, el líder socialdemócrata Martin Schulz anunció en la propia noche electoral que no repetirían una gran coalición. En efecto una reedición de dicha coalición puede plantear serias dudas sobre la competitividad del SPD y del propio sistema de partidos en Alemania.

La competitividad del sistema de partidos

El cuarto gobierno Merkel supone a primera vista la confirmación de la hegemonía de la CDU/CSU en el sistema de partidos, pues en 2021 dicha fuerza habrá asumido la cancillería durante 32 de los últimos 40 años. Y, sin embargo, siempre según los sondeos, la canciller sólo tendría unos 220 escaños (sobre 631) en un cámara baja formada por seis partidos. Esta aparente paradoja puede reconciliarse considerando que los gobiernos de Merkel han sobrevivido a costa de una cierta reducción en la competitividad del sistema de partidos. Cuando hablamos de la competitividad de un sistema de partidos nos referimos al número de partidos que efectivamente tienen representación, así como a su diferenciación programática. En este sentido los últimos años han visto una reducción creciente del apoyo al partido socialdemócrata y del FDP (que vuelve al Bundestag tras 4 años de ausencia) mientras dichos partidos han compartido gobierno con los populares de Merkel. Todo ello en un contexto en el que la dinámica de compartir gobierno con sus rivales y la estrategia electoral han impulsado a la canciller a adoptar políticas que se salen de la matriz popular conservadora tales como la adopción de un salario mínimo, el final de la energía nuclear o una decidida apertura a los refugiados durante la crisis siria.

El auge del populismo de extrema derecha

Si bien el estilo aburridamente centrista y consensual de la política alemana tiene elementos de celebración en un momento políticamente convulso en Europa y en el mundo, la reducción de la competitividad entre los partidos clásicos puede ser una de las explicaciones al crecimiento de las alternativas radicales. La más preocupante es el auge de Alternativa por Alemania, que por primera vez entre en el Parlamento federal con un programa claramente extremista, aunque no de tipo neonazi, poniéndolo probablemente a salvo de una posible impugnación por el Tribunal Constitucional cuya jurisprudencia es típica de una democracia militante como Alemania. Si bien en el momento de su aparición AfD parecía una reacción extrema a la implicación de Alemania en los planes de rescate en la crisis del euro, el partido parece haberse radicalizado y aumentado su apoyo tras las movilizaciones racistas de PEGIDA y tras la llegada de refugiados. Si bien es seguro que el partido experimentará un aislamiento parlamentario, dicha política puede contribuir al éxito de su mensaje relativo a su naturaleza de única alternativa al estado de cosas.

El proyecto europeo y el liderazgo global

Merkel recibió numerosas críticas durante su segundo mandato de 2009 a 2013 (en coalición con el liberal FDP) por haber tardado demasiado en tomar las decisiones críticas para salvar el euro y haber tenido siempre consideraciones nacionales en mente a la hora de afrontar las crisis europeas. Pero se suele olvidar que con frecuencia la canciller ha tenido que liderar a una opinión pública reacia a ayudar a Grecia y a mutualizar los riesgos fiscales de la moneda común. En este sentido algunos piensan que la capacidad de supervivencia de Merkel junto con la elección de Macron en Francia y la ausencia de convocatorias electorales próximas abrirían una ventana oportunidad para asentar la gobernanza de la UE sobre unas bases más sólidas mediante reformas de los tratados o la adopción de nuevas políticas. Pero la canciller probablemente siga teniendo fuertes incentivos para ser prudente, sea quien sea su socio de gobierno. En este sentido AfD es un partido eurófobo mientras que el “resucitado” FDP tiene fuertes reservas a cualquier política más ambiciosa de integración fiscal europea. Si además se confirma que el SPD adopta una política de diferenciación respecto al gobierno, los la agenda nacional estará condicionada de manera poco favorable. Sin embargo, Alemania cuenta con una ventana de oportunidad para ejercer liderazgo global ante la retirada de los EE. UU. de políticas multilaterales como el comercio, la lucha contra el cambio climático e incluso la seguridad europea. Estos asuntos global-europeos pueden por tanto prestarse mejor a una profundización de la cooperación europea que la propia gobernanza del euro.

La dimensión de género

La politóloga Joyce Marie Mushaben señala que la canciller ha conseguido transformar el discurso sobre el acceso de las mujeres a posiciones de responsabilidad política. Aunque la canciller nunca ha hecho bandera de la causa feminista (admitiendo su poco éxito e interés en su primer cargo como ministra para la Mujer y Juventud de 1990 a 1993), durante su carrera ha pasado de ser considerada como “la niña de Kohl” y ser juzgada por su forma de vestir o su peinado para adquirir el título de mujer más poderosa del mundo. Si bien el leve aumento en número de parlamentarias de la última década (de 26 a 36% de 2000 a 2010) puede decaer tras esta elección hasta un 32%, la canciller ha conseguido visibilizar el papel de las mujeres en la dirección del gobierno o en puestos como el ministerio de Defensa en un país conocido por lentos progresos en esta materia.Los buenos resultados de Alemania en el mantenimiento de su base industrial contradicen la práctica habitual de los países ricos de subcontratar las actividades de producción fabril a lugares con menos costo laboral. Esta se basa en la teoría estática de las ventajas comparativas, que Alemania nunca aceptó.

 

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Jordi AMAT, “Un fracàs colossal” a La Vanguardia (24-09-17)

http://www.lavanguardia.com/opinion/20170924/431517235243/un-fracas-colossal.html

Mai fins dijous havia estat membre del tribunal d’una tesi. El seu autor, Joan de ­Dios Monterde, ja és doctor. L’objectiu de la seva recerca ha estat de­terminar què fa que un assaig pugui considerar-se literari. Dit així sembla avorrit, però no ho és gens: un bon assaig és oxigen ­civil a la recerca d’un lector disposat a respirar diferent. L’assagista és una persona que, meditant mentre escriu, projecta una mirada alternativa sobre allò que no es qüestiona. És una subjectivitat que pensa les coses a poc a poc per descobrir-hi elements que passen desapercebuts o que han quedat sepultats per una veritat que té més de consens que de veritat. Així l’assaig desacata els discursos del ­poder.

Aquests dies llegia la tesi i no trobava la manera de concentrar-me. La successió dels fets, frenètica, m’engolia davant massa pantalles. Dimecres al matí vaig acabar les 800 pàgines. Tot s’accelera. Mentre la Guàrdia Civil detenia alts càrrecs de la Generalitat, sentia l’helicòpter sobrevolant damunt de casa i l’espiral de degradació entrava en fase crítica. Cada vegada més dels meus conciutadans pensaven que calia desobeir.

Havia de posar-me a escriure aquest article, tan incòmode, i al cap només m’hi cabia un propòsit. Intentar situar-me davant el problema, si fos possible, com ho fa un assagista. Escepticisme. Pensar les raons de l’altre. Provar d’entendre què ens ha dut al col·lapse. Intentar mirar les coses fugint de tantíssima propaganda que fins i tot s’ha colat a les escoles. Aconseguir una explicació que no sigui simplificada perquè, malgrat que ens hagin abocat a una solució binària, la realitat on vivim ultrapassa de molt la dicotomia entre un sí i un no.

Però, es miri per on es miri, som aquí. El Govern de la Generalitat està desafiant l’Estat refundat durant la transició. Un desafiament polític que, impugnant el marc legal vigent per exercir el fòssil del dret a l’autodeterminació, té com a objectiu la construcció d’un nou Estat i, inevitablement, la destrucció de l’Estat espanyol que a principis del segle XIX es va originar amb la fallida de la monarquia absoluta. Diguem les coses pel seu nom.

Davant de la formalització d’un desafiament d’aquesta naturalesa excepcional, l’Estat de dret –el poder organitzat que ordena la convivència, afeblit aquí i arreu per la globalització– només pot actuar amb l’objectiu prioritari de salvaguardar la seva supervivència i, si cal, imposant una repressió que degrada el sistema mateix. Escandalitzar-se davant d’aquesta realitat és farisaic. Si et jugues l’autogovern a la ruleta russa, com ha decidit el president Puigdemont, jugues a totes. I el Govern de la Generalitat, després de les lamentables sessions del 6 i 7 de setembre al Parlament, va decidir jugar a tot o res i, com havia reiterat per activa i per passiva, va iniciar el compte enrere del referèndum unilateral d’independència.

Després d’anys deixant podrir el pro­blema (però usant les clavegueres poli­cials, com ha dictaminat el Congrés sense que passi res), ara, a la pròrroga, el president Rajoy ha decidit trencar la corda amb ­autoritarisme per evitar que el referèndum es pugui celebrar. Com si cremant les ­paperetes morissin les il·lusions. I no. No només. Ja no.

La qüestió de fons no és si el Govern espanyol en té prou amb la llei per blindar l’Estat del 1978. Si fos així, hauria fet escac i mat. La qüestió afecta la cultura política que sustenta l’Estat i la seva fortalesa institucional. Perquè l’Estat, desbordat pel procés, s’ha despullat. I què hem vist? Una màquina antiga que no gradua l’abast de decisions que encara posen en més perill la seva estabilitat perquè sabotegen l’Estat de dret descaradament. Si davant mobilitzacions sostin­gudes només sap reforçar-se detenint persones, cal abandonar tota esperança. Acceptar a la fi que és una màquina avariada perquè, malgrat els senyals i advertiments de tota ­mena, ha estat incapaç de reformar-se. Signes dels temps mentre retorna el pànic nuclear i hi ha terroristes tre­ballant per fer-nos tot el mal que ­puguin.

L’Estat del 78 no està noquejat perquè estigués constitutivament tarat. Cap moment de fundació constitu­cional és pur ni net. S’ha anat degradant perquè, enlloc d’actualitzar-se, es va deixar corrompre per una trama d’interessos partidistes i econòmics escudada rere una idea d’Espanya caduca i uniformitzadora. La seva legitimitat, així, s’ha aprimat. Molt. Diguem les coses pel seu nom. Però diguem-les totes.

Falta una setmana per l’1 d’octubre. El preu que els governs estan disposats a pagar pel referèndum –per fer-lo, per impedir-lo– és altíssim. Ignorem, doncs, en quines condicions s’arribarà al 2. Però sí que sabem que no mereixíem arribar fins aquí. No mereixem aquesta agonia civil. El fracàs de l’actual classe política –una confabulació d’irresponsables– ha estat colossal. És veritat que els bons assagistes, com explica Monterde, eviten les paraules solemnes. Jo no ho soc. Fracàs colossal. Ho miro a poc a poc i no veig res clar. El mòbil em bull amb imatges i consignes, però no em sé il·lusionar com fa tanta gent que estimo. Soc un ciutadà decebut que anhela que el caos ­institucional acabi amb el menor trencament possible.

 

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Oriol BARTOMEUS, “Irresponsables” a La ciutat llunyana (26-09-17)

https://oriolbartomeus.blogspot.com.es/2017/09/irresponsables.html

Qui va vèncer?

Qui damunt de tants cossos aixafats

va aixecar aquella casa per a tothom?

Qui va vèncer?

Pots dir-m’ho tu?

Pots dir-m’ho tu?

Saps que ningú.

Tots hem perdut, tots som vençuts

Lluís Llach, Respon-me

 

En la setmana final abans de la convocatòria de l’1-O l’escenari no pot ser més desolador. Hem entrat en la fase de la destrucció mútua assegurada, però això enlloc d’aturar els contendents, els atia encara més. El paisatge després de la batalla serà un camp de runes, on Rajoy i Puigdemont seguiran barallant-se, com si no passés res, com si encara fos possible mantenir la il·lusió d’una victòria total sobre l’altre.

Hores d’ara l’única possibilitat que tenen els independentistes per “guanyar” passa per fer destruir l’autogovern. Només rebentant les institucions de la Generalitat seran capaços d’obtenir la majoria que han estat incapaços d’assolir mitjançant el diàleg i la negociació amb les forces catalanes no independentistes.

A l’altra banda, Rajoy i els seus s’apressen a donar satisfacció als independentistes, com a única via per mantenir el seu govern davant d’un Congrés on no tenen majoria, i per apuntalar un sistema que està caient a trossos, però que no tenen cap interès a reformar. Serà en va el seu intent. El sistema caurà. Trigarà més o menys, però caurà. Newton no s’equivoca.

Tots dos, els independentistes i el govern central, actuen irresponsablement. En democràcia, els dirigents polítics no només han d’actuar per acontentar els seus seguidors, sinó que també han de vetllar pel conjunt de la societat, pel país sencer. Un dirigent responsable és aquell que persegueix els seus interessos, però que sap aturar-se quan entén que la consecució d’aquests pot anar en contra dels interessos del conjunt de la societat. Sentit d’Estat, se’n diu. O consciència de país.

El dirigent irresponsable, en canvi, és aquell que és capaç de fer el que sigui per assolir el seu objectiu, per acontentar la seva parròquia, encara que això suposi passar per damunt dels drets dels que no són seus, dels que no li donen suport, o de les institucions que gestionen el bé comú.

Doncs bé, el país viu atrapat en el foc creuat de dues forces irresponsables, cegues davant la seva feblesa (o massa conscients d’aquesta), que no han dubtat a l’hora d’anorrear qualsevol oposició a la consecució dels seus objectius. Som presoners de dos governs que busquen reforçar-se sense renunciar, sense haver de fer ni un pas enrere. Dos moviments simultanis de rally-around-the-flag, que obliguen tothom a posicionar-se amb un o l’altre, que es retro-alimenten, generant dos remolins que amenacen amb empassar-s’ho tot.

L’independentisme és la força central a Catalunya des de 2012, però no ha aconseguit obtenir el gruix necessari a favor del seu propòsit d’independència unilateral per la via ràpida. Els resultats de les eleccions autonòmiques i generals de finals de 2015 van fer evidents els seus límits. Entre rebaixar les seves pretensions per augmentar la “base social” i llençar-se a tota màquina a una estratègia de tensió, van decidir-se pel segon. El resultat serà l’obtenció del suport necessari, possiblement, però pel mig hauran rebentat el Parlament i obriran les portes a la intervenció de la Generalitat, amb detenció del president i del govern inclosa. Els seus dirigents semblen disposats al martiri. El problema és que amb ells hi van les nostres institucions, els nostres drets i les nostres llibertats. Els de tots.

A Rajoy tampoc no li tremolarà el pols a l’hora d’intervenir la Generalitat. El guany s’ho val. Obtindrà una majoria de facto al Congrés, lligant curt el PSOE del díscol Sánchez (en això ajudaran els andalusos i els mitjans). Se li perdonaran per temps indefinit tots els Gürtels i totes les Púniques. Com a mínim fins que duri l’emergència nacional. La torna serà el desprestigi definitiu d’algunes de les principals institucions de l’Estat: la fiscalia, els jutges, el Constitucional. La trista democràcia espanyola quedarà congelada, garratibada, mentre va perdent peces, mentre la fatiga de materials es va fent cada dia més i més evident.

Tanmateix, seria injust penjar la llufa de la irresponsabilitat només a Rajoy i Puigdemont. Ells són els últims d’una cadena d’irresponsables, de dirigents que han preferit preservar els seus interessos a risc d’engegar a dida l’interès general. Una corrua de miops, de Maquiavels de pacotilla, els actes dels quals ens han dut fins aquí.

La reforma de l’estatut de Catalunya és un exemple força instructiu d’irresponsables. Artur Mas, per exemple, que va utilitzar la reforma estatutària com a hostatge per a què li perdonessin els pecats de CiU (al ple del Carmel de febrer de 2005, després que Maragall digués allò del 3%, Mas no va tenir cap problema a respondre al President: “entre vostès i nosaltres… hem de fer coses molt importants…, no ho oblidi”). També la va fer servir per rebentar el “tripartit”, proposant la inclusió d’articles que tensaven la relació entre ERC i el PSC (els famosos “drets històrics”). I acabant per pactar l’estatut definitiu amb Zapatero amb una única contrapartida: apartar Maragall de la presidència.

És clar que també es va comportar irresponsablement el PP, que va veure en la reforma estatutària catalana la manera d’erosionar el govern Zapatero. La voladura de l’estatut al Constitucional va tallar de soca-rel el vot socialista a Catalunya, fent pràcticament inviable una victòria socialista a les eleccions generals. Certament, per assolir el seu objectiu, el PP va incendiar el debat territorial, va trinxar el Tribunal Constitucional (l’estatut va ser sentenciat per nou dels dotze magistrats del TC, part dels quals tenien el mandat caducat, hi ha coses que cal recordar) i va llençar en braços de l’independentisme el gruix del catalanisme.

Els dirigents del PSOE no van quedar-se curts. Irresponsable va ser Zapatero amb el seu “apoyaré” en ple èxtasi mitinguero. I irresponsables van ser els dirigents que van veure en una sentència negativa contra l’estatut una bona ocasió per baixar-li els fums a un PSC que venia d’aconseguir vint-i-cinc diputats al Congrés a les generals de 2008. No se’ls va passar pel cap els efectes que tindria tot plegat sobre les possibilitats dels socialistes de guanyar unes noves eleccions, només hi van veure la manera de conservar el poder orgànic al PSOE.

No és d’ara, doncs, que els irresponsables ens governen. Ja fa més de deu anys que en patim la miopia i l’escenari actual no és sinó el resultat de tot plegat. Institucions deslegitimades i magrejades, solucions impossibles venudes com si fossin caramels, agitació continua, monòlegs consecutius, diàlegs de sords, mitjans de comunicació públics convertits en trinxera propagandística, una ciutadania sotmesa a constant ebullició, paraules gruixudes que es fan anar com l’aigua (traïdor, feixista, colpista) i una constant voladura de tots els espais de contacte. Un pòsit de descrèdit, desconfiança, recel i frustració.

Tot plegat per assegurar-se uns mesos més al govern, per garantir-se la pole a les properes eleccions, per amagar la brutícia sota la catifa, per aguantar la precària bastida, per a què ningú sàpiga que els emperadors (tots) van nus. Quan tot això passi, quan el país sencer rebenti i no ens quedi ni esma per recollir-ne els bocins, ens haurem de fer una sola pregunta: de debò que ha valgut la pena?

 

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“Siete visiones sobre el 1-O” a Politikon (28-09-17)

https://politikon.es/2017/09/28/1o/

Ante el excepcional momento en que nos encontramos, siete editores de Politikon vierten sus distintas visiones de cara al próximo domingo, 1 de octubre, así como a lo que ha pasado hasta ahora, y a lo que vendrá después.

Elena Costas Pérez. A cuatro días del referéndum en Catalunya cualquier diagnostico no puede sino parecer trágico. Da la impresión que nos encontremos ante un juego del tipo del gallina, donde no existe cooperación posible entre la Generalitat y el gobierno de España. A estas alturas, la única alternativa para cada parte consiste en seguir hacia adelante, confiando que el oponente se acobardará en algún momento. Pero, llegados a este punto, ninguno de los participantes tiene incentivos para echar el freno.

Por el camino queda una sociedad, la catalana, dividida en dos, e interpelada a tomar posición en un escenario polarizado hasta su extremo: apoyar el statu quo o avanzar hacia la independencia.

El problema se encuentra en que, por un lado, conseguir esa independencia para tener un estado propio parece tener que hacerse a cualquier precio y es una opción sin mayoría social. Por otro, el statu quo es una opción rechazada por una gran parte de los catalanes desde hace años. Si atendemos tanto a los resultados electorales como a las encuestas, existe una demanda de cambio de una gran mayoría social para obtener un mejor autogobierno, pero enmarcado dentro de la Constitución. Obviar esta demanda de cambio sólo ha hecho que dar alas a la opción independentista, llegando a justificar como legítimamente democrática una injustificable apropiación de las instituciones públicas para situarlas al margen de la ley.

Como en toda situación no cooperativa, no existe espacio para la comunicación, a no ser que así lo definan las reglas del juego. Por lo tanto, el mejor escenario posible a día de hoy es esperar que el 1-O discurra de forma pacífica, evitando el caos político y el conflicto social. A partir de ahí, será necesario volver a definir unas reglas dentro de la legislación actual, donde los jugadores dejen de estar presos de sus propias estrategias. Unas reglas que permitan a la sociedad catalana expresar con garantías, y de forma clara y pactada, su deseo de cambio del nivel de autogobierno, y la dirección del mismo.Para encontrar una salida cooperativa al problema político catalán hay que romper la lógica que ha dominado hasta la fecha. Este conflicto suele verse como un juego de suma cero: lo que ganan unos lo pierden los otros. Pero debemos recordar que en realidad es peor, estamos ante un juego donde todos pierden. La derrota de un bando no será la ganancia del otro. La pérdida conjunta será mucho mayor que la de cualquier posible beneficio esperado. No sólo para los catalanes, sino para el conjunto de la sociedad española. Y por esa razón no nos queda otro remedio que buscar opciones posibilistas.

Roger Senserrich. El debate político catalán estos últimos años nunca se ha caracterizado por ser demasiado sutil. Estos últimos meses, sin embargo, los políticos de ambos bandos han pasado de la estridencia a la irresponsabilidad.

Hemos pasado de un debates sobre símbolos, financiación, lengua y servicios sociales a una escalada de líneas rojas y posiciones inflexibles sobre el mismo núcleo de las reglas de convivencia. La discusión ha pasado de materias donde las cifras mandan y se puede negociar un término medio a políticos hablando de traidores a la tierra. Los desacuerdos han dejado de ser sobre qué administración está más capacitada para mejorar la vida de los ciudadanos en una materia concreta y cuánto dinero necesitan a apocalípticas proclamas sobre el fin de la democracia.

Cataluña, durante los últimos cuarenta años, ha tenido una constante política clara, con los bloques nacionalistas y no-nacionalistas (o nacionalistas catalanes y unionistas, o rupturistas y unionistas, o qué más da – todo el lenguaje se ha vuelto ya tóxico) sacando cada uno aproximadamente la mitad de los votos. En tiempos pasados, cuando había gente en los dos bandos dispuestos a negociar y aceptar que no eran mayoría, vimos gobiernos formados por coaliciones de partidos de ambos lados.

Hoy, sin embargo, esta clase de acuerdos se antojan imposibles. La creciente competencia interna dentro de los partidos nacionalistas catalanes degeneró en una escalada de reivindicaciones que los abocó al frentismo actual. Lejos de aceptar la persistente estabilidad de la sociedad catalana y seguir apostando por el incrementalismo y el consenso, los secesionistas se han lanzado a instrumentalizar las instituciones para lanzar un programa de máximos, excluyendo activamente a la mitad de catalanes. Esta escalada ha degenerado en una creciente fractura social.

Aunque el gobierno de Mariano Rajoy ha cometido errores de bulto, los partidos independentistas, como máximos impulsores del referéndum, son los que tienen mayor responsabilidad. Las palabras, la retórica, tienen consecuencias. la división social en Cataluña es cada vez más profunda, y el gobierno de la Generalitat, lejos de intentar contener los demonios de la división, el gobierno catalán ha aumentado el nivel de confrontación, buscando una reacción del gobierno central para justificarse. En vez de intentar limitar el alcance del conflicto, están intentando azuzarlo, sin atenerse a sus posibles efectos.

El riesgo es claro. El conflicto puede enquistarse, haciendo que estas divisiones sociales se fosilicen y la guerra de trincheras se vuelva casi permanente. La división social, en ese caso, no haría más que empeorar. Cataluña está caminando peligrosamente cerca del abismo de la ulsterización, de un conflicto civil ocasionalmente violento, tóxico e intratable. Y lo está haciendo no por motivos de justicia social, democracia o heroicidades retóricas variadas, sino por la tremenda irresponsabilidad de una clase política local que parece haber olvidado que la nación no son sólo ellos.

Otros artículos de Roger Senserrich:

•     Un referéndum a ninguna parte

•     Mesianismo, secesión y reglas de juego

•     Extranjero en mi propio país

•     El cantón de Cartagena

•     Voluntades democráticas

Berta Barbet. El 1 de octubre es el resultado de 7 años de hacer política pensando en conseguir el proyecto propio, sin tener en cuenta los proyectos alternativos. El resultado de una forma de proceder en la que el diálogo solo es útil si sirve para conseguir la solución deseada, no para negociar soluciones alternativas. Una forma de hacer política que algunas veces da grandes resultados, no nos confundamos: al fin y al cabo, les llamamos líderes políticos por algo. Sin embargo, en espacios muy polarizados, sin grandes mayorías y con preferencias muy incompatibles, esta forma de hacer política nos ha llevado a una situación de bloqueo y tensión que costará años corregir. Independientemente de las bondades de los distintos proyectos defendidos, la búsqueda de su realización nos ha dejado hoy más lejos de encontrar una solución al encaje de Cataluña en España que nunca.

Cataluña es y seguirá siendo una sociedad diversa en la que ni la preferencia por la independencia ni la preferencia por el status quo van a conseguir una mayoría suficientemente amplia como para poder aplicarse sin dialogar con el otro. El conflicto nacional es un conflicto de identidades, y las identidades nacionales en Cataluña siguen siendo diversas. El foco de los distintos líderes en demostrar que tenían razón de defender su proyecto, que seguro la tienen, no sólo ha bloqueado el conflicto, además ha generado unas dinámicas de pensamiento de grupo, y las preferencias de los miembros de fuera del grupo han dejado de contar. El 1 de octubre y la posterior respuesta del gobierno central son solo un paso más en esta deriva en la que, unos y otros solo pretenden tener razón, sin importarles que gane quien gane la batalla, ningún escenario en el que la mitad de la población ha sido ignorada y derrotada puede generar un equilibrio sostenible.

El 1 de octubre es el fracaso del diálogo político, un fracaso surgido de la constatación por parte de muchos catalanes de que “con España no se puede negociar”. Una constatación que sale del famoso fracaso del Estatut, y que el gobierno central se ha encargado de reforzar con sus respuestas negativas y llenas de desprecio que dejaban sin margen a los independentistas. Pero en el contexto social catalán y con el entramado institucional nacional y europeo actual, las soluciones no compartidas y negociadas tienen unos costes altísimos. Las vías unilaterales y la falta de diálogo no solo han generado inestabilidad política, además están rompiendo la sociedad catalana en dos. A veces, el liderazgo político también es entender que no siempre vale con tener razón, a veces también es necesario que los otros te la den.

También de Berta BarbetSesgos del pensamiento de grupo y el conflicto catalán, historia de un desencuentro.

Pablo Simón. Con la aprobación de las leyes del referéndum y de desconexión la Generalitat de Catalunya no sólo se puso al margen de la ley, también se erigió en poder constituyente. Ante este hecho, sólo la relación de fuerzas importa. La Generalitat no tiene detrás más de la mitad de la población (muy movilizada) consigo y no tiene apoyos internacionales por lo que difícilmente puede ganar contra el Estado (del cual es parte y no, como el gato de Schrödinger). Insuficiente para la vía unilateral. Sin embargo, este conflicto viene de lejos y continuará por más tiempo.

Tres son las victorias a corto del independentismo. Primero, echar más gasolina a la idea de que Cataluña está oprimida generando la reacción del Estado cuya imagen se deteriora dentro y fuera de Cataluña. Segundo, mover el punto de gravedad de la discusión de la independencia al referéndum, algo que atrapa a parte de la izquierda española pero que además es más vendible. Por último, generar una contra-reacción de emergente nacionalismo español, también en Cataluña, que les permita reforzar el cliché de una España irreformable. Para estos tres fines no han reparado en costes políticos y han usado una engrasada maquinaria de organizaciones sociales e institucionales tejidas durante más de un lustro.

El gobierno de España se ha dejado atrapar en este escenario diseñado por sus rivales y se ha atado al mástil legalista. Ha seguido tres principios en su actuación; ser reactivo, incremental y proporcional. Sin embargo, el resultado es otra cosa. En el incrementalismo ha optado por vías que fuerzan instrumentos (como control de cuentas o coordinación de Mossos) para evitar el coste político de aplicar el 155 – paradojas de la vida, algo que ardorosamente reclaman los independentistas antes del 1-O. En términos de proporcionalidad, el fiscal general se ha excedido con sus cargos contra alcaldes o amenazas a los ciudadanos que participen en mesas.

Pese a esto, es el bloque independentista el que ha generado que sea imposible conjugar dos elementos a la vez; devolver a la Generalitat a la legalidad española y buscar una solución política al tema territorial en España. Hacer lo primero aleja a corto plazo lo segundo. Esta ha sido la apuesta.

¿Cuál es el escenario más probable desde aquí? El que sueña el gobierno de España es unas elecciones y un gobierno en minoría de ERC en guerra fría con el Estado. El que buscan muchos en el independentismo es una DUI, o una cámara paralela con un gobierno inhabilitado y la aplicación del 155. Yo pienso que este último es más probable porque, al fin y al cabo, aún alimenta más su narrativa. El resultado práctico de este escenario será un retroceso en el auto-gobierno de Cataluña sin precedentes y una vía coercitiva sostenida en el tiempo en una Cataluña irredenta. El gobierno de España piensa que sí, que incurrirá en costes ahora, pero que cara al medio plazo podrá funcionar para cuando (si llega) saque la zanahoria.

Como todos descuentan que Cataluña está rota y la cosa no puede ir a peor, ahora lo que quieren es aplastar por su causa. Los que tenemos imaginación, sin embargo, no somos optimistas.

También de Pablo Simón: ¿Es legítima la secesión de Cataluña?

lvia Clavería. Existía la preocupación y la crítica que el referéndum del 1-O fuera un 9-N bis. Es decir, una suerte de movilización civil que no tuviera grandes consecuencias políticas. A pesar que la Generalitat se ha implicado como actor principal en el 1-O, éste va por el camino de convertirse más en una movilización que en un referéndum “normal”. La coerción de las fuerzas del estado, la imposibilidad de sumar a todos los actores catalanes y los problemas técnicos van a hacer difícil una potencial participación de todos los ciudadanos catalanes. Ello va a provocar una complicación en la lectura e interpretación de los resultados. Sin embargo, esta misma reacción del estado ha sido el catalizador para implicar muchos sectores del país que raramente participan en este tipo de movilizaciones. También, se han sumado los estibadores, negando asistencia a los barcos de las fuerzas militares atracadas, el movimiento estudiantil, reforzado por el papel que han jugado los rectorados de las distintas universidades catalanas, En Comú-Podem participando en el referéndum del 1-O –aunque aún defiende un referéndum pactado, e incluso sectores laborales pensando en la posibilidad de convocar una huelga general. Hechos que ahondan más aún en la crisis de legitimidades. Sin embargo, no tenemos que olvidar que, aunque el referéndum esté ampliamente legitimado por la población catalana, las preferencias territoriales de la población se encuentran divididas; evidenciando que es importante una negociación con el estado para poder llegar a un entendimiento más óptimo. El grado de movilización al que se llegue el próximo 1-O puede ser clave tanto para poder abrir una posible negociación posterior con el estado, como para saber el peso de Catalunya en esa negociación. Hoy por hoy, el 1-O se asemeja más a una movilización que a un referéndum, sin embargo las implicaciones políticas y civiles ya distan mucho del 9-N.

Luis Abenza. Al menos desde el debate entre Luxemburgo y Lenin sobre la cuestión de las nacionalidades, la izquierda ha tenido una relación complicada con la gestión de las identidades. En ocasiones éstas han servido como mecanismo de movilización y liberación de minorías oprimidas (los negros en USA), en otros han servido para sacar de la agenda los problemas de igualdad y justicia social. ¿En cuál de los dos esquema encaja el caso catalán?

En la lotería social, Cataluña es uno de los mejores lugares para nacer en el mundo. Está entre las tres comunidades autónomas con menos pobreza y más renta neta per capita de toda España, que es de por sí un lugar bastante próspero. Su tasa de paro es un poco más de la mitad que la de Extremadura o Andalucía. Ser catalán, pienso, dificilmente puede verse como una desventaja natural ante la vida, al menos no en comparación con otras regiones de España.

Cataluña es una región históricamente dominada por un grupo concreto: la burguesía catalana. Esto es aparente mirando la composición de clase del espectro político: los partidos nacionalistas, en los que las clases altas están sobrerrepresentadas (tanto electoralmente, como entre las élites, desde Cambó a Junqueras), han gobernado durante casi todo el periodo democrático. Y todos los gobiernos en minoría en España, incluido el actual, se han construido con bajo el poder de veto de un miembro de la burguesía catalana. Pero es también obvio si miramos aspectos más sutiles como el mercado matrimonial, o su cultura. Aunque Telecinco es (o solía ser) la televisión con más audiencia en Cataluña, no la identificamos con Cataluña. Vinculamos la cultura catalana con una serie de símbolos elitistas y burgueses, como Gaudí, la casa Batlló, el Liceu, el Primavera Sound o TV3.

Las reivindicaciones del independentismo son también característicamente burguesas. El sistema electoral se diseñó con un sesgo que limitara la influencia de las masas obreras urbanas. Las grandes reivindicaciones del nacionalismo catalán son temáticas clásicamente burguesas. La idea del ‘expolio fiscal’ de un grupo trabajador y emprendedor es un ejemplo claro. Cuando leemos la hoja de ruta de los economistas independentistas es palpable que piensan en la independencia como una oportunidad para aplicar una agenda de reformas liberalizadoras que no podrían aplicar de otra forma. Dado este patrón de hegemonía política y la historia reciente, parece esperable que un mayor autogobierno redunde en dar más influencia política de la que ya tienen a las clases medias y altas, y a los partidos que las representan.

En algún momento, como dicen, deberemos sentarnos a negociar para salir de esta. Y habrá que hacer concesiones a ambos lados. Pero cuando lo hagamos, será importante mantener en mente que lo que demandan los independentistas es, en última instancia, mecanismos políticos que protejan a los farmaceúticos y abogados de Barcelona de la opresión que ejercerían sobre ellos los parados andaluces y los usuarios de la sanidad extremeña. Esa imagen es la que merece la pena mantener en la mente cuando hablemos de ‘autogobierno’.

Otros artículos de Luis Abenza: ‘The origins of the conflict for Catalan self-government’, parte I & parte II.

Jorge Galindo. Decía el otro día Miguel Aguilar en Letras Libres que es necesario diferenciar entre dos problemas combinados dentro de la “cuestión catalana”: por un lado, la articulación de Catalunya dentro de España. Por otro, el referéndum del domingo que viene. Estoy de acuerdo en que sería útil mantener ambos retos separados, tanto desde un punto de vista analítico como, sobre todo, normativo. Sin embargo, me temo que eso ya no es posible.

Lo que pase el domingo que viene (o más bien de cómo pase), así como de lo que ha sucedido en las últimas semanas, definirá en no poca medida el problema original. Pues éste, en esencia, parte de una crisis de credibilidad y compromiso entre ambas partes. El independentismo catalán se ha ido convenciendo de que ni el PP, ni C’s ni el PSOE (y, para muchos, tampoco Podemos ni su entorno) están en disposición de ofrecer un mayor nivel de autogobierno, no digamos ya un referéndum pactado. Con ello, ha perdido la confianza en el marco que era hasta ahora de referencia para todos: la Constitución de 1978 y los sucesivos desarrollos posteriores, empezando con el primer Estatut d’Autonomia (véase este artículo de Cesc Amat al respecto). Por otro lado, el Gobierno considera que al ser el Govern desleal a dicho marco, tampoco puede ser considerado ahora mismo como una contraparte válida. El 1-O y su preludio no son sino la última cumbre de este proceso de ruptura, que lleva al intento de mantener dos estructuras institucionales y legales enfrentadas. El independentismo emplea la acción estatal como prueba última y perfecta de la imposibilidad de confiar en el otro lado. Y para este otro lado, el intento de realizar un referéndum ilegal a través de un proceso parlamentario de dudosa calidad democrática es el mejor ejemplo posible de su propio argumento.

Así pues, para poder abordar de nuevo el problema superior del encaje territorial, sería necesario reconstruir la confianza y la credibilidad de ambos actores. Pero a sólo 72 horas de alcanzar la cumbre, la dinámica es justo la contraria: deslegitimación cruzada constante, refuerzo de las propias posiciones, y por tanto consolidación de la relación entre lo que pase el primero de octubre y todo lo que ha pasado antes, y lo que sucederá después. Poco se puede hacer ya para evitar la rampa (o el precipicio) que se adivina al otro lado. Queda por ver cómo se repartirán los costes de la caída.

Otros artículos de Jorge Galindo:

•     Colapso (ideológico)

•     Saltarse las reglas

•     Dos leyes

•     Izquierda, burguesía y nación

•     Putin: imán y troll

•     Los parámetros del juego catalán

•     Los dilemas del referéndum por la independencia catalana

 

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Eduard ROIG, “La defensa del Estado de Derecho” a Agenda Pública (25-09-17)

http://agendapublica.elperiodico.com/la-defensa-del-estado-derecho/

Creo que el mantenimiento de la convocatoria del referéndum del 1-O y su organización constituyen un ataque a nuestro sistema constitucional y al principio de Estado de Derecho: son actuaciones expresamente contrarias a la Constitución, directamente enfrentadas a las resoluciones judiciales y del TC, con efectos profundamente lesivos para el respeto de la Constitución y las leyes y que aprovechan los poderes de las propias instituciones constitucionales, que se deben a todos los ciudadanos. Jurídicamente son pues incompatibles con el ordenamiento constitucional español; a mi juicio, además, ninguna previa actuación o decisión de las instituciones públicas estatales legitima políticamente, en este caso, tal posicionamiento, que tampoco deriva de una amplia y consolidada mayoría social en favor de esta ruptura.

La defensa de los valores y normas constitucionales y del principio de Estado de Derecho se ha concretado en distintas actuaciones recientes, del Gobierno y la Administración, de los tribunales y del TC. Común a todas ellas es la necesidad de respetar el marco constitucional que pretenden defender. Quien crea que el Estado de Derecho se defiende al margen de sí mismo incurre a mi juicio en un grave error político, pues lo deslegitima, contribuye a la acción y apoyo de las posiciones que lo atacan y significa una amenaza tan grave como esos ataques. En cualquier caso, y al margen de esa opinión política, se sitúa fuera del marco legal y debe ser corregido y sancionado exactamente por las mismas razones aplicables a la organización del referendum.

La decisión del Gobierno de ordenar la no disponibilidad de gran parte del presupuesto de la Generalitat y sustituir sus pagos desde el Estado incurre en todos estos vicios. Es ilegal, pues no respeta ni el procedimiento ni las razones previstas en la ley que le sirve de base; es además inadecuada para el objetivo de evitar el referéndum; es torpe en su formulación y, lo más grave para mí, pretende tan sólo incrementar la presión sobre la Generalitat, usando para ello a los ciudadanos afectados. Se parece pues en casi todo a las actuaciones que pretende reprimir. Confío en que los tribunales ante los que se ha recurrido la corrijan o me saquen de mi error.

Pero no suspende la autonomía; se limita a sustituir a la Generalitat en los pagos y a retrasar algunos de ellos. Las instituciones catalanas siguen decidiendo en qué gastan sus fondos, adoptando las normas que deseen y aplicándolas como crean oportuno, todo dentro de la legalidad. La autonomía consiste en mucho más que gestionar pagos y, desde luego, que organizar un referéndum, aunque algunos lo hayan olvidado.

Ésa ha sido la principal actuación del Gobierno hasta ahora. Tenía (y tiene) otras opciones, incluso tras renunciar a ofrecer una alternativa política atractiva en los últimos años o a tolerar un nuevo 9-N. Esas opciones van desde asumir que el 1-O se vote en las condiciones actuales, que imposibilitan desde luego cualquier consideración seria y democrática del resultado de esa votación hasta adoptar nuevas decisiones para garantizar el respeto a la prohibición del TC. Entre éstas la más relevante es sin duda el recurso al art. 155 de la Constitución, que permitiría una actuación como la adoptada en relación con el presupuesto autonómico y otras mucho más vinculadas con la celebración del referéndum como la sustitución del Gobierno de la Generalitat en sus facultades de dirección de la seguridad pública (asumir la dirección política de los Mossos) o en ámbitos como el desarrollo y organización de procesos electorales. Pero ello exigiría un debate político en el Senado y la fijación previa de una serie de límites y condiciones que el Gobierno se impondría a sí mismo y los tribunales controlarían.

Todas estas decisiones del Gobierno exigen una valoración política; de oportunidad. No son decisiones automáticas ni debidas. Las actuaciones gubernamentales y políticas para evitar o perseguir infracciones, delitos y, en concreto, ataques al orden constitucional deben considerar sus posibilidades y efectos inmediatos para evitar esos ataques o castigarlos; pero deben también valorar sus efectos a medio y largo plazo para el mantenimiento de la vigencia de ese mismo sistema constitucional. Y no soy el único constitucionalista (de profesión también) que cree que ese sistema sólo se mantiene si suscita la confianza y adhesión de una amplia mayoría de los ciudadanos, por difusa que éstas puedan ser. En la valoración de los efectos de las actuaciones políticas frente al referéndum, el contraste entre el plazo inmediato y el medio plazo es relevante a estos efectos y, en mi opinión, exige al Gobierno, más allá del escrupuloso respeto a la legalidad, prudencia, moderación, self-restraint y mucha explicación política de sus actuaciones.

Pero no sólo el Gobierno debe actuar en defensa de la Constitución. También corresponde a los tribunales, que están asumiendo esa responsabilidad. Lo ha hecho el Tribunal Constitucional, hasta ahora desde la prudencia en el ejercicio de sus nuevas facultades pero a la vez desde la unanimidad, celeridad y efectividad de sus decisiones.

Y lo han hecho sobre todo los tribunales ordinarios, mediante actuaciones judiciales de garantía de la prohibición del referendum, mediante muy discutibles prohibiciones de actos en defensa del referéndum (pero no organizativos del mismo) y por fin mediante el desarrollo de actuaciones en relación con la investigación de delitos conectados, y muy esencialmente los registros y detenciones efectuados en el marco del procedimiento que investiga la obtención y uso ilegal de datos personales y otros medios necesarios a partir de las manifestaciones de Santiago Vidal.

Estas últimas actuaciones han despertado las más airadas reacciones de esta semana. Al respecto, debe recordarse que los tribunales actúan de modo independiente y con la intensidad que consideran necesaria, en éste y muchos otros casos; que los posibles delitos perseguidos son graves; las medidas adoptadas no especialmente excepcionales (hasta hoy, al menos); y que el desarrollo de las actuaciones judiciales permitirá en el inmediato futuro valorar (y en su caso denunciar y sancionar) la acción policial y judicial, susceptible como siempre de recurso a tribunales superiores.

La prudencia y valoración de la oportunidad que reclamaba del Gobierno no puede exigirse con la misma intensidad de los tribunales, obligados a la actuación en muchos casos y, en especial, cuando así se lo solicita alguna de las partes en el procedimiento. Aunque, desde luego, los jueces deben actuar siempre bajo la legalidad y sin consideraciones “excepcionales”, que no les corresponden; y es recomendable que, en el ámbito de sus posibilidades, sean también prudentes y tengan en cuenta las consecuencias de sus decisiones más allá del procedimiento que instruyen o dirigen.

Por fin, un tercer ámbito a medias entre el judicial y el gubernamental está alcanzando protagonismo; lo constituyen las actuaciones judiciales a instancias del Gobierno o las actuaciones gubernamentales o del Ministerio Fiscal vinculadas con un procedimiento judicial. Las detenciones policiales (sin orden judicial) en el marco de un procedimiento judicial abierto o la orden del Ministerio Fiscal de atribuir al Estado la coordinación policial en las tareas de garantía de la prohibición del referéndum son ejemplo de esta tendencia. En un contexto enormemente politizado y conflictivo, con instituciones públicas que asumen la desobediencia del ordenamiento que las fundamenta y le atribuyen pretendidas vulneraciones de derechos y principios fundamentales, tales actuaciones despiertan enormes riesgos en el debate político y el Gobierno (y el Ministerio Fiscal) harían bien en buscar la cobertura judicial previa.

En resumen, el Estado de Derecho no se defiende con medios de excepción sino con respeto de la legalidad, explicación política exhaustiva y valoración prudente de sus efectos a largo plazo. La propia Constitución prevé medios extraordinarios cuando éstos sean necesarios, pero el presupuesto común a todos ellos es su adopción de forma expresa y normalmente parlamentaria, tras un debate político, y con específicos límites y controles judiciales.

 

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Entrevista a Josep FONTANA a eldiario.es (24-09-17)

http://www.eldiario.es/politica/batalla-buenos-malos-posiblemente-perdamos_0_689431120.html

Josep Fontana (Barcelona, 1931) es uno de los historiadores de referencia en España, autor, entre otros, del libro Por el bien del Imperio. Una historia del mundo desde 1945, y profesor emérito de la Universidad Pompeu Fabra. Su relación con los libros, y su lectura, comenzó en su infancia: su padre tenía una librería de viejo. Su último libro es El siglo de la revolución. Una historia del mundo desde 1914. La entrevista se realiza por teléfono, un aparato que detesta, y más para conversar sobre política, historia y Cataluña.

¿Qué pasará a partir del 2 de octubre si tenemos en cuenta la historia de España?

Lo peor que puede pasar es que algo que empezó mal acabe peor, pero si quieres decir en términos de la situación política, nada de nada. Si hay algo que me parece escandaloso en lo que está sucediendo es que el PP esté agitando la opinión pública española diciéndoles que la celebración de una consulta implica después la secesión de Cataluña cuando sabe que esta secesión es imposible. Es imposible porque implicaría que el gobierno de la Generalitat tendría que pedir al Gobierno de Madrid que tuviera la amabilidad de retirar de Cataluña al Ejército, la Guardia Civil y la Policía Nacional, y renunciar pacíficamente a un territorio que le proporciona el 20% del PIB. Es un escenario imposible. Pensar que esto puede suceder es una estupidez. Entonces, ¿a qué viene crear un clima próximo a la guerra civil con esta excusa?

¿Se puede decir que los países que han logrado la independencia lo consiguieron a través de una negociación checos y eslovacos, la guerra o aprovechándose del hundimiento de un imperio como el soviético?

Chequia y Eslovaquia fueron un caso excepcional. A los checos les estorbaban los eslovacos. Se pusieron de acuerdo en liquidar una unión que era bastante ficticia. El hundimiento soviético se aplica en los casos de las tres repúblicas bálticas y de Ucrania. El asunto de la guerra es más complejo. El único caso real de independencias en lo que llamamos Europa central y occidental es el de Yugoslavia. Allí hubo un pretexto legal. Se dijo que aquello no era una nación sino una federación, por tanto, la cosa era distinta. A Alemania le interesaba la independencia de Eslovenia, que era su satélite económico. No esperó siquiera a ponerse de acuerdo con la UE para forzar las independencias de Eslovenia y Croacia. El asunto se resolvió con los bombardeos de la OTAN. Es decir, las independencias de Croacia, Bosnia-Herzegovina y Kosovo se alcanzaron con los bombardeos de la OTAN. No me parece que sea un precedente útil para aplicar en ningún otro caso.

Hay otro precedente, el de Montenegro. Su referéndum de independencia lo organizó la UE, en concreto, Javier Solana. Impuso dos condiciones: una participación por encima del 50% y un “sí” superior al 55%. Tuvieron ochenta y tantos por ciento y el 55,9%.

Era un caso que se presentaba en una situación como la de Serbia, prácticamente desintegrada y con muchos problemas externos e internos. Por lo que representa Montenegro respecto a Serbia no se puede comparar con los que representa Cataluña respecto al Estado español.

¿Sirven los casos de Escocia y Québec: referendos pactados con unas condiciones claras?

Sí, pero como en ninguno de los dos casos se ha llegado a tener que plantearse el problema de una separación, es difícil saber cómo se habría negociado. El nuestro es distinto: pensar que va a haber en Madrid un gobierno dispuesto a plantearse una negociación de separación respecto de Cataluña es una idea fantasmagórica.

Podemos estar así otros diez años, en conflicto permanente.

Pues sí. Es un conflicto que…, vamos a utilizar el tipo de conceptos que utiliza Rajoy, lleva 500 años y que ha empeorado seriamente. Es un conflicto que podía haber encontrado un camino mejor, pero hay que recordar que el ascenso del soberanismo empezó en 2010 con la salvaje destrucción de un Estatuto que había sido aprobado por el Parlamento catalán. Supongo que el PP se lo cargó para obtener votos, que debe ser el motivo por el que ahora impulsa este clima de confrontación. Aparte de para conseguir votos, que le son bastante necesarios, le sirve también para que se olviden de los problemas de la corrupción.

El soberanismo ha conseguido en estos años dos cosas importantes: que la posibilidad de una Cataluña independiente esté constantemente en los medios de comunicación, es algo que se ve como una opción al plazo que sea, corto, largo o muy largo, y que cada vez hay más gente que acepta que la única solución es un referéndum pactado.

Lo que se estaba planteando para el 1 de octubre, y que muchos defendemos teniendo en cuenta que una secesión en los términos actuales es imposible, era una consulta que como mínimo permitiera a la gente expresar su opinión. Expresar sus quejas sobre muchos años de mal gobierno. Buena parte de todo esto nació por la ofensa del Estatut y como rechazo de las políticas aplicadas para la salida de la crisis. Había un malestar profundo, un sentimiento de maltrato especial. Había motivos que justificaban que se dejase por lo menos expresar esta opinión.

Hay que recordar que cuando se hizo una votación el 9-N no pasó nada, que es lo mismo que podía haber sucedido si eso se hubiese encauzado de manera civilizada, si se hubiese considerado como un punto de partida para empezar a encontrar vías de negociación para solucionar el descontento. Pero no hay ninguna intención de esto. En el fondo, al PP le interesa la confrontación. Está presentando esto ante la opinión española como una agresión que les afecta a todos, que puede afectar a sus pensiones, a sus subsidios. Todo eso siempre le ha sido rentable. Tengo pocas esperanzas de arreglo a corto o a medio plazo.

Ortega y Gasset decía que el problema catalán es irresoluble, pero también parece que lo es el problema español: encontrar un encaje que satisfaga a todos.

No sé si se puede encontrar un encaje de Estado que satisfaga a todos, entre otras cosas porque eso implicaría también el encaje de una sociedad. Una de las cosas que me sorprendió es ver que entre los más entusiasmados con un proceso secesionista figurara gente que he conocido, jóvenes de 20 a 30 años con una muy buena carrera universitaria, con másteres, etc., que a todo lo que pueden aspirar es a un trabajo poco más que de becarios y con sueldos miserables. Esos jóvenes han llegado a creer que un cambio, cualquier cambio, no puede ser a peor. Por eso hay también un elemento de encaje social. No diría que el tipo de política que aplica el PP sea como para conseguir entusiasmos de una parte importante de la sociedad española. Creo que hay muchos problemas en los que tendría que pensar, porque le afectan. Pero crear un objetivo de lucha como este le resulta rentable para las próximas elecciones.

El Estado español, sobre todo en el siglo XX, ha confundido ser fuerte con ser autoritario, que no es lo mismo, ¿no?

Para ser fuerte necesitas consenso, necesitas una política que te de consenso. Cuando se ha intentado aplicar en España una política que implique consenso han venido las reacciones para evitarlo. Tenemos una dramática historia, que es la historia de la Segunda República, que anda todavía tirada por los suelos, denigrada para justificar lo que se hizo y para volver a marcar el reloj hacia atrás.

Me asombra que los partidos piensen poco en estos momentos con serios problemas globales. Hay un empobrecimiento y debilitamiento de una gran parte de España que debería empezar a alarmarnos. Amigos míos que viven en Galicia me explican que muchos pueblos se mantienen con viejos que viven de las pensiones y de lo que cultivan en el huerto. Hace poco otro amigo, que volvía de Salamanca, estaba asombrado de cómo esta cerrando el comercio en el centro alrededor de la plaza Mayor. Salamanca está perdiendo población. Hay un problema que afecta a Galicia, a buena parte de Castilla y León y a Extremadura, que es un problema de debilidad y de empobrecimiento que no parece preocupar a nadie.

¿Se puede decir que estamos ante un conflicto de legitimidades en el que las instituciones del Estado no tienen el prestigio necesario, como el Tribunal Constitucional?

El Tribunal Constitucional se crea de una manera para que su composición esté determinada por las cúpulas de los partidos dominantes, fuera de la capacidad de actuación de la opinión pública. Este país ha tenido, por lo menos desde el 23-F, un gobierno turnante de dos partidos que se han puesto de acuerdo siempre que ha convenido y para lo que ha convenido. Hemos visto de qué forma han ido evolucionando los viejos líderes, del Felipe González revolucionario a lo que acabó siendo. Aquí hay un problema que muchos no quieren reconocer, que la forma con la que se estableció el pacto en la Transición no daba muchas garantías. Todos creímos que aquello era un comienzo y que a partir de allí las cosas se irían adecuando a la realidad, pero no parece que haya sido así.

Cataluña también tiene problemas que han provocado el empobrecimiento democrático de sus instituciones. Y tiene un problema grave de corrupción, igual que el resto de España.

Y tanto.

Es decir que la ilusión de pensar que si nos independizamos, todo será maravillosono tiene una base de realidad, parte de una situación igual de contaminada.

Pero están los que piensan en la posibilidad de una independencia inmediata y los políticos que se apuntaron para ganar votos. Hay gente que ha acabado asumiendo que ese es su papel histórico, y que si tienen que sacrificarse se sacrificarán. Hay otros que no, otros que se lo plantean seriamente. Y está la gente de la CUP: un partido revolucionario que está haciendo un papel extraño que no les corresponde dentro de una política parlamentaria. Son gente joven que en su actuación en los municipios ha sido muy limpia. Su hora es para el momento en el que haya una situación revolucionaria que permita crear una sociedad diferente. Luego están una parte de esos desesperados que han llegado a creer que con la independencia se podían resolver las cosas.

Tengo experiencias espectaculares, como la de un viejo dirigente corrupto que se acercó un día en el que había dado una conferencia sobre los problemas de la sanidad pública y mostrado mi sorpresa de que los políticos no se preocupasen por estas cosas. Se acercó y me dijo sonriente: “Con la independencia se solucionará todo”. Pienso que creía que eso incluía también sus problemas personales.

No vamos a hacer una historia de buenos y malos. En todo caso, me es difícil no meter al PP en el rango de los malos. Pero, del otro lado, no pondría a todo el mundo entre los buenos. Hay gente que ha llegado a adquirir una fe. Un día conversaba con un periodista, le decía lo mismo que te he dicho, que no podías ser independiente si tenías dentro el Ejército, la Guardia Civil y la Policía Nacional, y pregunté, ¿qué pasará? Él respondió: “Intervendrá Europa”. Es la fe en un milagro que pueda resolverlo. No es una situación fácil. No digo que esta sea una batalla entre buenos y malos, pero es una batalla en la que posiblemente perdamos todos.

Además de los problemas de España, la falta de una estructura sólida del Estado, la pérdida de los restos del imperio en 1898, y lo mucho que afectó a Cataluña y a su industria, estamos viendo la pérdida del prestigio de las élites tradicionales políticas y económicas.

Ha sucedido a escala europea y, diría, mundial. Es lo que explica la elección de [Donald] Trump frente al viejo aparato del Partido Demócrata. Es algo que se está produciendo en muchos lugares. Eso que cuando empezó a producirse se llamó el populismo, que es donde se mete todo lo que estorba. Tony Blair, que sabe bien de qué habla, dijo que se estaba perdiendo un sistema que funcionaba gracias al prestigio de unas élites que se intercambiaban en el poder, derecha e izquierda, y que podían mantener esta sociedad unida, pero que estas élites estaban perdiendo su prestigio y a saber lo que saldría de aquí. No hay que ver más que la situación de Gran Bretaña o lo que ha pasado en Francia con el Partido Socialista. Aquí todavía no, aquí hay un inmovilismo difícil de interpretar. Permite mantener el sistema de bipartidismo turnante, que parece que va a aguantar un tiempo, hasta que la gente no pueda resistir más.

Parece que hay más táctica cortoplacista que estrategia. Si hubiera estrategia no se atacaría tanto a Podemos y Ada Colau. Representan un puente, dividen al independentismo exprés.

Y eso es lo que les preocupa. En el caso de Colau y de la gente que va con ella están jugando lo más sensatamente que pueden. Cuando se presentó a las elecciones municipales, que parecía una insensatez, fui de los que les apoyó porque eran lo más limpio que había. Son gente que quiere, como quiere la mayoría, que se deje opinar a la gente, que creen que no es sano que te impidan expresar tu opinión poniéndote un policía delante, pero que por otro lado saben que no tiene sentido jugársela más allá en una opción que no puede producir más.

Lo que hay que hacer no es resignarse, lo que hay que hacer es plantearse objetivos de lucha racionales en los que puedas movilizar a la gente y con los que puedas aspirar a ganar cosas, que bastantes cosas hay que ganar todavía. Me parece que su actitud es sensata. Es evidente que en la medida que amenazan al sistema establecido, causan molestias y les quieran dejar al margen.

En el fondo es una lucha de élites, ¿no? La élite, digamos, española que nace del siglo XIX y del franquismo, que es la élite económica que maneja política y todo esto.

Pues sí.

Que no quiere repartir ese poder centralizado con las élites de la periferia.

No solamente se trata de las élites de la periferia, porque las de la periferia están metidas en el tinglado contra todos. Si hay alguien aquí al que no le interesa esto del secesionismo son las grandes instituciones financieras como La Caixa y el Banco Sabadell. Al fin y al cabo, se dice que Ciudadanos fue una invención, por lo menos que la idea la tuvo el presidente del Banco Sabadell. Y en todo caso, el señor [Albert] Rivera no deja de ser un funcionario en excedencia de La Caixa. Por lo que se refiere a las élites, ya les va bien lo que hay. Serían otros sectores, tal vez el empresariado, pero es una cuestión que habría que analizar con cuidado.

El único que se ha ganado dinero fuera de la élite dominante, cuya riqueza en muchos casos procede del franquismo, es Amancio Ortega.

Sí, el caso de Amancio Ortega es especial. Supongo que se debe a que gran parte del dinero lo ha hecho fuera. Pero también hay otros que se han ido al garete. Buena parte de lo que era la gran industria vasca se fue a pique, casos como el de Abengoa en Andalucía. Es este sistema nuestro el que sacrificó los recursos que debían haberse destinado a los servicios sociales. Los sacrificó para el rescate de la banca, que consideró más importante. Hay una cosa escandalosa, que se puede observar con facilidad: hasta qué punto se han ido reduciendo los impuestos de las grandes empresas y las grandes fortunas, de qué forma los grandes negocios escapan a las obligaciones que son las que permiten que el Estado pueda proporcionar servicios. Es una cuestión que implicaría examinar la responsabilidad del aparato político, la de los viejos dirigentes de la izquierda como Felipe González que están perfectamente integrados en este negocio.

Las últimas veces que las élites mundiales perdieron el control, en 1910 y en 1930, tuvimos una guerra mundial. Hace unos días el jefe de la OTAN dijo que vivíamos en el momento más peligroso de los últimos 20 años. ¿Estamos tan mal?

Es una situación difícil porque depende de muchos factores. Depende de quién manda en Washington. Hubo un momento en el que Trump y su equipo, incluyendo a ese loco peligroso llamado Steve Bannon, parecían fijar las reglas, pero muy pronto aparecieron los militares y empezaron a tomar el control. Entre las cosas importantes está saber quién va a tomar las decisiones básicas de la relación con Rusia, de la relación con China y, sobre todo, lo que se debe hacer o no hacer en el Oriente Próximo.

Hay un enigma del que no sabemos lo suficiente: cuál es el peso de lo que pudiéramos llamar el poder político de Trump y su gente, que parece más bien débil, y cuál es el poder efectivo de los militares, que parece que sigue siendo mucho. Espero que se lo piensen mucho antes de llegar a una situación catastrófica, porque esta vez sería terrible. Por otra parte, las élites no tienen nada de qué quejarse en EEUU. Tampoco las élites económicas en Europa.

Lo que le interesa a la Alemania de la señora [Angela] Merkel es que los bancos alemanes sigan cobrando los intereses de los préstamos concedidos al sur de Europa, aunque sea desangrando a Grecia. No veo un motivo para crear inestabilidad. Digamos que el negocio de momento no les va mal. Hay amenazas, existe el problema de que vivimos en una economía sobrecargada de deudas, pero eso, en todo caso, puede provocar otro 2008. Es otra cuestión que nos lleva lejos de donde empezamos.

¿Se puede comparar lo que se está viviendo en Cataluña con el Brexit, donde hubo muchas emociones en juego además de muchas mentiras por ambos lados?

Hay cosas que son verdad. Hay que recordar que el dirigente que convocó el Brexit esperaba que no saliera. La prueba es que [David] Cameron dimitió después. El Brexit fue un voto contra las élites gobernantes, un voto basado en la falta de confianza en el Gobierno de Londres. Votaron campesinos, gentes de todos los rincones rurales, del mismo modo que en EEUU votaron por Trump. Personas que se sentían abandonadas, que habían dejado de creer en sus gobernantes y por eso votaron contra ellos. El caso de aquí es más complicado. ¿Hay mentiras en todos los lados? Evidentemente que las hay, faltaría más.

Entre los elementos que mencionó por los que no puede haber independencia a corto plazo, hay otro fundamental: falta apoyo internacional. ¿Sería más fácil si tuviera detrás a EEUU, Francia, el Reino Unido, Alemania?

Es lo que decía, en el caso de Yugoslavia primero fueron los intereses de Alemania, y después, los aviones de la OTAN los que, bombardeando Belgrado, acabaron forzando que aceptasen las reglas del juego que había fijado Bill Clinton. En el caso de aquí, no lo hay aquí, más bien al contrario. No hay más que ver una cuestión importante que abona el sentido que lo que digo. Las grandes empresas no se han sentido afectadas por lo que está sucediendo, no creen que vaya a haber un cambio radical. A [Luis] de Guindos se le escapó el otro día que la inversión se mantenía sin ningún problema. No existe esta presión, no existe esa esperanza que tenían o tienen unos cuantos de que si hubiera un voto favorable espectacular, Europa intervendría.

Miquel Buch, presidente de los municipios catalanes, reaccionó ante la afirmación de que en caso de independencia Cataluña saldría de la UE, con esta frase: “Ellos se lo pierden”.

Eso lo puede decir la CUP. Para ellos, es coherente porque su programa dice: independencia y socialismo. Les importa un cuerno la UE, pero eso es otra cuestión. Para que se vea hasta qué punto las cosas son…, uno de los últimos planteamientos de [Carles] Puigdemont es que después del referéndum habría que negociar con España, pero no con Rajoy. ¿Qué hay detrás de esto, la idea de que el referéndum va a producir un cataclismo y va a cambiar el Gobierno español? Bueno, es seguir esperando esta especie de milagro que va a resolver lo que no tiene resolución.

¿Cómo se lo tomará la gente que cree que el día 2 va a haber una independencia automática cuando se dé cuenta de que no es así?

Hace mucho tiempo que sostengo, en los medios en los que he podido sostenerlo, que si me preocupaba esto era porque podría producir una decepción cuando lo que había que haber hecho era seguir luchando pero luchando por objetivos que fueran alcanzables.

No sé lo que va a pasar. Lo peor puede ser que el daño más grande no lo haga la decepción de la gente, sino hay que saber qué es lo que va a acabar haciendo el señor Rajoy, que parece empeñado en hacer todo lo posible para seguir irritando al personal. Puede pasar cualquier cosa.

Lo peor que puede pasar es que haya un muerto. Eso deja una herida que no se cura. La incompetencia o no sé si la voluntad deliberada de llevar las cosas a una situación tensa es tan grande que lo que me temo no es lo que pueda hacer la gente del procés, vamos a ver, aquí la gente que parece más empeñada, como la gente de la CUP, no tienen armas escondidas ni van a tirar bombas; lo que tengo miedo es lo que puede hacer el señor Rajoy.

¿Cuáles serían los objetivos factibles a corto y medio plazo en los que habría que centrarse?

Creo que hay que luchar por recuperar elementos de autogobierno, más que de autogobierno le diría que de autoadministración. Muchas de las inversiones previstas que salen de los presupuestos no se han acabado de hacer, o son gestionadas por entes como Adif o Aena, que son nefastos en la forma en que actúan. Hay que empezar ganando espacios de autoadministración, en espacios de autogobierno, y en eso sí que hay una batalla en la que se puede ir paso a paso tratando de conseguir cosas.

¿Es optimista a partir del día 2?

Es difícil ser optimista; y sobre el día 2, nada optimista. Mi esperanza es que después de cada garrotazo la gente acaba recobrando el sentido común. Tengo una gran esperanza en eso que si quiere podemos llamar de manera retórica “el pueblo catalán”, pero que voy a llamar la gente. Los que han ido a una manifestación contra la guerra de Irak o contra el Tribunal Constitucional son la gente de mi barrio. Tengo una gran esperanza en la capacidad de la gente para recuperarse y volver a ponerse en pie.

 

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Josep Maria FRADERA, “Catalanismo, nacionalismo y Jaume Balmes” a El País (26-09-17)

https://elpais.com/ccaa/2017/09/25/catalunya/1506363586_785344.html

En 1845 un cura de 35 años, Jaume Balmes, trató de imaginar una transacción monárquica entre carlistas y liberales conservadores, bajo la tutela evidente de un catolicismo que lo impregnaba todo. El propósito era claro. Derrotado militarmente y culturalmente el carlismo, aquella alianza propiciada por el vicense era una manera de retrasar y aguar los aspectos más agresivos del liberalismo como fórmula política. En otras palabras: preservar el mundo de la Iglesia en la sociedad industrial en ascenso. La matanza de frailes de Madrid y la quema de los conventos en Barcelona y Cataluña en verano de 1835, el momento de eclosión de la revolución liberal, estaban muy presentes sin duda en la reflexión de Balmes. El proyecto de transacción fracasó por completo. Estaba muy por encima de sus posibilidades y de las intenciones de unos y otros. Él mismo llegó a sus consecuencias. En vísperas de las revoluciones de 1848 en Europa y a las puertas de su muerte con 38 años, dejó un texto inédito en el cual advertía a los católicos y a una burguesía que reclamaba represión, que la industria, el socialismo y el liberalismo eran el mundo del futuro. Si de verdad tenían convicciones sólidas, no era necesario asustarse. Había que ver el mundo de cara, si no, para llorar, los rincones, les decía. Incomprendido en vida, Barcelona le dedicó la calle más larga y central de la ciudad, aquella que une el mar y la montaña, el mundo y el país que Barcelona tiene detrás y guía desde tiempos inmemoriales.

El mérito de Jaume Balmes descansaba en la capacidad de observar la realidad de cara y con una distancia suficiente, desde dentro pero sin ceder a la parcialidad. Dicho esto, vamos pues a los acontecimientos de ayer, aquello que muestran en un devenir de larga duración, la trama que une momentos y generaciones. Qué nos muestran las escenas de ayer. Para mí, muestran sobre todo la vigencia del paradigma catalán de casi todo el siglo pasado. Lo resumiría así: la enorme fuerza, continuamente renovada del catalanismo y, a su vez, la inepcia igualmente persistente del nacionalismo catalán. Levantemos la mirada y observémoslo. El catalanismo remite a cuestiones de lengua, cultura, identidad y percepción de formar parte de una sociedad particular, de un grupo, de una tribu (que diría Josep Pla tras haber leído o hablado con Jaume Vicens). Una entidad de tal alcance no está hecha de una sola pieza ni conduce a un solo destino, si lo hiciera perdería la fuerza que muestra y ha mostrado durante décadas. En efecto, la potencia de este fundamento de identidad es indiscutible y ha resultado indestructible para dos dictaduras forjadas sobre el cemento armado del nacionalismo español. No es necesario hacer apelaciones a un esencialismo fuera de lugar. El catalanismo ha cambiado y cambia con la transformación social. Nada garantiza su pervivencia, como en todo fenómeno social de otro lado. Además, y contra aquello que se suele argumentar, el catalanismo no es resultado del nacionalismo; lo precede y sobrevivirá a él. La idea de autogobierno lo encaja bastante bien, a condición de que este sea veraz y respetado.

El nacionalismo —llamadlo ahora independentismo o soberanismo, da lo mismo— es la extrapolación de la cultura del catalanismo a una política que lo quiere abrazar todo. Una tarea imposible, porque Cataluña es una sociedad escindida como cualquier otra. Pretende remitir problemas a agravios y conflictos a traiciones o falta de conciencia, y disolverlo todo a una política que anula a todas las otras. Y fracasa siempre y lo hace sistemáticamente. Como sucedería incluso si la operación que estos días estamos presenciando desembocara allí donde sus impulsores la quieren conducir. El catalanismo será sin duda el fundamento de cualquier programa de futuro; el nacionalismo en cualquiera de sus fórmulas está condenado a repetir torpes épicas pasadas, a confundir problemas con agravios y a desorientar el sentido de fraternidad humana que para nada es contradictorio con la defensa de la cultura del catalanismo y los intereses de las generaciones actuales y futuras. Una consideración final, si todavía sabemos leer entre tantas emociones, muchos de los argumentos que acabamos de exponer valen para otros contextos, próximos y lejanos. Y, si no, para llorar, los rincones.

 

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Carles BOIX, “Cataluña, en busca de garantías políticas: el referéndum del 1 de octubre” a Jot Down (25-09-17)

http://www.jotdown.es/2017/09/cataluna-en-busca-de-garantias-politicas-el-referendum-del-1-de-octubre/

1

La idea de la nación moderna —y aquí quiero enfatizar el adjetivo «moderna», puesto que el sentimiento nacional en sí mismo es posiblemente anterior al mundo contemporáneo, como se le hace evidente a cualquiera que lea la oración fúnebre de Pericles en Tucídides, que repase el concepto de Israel en la Biblia, o que tome nota de las apelaciones que Maquiavelo hizo a César Borgia para que unificara Italia— nació con la Revolución francesa. Y lo hizo entendida como comunidad de ciudadanos iguales ante la ley, cobijados bajo el paraguas de una administración racional, y gobernados por instituciones con la capacidad de evitar el control permanente del Estado por una parte de la población o del territorio de la nación.

Ahora bien, la articulación exacta de la nación moderna adoptó muchas formas, desde la francesa o franco-jacobina —caracterizada por la uniformidad absoluta— hasta la suizo-cantonal —en un país que todavía permite a sus municipios votar directamente si quieren conceder o no la ciudadanía a un extranjero—.

En Suiza, la articulación de la nación fue relativamente fácil. La guerra civil de 1848, que se saldó de manera prácticamente incruenta, con tres muertos según las versiones más fiables, terminó con el reconocimiento de una fuerte autonomía a los cantones de la confederación helvética, la paz religiosa y la igualdad lingüística. En Francia, el proceso de construcción nacional fue mucho más costoso. Como describe magistralmente Eugen Weber en Peasants into Frenchmen, la unidad lingüística no llegó hasta la Primera Guerra Mundial, como mínimo. No obstante, para bien o para mal, la construcción de un sentimiento nacional completo se culminó con éxito. En España, en cambio, la revolución nacional fracasó, quedó inacabada. Y hoy en día, más de doscientos años después de la Revolución francesa y de su recepción en la península ibérica, España no ha conseguido llegar al fin hegeliano de la historia: una comunidad nacional sin fisuras, articulada bajo un Estado aceptado como legítimo por todos sus ciudadanos.

Durante todo el siglo XIX, desde las mismas Cortes de Cádiz, aquella asamblea reunida en un trocito de ciudad y ahora mitificada por los patriotas españoles más rancios, hasta la crisis de Cuba, catalanes y españoles buscaron casi siempre cómo articular sus personalidades y sus intereses nacionales. Sin éxito.

Cataluña habría podido acabar siendo española a la francesa: desapareciendo en la uniformidad lingüística y el localismo desarraigado del Village Catalan de la autopista de Perpiñán. O podría haber sido española a la suiza. En este último caso, felizmente integrada en un Estado plurirregional, con la lengua como medio de comunicación oficial y el derecho catalán plenamente reconocidos como a finales del siglo XIX pedía la derecha catalana por boca de Mañé y Flaquer desde el Diario de Barcelona. O como parte de un sistema de federalismo casi municipalista, que era el sueño de la izquierda pimargalliana y de los artesanos anarquistas catalanes, quienes, para evitar emplear el término nación, que les parecía repelente porque lo usaban tanto sus primos carlistas como la derecha española ultramontana, se inventaron conceptos políticos incomprensibles.

En este conflicto sobre el tipo de nación-Estado a construir, la España de matriz castellano-andaluza no consiguió imponer la solución francesa. No pudo, ante todo, porque mientras París ofreció al Midi un trato de iguales (bajo una sola ley) a cambio de renunciar a su memoria, la revolución liberal fracasó en España. Y, por esa razón, porque la fuerza de las armas no es nunca suficiente para forjar un solo pueblo con un solo sentimiento nacional, Cataluña terminó no siendo o, si se quiere, no sintiéndose cómodamente española.

Por su parte, Cataluña tampoco pudo imponer la solución suiza. Turín y Milán unificaron Italia porque Roma, gobernada por el Vaticano, nunca ofreció un proyecto «imperial» para la península. Barcelona, en cambio, capital de un país demográficamente exiguo, no pudo desplazar a las élites reaccionarias, antiliberales españolas del control del Estado. Y no pudo, por tanto, crear un Estado plurinacional y democrático o, simplemente, un Estado donde pudiera cogobernar con otras élites peninsulares sin sufrir restricciones de todo tipo.

Algunos han querido ver en el asesinato del general Prim y en el fracaso de la Primera República el final de un proyecto de reforma integral de España por parte de las élites catalanas (solas o en colaboración con los liberales españoles). La idea es atractiva pero difícil de probar con certeza. Lo que sabemos, en cualquier caso, es que, a caballo entre la guerra de Cuba y comienzos del siglo XX, los partidos catalanes y, más generalmente, la generación de 1901 ya habían renunciado a rehacer por completo el Estado español, al menos como «patriotas españoles» (con un sentimiento regional fuerte conjuntado con una cierta voluntad, al menos entre una parte, de hablar de «nación española» como algo propio). Y que, hecha esa renuncia, habían decidido, enfrentados a una mayoría española lingüística, cultural y espiritualmente unificada, canalizar todas sus energías a resistir hasta lograr que se pudiese proteger su personalidad cultural y nacional.

2

El resultado de aquella doble impotencia histórica, tanto por parte de la matriz castellana como del proyecto catalán, para afirmarse plenamente ante o por encima del otro, fue la emergencia de un conjunto de países infelices en la península ibérica. Un conjunto de países con personalidades nacionales diferenciadas y proyectos políticos divergentes que Ortega y Gasset, utilizando un eufemismo propio de un «procesista» catalán, llamó la España invertebrada. Un conjunto de países infelices porque, en vez de mantener entre sí una relación mínimamente fraternal, acabaron coexistiendo bajo una relación desigual entre una mayoría cómoda con el concepto de una España unitaria y una minoría —Cataluña— luchando para sobrevivir como nación cultural y política.

Como nos recuerda Hegel en su Fenomenología del espíritu (capítulo 4, parte A), una relación entre desiguales o, quizás más precisamente, una relación de dominación siempre es una relación infeliz para las dos partes ligadas por esta relación.

Lo es, en primer lugar, para el dominado o subordinado, por varias razones. Ha de plegarse a las exigencias de quien lo ha subordinado. Debe actuar sabiendo que quien lo subordina lo ignora o utiliza instrumentalmente. Debe, si quiere sobrevivir, maniobrar estratégicamente: callando cuando protestar agrava su condición; aprovechando, en cambio, las crisis, insuficiencias y divisiones de la mayoría, cuando aquellas se producen, para conseguir mejorar sus condiciones; sabiendo que todo este comportamiento lo hará siempre sospechoso de deslealtad a la parte o sujeto dominante; e intuyendo que este comportamiento táctico será interpretado por aquel como «doblez», como puro espíritu comercial, proveniente de alguien que se pliega según sopla el viento en cada momento, y que, como tal, será objeto de escarnio.

Ahora bien, esta relación también hace infeliz a la parte dominante porque esta no logra nunca el reconocimiento auténtico, concedido gratuitamente y con plena libertad, de la otra parte que está subordinada. La negativa de esta última a reconocer su valor y sus virtudes le hace reaccionar con la ignorancia y, en algunos casos, con el desprecio hacia el subordinado para ocultar la frustración de no ser amado por lo que realmente es o cree ser (y no por la fuerza que utiliza).

3

3.1

En esta relación ninguna de las dos partes es genuinamente libre. Las dos partes están, de maneras diferentes, sometidas a la otra parte.

La única vía, entonces, para trascender ese conflicto y para liberarlas de una condición que atenaza a todos pasa por crear una estructura política en la que cada uno pueda reconocer y aceptar al otro en pie de igualdad. Esta estructura implica, en primer lugar, respetar la voluntad y la autonomía del otro. Implica abandonar el uso de la violencia, de la espada y de la coerción. Supone, finalmente, establecer una relación político-jurídica que garantice, desde la igualdad y la reciprocidad, la libertad y la dignidad de ambas partes.

3.2

La transición democrática y el pacto constitucional de 1978 ofrecieron una oportunidad para, aceptando la realidad plurinacional de la Península, enmendar la relación de desigualdad que había cristalizado definitivamente en el proceso de construcción de España como Estado moderno.

Aquella oportunidad, sin embargo, ha acabado fracasando. Quizás, como se suele decir, porque la Constitución se aprobó en un contexto político marcado por la presencia de la vieja guardia franquista y bajo la mirada vigilante del Ejército. Quizás, quién sabe, porque nuestros ponentes constitucionales, educados en un iuspositivismo ingenuo, más alemán que anglosajón, se contentaron con constitucionalizar un federalismo difuminado y etéreo.

En todo caso, aquella oportunidad fracasó porque no garantizó la posición de igualdad de las naciones peninsulares.

Negando la idea de que varias comunidades nacionales pudieran coexistir como iguales dentro del Estado español, los autores de la Constitución articularon el llamado «Estado de las autonomías» con fundamentos doctrinales absolutamente vagos. Así, reconocieron la existencia de «nacionalidades», sin especificar qué quería decir y en qué medida se distinguía el término de la palabra «regiones», que también emplearon. Y, al mismo tiempo, reservaron para España el título de «nación».

La distribución específica de competencias entre el Estado central y las futuras autonomías siguió la misma pauta de inconcreción y ambigüedad. Nominalmente, la Constitución permitió conceder a los Gobiernos autonómicos competencias amplias e incluso exclusivas sobre una gama considerable de materias legales. Pero, una vez más, otorgó al Gobierno central el derecho de intervenir en cualquier cuestión a través de las llamadas leyes de bases.

Imitando la Constitución de la Alemania Federal y su impronta kelseniana, los ponentes constitucionales depositaron la tarea de resolver todas estas contradicciones, es decir, el poder final de interpretación del sentido exacto de las palabras de la Constitución y de las leyes, en manos de un árbitro político superior, el Tribunal Constitucional. El problema, sin embargo, es que la composición de este árbitro quedó en manos de la mayoría española. Una vez superada la inestabilidad de la Transición, momento en que la izquierda española necesitaba el apoyo de Cataluña, el árbitro teóricamente neutral se convirtió en el instrumento, elegante solamente en las formas, utilizado para reproducir unas relaciones de subordinación que la Constitución debería haber resuelto.

Es cierto que, para blindar las competencias de las autonomías, la Constitución regula un procedimiento que exigía el acuerdo conjunto del Estado central y la autonomía correspondiente para aprobar y modificar los Estatutos de Autonomía. Una vez aprobado y/o reformado un Estatuto de Autonomía por una mayoría cualificada del Parlamento autonómico, es necesaria su aprobación por el Parlamento español y, por último, la ratificación de los habitantes de la comunidad autónoma mediante un referéndum. Este sistema, que algunos han descrito como procedimiento de blindaje de la autonomía catalana, es de por sí defectuoso: las Cortes españolas hicieron uso de su potestad para enmendar el Estatuto hasta forzar a la población catalana a aceptar el texto recortado en una consulta plebiscitaria en la que se ofrecieron unos mínimos que no se correspondían con las preferencias ideales de los ciudadanos consultados.

En cualquier caso, toda esta estructura, débil en mi opinión, de garantías, saltó por los aires una vez el Tribunal Constitucional se erigió como árbitro último del Estado de las autonomías con su sentencia de julio de 2010 sobre el Estatuto de Autonomía aprobado en 2006. A través de esa institución, la mayoría hizo explícita su condición de parte y juez en el juego político peninsular. La relación de desigualdad se hizo evidente con toda su crudeza una vez más. Y Cataluña entró en estado de rebeldía.

Las raíces profundas de la protesta catalana no se encuentran en cuestiones de naturaleza fiscal, no nacen de una queja de falta de servicios e infraestructuras dignas, ni parten de un problema de discriminación lingüística. Esos agravios existen y es legítimo exponerlos y tratar de corregirlos. No obstante, la protesta actual se fundamenta, por encima de todo, en el deseo, generalizado, de crear una relación basada en la dignidad, la igualdad y la libertad de todos.

4

La lección fundamental del periodo democrático establecido en 1978 y, sobre todo, de la negociación del Estatuto de 2006, coronada por la sentencia del Tribunal Constitucional, es que la estructura constitucional española no garantiza ningún espacio soberano a los catalanes (como catalanes). Cataluña era y es una minoría nacional permanente, siempre susceptible de ser corregida y laminada por el voto de la mayoría.

Desde la óptica jacobina del ciudadano sin atributos (porque es la ley la que le da atributos, si le da alguno), España es una democracia sin problemas. Esta óptica es, sin embargo, una entelequia: la realidad histórica española y el sentir y la manera de concebirse a sí mismos de modos diversos por parte de los ciudadanos del Estado español nos indican con claridad que hay diferenciación nacional interna. Y que, con la estructura actual, esta diferencia ni queda reconocida ni queda protegida.

¿Quiere decir esto que no hay algún tipo de arquitectura constitucional que permita restablecer y mantener una relación de igualdad entre Cataluña y España sin ser independientes? Los partidarios de una solución federal creen que sí.

Para proceder a investigar esta posibilidad, hay que empezar por hacer una aclaración. Los términos federalismo, federación y pacto federal son polisémicos. México, Austria o Suiza se llaman a sí mismos Estados federales, pero sus diferencias constitucionales, a nivel operativo, son extraordinarias. En consecuencia, diseñar y proclamar un Estado federal no resolvería nada si antes no investigásemos cuáles son aquellas Constituciones federales que permiten garantizar la ejecución del pacto federal en los términos acordados por todos sus miembros.

En otras palabras, necesitamos responder a las siguientes preguntas: ¿Existe algún tipo de federación que incluya mecanismos constitucionales para prevenir la explotación por parte de uno o más miembros de la federación del resto de los territorios del Estado? Y, a continuación, ¿es ese tipo de federación posible en España (posible en el sentido de evitar una situación de desigualdad en la relación entre unidades federadas)?

Tradicionalmente, la mayoría de los teóricos del federalismo, preocupados por la relación entre el Gobierno federal y las unidades federadas como la potencial fuente de tensiones políticas en un sistema federal, han reiterado que la única federación que puede funcionar correctamente es aquella que establece una distribución equilibrada de poderes entre Gobierno federal y estados federados: un sistema donde el Gobierno federal no es lo suficientemente fuerte como para explotar los estados federados, pero donde tiene a la vez la capacidad y fuerza necesarias para mantener unida la federación. Esta teoría del federalismo ideal, que propongo llamar teoría federalista de los rizos de oro (en honor a aquella muchachita que no tomó ni la sopa caliente ni la sopa fría) es plausible.

En realidad, la legitimidad y fuerza del Gobierno federal depende, en último término, del grado de apoyo que recibe de algunas o de todas las unidades federadas para hacer valer su posición y mantener la federación unida. Por eso mismo, el éxito o fracaso de una federación en garantizar los derechos de las unidades federadas radica en un lugar diferente: en la naturaleza e identidad nacional de las unidades federadas.

A riesgo de simplificar una realidad necesariamente compleja, a continuación describiré varias (cuatro, en total) modalidades en la configuración de esas identidades y examinaré en qué medida y cómo facilitan o perturban el objetivo federal de preservar la unidad de la federación y la igualdad de las unidades federadas. Considérese, en primer lugar, el caso en que todas las unidades federadas comparten la misma identidad nacional y en donde las divisiones políticas existentes no coinciden con los límites territoriales de las unidades subnacionales (o si lo hacen, son poco intensas). Este es el caso de Estados Unidos en casi todos los momentos de su historia: una sola identidad nacional, con conflictos políticos estructurados en torno a categorías sociales como clase, raza, religión etc., y con esos diferentes grupos políticos y sociales distribuidos de manera relativamente igual en todo el territorio. En esa instancia, la posibilidad de que alguno de los estados de la unión pueda ser marginado sistemáticamente por el resto es muy baja. Las coaliciones políticas necesarias para ganar elecciones, votar en el Congreso y gobernar se organizarán siguiendo las divisorias de clase o religión. Dada su distribución aproximadamente uniforme en todo el territorio, casi todos los estados (o una parte de cada uno de ellos) participarán en las decisiones federales en todo momento. Las coaliciones estrictamente interregionales o interestatales que se puedan formar serán casi siempre temporales y eso reducirá al mínimo el peligro de explotación o discriminación de un parte de la federación a manos del resto. En otras palabras, las garantías de los estados federados, pactadas en la Constitución, se respetarán.

Consideremos, a continuación, el supuesto de un país federal con fuertes identidades territoriales (es decir, donde cada estado federado tiene su propia identidad nacional) y donde los estados federados se encuentran alineados en dos bloques más o menos equilibrados en cuanto a poder. Bélgica, donde valones y flamencos tienen un peso similar, se ajusta a esta descripción. En esa instancia, el mantenimiento del pacto federal se deriva o derivará directamente del equilibrio de poder de las dos partes.

Por una razón no muy diferente, el pacto federal también queda garantizado en aquellos países plurinacionales donde hay varias unidades federales con identidades nacionales particulares y donde ninguna de esas unidades (o bloques de unidades con la misma identidad) representa una mayoría de la federación. La Unión Europa se aproxima a esta situación. En este caso, todas las regiones o bloques de regiones existentes pueden formar coaliciones alternativas entre sí: esto permite que todas tengan una oportunidad similar de participación en la administración de la federación y que puedan, por tanto, bloquear cualquier intento de discriminación o de exclusión permanente. A título de ejemplo, consideremos el caso de un país con tres regiones de peso similar (e identidades diferentes), A, B y C. Para aprobar una ley por mayoría, hay cuatro coaliciones disponibles para hacerlo: AB, AC, BC y ABC. Si A se alía con B para explotar a C, C siempre puede proponer a A un pacto mejor para esta última cargando todo el coste sobre B. Naturalmente, B puede responder planteando a C una propuesta incluso mejor a costa de A. Una vez más, sin embargo, A intentará romper aquella alianza sugiriendo a B o C términos ventajosos para uno de los dos. En definitiva, en este juego de mayorías cíclicas, la posibilidad de mantener un pacto estable entre dos regiones es imposible y la discriminación o subordinación sistemática de una región no es factible.

Todas estas dinámicas no se producen, en cambio, en aquellos casos en que existe una federación plurinacional y donde una de las unidades (o bloque de unidades con una identidad compartida) tiene una mayoría (demográfica) sobre las otras unidades. En este caso, la probabilidad de una situación de discriminación o la explotación de la minoría, fiscal, lingüística o cultural, es considerable. Y, como resultado, la probabilidad de una reacción secesionista y la ruptura de la federación, también. Este sería el caso de España incluso si estableciera un sistema federal sin más.

Para poner remedio al desequilibrio en las relaciones de poder descrito en el último supuesto, y, sobre todo, en aquellos casos en que la minoría tiene preferencias intensas sobre determinadas cuestiones políticas o sociales, los teóricos del federalismo han propuesto a menudo una estructura federal asimétrica, dirigida a compensar la desigualdad demográfica o material existente entre unidades federadas. Esa solución consistiría en ceder a las minorías territoriales competencias extraordinarias o en crear jurisdicciones especiales. En sí mismo, eso supone un avance respecto al modelo federal «uniforme» o simétrico. Una vez más, sin embargo, comparte el mismo problema del resto de los otros tipos de federaciones (y, de hecho, de todos los Estados). Necesita establecer un mecanismo que garantice la aplicación de los acuerdos incluidos en el pacto constitucional inicial, es decir, que garantice la interpretación de las palabras escritas en la Constitución, en el sentido entendido por las partes que lo firmaron y lo aceptaron. Dicho de otro modo, el sistema de federalismo asimétrico solo puede funcionar si el árbitro que dirime los conflictos entre Gobierno federal y unidades federadas, y entre estas mismas, lo hace sin discriminar a nadie. En otras palabras, solamente puede generarse una federación robusta o estable si el árbitro federal no es parte y juez de una decisión o sentencia y no está, por tanto, capturado o secuestrado por un subconjunto de la federación.

¿Es esto posible? Sí, efectivamente, lo es. Basta que las partes afectadas (las unidades federadas) sean copartícipes en la composición del árbitro (el Tribunal Constitucional o Supremo correspondiente). Es decir, que formen parte del árbitro federal en condiciones de igualdad o, en otras palabras, que tengan poder de veto y que, de manera expresamente reconocida por la Constitución, puedan bloquear decisiones lesivas para sus intereses —siempre que, al hacerlo, actúen con la buena fe que requiere el compromiso de cumplir con el pacto constitucional inicial—.

En el caso histórico concreto que nos ocupa, España y el contencioso catalán, esto equivale a hacer posible que Cataluña (una minoría nacional) participe en condiciones de igualdad (con la mayoría) en las decisiones centrales, que pueda ejercer el derecho de veto sobre la actuación del Estado. En suma, la participación paritaria en las instituciones federales o centrales constituye la solución apropiada para evitar que, en un país plurinacional dividido de forma permanente entre una mayoría y una minoría nacionales, la primera subordine a la segunda o lesione sus intereses gravemente.

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En este sentido, el derecho de autodeterminación (la celebración de un referéndum de autodeterminación) es equivalente o, si se quiere, una derivación de este sistema de protección, ya que dota a la minoría nacional de un instrumento que, en circunstancias excepcionales, le permite bloquear o escapar de una situación de abuso constante. El derecho de autodeterminación, como el derecho a la separación matrimonial, constituye un mecanismo a utilizar en aquellos casos en que, ante un tratamiento reiteradamente injusto y ante una situación de constante falta de protección, la parte débil de la relación pueda liberarse de la acción opresiva del resto de la federación. (La esperanza es que, en previsión del posible ejercicio del derecho de autodeterminación, la mayoría se abstenga de lesionar a la minoría y que, por tanto, aquel derecho no se ejerza nunca).

En el caso concreto de España, esto es, en una situación en que el texto constitucional no incluye un sistema de garantías efectivo, el ejercicio del derecho de autodeterminación se aparece como la única barrera efectiva de que disponen los miembros de una minoría frente a la imposición constante de normas generales por parte de la mayoría.

Naturalmente, el derecho de autodeterminación no se puede utilizar de manera frívola o como un arma arrojadiza cuando convenga. Para invocarlo y ejercerlo, es necesario que haya existido un periodo razonable de intentos de negociación entre mayoría y minoría. Es necesario demostrar que la mayoría no ha intentado corregir la situación injusta existente y que, a lo largo de ese proceso, no ha dado muestras de actuar de buena fe. Es necesario, finalmente, que la minoría se muestre favorable, de una manera constante, a ejercer el derecho de autodeterminación (algo que, hay que subrayar una y otra vez, debe diferenciarse de ser o no favorable a la separación).

Todas estas condiciones se dan en el caso de España y de Cataluña en estos momentos. En primer lugar, y ya desde la aprobación de la Constitución de 1978, Cataluña ha intentado persuadir a la mayoría de que, dado el texto enormemente flexible de la Constitución y a la luz de las expectativas creadas en el momento de la Transición, era posible construir una estructura de autogobierno generosa sin violar los principios y la arquitectura de la ley fundamental española. Ese intento de persuasión (y de negociación) cristalizó, finalmente, en la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de 2006. No obstante, como ya he indicado antes, el Tribunal Constitucional (en manos de la mayoría) anuló cláusulas fundamentales de un Estatuto de por sí sustancialmente modificado por las Cortes. Frente a esto se aduce frecuentemente que, dado que los catalanes votaron masivamente a favor de la Constitución, no es aceptable querer desligarse de aquella. Con independencia de las condiciones políticas (no exactamente prístinas) bajo las que se negoció y aprobó la Constitución, el hecho es que la mayoría y la minoría han divergido sobre su acuerdo respecto a la aplicación concreta de la Constitución porque ya de entrada la leyeron de formas diferentes, con expectativas diferentes. Eso mismo, el hecho de que la minoría no previese la introducción de múltiples obstáculos y límites en el despliegue del autogobierno, justifica la demanda de un referéndum y el creciente apoyo a la independencia.

En segundo lugar, las instituciones catalanas han intentado de buena fe reconducir la situación creada (o quizá simplemente revelada por la sentencia del TC de 2010) mediante negociaciones sobre cuestiones concretas, primero, y, finalmente, canalizando las demandas crecientes de la ciudadanía catalana a favor de un referéndum de autodeterminación. Es cierto que la Constitución española no reconoce literalmente el derecho de autodeterminación. No obstante, eso no impide que se pueda ejercer. Como indicó el Tribunal Supremo de Canadá en su opinión sobre la realización de un referéndum en Quebec, «la Constitución no es solamente un texto escrito», sino que «engloba todo un sistema de principios que rigen el ejercicio del poder constitucional… el federalismo, la democracia, el constitucionalismo y la primacía del derecho, así como el respeto a las minorías» que deben gobernar, en última instancia, las acciones de los estados del Canadá y sus relaciones con la federación. A la luz de estos principios, el Tribunal Supremo entendió que, aunque no hubiese un derecho «directo» de Quebec a la secesión, era legítimo y constitucional consultar a los ciudadanos de esa provincia si eso venía seguido de una voluntad de negociación sobre los términos de la separación. Esa misma interpretación generosa puede prevalecer perfectamente a la hora de leer la Constitución española. Ese texto incluye diversas cláusulas que permiten, directamente a las instituciones centrales o, por delegación, a la Generalitat, convocar una consulta sobre la voluntad de los catalanes de permanecer en España o no. Y proceder, en caso de que la mayoría así lo decidiese, a pactar los términos de la separación.

Una interpretación correcta de la Constitución no puede ser nunca literal. Fue esa literalidad la que, en los juicios de Núremberg llevados a cabo por las potencias aliadas tras la Segunda Guerra Mundial, emplearon los jueces y oficiales alemanes procesados por crímenes cometidos contra, entre otras minorías, la población judía o la etnia gitana. Los inculpados se defendieron de los delitos que se les imputaban alegando que se habían limitado a obedecer las órdenes de sus superiores de acuerdo con la legalidad constitucional. Efectivamente, una vez ganó las elecciones en Alemania y tras ser elegido canciller del Gobierno, Hitler procedió a declarar el estado de emergencia de acuerdo con las prerrogativas establecidas por el artículo 48 de la Constitución alemana. Dos meses después, el Parlamento enmendó aquel texto, siguiendo los procedimientos indicados en el mismo texto constitucional, al objeto de concentrar el poder político en el Ejecutivo. Nominalmente, la Constitución de Weimar no fue derogada nunca. Materialmente, es decir, considerada a la luz de los principios fundamentales (democracia, federalismo, etc.) que la inspiraban, sí que la podemos considerar inválida desde el momento en que el Reichstag aprobó la ley habilitante o de autorización de 1933 que ponía el poder de legislar en manos del Ejecutivo. El ejemplo de la Alemania nazi muestra de manera clara que, en el sostenimiento de la democracia, debemos siempre integrar cualquier texto constitucional en un marco conceptual más amplio a riesgo, si no lo hacemos, de vaciar la Constitución de toda validez real.

Si, a pesar de un deterioro de la estructura de autogobierno (respecto a los términos imaginados en el momento de participar en la redacción de la Constitución), a pesar de la existencia de múltiples mecanismos para consultar a los catalanes y para proceder a una renegociación de los términos de su encaje en España, y a pesar de la existencia de una mayoría abultada (el ochenta por ciento) de los catalanes a favor de celebrar un referéndum, la mayoría se opone sistemáticamente a convocarlo (o a permitir su convocatoria), ¿qué alternativa tienen las instituciones y el pueblo catalán? No hacer nada implica sostener una situación injusta. Supone perpetuar la situación de desigualdad que he descrito en la segunda sección de este artículo y que daña por igual (aunque a través de mecanismos diferentes) a ambas partes de la relación. Por tanto, siguiendo el mandato del Parlament elegido en septiembre de 2015, convocar un referéndum de autodeterminación, es decir, una simple votación en la que, de manera pacífica y ajustada al principio de igualdad de una persona/un voto, se pueda decidir sobre el futuro de Cataluña, es legítimo. Esta es una decisión, la de convocatoria y organización de un referéndum, diferente a la de declarar la independencia. Simplemente abre, en mi opinión, la vía para negociar, el día después de la consulta, una solución política a los desacuerdos existentes.

Concluyo recuperando el hilo inicial de este artículo. El objetivo final de este referéndum es el de corregir una situación abusiva. El propósito de la consulta del 1-O es el de restablecer la dignidad de todas sus partes en conflicto, tanto la mayoría como la minoría. El referéndum es, en definitiva, una oportunidad para crear una relación de igualdad que aún no existe y, al fin y al cabo, para liberar tanto a España como a Cataluña de todas las distorsiones y servidumbres que impone una relación injusta.

[1] Este artículo es una adaptación del discurso realizado ante el Institut dEstudis Catalans el día 11 de septiembre de 2017.

[2] Catedrático de Política y Asuntos Públicos de la Universidad de Princeton. Miembro de la American Academy of Arts and Sciences y del Institut dEstudis Catalans.

                                            

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Entrevista a José María LASSALLE a La Vanguardia (26-09-17)

http://www.lavanguardia.com/politica/20170926/431567061185/entrevista-lassalle.html

Liberal y estudioso del liberalismo, escritor y político, José María Lassalle (Santander, 1966) es secretario de Estado de la Sociedad de la Información y Agenda Digital después de haberlo sido de Cultura durante los años de las crudezas presupuestarias. Doctor en Derecho especializado en Locke, acaba de publicar Contra el populismo (Debate) un breve tratado sobre la que considera la corriente política que amenaza los cimientos mismos de las democracias liberales. De hablar quedo y pausado, Lassalle, que gusta del debate público, mira con preocupación creciente el curso de los acontecimientos que se desarrollan en Catalunya y sostiene que pueden ser el vector de una revolución posmoderna que acabe afectando a todas las democracias liberales del continente.

¿El conflicto entre populismo y democracia liberal que usted describe en su libro es una traslación al presente de los apocalípticos e integrados de Umberto Eco, que él atribuía a todas las sociedades occidentales?

Lo que se está proyectando en primer lugar es una ansiedad colectiva, una ansiedad que nace de la incertidumbre, del malestar, de no encontrar respuestas para interpretar el tiempo que estamos viviendo. Esas respuestas antes las ofrecía el relato de la modernidad, a través de la razón y todo lo que era el discurso ilustrado y que cobraba forma en la institucionalidad democrática tal y como la hemos entendido, como democracia formal, liberal, representativa. La falta de respuestas hace que el modelo de democracia liberal esté siendo cuestionado en la calle y desde la emocionalidad. Es un fenómeno complejo que adopta rostros muy distintos dependiendo de dónde está el eje aglutinante de la tensión social o del malestar, varía según los países, todos de un entorno occidental, desarrollado, europeo y atlántico. En el fondo están reflejando ese colapso de la modernidad que desde la crisis de seguridad que arranca con el 11S ha ido escalando con la crisis económica y que a día de hoy nos coloca ante una especie de apocalipsis feliz como el que describía Hermann Broch y que plantea una solución muy compleja si no viene de la mano de reestablecer mecanismos de racionalidad que eviten de alguna manera una dialéctica que está siendo utilizada, a través de una planificación estratégica populista desde arriba, como mecanismo de control hegemónico. En el sentido más gramsciano del término. Y que en el fondo, responde a formas de desactivación de lo político y de activación de nuevas realidades políticas sin pasar por las urnas. Pasando por la aclamación en la calle, que es un modelo que ya Carl Schmitt en los años veinte planteaba para identificar el liderazgo verdaderamente “democrático”, que era el liderazgo por aclamación. Y ese es el escenario que tenemos delante, un escenario tremendamente complejo, que para la democracia, tal y como la entendemos, no es fácil de gestionar. Porque la democracia no está capacitada para operar de una manera precisa y plenamente eficiente sobre un mundo de pasiones, de sentimientos y de emocionalidad. La democracia nació para desactivarlos, pero cuando aloja en su seno las propias emociones y estas sustituyen a la formalidad de la racionalidad legal, nos abocan a conflictos tremendamente complejos. El sentido de la democracia siempre es respetar y amparar al pueblo, y cuando partes significativas del pueblo cuestionan su propia institucionalidad, los mecanismos de acción y reacción se hacen más complicados y el abismo, la posibilidad de que la violencia y el conflicto, se adueñen de la realidad y crecen de forma exponencial.

El fenómeno de agrietamiento de las bases de legitimidad de la democracia representativa tiene distintas expresiones en el mundo occidental, pero con la excepción del caso catalán ahora mismo, en el que luego entraremos, no ha supuesto subversión de lo institucional. Ni en Grecia, ni en Estados Unidos, ni en Francia, ni en Reino Unido, ni en España. Aunque sé que es usted un pesimista a este respecto.

Un pesimista activo, que diría Raymond Aron. Bien, es cierto, pero es que el populismo no logra sus objetivos de manera inmediata. El populismo desarrolla procesos. Esos procesos tienen un arranque de legitimación como realidad en la calle pero van escalando en su progresión. Tienen definido un vector, que es el cambio de la institucionalidad a través de la articulación de mayorías que aspiran a ser permanentes sobre la base de mantener dentro de la propia sociedad un conflicto también permanente. Ya no se gobierna para todos sino que se gobierna para una mayoría permanente y contra una minoría, que se convierte en la excusa de legitimación de esa mayoría que sustenta el liderazgo populista. Pero luego va a generando un proceso de transformación. Porque el entenebrecimiento de la democracia, el hecho de que esta se ensombrezca de una manera progresiva, como su propia indicación plantea, no es de un día para otro, no es un eclipse que cambie la realidad. Es un proceso y es algo que va a escalando progresivamente. La tensión que sufre la democracia norteamericana o que sufre la democracia francesa o la democracia española, o la alemana o la italiana, no va a suponer que de un día para otro cambie la institucionalidad. Se están inyectando en el relato de la propia democracia las estructuras de legitimación del populismo, normalizándolo. Aparentemente, integrándolo. Pero no dejan de operar sobre el inconsciente colectivo y sobre las obras de la propia democracia. Con ello no quiero decir que sea pesimista a la hora de contemplar la evolución, pero tampoco soy especialmente optimista, porque no pienso que la normalización está desactivando los resortes del populismo. No lo creo. Precisamente lo que están haciendo es introduciendo el populismo dentro de la convivencia democrática, pero no para disolverlo sino para disolver la propia convivencia democrática.

La normalización del discurso de Donald Trump está permitiendo que se digan barbaridades que en otro contexto jamás se habrían planteado. Se está creando la atmósfera para que la sociedad norteamericana interiorice evoluciones futuras que tendrá el discurso político. Y la institucionalidad va resintiéndose. La capacidad del Congreso, del Senado, del Tribunal Supremo, de los propios estados de la Unión, va progresivamente enfermando. Porque es un proceso. Es algo que se vivió, y con ello no quiero establecer un paralelismo directo, con lo que sucedió en la Alemania de Weimar. Pero es un proceso semejante en algunos aspectos. Porque lo que finalmente culminó a partir de 1933 fue un proceso que inicialmente fue adoptando una faz populista, pero que evolucionó en su propia naturaleza hacia el totalitarismo. El movimiento Völkisch, que está en el origen de muchas de las cosas que luego pasaron en la Alemania de los años treinta, nació como un movimiento popular. De alguna manera podríamos traducir Völkisch como un “ensalzamiento de lo popular”, si lo tradujéramos literalmente. Y esa es una de las raíces que acompañan al movimiento populista. Que no es algo inmediato, para eso están las fórmulas revolucionarias practicadas por el comunismo bolchevique, por ejemplo, en la Rusia tardozarista. Lo que aquí tenemos es un movimiento mucho más sutil adaptado a la posmodernidad y que trata de ir generando marcos de normalización referencial. Y es lo que se está consiguiendo. Frente a ello, además, estamos aceptando que las cosas evolucionen de acuerdo con acontecimientos que, en otros momentos cualesquiera, una mentalidad democrática no estaría dispuesta a aceptar porque estaría cuestionando la fuente de legitimidad social de la democracia, que es su propia formalidad, al entender que la vitalidad de la democracia está en el apasionamiento que se experimenta en el espacio público. Y eso, cualquiera que no haya construido su educación sentimental en un videojuego, podrá darse cuenta de que tiene unos riesgos políticos y sociales que la historia, prácticamente desde la Antigüedad Clásica hasta hoy, nos ha ido pautando en la evidencia de una manera inquietante. Y esto es lo que en estos momentos tenemos sobre la mesa.

No ha habido institucionalidades imperecederas a lo largo de la historia. Todos los sistemas han cumplido una función y han sido superados por etapas históricas posteriores. De ahí que uno de los asuntos más interesantes del debate político, social y económico hoy es la pérdida del futuro como ideal o brújula. Usted prefiere hablar de crisis del concepto de modernidad. Explíquelo.

Como producto de la modernidad que es, la democracia, que es un fenómeno que nace asociado a las revoluciones atlánticas, tiene una interpretación del tiempo. La Ilustración nació sobre una idea del tiempo que permitía una interpretación del futuro. El futuro era una realidad posible porque ya no estábamos atrapados por un modelo del Antiguo Régimen que trataba de construir un tiempo pasado a través de una arcadia, sino que la modernidad y la Ilustración hacen posible la utopía y por tanto la construcción en el tiempo de realidades que se proyectan vectorialmente hacia el futuro. La crisis de la modernidad en parte es una crisis sobre la interpretación del tiempo porque hace posible, a través de la disrupción tecnológica y los cambios que ha experimentado el mundo en la revolución digital, el tiempo real. Ha hecho posible el tiempo real. No solamente la información que circula a través de los medios está marcada por el tiempo real, por un pantallazo permanente que nos está alertando sobre lo que nos sucede, sino que la política está atrapada también en el tiempo real. En un contexto en el que el tiempo real es el que gobierna la política, la capacidad de respuesta, si uno quiere aplicar los mecanismos de análisis de la modernidad, colapsa. Porque no tienes una capacidad de respuesta inmediata. No puede haberla para alguien que realmente cree en la razón y cree en la complejidad, y considera que todo es complejo y necesita discursos que interpreten, que diagnostiquen correctamente las causas, cuáles pueden ser los efectos, cómo controlar los daños asociados a las políticas o cuáles son las oportunidades que generan esas mismas políticas. Todo eso requiere tiempo, requiere análisis, contraste de opiniones… y hoy en día la política está basada en la inmediatez, en liderazgos en los que la gente siente que no hay decisión salvo la decisión de notar que el político está al lado de ese sentimiento de angustia y de incertidumbre que provoca a tanta gente el día a día y su cotidianidad. Por eso el populismo es un fenómeno tan complejo de desactivar, porque se ofrece como una solución para gestionar el tiempo real. Y opera en el inconsciente de inseguridad, de incertidumbre, de malestar que provoca en la inmensa mayoría de los mortales el hecho de no encontrar respuestas inmediatas a lo que nos está sucediendo. Esa aceleración del tiempo y esa incapacidad de la razón para dar respuesta a las urgencias que nos plantea la realidad más inmediata es lo que está plasmando un escenario de posmodernidad radical, aguda, donde, como decía Shakespeare en La Tempestad, “todo lo sólido se ha desvanecido en el aire”. Y esa arquitectura que se sustenta en lo volátil es la arquitectura que utiliza el populismo para propagar esa sentimentalización trasladando la idea de que no importa que no haya respuestas, lo que importa es que sientas que tu emoción es también mi emoción: No estás solo. Y ese es un escenario que propicia la irrupción del fenómeno populista y probablemente, como analizo también en el libro, la irrupción de un fenómeno que sublimará el populismo: el ciberpopulismo, como una hipótesis de totalitarismo panóptico que puede cumplir las peores pesadillas que Karl Popper, por ejemplo, pensó cuando habló de la sociedad abierta y de sus enemigos.

No me ha hablado de la responsabilidad de las propias instituciones en su decandencia. En todo caso, en la medida en que vincula estas transformaciones al cambio tecnológico, ¿en qué medida cree que son irreversibles?

Es un marco tecnológico asociado a una nueva expresión de identidad que es una identidad basada más en lo virtual que en lo corpóreo. El gran debate que tenemos en estos momentos, más allá de los debates que en la superficie de los acontecimientos nos atenazan y preocupan, es el debate sobre la corporeidad de lo humano y su sensibilidad. En el libro lo planteo, una reflexión sobre la necesidad de reivindicar el cuerpo y toda la naturaleza sensible que ha venido acompañando a la humanidad desde sus orígenes y que ha permitido la construcción de las bellas artes, o la construcción de la política democrática con su disociación entre el ágora pública o el espacio público y el ámbito privado o doméstico; todo ello descansa sobre la existencia de una idea de personalidad asentada sobre lo corpóreo, que permitía el tránsito de un espacio a otro, que permitía la capacidad de emocionarse o interpretarse desde una idea de belleza o de pulsión sensible. Y todo eso está realmente en cuestión en estos momentos. Más que el debate sobre la posmodernidad tenemos por delante el debate sobre la poshumanidad, y eso es lo que nos está planteando también el populismo o el ciberpopulismo al que yo me refería hace un momento.

La transformación digital es también una oportunidad, pero lo es en la medida en que seamos capaces de salvar lo humano, en la medida en que seamos capaces de cuidar los afectos, de cuidar nuestra corporeidad, de seguir haciéndola posible en el mundo de hoy. Y sobre todo, en la medida en que seamos capaces de salvar la alteridad, el otro. Que es lo que el mundo digital ensombrece o difumina mediante la desaparición de lo corpóreo. Más que hablar de una realidad aumentada para explicar las posibilidades que ofrece la transformación digital, tendríamos que ser capaces de plantearnos, y esa sería la verdadera paideia, vinculando la Ilustración y el humanismo a la tecnología a partir de la revolución digital, capaces de plantearnos, decía, una humanidad aumentada. No una realidad aumentada sino una humanidad aumentada. Esos son realmente los debates en los que tendríamos que tener localizada nuestra atención intelectual y lo que debería estimularnos porque el problema es que detrás de todo lo que nos está pasando hay un proceso de deshumanización inquietante que nos convierte en objetos sustituibles, intercambiables y, si antes he hablado de una mercantilización política de los sentimientos, hay también una digitalización de los sentimientos. Los sentimientos no se ven y no se palpan y por eso circulan mucho más rápidamente y por eso la gente es capaz de hacer que la convivencia sea más un laboratorio digital virtual que un verdadero espacio de convivencia. Creo que la tecnología es una oportunidad si somos capaces de encontrar el instrumento que la humanice y la convierta realmente en aliada de una nueva Ilustración. Pero eso requiere de un esfuerzo colectivo que en estos momentos las circunstancias nos hacen desatender.

Aterricemos en Catalunya: La crisis separatista algunos autores la han interpretado como una traslación a la realidad política catalana del mismo 15M y el movimiento de indignación. Solo que aquí acaba de producirse ese cuestionamiento de las reglas de juego.

Estamos de mitad de un proceso escalonado que no sabes cómo puede evolucionar pero que va adquiriendo cada vez más los perfiles de una confrontación colectiva muy compleja de gestionar desde pautas de racionalidad institucional. Es verdad que no es momento para analizar los errores pretéritos, que creo que nacen de responsabilidades compartidas, pero que en estos momentos han ido proyectando un ámbito, en mi opinión, de responsabilidad sobre la propia salvaguarda de la convivencia, en quienes han protagonizado una alteración de la institucionalidad formal, que el propio Estatut de Catalunya y la Constitución planteaban, y que tiene un arranque en los acontecimientos vinculados a las sesiones parlamentarias que dieron pie a la aprobación de la ley del referéndum y la ley de transitoriedad. Han supuesto una excepcionalidad muy grave que ha dañado la democracia formal y que deslegitima cualquier otro proceso de legalidad ulterior. Pero dicho eso, y no quedándonos en ese diagnóstico que en el fondo es ya un diagnóstico que los acontecimientos han superado, creo que lo que estamos viviendo, y lo que puede seguir viviendo Catalunya, es un escenario en el que el nacionalismo pase a un segundo plano para que el populismo en su expresión más fuerte ocupe realmente el espacio público y se adueñe de la realidad. Espero que no vivamos un paralelismo entre lo que fue París y la revolución de 1848 y Barcelona con lo que puede ser una revolución posmoderna extendida sobre el conjunto de Europa. Porque cuando el 1848 estalló la revolución, al principio fue algo vinculado a la caída de Luis Felipe I, pero después se convirtió en un fenómeno que se extendió por toda Europa porque había una serie de condicionantes que estaban en el ambiente que hicieron propagar el fenómeno revolucionario por todo el continente. Algo así puede suceder en estos momentos, que el fenómeno que ahora mismo es un fenómeno populista que se adueña de la realidad política y de los espacios públicos en Barcelona y en el resto de Catalunya, pueda trascender a España y pueda trascender a toda Europa. Por eso creo que tenemos ante los ojos una responsabilidad todos de medir enormemente cada una de las cosas que hacemos y de las cosas que decimos. Porque la convivencia está en peligro. Y más que la convivencia, el cuidado de esos afectos que nos pueden ayudar a restañar las heridas que ya existen. Si alguien cree que es posible restablecer el ‘nosotros’, y así lo planteo en el libro, debe hacer sobre la base de un diálogo respetuoso amparado por la legalidad. Si la ley no se respeta, no puede haber nunca un diálogo racional.

La ley nace cuando fracasa la política. Y ha fracasado la política en Catalunya. Ha fracasado la política resultante de unas elecciones, en septiembre de 2015. Y el fracaso de la política exige más que nunca el respeto de la ley, porque la ley es el espacio que nos permite la convivencia pacífica. La convivencia se puede romper desde el momento en que son la pasión, los sentimientos y la emocionalidad los que se adueñan de la convivencia. Fiar a la aclamación de los sentimientos en la calle del poder es sembrar el futuro de arbitrariedad. Quien no vea esto no entiende realmente lo que es una arquitectura liberal democrática de convivencia. La emoción no puede ser el soporte del relato si queremos que el relato se congruente, racional y deliberativo y pueda dar pie a una salida. Cuando las emociones son las que marcan el debate hacen muy complicadas las salidas. Evolucionamos hacia lo que en terminología populista se denomina un empate catastrófico, que es ese momento en el que hay un punto de fricción, de una tensión insoportable en términos de convivencia, que la excepcionalidad de la violencia hace que la violencia no sea operativa como parte del relato hasta que en un determinado momento opera inesperadamente, como una espita a través de la que se libera esa tensión y libera el enfrentamiento catastrófico con la victoria de unos sobre toros.

Esa lógica, es una lógica que está pensada dentro de un vector de análisis que está en el pensamiento populista, y en estos momentos estamos haciendo evolucionar los acontecimientos en Catalunya hacia un empate catastrófico. Los empates catastróficos además están asociados siempre a horizontes de oportunidad, que hacen que los sumatorios de malestar que en un determinado momento maneja el populismo como parte de su discurso, superen la fragmentación para que se hagan un relato cohesionado. Y eso es lo que está haciéndose evolucionar también en Catalunya. Y el problema es que cuando se rebasa la frontera que hace irreversible el populismo, como han vivido otros pueblos, el populismo ya se aloja definitivamente como el elemento centralizador de la vida pública. Y entonces ya no hay ninguna salida. Porque si la voluntad mayoritaria que afirma tener alguien en cada momento le habilita a aprobar leyes en tres horas, le puede habilitar a confiscar bienes sin indemnización o a negar derechos a quienes no son afectos… es decir, entramos en una dinámica que es la pesadilla, una pesadilla jurídica que hace imposible la posibilidad del diálogo. Y quienes sentimos que Catalunya es una parte querida, imprescindible de la convivencia del conjunto de España haremos todo lo humanamente posible para ese diálogo siempre esté abierto porque si no, no podríamos entender la convivencia civilizada en Catalunya y probablemente en el resto de España.

Ha tocado el peliagudo asunto de la posibilidad de la violencia. Hay quienes creen que el hecho de que haya tres generaciones de ciudadanos de Europa Occidental que no han vivido una guerra, que carecen de aprendizaje de la violencia, es una vacuna.

Hay un libro que me parece fascinante y que deberíamos releer a la luz de los acontecimientos actuales, que es Masa y poder, de Elías Canetti. Cuando hay una concentración masiva, hay poder. Y al poder siempre le acompaña la violencia aunque sea de una manera implícita, en la medida en que el poder es potencia de violencia. La concentración de la masa y la generación del poder requieren la liberación de esta tensión. Es verdad que hay gente que no está educada para la violencia, pero la violencia explícita, la que ha tenido una materialización en la vida cotidiana. Las guerras nos han impermeabilizado, pero no del todo. Porque la violencia es un instinto arraigado en nuestro inconsciente y que está ahí, operativamente, a través del lenguaje, a través de la manera que tenemos de relacionarnos con los otros, a través de cómo explicamos al otro… Y cuando uno se asoma a los tuits que se intercambian, la violencia está explícitada a través del lenguaje. Esa violencia, volviendo a Canetti, es una violencia que se va condensando en un depósito de irracionalidad colectiva que más tarde o más temprano, de alguna forma se liberará. Y se liberará porque la gente está acostumbrada a la violencia, lo que pasa es que no está acostumbrada a los efectos de la violencia. Se piensa que la violencia dialéctica, por ejemplo, no tiene más efecto que ofender al maltratado. Pero la violencia se produce, y quien violenta está proyectando una clara conducta de negar al otro.

Esta falta de educación en los efectos es lo que hace que un determinado momento uno se aproxime al abismo y, por citar a Nietzsche, cuidado con quien se asoma al abismo porque a lo mejor el abismo se asoma a él. Y esto es un poco lo que nos puede suceder: nos asomamos tanto, tanto, tanto a la violencia, que a lo mejor la violencia se asoma finalmente a nosotros. Y no solo des un punto de vista individual, sino también desde un punto de vista colectivo. Cuando no se miden adecuadamente las palabras, cuando una declaración institucional se dicen cosas como las que se escuchan y falta responsabilidad a dos semanas de un referéndum que no puede producirse porque no se ajusta a los marcos de legalidad que nos hemos dado todos, estamos perdiendo objetividad para poder operar de una manera no subjetiva sobre la realidad. Y la realidad la estamos abonando de violencia todos los días y estamos desactivando los mecanismos de institucionalidad que pueden impedir que la violencia vaya a más. Pero ¿qué vamos a dejar en la escala del debate colectivo, que además está siendo estimulado constantemente a través de las propias redes sociales o de los conversatorios que de un modo u otro el mundo digital está generando, la televisión, los debates en los medios radiofónicos, televisivos…? ¿Pero qué vamos a dejar? ¿Qué margen vamos a dejar para un diálogo que no sea el grito o la negación del otro? ¿Qué margen vamos a dejar para que opere la racionalidad y nos libere? Porque en algún momento tendremos que liberarnos del sentimiento de culpa que también estamos acumulando colectivamente. Porque es la violencia, pero también es la culpa. Y volvemos a la lógica del chivo expiatorio, y podemos estar entrando en análisis que tienen más que ver con el estructuralismo francés. Pero cuidado porque estamos generando condensadores de culpabilidad colectiva. Y lo más sorprendente de todo es que pensamos que todo es como una especie de videojuego, donde no tiene ningún coste lo que está pasando.

Esto me lleva a una última cosa: Una de las características de esta escalada es que para lo airado de los mensajes que se lanzan desde la política y desde el periodismo, dado lo estridente de esos discursos, sorprende la paz social. No solo la ausencia de violencia, sino la ausencia de tensión social para la escala de lo que ocurre. ¿Cree que es buena salud social o pura frivolidad irresponsable?

No, la gente no es poco consciente de lo que ocurre, es muy consciente. Los intercambios en las redes sociales entre amigos, parientes, familiares en Catalunya reflejan esa tensión. Estos días todos hemos protagonizado en nuestros cauces habituales de comunicación esa tensión, ese miedo, esa incertidumbre, esa sensación de que estamos introduciendo recelos y desconfianzas respecto a aquellos que creías conocer. ¿Cuántos amigos nos han sorprendido? ¿Cuántos parientes nos han sorprendido en el intercambio de comunicación que hacemos de una manera doméstica? Lo reconducimos, porque al final los acontecimientos no nos han llevado a una situación irreversible. Pero es evidente que esto nos ocupa, diariamente, de una manera muy intensa. Y nos estamos negando la posibilidad de dialogar. Porque la inmensa mayoría de las comunicaciones que se están produciendo no son de diálogo, son de reproche. Y eso se está produciendo todos los días. Lo vivo yo, lo vives tú, lo vive todo el mundo que de un modo u otro está conectado con Catalunya. Mis hijas son medio catalanas, su madre es catalana, mis amigos son catalanes, quiero a Catalunya como una parte tan mía como pueda ser mi tierra de origen y esa es una realidad que nos acompaña a diario. Y la conversación que estamos manteniendo es una conversación en la que no puedo evitar proyectar una tensión emocional porque siento profundamente lo que está pasando, no puedo entender lo que está pasando y me duele lo que está pasando. Antes hablábamos de salidas. Hay un problema que complejiza todo esto y es que tenemos que empezar a pensar que los debates que planteamos, sobre soberanía, nación o estado, están muy marcados por una modernidad que está muy comprometida en sus planteamientos. A mí me gustaría que reflexionáramos sobre la idea de nación, no alrededor de una identidad basada en el ser, que es una herencia o del romanticismo alemán o de la revolución francesa. En ambos casos, el ser es identitariamente un concepto vinculado a la esencia, a una esencia normativa, en el caso del pueblo francés, del sujeto nacional francés, y en el caso alemán, tiene que ver con la identidad lingüística, cultural, con esa afirmación del romanticismo alemán frente a la revolución francesa, que ha venido acompañándonos en la construcción de las ideas de nacionalidad desde el siglo XIX para acá. Y a veces, y me gustaría escribir sobre ello, he comentado que el catalán y el castellano como lenguas distinguen entre el ser y el estar.

A lo mejor tendríamos que pensar que la idea de nación, en nuestro caso, es una forma de estar, no una forma de ser. De hecho yo creo que la construcción de España hace cinco siglos, empezó sobre esa base. Y si uno leyera a Julián Marías, su Razón histórica de las Españas, lo remontaría al fenómeno de la Reconquista. Y probablemente España alcanzó su completitud cuando se proyectó en América y gestionó la complejidad que implicaba el mundo americano. Por tanto, a lo mejor lo que está en crisis es el ser, pero se abre la oportunidad del estar. Yo creo que esa es una vía que deberíamos ser capaces de explorar en España, y en la relación de España con América. Porque en el fondo somos herederos de Roma, y el mundo mediterráneo es una herencia romana que en el caso de España adquirió una plasticidad muy superior a la de otros pueblos europeos.

Los romanos concebían la nación desde el estar. Nuestro mundo es un mundo de identidades y la complejidad que plantea el populismo es también la complejidad de identidades individuales que se diluyen por una crisis de su ser, porque el ser se ve agotado, o mejor dicho, excitado por incertidumbres para las que no tiene respuestas desde su esencia. A lo mejor tendríamos que ser capaces de hacer evolucionar nuestra capacidad de pensamiento y comprender que lo más importante de todo es el estar y la convivencia. Lo planteo en el libro, hacia el final diciendo que hay que reestablecer la solidaridad afectuosa del nosotros. Eso es un discurso liberal, es empatizar, como diría Adam Smith en su teoría de los sentimientos: el otro tiene que importarte para que tú puedas existir. Es decir, solo en la dimensión de una comunicación entre sujetos que habitan un mismo espacio, que debe organizarse de la manera más civilizada y democrática posible y que aprecia al otro, se hace posible mi propia realidad y mi propia identidad. Porque si no es una experiencia agotadora. Y en un mundo marcado por el tiempo real y por la identidad virtual, se hace imposible que vivamos con ese bienestar que como decía Russell, debe ser una conquista permanente de la felicidad. Y es que es muy compleja la convivencia si además agregamos a nuestra propia vida y su problemática, la problemática del otro. Y creo que eso es lo que el populismo identifica como su ventana de oportunidad para hacer política, y es lo que destruye la luz de la democracia y hace que la democracia habite en sus sombras. Es lo que estamos viviendo en Catalunya como un horizonte de oportunidad y es lo que puede vivir el resto de España si esa supuesta crisis de Estado a la que va evolucionando la situación cotidiana nos aboca, y puede convertirse en el abecedario de un nuevo relato para toda Europa.

Casi como impugnación irónica de lo que acaba de decir: ¿El debate público que ha mantenido con uno de los intelectuales del populismo español, Íñigo Errejón, a raíz de su reseña en Babelia, no es justamente la prueba de que el populismo no supone la negación de la conversación pública y del reconocimiento del otro?

Es un diálogo que tiene un marco de referencia académico, que ha elegido la cultura como campo de debate, pero que, como respondí a la reseña de Íñigo, es un debate con un intelectual orgánico en términos gramscianos: él utiliza la cultura para construir una hegemonía. Es lo que trato de explicar en mi replica. Es un debate intelectual que yo planteo en términos intelectuales pero que él construye sobre la base de una búsqueda de hegemonía que trata de subvertir desde la cultura el marco referencial institucional desde las mentalidades. Y por tanto, él está protagonizando ahí una acción, en términos discursivos, populista, sofisticada porque el populismo maneja desde los registros de la intelectualidad orgánica, como diría Gramsci, maquiavélica, en el sentido conceptual que el propio Gramsci tenía en la cabeza al admirar tanto como admiraba a Maquiavelo, pero que también está con la algarabía, el megáfono y al experiencia más subversiva de calle. El populismo es un movimiento transversal, que aglutina a masas posmodernas, a ese proletariado emocional del que hablo en el libro, y que sabe cómo dosificar y elegir sus mensajes. Yo creo que siempre ganamos todos si los debates son intelectuales, pero mi reflexión está al servicio de un modelo de democracia liberal, de democracia social, de convivencia bajo pautas de modernidad, y el de Íñigo, con todo mi respeto desde el punto de vista intelectual, aunque no desde el punto de vista político, se basa en otras coordenadas y en otros vectores como objetivos finales que están detrás de su reflexión. En todo caso, siempre es mejor ese debate que replicar el modelo de los garrotazos de Goya.