Presentació

Dos esdeveniments centren la nostra selecció d’articles d’aquesta setmana: les eleccions federals alemanyes del proper diumenge 24 i la crisi d’Estat provocada per la convocatòria del referèndum de l’1-O a Catalunya.

A Alemanya, les enquestes segueixen pronosticant una victòria còmoda d’Angela Merkel (Hans Kundnani  [Text 1] i Thomas Meaney), un resultat decebedor de l’SPD (Carlos Elordi) i una competència pel tercer lloc entre els populistes de dretes de l’AfP, els liberals i l’esquerra postcomunista (Fernando Vallespín), amb els Verds despenjats d’aquesta competició. Uns pronòstics que deixen oberta la incògnita sobre quina serà la coalició governant que presidirà Merkel.  Sobre les expectatives europees que suscita el futur govern alemany,  veure l’article de Lluís Bassets.  Per a més informació sobre aquestes eleccions,  veure el dossier del CIDOB i la recopilació d’enllaços d’Antoni Gutiérrez-Rubí.

La dimensió europea de les eleccions alemanyes s’’ha d’emmarcar en l’impuls polític de la Unió proposat per Jean-Claude Juncker en el seu recent discurs al Parlament Europeu, sobre el que recomanem els comentaris de Salvador Llaudes [Text 2] i d’Andrew Wat. També són d’interès els articles d’Yves Petit i de Juan Fernando López Aguilar sobre l’enrariment de les relacions entre el govern de Polònia i les institucions europees.

“El “soroll i la fúria” associats a la crisi d’Estat (Enric Juliana [Text 3]) entre Catalunya i Espanya no han fet altra cosa que crèixer,  com era d’esperar. Les actuacions dels diferents poders de l’Estat per desactivar el referèndum unilateral, a la vegada que fan improbable la seva realització plena,  han fet saltar el resort de les mobilitzacions al carrer que -en principi- semblen desbordar el perímetre de l’independentisme. En l’horitzó s’albira un punt de no retorn si es procedeix a una declaració unilateral d’independència.

Renunciem a fer-nos ressò de la crispació ambiental i tant sols ens limitem a recomanar alguns pocs articles que clamen en el desert per una reconducció racional de la situació, com els de Carlos ElordiJoan Subirats, Antón Costas, Kepa Aulestia o Jordi Nieva-Fenoll [Text 4]. Tanmateix, val la pena també acudir a la pàgina d’Agenda Pública on es poden trobar articles informats i ponderats sobre l’aplicació de l’article 155 de la Constitució (Eduard Roig), la intervenció econòmica de la Generalitat per part de l’Estat (Roberto Fernández Llera) o les actuacions judicials per evitar la celebració  del referèndum (Jordi Nieva-Fenoll).

Connectades directa o indirectament amb el tema trobem suggerents la reflexió històrica de Julián Casanova [Text 5] sobre les causes i les perspectives de l’independentisme català i la contribució de Manuel Arias Maldonado [Text 6] a la polèmica Errejón/Lassalle sobre el populisme,  que comentavem la setmana passada.

Hans KUNDNANI, “Por qué Merkel volverá a ser canciller” a El País (17-09-17)

https://elpais.com/internacional/2017/09/15/actualidad/1505471889_345189.html

La primavera pasada hubo un par de meses durante los que pareció que Alemania quizá iba a tener unas verdaderas elecciones; es decir, una pugna entre un mínimo de dos candidatos que tuvieran programas políticos diferenciados y la posibilidad de formar gobierno.

La canciller Angela Merkel estaba debilitada por su reacción ante la crisis de los refugiados y crecía su impopularidad dentro de su propia formación, la Unión Cristianodemócrata (CDU). El partido euroescéptico y antiinmigración, Alternative für Deutschland (Alternativa por Alemania, AfD), obtuvo una serie de triunfos asombrosos en las elecciones regionales de 2016, y algunos democristianos estaban inquietos ante la posibilidad de que el éxito se trasladara al ámbito nacional.

Era difícil imaginar a los socialdemócratas —que llevaban años estancados en porcentajes alrededor del 25% en todas las encuestas— logrando los votos suficientes para formar gobierno, y alcanzar el poder por primera vez desde las elecciones de 2002, cuando Gerhard Schröder (canciller entre 1998 y 2005) obtuvo un segundo mandato como canciller. De hecho, cuanto más subía AfD, más probable parecía otra nueva gran coalición, que sería la tercera en cuatro periodos electorales. Cuando a finales de enero se anunció que el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, sería el candidato, el SPD remontó de pronto hasta el 30% —empatando con la CDU—. Algunas encuestas incluso apuntaban que los votantes le preferían a él antes que a Merkel.

A diferencia del líder del partido socialdemócrata Sigmar Gabriel (que ocupó la cartera de ministro de Economía en 2013 y al que muchos señalaban como candidato), Schulz no había intervenido en las dos grandes coaliciones dirigidas por Merkel (en las que el SPD fue socio minoritario). Los socialdemócratas, sobre todo desde la crisis financiera de 2008, habían pasado a formar parte de lo que Adam Tooze ha llamado el “consenso antideuda” de Alemania. Fue el socialdemócrata Peer Steinbrück quien, como ministro de Finanzas, introdujo el concepto de Schuldenbremse, el “freno a la deuda”, que después se impuso a toda la eurozona.

Schulz, sin embargo, habiendo desarrollado su carrera más en Bruselas que en Berlín, estaba en condiciones de criticar a Merkel con credibilidad.

Al principio pareció que con Schulz como candidato, el SPD podía distanciarse de la política económica de la canciller. En su primer gran discurso de campaña, pronunciado en Bielefeld (en Renania del Norte-Westfalia) en febrero, Schulz criticó la Agenda 2010 —es decir, el paquete de reformas del segundo Gobierno del Schröder— y las reformas laborales aprobadas por el último canciller socialdemócrata. Atacó el aumento de las desigualdades y del empleo inseguro y mal remunerado de los últimos 10 años. El candidato socialdemócrata también reclamó más inversiones en educación, infraestructuras y tecnología digital.

Pero, aunque ha hablado de “justicia social” en Alemania, Schulz no ha llegado a ofrecer una verdadera alternativa a la estrategia inflexible de Merkel para la zona del euro. Aunque apoyó la idea de un fondo de inversiones común para los países de la moneda única —propuesto por el presidente francés, Emmanuel Macron— no se ha atrevido a sugerir medidas más ambiciosas para mutualizar la deuda de la Eurozona. No obstante, sus adversarios, los democristianos, dijeron a los votantes que Schulz quería crear la “unión de transferencias” que tanto temen; en otras palabras, una UE en la que los que practican la responsabilidad fiscal financiarían constantemente a los irresponsables.

En cualquier caso, al llegar abril, la burbuja de Schulz se había pinchado. El apoyo a los socialdemócratas cayó a los niveles anteriores a que él fuera candidato —es decir, 15 puntos por detrás de la CDU—, y en mayo sufrieron una gran derrota en las elecciones regionales de Westfalia-Renania del Norte. Desesperado, Schulz intensificó su retórica contra Donald Trump, en un intento evidente de emular a Schröder, que en 2002 obtuvo la reelección mientras se avecinaba la guerra de Irak. Esta vez, sin embargo, no funcionó. En el momento de escribir estas líneas, los sondeos prevén que la CDU obtendrá entre el 37% y el 39% de los votos, y el SPD entre el 20% y el 24%.

En resumen, parece evidente que Merkel va a volver a ser canciller, por cuarta vez. Eso quiere decir que los interrogantes que tendrán ante sí los votantes el 24 de septiembre son secundarios. Sin embargo, hay tres especialmente significativos. El primero, ¿qué tipo de coalición encabezará Merkel tras las elecciones? Segundo, ¿qué dimensión tendrá exactamente la derrota del SPD? Tercero, ¿qué papel tendrá la AfD en el Bundestag durante la próxima legislatura?

El tipo de coalición que forme Merkel dependerá en gran medida del resultado que obtengan los liberales del Partido Demócrata Libre (FDP). Parecían una fuerza amortizada después de que, en 2013, lograran menos del 5% y, por ello perdieran todos sus escaños en el Bundestag. Pero se han recuperado bajo la dirección de un nuevo líder, Christian Lindner, de 38 años, y las proyecciones actuales dicen que lograrán entre el 8% y el 10% de los votos. De ser así, la coalición de centro-derecha, democristianos y demócratas libres (“negra-amarilla”), como en el periodo entre 2009 y 2013, vuelve a ser una posibilidad. Desde luego, sería la coalición más natural.

Independientemente de que el SPD obtenga un resultado tan desastroso como el 23% de Frank-Walter Steinmeier en 2009 o algo ligeramente mejor, como el 26% de Peer Steinbrück en 2013, también sigue siendo posible otra gran coalición, si el FDP no logra los votos suficientes para formar una mayoría con la CDU en el Bundestag.

Quizá ésta acabe siendo la única coalición de dos partidos posible. En ese caso, el SPD afrontará un dilema difícil pero al que está acostumbrado. Los estrategas del partido son muy conscientes de que ser socios minoritarios en una coalición con Merkel es algo muy perjudicial para ellos. Las matemáticas electorales pueden hacer que no tengan más remedio, salvo que prefieran provocar otras elecciones; pero les preocupa que los votantes alemanes consideren que eso es un paso irresponsable.

En primavera, parecía que Schulz —considerado por algunos como un populista de centro— podía recuperar la simpatía de parte de los votantes que habían rechazado al SPD y se habían pasado a AfD. Sin embargo, a medida que el apoyo al SPD ha ido mermando, el AfD ha vuelto a cobrar fuerza bajo la dirección de sus nuevos líderes, Alexander Gauland y Alice Weidel. Los últimos sondeos le dan entre el 8% y el 12% de los votos, y parece que logrará entrar en el Bundestag por primera vez. El mero hecho de su presencia en la cámara supondrá un cambio muy importante en el paisaje político alemán y, sobre todo, ejercerá cierta presión sobre el Gobierno en temas como la política de refugiados y su integración. Ahora bien, si se forma otra gran coalición y AfD se convierte en el tercer gran partido —como indican varias encuestas—, pasará a ser, de facto, la oposición.

La cuestión es qué significa todo esto para el resto de Europa. La verdad es que, sea cual sea el resultado exacto de las elecciones, habrá pocas diferencias. En parte, porque cualquier partido que se integre en la coalición lo hará en calidad de socio minoritario, con una influencia limitada sobre el sentido global de la política. Pero otro motivo es el extraordinario consenso existente en la franja central de la política alemana. Aunque los cuatro partidos que podrían entrar en el Gobierno tienen sus diferencias, son sobre todo cuestiones de detalle y de matiz. Y el consenso es especialmente sólido en lo que respecta a la Unión Europea.

Desde que Macron surgió de la nada y obtuvo la presidencia francesa en las elecciones de mayo, la UE ha hecho gala de un nuevo optimismo. Se espera que Macron revigorice —y vuelva a equilibrar— la relación entre Francia y Alemania, y que eso permita avanzar en las cuestiones económicas e institucionales en la eurozona, con las que Europa se debate desde hace siete años.

De acuerdo con este planteamiento, Macron demostraría el compromiso de Francia con las reformas estructurales, y así establecería su credibilidad y convencería a Alemania para que hiciera concesiones en materia de reglas fiscales y mutualización de la deuda. Muchos europeístas hacen hincapié en que Merkel parece estar abierta a la propuesta de Macron de crear un presupuesto y un ministro de Finanzas para la eurozona, así como en su inequívoco compromiso de convertir el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEE) en una especie de Fondo Monetario Europeo. Pero sigue habiendo grandes diferencias entre la postura francesa y la alemana. Los franceses quieren compartir más los riesgos en la eurozona y conciben el nuevo fondo como una especie de Tesoro embrionario; los alemanes creen que es una forma de aumentar el control sobre los presupuestos de los Estados miembros y hacer respetar las reglas fiscales de la zona euro.

Los dirigentes políticos de Berlín quieren que a Macron le vayan bien las cosas. Son conscientes de que, en caso contrario, Marine Le Pen podría ganar las próximas elecciones, en 2022. Algunos incluso reconocen que Alemania no apoyó suficientemente a los anteriores líderes de centro-derecha y centro-izquierda, como Antonio Samaras y Matteo Renzi, que sirvieron de parachoques entre sus países y partidos populistas como Syriza y el movimiento Cinco Estrellas. Pero a los alemanes también les preocupa el coste de llegar a un pacto con Francia (“Emmanuel Macron salva a Europa… y Alemania tiene que ser la que pague”, decía la portada de Der Spiegel después del triunfo del presidente francés). Muchos rechazan la idea de tratar de conciliar las ideas de Francia y Alemania sobre la moneda única.

Si los demócratas libres se integran en una coalición blanco-amarilla con los democristianos, es posible que presionen a Merkel para que endurezca su posición a las políticas para la eurozona —o que ella los utilice como excusa para endurecerla—. En concreto, Lindner ha pedido públicamente que se dé a Grecia “la oportunidad de empezar de nuevo sin el euro”, es decir, que se le expulse de la moneda común, como ya propuso el ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, en julio de 2015. Incluso en el caso de que Lindner sustituya a Schäuble, en lugar de ser ministro de Exteriores —puesto que suele ocupar el líder del socio minoritario en la coalición—, la dinámica entre Merkel y el ministro de Finanzas será muy similar a la que ha habido en los últimos cuatro años.

Da la impresión de que una gran coalición con los socialdemócratas podría ofrecer ciertas esperanzas de que Alemania suavice su postura respecto a la eurozona. Pero, por más que el SPD supere el 26%, seguiría siendo un socio minoritario. En cualquier caso, la timidez del SPD en lo relativo a las políticas de la eurozona hace pensar que, aunque insistiera en quedarse con el ministerio de Finanzas en lugar del de Exteriores —algo que muchos opinan que debería hacer—, la situación no cambiaría demasiado.

Por todo ello, es probable que los que esperan un gran paso adelante en la eurozona después de las elecciones sufran una decepción. La derrota de Schulz significará que su postura, una alternativa más blanda a la de Merkel, ha topado con el rechazo implícito de los votantes. Y la canciller, que tiene que responder ante ellos, suele guiarse por lo que le indican. Es decir, Merkel asumirá que ha sido reelegida con la misión de seguir haciendo lo que ha hecho en los últimos siete años, desde el comienzo de la crisis. Europa debe partir de la idea de que Alemania no va a variar su postura.

SONDEOS Y PROGRAMA

Hace apenas seis meses la alianza de partidos que representa Merkel (CDU/CSU) estaba más o menos empatada con la socialdemocracia en las encuestas. Pero los últimos sondeos indican un avance muy significativo de la actual canciller, que reuniría en torno al 37%-39% de los votos, seguida del SDP, con el 20%-24%. Los siguientes partidos van más igualados: Die Linke (La Izquierda), los Verdes, FDP y AfD oscilan entre el 8% y el 12%.

En las propuestas para Europa, el programa democristiano afirma que el principal aliado del país es Francia. Rechaza que la carga de la deuda pública sea compartida por todos los Estados miembros, apuesta por los acuerdos comerciales internacionales y que, en este sentido, EE UU es un socio central. El SPD se proclama partidario de crear un gobierno económico en el seno de la UE para coordinar la política económica, apuesta por mantener la alianza con EE UU y por una desescalada en las relaciones con Rusia.

 

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Salvador LLAUDES, “SOTEU 2017: cambio propuestas y valores” al blog del Real Instituto Elcano (15-09-17)

https://blog.realinstitutoelcano.org/soteu-2017-cambio-propuestas-y-valores/

Las profecías no siempre se cumplen. Decían aquellos contrarios a la Unión Europea que 2016 sería el preludio de la destrucción del proyecto comunitario. Esgrimían que, con la salida del Reino Unido de la UE se había quebrado el último de los tabúes. Sus argumentos se reforzaron con la llegada de Trump a la Casa Blanca, el primer presidente estadounidense abiertamente escéptico (¿u hostil?) respecto al proyecto europeo. Y decían, no sin razón, que la magnitud de las sucesivas crisis (económica y de refugiados, pero no sólo) era enorme. Tan grande que la única solución era volver a las fronteras nacionales, utilizando la técnica del “sálvese quien pueda”.

En ese sombrío escenario aparecía el pasado año el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para pronunciar su discurso anual acerca del Estado de la Unión (SOTEU, acrónimo de sus siglas en inglés). Lo que dijo entonces fue ciertamente poco inspirador y muy lejano de lo que había hecho un año antes. Sin embargo, poco más podía hacer que intentar orientar el discurso hacia la cumbre de Bratislava, cumbre de los 27 que dibujaría una hoja de ruta de cara al cumplimiento en 2017 del 60 aniversario de los Tratados de Roma. Dicha efeméride coincidía prácticamente en el tiempo con las decisivas elecciones en Países Bajos y Francia, que marcarían la situación real de la UE.

El resultado electoral en los citados países, junto a la unión mostrada por los 27 frente al Reino Unido en las negociaciones del Brexit, el inicio de un proceso de reflexión sobre el futuro europeo compartido por Estados e instituciones, la mejora en la situación económica en el conjunto de la Unión y, asimismo, la recuperación del apoyo ciudadano al proyecto comunitario (visible en los comicios, pero también en diversos estudios de opinión e, incluso, en varias manifestaciones pro-europeas en el continente), le proporcionaban a Juncker una oportunidad para hablar en este SOTEU desde una perspectiva más optimista.

Y vaya si lo hizo. El tono del discurso es mucho más positivo. Ciertamente lo es en lo referido a la actuación de la Comisión para que la situación en Europa haya mejorado (la reivindicación es en términos económicos, pero también migratorios, y no deja pasar la oportunidad de señalar algunas de las medidas anunciadas el pasado año, como la puesta en marcha del Cuerpo Europeo de Solidaridad o la de la Guardia Europea de Fronteras y Costas). También es más positivo en su visión de cómo se ha de articular el futuro del proyecto de integración (aunque esto a Mark Rutte no le convence mucho: “people with vision should see an eye doctor”, decía el líder neerlandés respecto al discurso de Juncker.)

Una de las críticas principales que se hizo al Libro Blanco de la Comisión de marzo pasado es que no apostase por ninguno de los cinco escenarios que planteaba para el futuro de la UE. Ahora Juncker sí decide hacerlo, aunque con un poco de trampa, ya que una vez ha “provocado” el debate para que los distintos actores se posicionen (con bastante éxito, todo hay que decirlo), él anuncia que ninguno de los escenarios le convence del todo. En su lugar, apuesta por un “escenario 6”, que tendría como objetivo crear una Europa más unida, más fuerte y más democrática, con un horizonte temporal doble: por un lado 2025 (se sobreentiende que para que dé tiempo a la reforma de los Tratados) y por otro, 2019 (donde se aplicarían las innovaciones que permitan los Tratados actuales).

El Presidente de la Comisión habla de cinco áreas donde actuar prioritariamente en estos momentos: a) Comercio (con mensajes tanto para Estados Unidos, como para China); b) Industria (con anhelos de liderazgo mundial que resuenan a otras estrategias fallidas); c) Cambio climático (con muy poca concreción, más allá del “make our planet great again); d) Ciberataques (aquí el mensaje va dirigido hacia Rusia); e) Migración (donde se extiende con más profusión, cayendo un poco en la autocomplacencia y mostrando las paradojas de una posición que se sabe necesitada de la inmigración para combatir el reto demográfico pero al mismo tiempo pone bastante énfasis en la devolución de los inmigrantes irregulares).

Además de esa agenda, Juncker muestra una visión para el futuro llena de propuestas. Si bien es cierto que el Presidente de la Comisión muestra su desacuerdo con la creación de un presupuesto para la eurozona y con la de un parlamento para la zona euro (medidas ambas impulsadas por Francia), sí que apuesta por la creación de la figura del Ministro europeo de Economía y de Finanzas, la evolución del MEDE hacia un Fondo Monetario Europeo o la fusión de las presidencias del Consejo Europeo y de la Comisión. Sin ser exhaustivo, destacan asimismo entre sus propuestas su apoyo a la creación de listas transnacionales, a la organización de convenciones ciudadanas, a la creación de una autoridad laboral europea (estos tres ámbitos también inspirados por preocupaciones macronianas) y la interesante posibilidad que plantea del uso de mayoría cualificada en cuestiones de política exterior y fiscalidad.

Pero quizás, lo más importante de este SOTEU sea la apelación a los valores como elemento consustancial al proyecto europeo. Así, Juncker dice expresamente:

Europe is more than just a single market. More than money, more than the euro. It was always about values”.

Esos valores, en ocasiones olvidados, son los que deben guiar la actuación de la Unión, incluyendo por supuesto a los Estados miembros. En este sentido, subraya la importancia capital del respeto al Estado de Derecho (mensaje entre líneas a Polonia y Hungría), de la solidaridad, de la igualdad entre Estados miembros y ciudadanos y de la “forma europea” de resolver las diferencias (“Europe cannot function without compromise”). Esos mismos valores han de ser aceptados por los países candidatos si quieren formar parte de la Unión. Por ello, en su discurso, Juncker, deja bien claro que la puerta está cerrada por el momento para Turquía. Y por eso mismo, la deja abierta (aunque no a corto plazo) para los Balcanes Occidentales.

 

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Enric JULIANA, “Es una crisis de Estado” a La Vanguardia (21-09-17)

http://www.lavanguardia.com/politica/20170921/431436157789/es-una-crisis-de-estado.html

Nada mejor que hablar con periodistas y observadores extranjeros para entrenarse en el difícil ejercicio de la síntesis. Al final del día quedan sobre la mesa unos cuantos comprimidos.

Primero. La actuación más contundente que se ha llevado a cabo en España contra un gobierno autónomo, por motivos políticos, tiene lugar pocas horas después de que la línea del Gobierno sobre Catalunya haya sido derrotada en el Congreso de los Diputados. Las acciones judiciales y policiales que en estos momentos tienen lugar en Barcelona no cuentan con el respaldo explícito del Congreso. La política española está entrando en una peligrosa fase de excepcionalidad sin el visado del Parlamento. La legislatura puede quedar totalmente bloqueada según cómo evolucionen los acontecimientos.

Segundo. Se está produciendo un salto cualitativo en la protesta catalana, que el poder ­central parece ignorar o menospreciar. La intervención económica de la Generalitat –sin pasar por el Parlamento–, las detenciones y los registros están generando una ola de indignación que sobrepasa los límites sociales del independentismo. El caudal de la protesta se está ensanchando. Aun cuando están en desacuerdo con sus gobernantes, la gran mayoría de los catalanes siente un fuerte apego por la Generalitat. Es la historia del país y es el legado de Josep Tarradellas. Hace ahora cuarenta años, con el presidente Tarradellas regresó la institucionalidad catalana. La nación representada por una institución. Los pasados días 6 y 7 de septiembre, los independentistas cometieron el inmenso error de forzar la institucionalidad catalana en el Parlament. Aquel día, perdieron. Mucha gente se acostó abochornada. Dos semanas después, el aparato del Estado agarra la institucionalidad catalana por la solapa: ahogo económico de la Generalitat –sin debate en el Congreso–, detenciones, setecientos alcaldes imputados… Se está activando en Catalunya un reflejo defensivo que sobrepasa el recinto soberanista.

Tercero. La ampliación del canal de la protesta puede estar desdibujando algunas fronteras emocionales entre independentistas y no independentistas. Este nuevo fluido puede incrementarse en los próximos días, según cuáles sean las decisiones del aparato del Estado. Las cosas podrían cambiar de signo si la mayoría soberanista en el Parlament cede a la tentación aventurera y se lanza a una declaración unilateral de independencia. El día 1 de octubre se está perfilando como una gran jornada de protesta. Muchos de los centros de opinión de Madrid son asombrosamente insensibles a la dinámica profunda de los acontecimientos. Catalunya puede estar entrando en el ciclo histórico de su separación de España ante el insensato aplauso de las tertulias madrileñas. Un ciclo histórico no necesariamente corto. El día en que el independentismo alcance una adhesión del 60% no habrá Guardia Civil que lo pare.

Cuarto. Se están contraviniendo algunos de los consejos sabios que ha recibido el Gobierno español en los últimos dos o tres años. Michael Ignatieff, federalista canadiense, declaraba lo siguiente a El País hace diez meses: “¿Se sienten los catalanes una nación? Por supuesto. Sería estúpido, o al menos mal aconsejado, negar esa evidencia. El objetivo es conquistar y retener la lealtad del sector moderado de la población que se siente orgulloso de su identidad, de su lengua, y que se siente distinto del resto de españoles, pero aun así quiere permanecer en España”.

Quinto. Ayer hubo protestas en diversas ciudades españolas. Madrid, todo el Arco Mediterráneo, el País Vasco, Galicia, Andalucía… Españoles preocupados por el futuro de su país. Hay en estos momentos una gran inquietud ante las imágenes de Barcelona. La reacción popular en Barcelona tiene el grosor de las crisis de Estado. El Gobierno no puede renunciar al cumplimiento de la ley y de la Constitución, pero tiene la obligación de ofrecer perspectivas de salida. No hay autoridad sin horizonte.

Sexto. El Partido Nacionalista Vasco, pieza imprescindible de la actual mayoría presupuestaria, se está alejando del Gobierno. No quisiera hacerlo, no le interesa, pero la dinámica de los acontecimientos le empuja en esa dirección. El PNV estará en la asamblea de parlamentarios que Podemos convoca el domingo en Zaragoza. Hace un mes, ese escenario era imposible. Rajoy podría prorrogar los presupuestos actuales, pero se enfrenta al riesgo de una legislatura definitivamente muerta.

Séptimo. Hay muchas preocupación en los principales gobiernos europeos y en Bruselas. No les gusta nada la dinámica en curso.

 

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Jordi NIEVA-FENOLL, “Valores republicanos”· a Agenda Pública (19-09-17)

http://agendapublica.elperiodico.com/valores-republicanos/

Se habla con cierta frecuencia de los “valores republicanos”. Es una expresión de origen platónico muy difusa que en realidad intenta referirse a la implantación de la democracia en toda su extensión en un Estado. Consiste básicamente en el respeto a las leyes que estén sustentadas en el principio básico de la libertad y, por tanto, en la participación ciudadana lo más directa posible en las decisiones de gobierno, sin caer en el populismo.

También dicen algunos actores –el último, Julien Assange– que España no atiende a esos valores, al ser un país en el que pesan demasiado las directrices de una dictadura que durante cuarenta años se infiltró en las mentalidades de todas las gentes, todas, de ese Estado. Si fuera cierto ese postulado, se trata de un modo de hacer las cosas que reclama una visión única de la política comandada por sus dirigentes, en la que cuando no sucede lo que desean estos dirigentes, puede uno forzar las leyes como desee, cambiarlas a placer y/o aplicar la represión, o la “mano dura” si está a su alcance, para asegurar el efectivo cumplimiento de esa voluntad de los gobernantes. Y si para ello hay que mover a la ciudadanía en masa para respaldar esa voluntad, se recurre al populismo sin contemplaciones.

En el conflicto que se ha desatado con la “cuestión catalana” se está empleando esa forma de hacer las cosas. En el Parlament de Catalunya, hace no demasiados días, políticos que decían obedecer una “voluntad popular” se saltaron todas y cada una de las normas del parlamentarismo para aprobar unas leyes que desde la perspectiva de cualquier actor medianamente imparcial, nacían muertas desde el punto de vista técnico. La oposición lo denunció en vano y, bien mirado, puestos a instalarse en el espacio de la desobediencia, no se entiende por qué se pierde el tiempo en recurrir las decisiones de los tribunales que suspenden tales actos, o cómo no se respetaron las reglas parlamentarias desde un principio para obtener exactamente el mismo resultado. Ninguna “legalidad internacional”, también extraordinariamente difusa, puede avalar lo sucedido, salvo que por motivos geoestratégicos algunos Estados relevantes decidan dar por bueno, sin más, lo ocurrido, y no parece que vaya a ser el caso. En todo caso, nunca existiría una reacción unánime, lo que complicaría aún más las cosas.

Por su parte, el gobierno español ha acudido a los tribunales para intentar ganar una batalla política con el proceso jurisdiccional, y complementariamente se ha instado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a requisar urnas, papeletas y propaganda electoral, amenazando además a cualquier colaborador con el referendum con una aplicación del Derecho penal que se sitúa mucho más allá de los márgenes de una rama del Derecho que sólo debe utilizarse, en puridad, para casos absolutamente excepcionales. Y obviamente, perseguir a quien desea simplemente votar no es una de las funciones del Derecho penal, en absoluto.

He llegado a pensar de todo, ante el desconcierto general. Casi todos han tenido la sensación de que estamos ante una escalada de tensión política, el tan cacareado “choque de trenes”, que sólo puede culminar en más intransigencia por ambas partes con un final que puede ser, o bien ese efectivo reconocimiento internacional por las razones –pocas veces inocentes– antes apuntadas, o bien la imposición de los poderes públicos españoles de una versión –no existe jamás una única interpretación en derecho– del ordenamiento jurídico.

También me he planteado la posibilidad de que todo lo sucedido no fuera sino una tremenda –y peligrosísima– comedia de ambos bandos, con la intención de llegar en las mejores condiciones de apoyo popular a unas elecciones autonómicas que beneficiarían a los más duros de ambos lados y perjudicarían o anularían a los más tibios, o a los más contradictorios o grotescos por una u otra razón. En realidad, se trata sólo de una hipótesis porque como jurista y ciudadano, y al margen de mis propias querencias políticas, no alcanzo a entender lo que está sucediendo en estas semanas.

Aunque ahora nadie parece dispuesto realmente a ello, el único modo razonable de concluir este estado de cosas, atendiendo a esos “valores republicanos”, sería sentarse en una mesa sin condiciones previas de ninguna de las partes, probablemente con alguna oferta atractiva a la ciudadanía por parte de ambos interlocutores, y con una vocación indudable de no causar sufrimiento a ningún ciudadano, buscando un espacio de mutuo entendimiento en el que nadie se sienta del todo a gusto, pero que traiga una concordia general en la situación político-administrativa que finalmente se pacte. Para ello hace falta que a la mesa se sienten políticos con mayúsculas, que hayan leído mucho acerca de pasadas crisis y sepan que los acuerdos sólo se logran cediendo lo que cada uno considera esencial. No se alcanza ningún buen acuerdo político desde posiciones de fuerza. La política no es un negocio; es la cultura que busca la perfección de la convivencia en condiciones de plena libertad. Nadie debería olvidar eso.

 

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Entrevista a Julián CASANOVA  a eldiario.es (19-09-17)

http://www.eldiario.es/politica/voy-proceso-independencia-Catalunya-imparable_0_688031278.html

Julián Casanova (Valdealgorfa, 1956), es historiador y catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza. Ha escrito varios libros sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el anarquismo. Profesor visitante en numerosas universidades, entre ellas el Queen Mary College (Londres), Harvard (EEUU) y la Central European University (Hungría). En esta entrevista, que se desarrolla por teléfono, hablamos de Cataluña, de cómo hemos llegado a esta situación y cuáles podrían ser las salidas.

¿Con qué otro país podríamos comparar lo que sucede en Cataluña?

Yugoslavia en la primera fase, antes del genocidio, venía de una transición que se asemejó al primer momento de la Transición española, pero en la actualidad no hay ningún paralelismo en Europa, ni en la segunda parte del siglo XX ni en los principios del siglo XXI. No es el caso escocés y no es Kosovo. No lo hay de un Estado que tras salir de una larga dictadura y consolidar la democracia durante 40 años, en el que haya una parte que quiera independizarse por falta de negociación del Estado, entre otras razones.

Para lograr la independencia se tienen que dar alguno de estos tres factores: negociación –caso de checos y eslovacos , guerra o desmembración de un imperio, como el soviético.

Si tomamos el último punto, hace falta un Estado en descomposición, en quiebra o débil. Con uno fuerte y legitimado es difícil un proceso de independencia salvo que haya una guerra o una invasión. El primer paso sería tener un Estado poco fiable para un sector de la población, bien porque entra en quiebra institucional o porque no tiene capacidad de aplicar los monopolios de la violencia y de la administración. En el caso yugoslavo hay un momento en el que este aspecto desempeña un papel importantísimo. Tiene que haber un proceso de descomposición para que la oposición tenga suficiente poder y legitimidad. ¿Cuál era el segundo punto?

La guerra.

Estaríamos ante el huevo o la gallina: ¿la guerra es la consecuencia de la independencia o la guerra es un acompañante del proceso de la independencia? ¿Es la causa o es el efecto?

¿Es fuerte o débil el Estado español? ¿Tienen auctóritas las instituciones ante los ciudadanos?

La gente confunde represivo con fuerte. El concepto weberiano de Estado, el que tiene la legitimidad del monopolio de la violencia y de la administración, no tiene por qué ser represivo, al contrario. El Estado que surge de la Guerra Civil y del franquismo no es fuerte, es represivo. Un Estado fuerte necesita legitimarse ante la sociedad. Eso empezó a cambiar en la Transición y en la democracia. La gente percibió una Administración más eficaz. Las Fuerzas Armadas pasaron de ser percibidas como represivas a lograr un considerable respeto por parte de la ciudadanía. Lo mismo la Policía y la Guardia Civil. El Estado se legitimó, se hizo más fuerte.

A partir del 2008 esa legitimidad pierde fuerza en España y en otros países. En España se debe a tres razones fundamentales. La primera es la corrupción, que nos ha devuelto a tiempos en los que la política estaba hecha de corrupción, sobornos, familias y amigos. Reaparece con fuerza algo que parecía propio de la Restauración y del franquismo. En Cataluña funciona el discurso contra la corrupción, pese a que tiene una parte importante.

El segundo punto es político: la descomposición y la pérdida de fuerza de la legitimidad del Estado. El Parlamento deja de ser un foro de discusión decisivo donde los diputados de los diferentes partidos manifiestan sus posiciones. El Parlamento se convierte en un foco de los poderes políticos y no en una transmisión de la democracia. Sin eso era difícil que el fenómeno Podemos, el de los movimientos sociales desde abajo, hubiera aparecido.

En tercer lugar, el Estado no tuvo desde el principio capacidad de negociación en este proceso. Ahí perdió parte de su legitimidad. El hecho de que no haya habido un Estado negociador, sobre todo desde 2010 y el recurso de inconstitucionalidad del Estatuto catalán son elementos fundamentales. ¿Es un problema universal? Posiblemente, pero en España la dimensión es gigante.

También hay corrupción en Cataluña, pero en Cataluña perciben que ha habido un intento de depurarla. Se creó una comisión en el Parlament presidida por David Fernández, de la CUP. Jordi Pujol y su familia han quedado desacreditados ante la sociedad catalana. En cambio, aquí los corruptos siguen gobernando.

Si no es verdad funciona como percepción. Unir la responsabilidad política a la culpabilidad judicial, como hacen Mariano Rajoy y el PP, decir aquí no hay responsables políticos si no se llega a una sentencia judicial. Y eximir la responsabilidad política a través de ‘yo ya pasé por las urnas’ ha hecho un daño tremendo a la democracia.Hay un deterioro de la política, un abismo entre los dirigentes y los ciudadanos. No hace falta más que ver lo que ha pasado en EE UU.

El fenómeno se ha hecho gigante en España por la capacidad que ha tenido el PP de mantenerse indemne en este proceso. Hay un discurso del independentismo que ha calado en Cataluña. No estamos hablando de la conciencia independentista, la identidad cultural o de conciencia política, sino del chollo que significaba que la España que nos roba estuviera dominada por ladrones. Esa percepción es muy importante en el sector más joven y menos concienciado de Cataluña.

La hora de la verdad empieza el día 2. El discurso del poder central es judicial, de utilización de una justicia desprestigiada. El Tribunal Constitucional no está fuera de toda sospecha. No lo componen los 12 mejores. Llevan puesta la camiseta de un partido. ¿Cómo se puede resolver?

Sí, eso es muy interesante. En Quebec y en Escocia, incluso en Checoslovaquia, el debate fue un debate político. Aquí hemos pasado a una segunda fase, que es la que estamos, la jurídico-constitucional: ‘si no cumples la ley atente a las consecuencias’. Hay una tercera fase, anterior al 2 de octubre: ¿va a haber algún problema de orden público? ¿Llevarán las fases política y jurídico-constitucional a un problema de orden público el día 1?

Rajoy y la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría han prometido que no se va a celebrar ningún referéndum. Los independentistas tienen capacidad para abrir, no sé, al menos 400 ayuntamientos. ¿Va a haber un problema de orden público con una foto para el mundo distinta a la actual?

No hay una oferta política, cualquiera que se salga de la disciplina queda lapidado. Vivimos entre dos verdades absolutas.

Lo que estás planteando, que no hay mediación posible, se debe a que se ha pasado de la fase política a la fase jurídico-constitucional y a la de la movilización. Detrás de la movilización no están solo los independentistas, hay una masa social importante. Podemos plantearnos por qué hemos llegado a este punto, pero lo que está claro es que esa masa social importante no la paras solo con una negociación política en estos momentos. El papel de (los) intelectuales, de los historiadores, que en otros sitios han servido no de mediación pero por lo menos de sensatez, ha sido impensable aquí porque en realidad los razonamientos están cambiados, están subordinados a los sentimientos y a los no argumentos. Desde ese punto de vista hemos llegado a un punto de no retorno.

Pregunté a Josep Borrell, en una entrevista publicada en eldiarios.es, si detectaba un tufo balcánico en todo esto. Si a alguien se le va la mano, puede acabar mal.

Sí, pero comparar Cataluña con los Balcanes es un poco duro. Aquí no tienen peso la raza y la religión, dos elementos fundamentales que estuvieron detrás del genocidio, ni tenemos las grietas profundas del mundo balcánico. Pero sí me da la impresión de que vamos a llegar a un punto de enfrentamiento. Si el Estado quiere mantener la legitimidad y la Constitución, y si el independentismo quiere seguir el proceso que le está marcando una base social muy amplia, va a haber algún tipo de enfrentamiento.

Creo que hay dos ventajas respecto a los Balcanes. No tenemos un Ejército dividido y está subordinado al poder civil. Esta es una gran ventaja que no había en el inicio de la Transición. A alguno le parecerá una tontería, pero tener un Ejército subordinado al poder civil es básico para que la sociedad civil y la democracia funcionen. Lo único que nos podría acercar a los Balcanes es que hubiera enfrentamientos policiales, que hubiera una división en los Mossos d’Esquadra respecto a qué legitimidad obedecen, si la de los fiscales y los jueces, que en el fondo emanan de Madrid, o a la Generalitat de Cataluña. La balcanización de todo esto es difícil por lo que explicaba antes.

En los Balcanes se dan fenómenos de historia, legados culturales de raza y religión que complican la situación, lo cual no quiere decir que aquello hubiera tenido que acabar tan mal como acabó.

Hay una gran violencia verbal en las redes sociales. ¿Cómo evitar que se desborde y cómo volver a meterla en el carril para que pueda dar un diálogo? Juan-José López Burniol sostiene que la iniciativa debe partir del más fuerte, del Estado español.

Estoy convencido de que la responsabilidad del Estado no ha sido solo la de un Gobierno como el del PP, sino ha sido en la línea de lo que estás planteando. Cuando tienes la legitimidad, el Estado tiene que saber dónde se puede ceder en una negociación y dónde tiene que buscar la negociación. Eso no ha pasado. Pero tú me estás planteando el 2 como si ya supiéramos que el 1 no hay referéndum …

Hay referéndum con la participación que sea.

Con la participación que sea, que no va a ser muy alta, y dentro de la participación, con un 99% del “sí”, ¿no?

Puede ocurrir como en Venezuela: en el referéndum de la oposición solo votó la oposición, y en el referéndum de Nicolás Maduro solo votaron los de Maduro.

Pero Rajoy ha prometido que no va a haber referéndum, es decir que…

Lo llamarán otra cosa.

Si ellos bloquean la posibilidad de que entres en un colegio electoral, ¿descartas eso?

No lo sé.

Por eso digo que las iniciativas que se puedan dar el día 2 dependerán de lo que pase el 1. Cualquier iniciativa que salga después tiene que tener al menos cuatro requisitos.

El primero es que el Estado no confunda la fortaleza con la represión. Tienes más fuerza, tienes capacidad, tienes la legitimidad y tienes un bloque de partidos políticos constitucionalistas, pero también tienes que saber que debes darle una salida política o tratar de recuperar la iniciativa política.

El segundo elemento es que la movilización social en Cataluña, que es muy amplia en estos momentos en favor de la independencia  ─muy amplia y muy militante─, sepa que hay una posibilidad de apertura de negociación lo que les llevaría a esa meta sin necesidad de seguir con la ruptura. Convencerles va a ser muy difícil.

Hay un tercer elemento, que de alguna forma salte por los aires la alianza entre la CUP y la antigua Convergencia, que es social y culturalmente poco viable. Desde ese punto de vista, tienen un papel importante la gente de En Común, que hasta ahora se han mantenido en una ambigüedad.

Y el cuarto, que me parece básico, es que Mariano Rajoy tiene que dar un paso. Él ha sido hasta ahora un elemento fundamental para llegar a donde hemos llegado y tiene que admitir que a partir del 2 no le va a quedar más remedio que entrar en una negociación política, no sé si forzado por el PSOE. Creo que va a ser difícil. A Rajoy le están pidiendo más fuerza que negociación. Y hay gente en Cataluña que ya no quiere la negociación. Escucho mucho en el periodismo esta frase, ‘a partir del 2 no les va a quedar más remedio que sentarse’. ¿Con quién te sientas? ¿Solo con la política o también con la base social ─amplísima─, a los que les han convencido de que la ruptura y la república catalana están a la vuelta de la esquina?

Parece que en la parte, llamémosla constitucionalista, no hay estrategia. Todo es a piñón fijo y a corto plazo. Si la hubiera no se producirían los ataques contra Ada Colau y Podemos, porque representan un puente que divide el independentismo exprés porque ellos plantean un referéndum pactado. Si hubiera elecciones, En Común podría evitar la mayoría absoluta del bloque independentista. Entraríamos en una fase más pausada.

Sí, eso está clarísimo, pero también tienen que despejar un poco la ambigüedad en la que han estado hasta ahora. Ya no vale con decir que tú quieres el derecho a decidir porque en estos momento ya no estamos solo en la capacidad de decidir. Ellos tienen un papel importantísimo en estos momentos, empezando porque controlan Barcelona, que es la ciudad más importante y la ciudad en que se mueve todo.

Por otra parte, es verdad que una parte de la base social catalana que representa el independentismo no solo representa el independentismo porque no los han dejado decidir, sino porque ellos creen que ha habido una consolidación de estructuras antidemocráticas del poder en Madrid. Ahí hay un mensaje muy diferente porque esta gente no está criticando solo a España porque nos roba, sino que piensan realmente que hay una oposición clara entre la democracia que representan ellos en Cataluña y las estructuras antidemocráticas. Esto lo estoy viendo incluso en las redes sociales conmigo. Cuando pongo en Facebook algo que creo que es sensato, alguien te dice. ‘ya está la progresía española tratando de convencernos, pero aquí que sepáis que sois igual de corruptos que los demás’.

Hay un discurso en el que Madrid representa una estructura antidemocrática ¿Qué es Madrid? Madrid es el PP. ¿Qué es Madrid? Madrid es el PSOE, Madrid es la Constitución, es el legado del 78, todo eso. Y así no es tan fácil volver al cauce con una negociación después del proceso que ha habido de enfrentamiento, y del que va a haber de aquí al día 1.

La única solución sería abrir la Constitución y resolver la forma de Estado.

Sí, yo creo que sí.

Todos los intentos de consolidar un Estado después de la caída del imperio en 1898, que afectó muchísimo a los catalanes, a la industria catalana, todos los intentos de consolidar un Estado han resultado fallidos. Hemos tenido un siglo XX con una guerra civil y una dictadura.

El tema fundamental es que lo que servía en el 78, cuando veníamos de una dictadura, ya no sirve. En la Constitución se proclama que España es indivisible. Esto nunca ha sido negociable. Si se quiere abrir una negociación se tiene que abrir una negociación en la cual la indivisibilidad de España deje de ser tabú, y eso lo tienes que hacer con una reforma constitucional.

Uno de los tópicos sobre la Constitución es que la aprobaron en cuatro días y que apenas discutieron. Cualquiera que lea lo que dicen los testigos de entonces, desde Manuel Fraga a Alfonso Guerra, comprobará lo duro que fue sacar aquella Constitución en aquellos momentos. La Constitución se aprueba en diciembre del 78 en un referéndum, Han pasado poco más de tres años desde la muerte de Franco. El melón prohibido, el de España es indivisible, lo tienen que abrir mediante una negociación. En estos momentos no veo otra salida. Para eso también tiene que haber capacidad de negociación por parte de las élites catalanas que están controlando el procès.

Algunos sostienen que el problema no es un problema de Cataluña, sino España, que no ha terminado de estructurar un Estado aceptable para todos.

Tampoco hay que ser ventajista. Si haces balance a finales del siglo XX y lo comparas con lo que decían con los noventayochistas o lo que se decía después de la dictadura se ve que hemos avanzado. Entre otros, en la legitimidad del Estado, que ya no solo es solo represor. El Estado llega a los ciudadanos a través de la Sanidad, la Educación. Parece que a partir del 2008 vivimos en un mundo quebrado, también el mundo internacional, no solo el nuestro.

Lo que estaba claro a finales del siglo XX no lo está a partir del 2008. Tenemos el Brexit, Donald Trump, Corea del Norte, Siria y la inmigración, con húngaros y polacos sin hacer caso de las normas democráticas básicas de la Unión Europea. Todo esto ha influido mucho en el asunto de Cataluña. Esto no es solo una crisis entre Madrid y Barcelona, es una crisis institucional, política, económica que ha afectado a los jóvenes con precariedad laboral. Es una mezcla explosiva. Hay una parte que pertenece a la estructuración del Estado, pero otra pertenece a la parte más social.

Hay una pérdida masiva de prestigio de las élites en todo el mundo.

Sí, exactamente. Sin embargo hay una parte de las élites catalanas que trata de convencer a los demás de que este es un problema de los demás y no suyo. El nacionalismo tal y como está planteado en Cataluña no es solo un nacionalismo cultural e identitario. Hay unas élites muy fuertes que están planteando una salida alternativa a su propia perpetuación, para mantener su posición social. El PP ha convencido a sus votantes de que la crisis económica se va despejando y de que la corrupción no es un problema. Hay siete u ocho millones de españoles que votan al PP. El Partido Socialista estuvo missing durante un tiempo y Podemos estaba pasando de un movimiento social a un partido político con cinco millones de votos, algo impensable en los esquemas del bipartidismo y de la Transición.

Todo esto en medio de un deterioro de los medios de comunicación. Un deterioro no significa solo que ya no hay independencia, sino de que los jóvenes han cambiado los hábitos de comprar el periódico, de acudir a los medios de comunicación para informarse. La era digital está cambiando la forma de pensar, la forma de concebir, la forma de enseñar. A los historiadores nos está cambiando la forma de enseñar y de investigar la historia.

Sé que parece que todo el problema es territorial, que todo el problema es Cataluña y el territorio, pero creo que a lo que estamos asistiendo es a una quiebra de alguno de los valores más consolidados que había hasta ese momento, pero eso cualquiera que viaje lo está viendo. Pero hay signos que van entonces en contra de Cataluña. Por ejemplo, el Brexit, que no ha resultado tan eficaz y rápido como parecía. La UE en torno a Angela Merkel para poner distancia frente a Trump. Quieren orden, lo que no hace falta en estos momentos es desintegración y desorden. Esto está actuando contra Cataluña. En la CNN y en la BBC empieza a haber un discurso en el que Cataluña ya no es tan querida, Antes se veían como luchadores contra una opresión. Este discurso está desapareciendo.

Kosovo se independizó porque tenía a EEUU y a los principales países de la UE detrás. Pero Cataluña no tiene a nadie.

No tiene a nadie. Pero están diciendo a los jóvenes catalanes que estarán en la UE al día siguiente y que estarán en los tratados internacionales. Y eso es falso porque no los han firmado, los ha firmado Madrid.

Está claro que hay un problema de estructuración del Estado. Pero insisto en esto: ¿qué idea tenían los españoles de España en los últimos 20 o 30 años del siglo XX comparado con el pesimismo anterior? ¿Qué idea se tenía de la educación, de los valores que esta educación estaba trayendo, de sanidad para todos respecto a la que tenían nuestros padres y abuelos?

Hay un momento en el que comprobamos que un sistema funciona por primera vez en la historia de España. Ese sistema ha empezado a estar en crisis. Que ahora quieran convencernos de que esto es todo producto del 78, de lo mal que se hizo la Transición, es una lectura del pasado manipulada desde el presente, lo cual no quiere decir que el presente sea feliz, porque el presente ha dejado de ser feliz. Pero no es cierto que el pasado fue siempre feliz porque no hace falta más que ver dónde estaba España en 1975.

La victoria del PP por mayoría absoluta le permitió ocupar todas las instituciones: el Parlamento, la justicia. En cambio, en Estados Unidos funciona la separación de poderes frente a Donald Trump, que es un autócrata de libro.

Y el propio partido republicano no le van a aceptar, Paul Ryan no lo va a aceptar. Desde ese punto de vista, el PP tiene tres ventajas sobre EEUU: tienen una disciplina increíble; han pasado por encima de la corrupción y tienen el control mediático, con la complicidad de grupos importantes, algo que también ha hecho muchísimo daño. En España estamos ante una crisis no solo traída por la economía, la cuestión institucional y territorial. Deberíamos reflexionar sobre si en la democracia, más allá de lo formal, el pueblo tiene algo que decir. Este es el debate, el de la apropiación del poder por parte de élites fuertes y legitimadas democráticamente.

E ineficaces para proteger a la ciudadanía de la crisis económica.

Ineficaces para dar una alternativa económica. En el triunfo del capitalismo liberal, el de la gente que defendió las reformas laborales para echar abajo conquistas importantes, no ha habido nadie enfrente. Parecía que podía tener a Barack Obama pero aquello se acabó. La socialdemocracia quedó desnuda porque parte de su discurso social lo defendía también el liberalismo después de muchísimas décadas. Es curioso cómo la Europa que deja atrás la época de los fascismos, la guerra y la violencia, empieza a hacer aguas a principios del siglo XXI.

La crisis se agravará si las democracias se vuelven más frágiles. Si el Estado es capaz de redistribuir bienes y servicios, la gente lo percibe como un Estado bueno. Lo que está pasando es que ese Estado ha dejado de redistribuir bienes y servicios, que fue la principal aportación a la estabilidad social después de la Segunda Guerra Mundial.¿Por qué estamos aquí? Porque no hay políticos comprometidos con la sociedad y eso está produciendo un extremismo político, no solo en España. Está produciendo un nacionalismo violento y hostil al sistema democrático. Lo vemos en Polonia, en Rusia y en algunos países excomunistas. Pero también lo hemos visto con el Brexit o en Francia con Marie Le Pen.

Las crisis que desencadenaron la Primera y a la Segunda Guerra Mundial aportaron la enseñanza de lo que dice: para evitar los populismos es necesario redistribuir la riqueza y apostar por el Estado social. Pero esa distribución se ha cortado y no solo se ha cortado, sino que va hacia atrás. ¿Por qué no volver a la receta que funcionó?

Exactamente. El compromiso de extender a través del Estado los servicios sociales a la mayoría de los ciudadanos surge después de la crisis del 29. Lo paran los fascismos y la guerra, y vuelve después del 45. La crisis anterior a la Primera Guerra Mundial es muy diferente; es el advenimiento de la sociedad de masas. Pero el compromiso de extender a través del Estado los servicios sociales se consiguió en 1945 en la mayor parte de las sociedades occidentales. Sirvió para superar el atraso en equipamientos colectivos, en infraestructuras y, sobre todo, en el sistema asistencial. ¿Por qué fue tan importante la entrada en la UE de España y Portugal en los años 80? Porque eso es lo que se nos daba. No solo era la democracia, consistía en equipararnos en un proceso en el que el Estado asiste a los menos protegidos, con equipamientos colectivos y un importante sistema asistencial.  Eso también dio esperanzas a los países de Europa del Este. Sucede en Checoslovaquia con Havel, en Hungría y en otros países. ¿Por qué se ha dilapidado esta prosperidad? ¿Por qué reaparecen los fragmentos más negros de la historia en Europa? Porque se han perdido algunas de las señas de identidad en la socialdemocracia, pero también de la democracia. Hay gente que dice que ya no se puede volver a la situación anterior a la crisis porque no hay vuelta de hoja. Y hay otra gente que no se ha atrevido a defender estas políticas de redistribución de la riqueza a través de los Estados.

Parece que la izquierda postcomunista sigue sin encontrar su relato.

La única forma de despejar los fragmentos negros de Europa es volver al punto en el que el Estado consolida el compromiso con los ciudadanos de que los servicios sociales se van a extender. Eso se ha perdido. Y de distribuir de forma más equitativa la renta. Siempre que alguien trata de introducir alternativas para una distribución más equitativa de la renta, sale la gente de orden que dice que eso significa impuestos a los ricos. En los años 50 y 60 estaba muy claro, y en los 70, también. Nosotros llegamos tarde, pero llegamos. Por eso los españoles nos enganchamos tan bien a Europa, no solo era democracia y libertad, también descubrimos lo que era un Estado no represor, con una parte benefactora importante a través de los mecanismos de representación política, administrativa y municipal.

Hay que recuperar algunos de los ejes fundamentales de la democracia, y esa democracia vino después de lo que Eric Hobsbawm llamó la Europa de los extremos. Fue un aprendizaje después de años de violencia y de enfrentamientos. Ahora necesitamos un aprendizaje para salir de la quiebra institucional, económica, cultural, política de Europa. Es posible que los nacionalismos, al margen de los Estados, no puedan ser una alternativa en esto que estoy planteando.

¿Es optimista o pesimista respecto a Cataluña?

Tarde o pronto vamos a ver un proceso de independencia en Cataluña. Estoy convencido. No soy optimista en la forma en que vamos a gestionar todo esto. No soy optimista en la forma en que lo va a gestionar el Estado, en la forma en que lo va a gestionar el Gobierno. Creo que en la parte independentismo faltan en estos momentos voces que razonen y argumenten, que sean capaces de reconducir la negociación, no solo de incitar a la gente y estimular la calle. Así que desde ese punto de vista no soy optimista, pero creo que el proceso de independencia de Cataluña es imparable. No sé si lo voy a ver, pero el proceso es imparable. Con lo cual, al final, cuando se haga balance, alguien tendrá que explicarles por qué aquel proceso que no era imparable acabó siendo imparable.

 

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Manuel ARIAS MALDONADO, “Democracia contra democracia” a Revista de Libros (20-09-17)

http://www.revistadelibros.com/blogs/torre-de-marfil/democracia-contra-democracia

Los tiempos interesantes están convirtiéndose a ojos vista en aquello que suelen ser: tiempos peligrosos. Desde el atentado contra las Torres Gemelas en septiembre de 2001, se diría que nos hemos adentrado a ciegas en una época convulsa con rasgos propios de la ficción y asistimos extrañados a una sucesión de acontecimientos dignos de una ucronía política: de la crisis económica al Brexit, pasando por Trump y los ensayos nucleares norcoreanos. De hecho, es como si, tras abandonar el curso ordinario de la historia, la ucronía misma se hubiera convertido en nuestra realidad: un teatro del absurdo que tiene por banda sonora la cacofonía diaria de los comentaristas digitales. No es un símil desencaminado, pues hay días en que la política contemporánea parece materializar las fantasías de un troll.

Tiempos peligrosos, por tanto: para la convivencia pacífica, para la legalidad constitucional, para la democracia representativa. Podríamos decir que para la democracia sin adjetivos, pero la democracia es un concepto polisémico cuyo empleo suele requerir adjetivación. Otra cosa es que denominemos «democracia», a secas, al tipo de democracia que se ha convertido en dominante en la modernidad tardía: la representativa o constitucional o liberal. No está claro, sin embargo, que esta democracia equivalga a la democracia, por muy acostumbrados que estemos a ella. Es lo que Carlos Fernández Barbudo, joven investigador español, planteaba recientemente en uno de los famosos «hilos» de Twitter:

“Democracia es un concepto político fundamental cuyo significado ha ido variando a lo largo de la historia. Muy mucho. Ante este tipo de conceptos no cabe buscar una definición exacta o auténtica. Cada vez que un actor político intenta definir «democracia», lo que está haciendo es actuar políticamente. ¿Qué significa esto? Pues que está intentando que su definición (aka su cosmovisión ideológica) prevalezca. Definir democracia es intentar mover a la sociedad a los postulados implícitos en esa definición”.

Es lo que nos enseña la historia conceptual desarrollada por el historiador alemán Reinhart Koselleck, quien en la obra fundamental dedicada al asunto ‒los varios volúmenes de los Geschichtliche Grundbegriffe‒ rastrea junto a sus colaboradores el registro semántico de los grandes conceptos políticos para identificar sus distintos usos. En el caso de la democracia, evidentemente, la ambigüedad viene de serie: fuera cual fuera la práctica originaria en las sociedades premodernas, incluida la sofisticada Atenas, un régimen político que consiste en «el gobierno del pueblo» deja un margen considerable para la variación organizativa. Y lo que apunta oblicuamente Fernández Barbudo es que esa disputa semántica es la que estamos presenciando en España estos días a cuenta del enfrentamiento entre los partidarios del referéndum que habría de decidir sobre la secesión de Cataluña y quienes defienden una democracia constitucional de corte kelseniano en la que ese referéndum es ilegal. O, si se quiere, entre una democracia representativa y una democracia plebiscitaria.

Distintas declaraciones del presidente de la Generalitat catalana han dejado meridianamente clara su posición en esta disputa. El señor Puigdemont ha dicho, por ejemplo, que la democracia nada tiene que ver con los procedimientos, o que «los catalanes» no viven en una democracia «tal como la entendemos nosotros». Algo que, por lo demás, se puso de manifiesto con la dudosa aprobación en el Parlamento autonómico de una Ley de Transitoriedad que vulnera el orden legal vigente ‒tratando, de hecho, de suplantarlo‒ y se encuentra recurrido ante el Tribunal Constitucional. Frente a los detalles procedimentales se plantaría nada menos que un pueblo, el pueblo catalán, cuya voluntad colectiva valdría más que todas las leyes del mundo. Otras pruebas de esta concepción «alternativa» de la democracia pueden hallarse en el dibujo de la hipotética república catalana que contiene la citada Ley de Transitoriedad, más cercana al llamado «iliberalismo» que al liberalismo en su debilitamiento de la separación de poderes.

Sucede que la contraposición de dos modelos de democracia ‒uno representativo y otro plebiscitario‒ antecede a la crisis catalana. Su origen se encuentra en la irrupción del populismo de derecha e izquierda que trae causa de la crisis y la consiguiente deslegitimación de las democracias liberales. Ante el fracaso de las «elites», se propone el gobierno directo del «pueblo»; como el gobierno directo del pueblo es imposible, su voluntad está mediada por la acción de un líder que la «interpreta» y traduce a políticas concretas. Y que, llegado el caso, realizará en la arquitectura institucional las modificaciones que sean necesarias para facilitar la relación directa entre el líder y el pueblo: eliminación o sometimiento de los órganos contramayoritarios (como el Banco Central), supresión o debilitamiento de la independencia de los tribunales, anulación de la división de poderes, limitaciones a la libertad de expresión, recuperación de la soberanía cedida a tratados internacionales (el Acuerdo de París en el caso norteamericano) u organismos multinacionales (como la Unión Europea), desarrollo de políticas destinadas a reforzar la cultura «propia» frente a contaminaciones exteriores. No todos los populismos son iguales y, por tanto, no todos estos rasgos iliberales habrán de estar presentes en la misma medida. Iliberal es aquí la palabra correcta, pues el populista alega que la democracia representativa es demasiado liberal y demasiado poco popular; razón por la cual procede a restarle liberalismo y a añadirle populismo.

Esta contraposición ha protagonizado el reciente intercambio de textos entre Iñigo Errejón y José María Lassalle en las páginas de El País, a cuenta del reciente libro que el segundo ha dedicado al populismo que el primero, lector atento de Ernesto Laclau, ha admitido en más de una ocasión practicar como actor político (Contra el populismo, Barcelona, Debate, 2017). Este tipo de conversación debería ser más frecuente en España, donde la tradición de las controversias públicas ha ido perdiéndose irremediablemente. En un país tan desapasionado como Alemania son, en cambio, frecuentes y, cosa impensable entre nosotros, a menudo con la participación cruzada de varios medios o alusiones positivas de Der Spiegel a algo que ha dicho el Frankfurter Allgemeine Zeitung.

En su breve pero enjundiosa monografía, Lassalle se refiere al populismo como a un «totalitarismo posmoderno»; uno de baja intensidad que se mantiene dentro de los confines de lo aceptable para la opinión pública. A su juicio, es claro que el populismo actual plantea un modelo de democracia alternativa: negando los patrones institucionales, representativos y legales del modelo vigente mientras ofrece otro que sobredimensiona la faceta popular (el demos de la demokratia) de la democracia. Es aquí donde entran en juego la gente, el pueblo o ‒en el caso catalán‒ la nación. Es un pueblo movilizado permanentemente contra un enemigo; justamente, contra los enemigos del pueblo: ya sean los banqueros, España o, al decir del Daily Mail, los jueces que reconocieron la competencia de la Cámara de los Comunes para votar el futuro acuerdo de salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. El decisionismo soberano de Carl Schmitt tiene aquí más peso que la legalidad que culmina en la Constitución descrita por Hans Kelsen: la movilización popular no puede entretenerse con la letra pequeña de los reglamentos. Pero, como sugiere Lassalle, el pueblo del populismo es representado de una forma particular: no como sujeto, sino como víctima. En buena medida, el discurso del populismo consiste en el señalamiento de los culpables, en la delimitación de un círculo de causantes de la desgracia ajena. Hay donde elegir; quien busca un enemigo a quien culpar de sus males siempre acabará por encontrarlo. En unos casos son las elites y, en otros, el sistema en abstracto; en el caso catalán, la malvada España. Los acentos sentimentales son obvios: basta sentirse víctima para ganarse el derecho a conducirse como una.

Iñigo Errejón afea a Lassalle que nada se diga en el libro sobre las causas que han provocado la ira popular. Más que un fenómeno emocional, viene a decirnos, estamos ante una respuesta racional al fracaso de las elites; elites que han operado en el interior del sistema para servir a sus propios intereses en detrimento de los derechos ciudadanos. En otras palabras, Lassalle «naturalizaría» un fenómeno que Errejón querría politizar, poniendo nombres y apellidos a las decisiones concretas que han conducido al estado de ánimo que canaliza el populismo. Para Errejón, eso es hacer política. El reproche es parcialmente justo: Lassalle dedica poca atención a la concatenación de errores ‒dolosos o no‒ que condujeron al crash de 2008. Pero no es menos cierto que semejante ejercicio de indagación corresponde a disciplinas distintas de la teoría política y que la propia literatura populista ‒a menudo lacaniana‒ se entrega al hermetismo teórico con más entusiasmo que a los datos socioeconómicos. Se advierte aquí un problema intrínseco al populismo, que al victimizar al pueblo niega que el pueblo tenga nada que ver con las políticas públicas desarrolladas por los gobiernos a los que ese mismo pueblo vota, pasando por alto de paso que la conversación pública ‒cada vez más democrática‒ condiciona la acción de los gobiernos y penaliza a aquellos que adoptan medidas impopulares. Dicho esto, es conveniente saber qué demandas ciudadanas responden a injusticias o daños objetivables y cuáles, en cambio, expresan frustración o cólera debido a sucesos impredecibles o que constituyen el efecto colateral de procesos sociales más amplios: desde el cambio en los patrones demográficos a las transformaciones tecnológicas. No porque de esa manera estos cambios queden al margen de la acción política, sino porque la acción política no siempre puede anticiparlos o revertirlos sin producir daños distintos. El populismo suele trazar líneas causales simples allí donde sería más adecuado hablar de una causalidad compleja y actores que gozan de una información limitada sobre el efecto de sus acciones.

Asimismo, Errejón retoma una de las ideas más queridas al populismo, aun no siendo exclusiva del mismo: la de que existen épocas frías y calientes en la historia de las comunidades políticas. En las primeras, reina una aparente normalidad y las instituciones existentes gozan de legitimidad; en las segundas, surgen demandas populares ‒normalmente articuladas por un líder o partido‒ que no encuentran acomodo en esas instituciones y demandan su sustitución o ampliación. Errejón toma la idea de Bonnie Honig de que no hay consenso sin «excedente», o desacuerdo dejado al margen: las épocas fundacionales son aquellas en que retorna lo reprimido en forma de descontento popular. Son los tiempos «redentores» de la democracia, como los denomina Margaret Canovan. En ellos, sostiene Errejón, aparecen el pueblo o la gente que encarnan una «nueva voluntad colectiva». También la inquietud:

“Es el momento fundacional de we the people que a los conservadores de distinto signo ideológico fascina cuando está escrito en un código o expuesto en un museo de historia, pero horroriza cuando asoma la cabeza en el presente”.

En eso no le falta razón: las disrupciones del orden lucen mejor en los libros de historia y eso hace que el juicio político (o moral) sea más difícil para el observador contemporáneo, pues no acaba de saber qué tiene delante. Bien pueden ser reclamaciones legítimas que delatan fallas en el sistema representativo, bien una deficiente provisión de derechos. Pero también perturbaciones de otro tipo: la frustración derivada de unas expectativas infundadas (a menudo alimentadas por la competición electoral, que, por ejemplo, promete lo que no puede cumplir) o la agitación que produce la acción del líder populista. Ya que éste, mediante su performance, no se dirige un pueblo preexistente, sino que lo crea en el momento de nombrarlo. En cualquier caso, eso que llamamos «pueblo» parece ser

“un imposible imprescindible: imposible porque la diversidad de nuestras sociedades ‒afortunadamente‒ nunca se cancela o cierra en una voluntad general plenamente unitaria y permanente, pero al mismo tiempo imprescindible, porque no existen sociedades sin mitos, relatos y metas compartidas”.

En este mismo blog hemos descrito el pueblo como una metáfora triunfante pero imposible: una noción que sirve para adscribir la soberanía de que antaño gozaban los reyes al conjunto de los ciudadanos y recabar con ello legitimidad para el orden democrático, pero que no puede jamás actualizarse sino simbólicamente. El pueblo no existe, salvo porque creemos en él. La sociedad es demasiado plural y contiene intereses demasiado diversos para que algo parecido a un pueblo o a una voluntad popular pueda identificarse sin esfuerzo. Si todos los ciudadanos del mundo pudieran justificar racionalmente la existencia del Estado, no nos haría falta el pueblo; pero no es el caso y, por tanto, las alusiones al pueblo ‒o la nación‒ siguen presentes en el discurso político y los textos constitucionales. Qué tipo de orden político se funde sobre qué concepción del pueblo, en cambio, es asunto distinto. ¿No hablaba Hitler del Volk alemán para justificar su expansionismo militar? Más ambiguamente: ¿no ha servido la idea del «pueblo americano» para justificar hechos políticos tan diferentes como el genocidio de los indios, la guerra contra los nazis, el fin de la discriminación racial o el proteccionismo comercial? ¡Que pregunten a Bruce Springsteen, a quien todavía le dura el enfado por la apropiación reaganiana de Born in the USA!

Un problema de los «momentos calientes» es que no todos ellos son democráticos o progresistas: la lucha de Solidaridad contra el comunismo tiene su espejo invertido en el nacionalpopulismo del actual gobierno ultraconservador polaco. Y, sin necesidad de irnos muy lejos, nada más caliente ahora mismo que Cataluña, donde la institucionalidad existente (instaurada por la Constitución) está siendo dinamitada por un movimiento nacionalista que invoca la democracia con objeto de vulnerar la democracia. En la actual fase revolucionaria, el separatismo no duda en hostigar a los alcaldes que no se prestan a ceder dependencias municipales para celebrar el referéndum ilegal; y eso por mencionar apenas una de muchas lindezas que explican el silencio ‒más que espiral, embudo‒ de quienes son contrarios a la secesión.

En su breve réplica, precisamente, Lassalle defiende una legitimación fría de la democracia liberal que haga posible la construcción de un «nosotros» asentado en la diferencia. El populismo haría exactamente lo contrario y Laclau así lo señala: identifica a una parte del pueblo como el único pueblo legítimo. De nuevo, es lo que sucede con claridad de manual en el caso catalán: están los catalanes y están los enemigos de Cataluña, sean malos catalanes o, incluso ‒como leíamos en un tuit este pasado lunes‒, «españoles nacidos en Cataluña». Aquí el nacionalismo demuestra haber sabido aprovechar las lecciones del populismo, inventándose un pueblo ‒«un sol poble»‒ allí donde hay una pluralidad de ciudadanos con preferencias e intereses diversos. O, si se quiere, inventándose una voluntad popular única allí donde ésta no existe. Su invocación, de hecho, trata de ocultar escandalosas diferencias entre distintos segmentos socioeconómicos: según datos de la propia Generalitat, solo el 41% de los catalanes son separatistas, y en las clases más bajas ese porcentaje baja al 27,6%, elevándose al 38,4% en la media-baja y al 45,6% en la clase media. Todos los pueblos el pueblo.

Seguramente Lassalle sea demasiado optimista y una legitimación puramente racional de las democracias liberales no sea todavía posible. No se equivoca, en cambio, cuando apunta hacia ese ideal y la necesidad de perseguirlo: evitando reforzar una nostalgia por el absoluto que rebrota con inquietante facilidad en el interior de las comunidades humanas. Y quizá, de hecho, podamos responder ahora de otro modo a la cuestión inicial: a la tesis conforme a la cual cuando distintos actores ponen sobre la mesa entendimientos distintos de lo que sea la democracia no hacen sino política o ideología, pues promuevem un modo de hacer democracia sobre los demás. No habría, entonces, democracia «auténtica».

Así es. Pero el atractivo teórico de la proposición parece desvanecerse cuando nos asomamos a la praxis política y vemos en qué consiste la democracia plebiscitaria del populismo que se presenta como una de las alternativas a la democracia liberal-representativa. Es entonces ‒a la vista de lo que sucede en Venezuela, o Polonia, o Cataluña‒, cuando recordamos que estas últimas no han sobrevivido históricamente por casualidad y que la existencia de contrapesos liberales destinados a limitar el alcance del gobierno popular tiene mucho sentido. Sobre todo: preservar el pluralismo social y garantizar los derechos individuales ante cualquier mitomanía colectivista, así como vincular el proceso político a procedimientos inclusivos que otorgan legitimidad a las leyes democráticas. No es poco, y cuando lo perdemos, nos parece mucho.

La democracia, en suma, tiene muchos significados potenciales. Pero renunciar a lo que nos enseña la experiencia histórica sobre el desenvolvimiento de sus distintos modelos es imprudente. Y si nos ha enseñado algo sobre la democracia plebiscitaria (¡no digamos sobre el nacionalismo!), es que resulta preferible leer sobre ella a sufrir las consecuencias de su puesta en práctica. Salvo que uno se aburra y desee vivir en tiempos interesantes, aunque sean ‒también‒ peligrosos.