Presentació

Vells conflictes irresolts (Walter Laqueur, Guillermo Altares), continuïtats geopolítiques (Robert Kaplan) i problemes de futur es barregen en les agendes de la governança global i haurien de ser incentius per superar las lògica política de curt termini. Especialment important és superar aquesta aquesta lògica en tot el que afecta la prevenció dels efectes i la gestió de les conseqüències del canvi climàtic, sobre les que escriuen Manuel Arias Maldonado [text 1] i Will Oremus [text 2], tot plantejant una qüestió clau per a la renovació del pacte intergeneracional: què estem disposats a pagar ara per prevenir els riscos del futur.

En el seu discurs sobre l’estat de la Unió Europea, Jean-Claude Juncker ha reiterat la voluntat política d’impulsar les reformes  per enfortir la integració europea, anant més enllà de  les propostes pragmàtiques de França i Alemanya (Pol Morillas). La realització d’aquesta ambició dependrà molt de la bona sintonia amb Emmanuel Macron i Angela Merkel després de les eleccions federals alemanyes  del 24 de setembre (Daniel Vernet [text 3] Eckart Woertz, enllaç a enquestes).

Per sobreviure als dies de  “soroll i fúria” fins a l’1-O és molt recomanable seguir els consells que Roger Palà [text 4] ha publicat a Crític. També pot ajudar a mantenir l’equilibri l’intent de Jordi Amat [text 5] de definir amb precisió els termes del conflicte i l’aportació de Josep Maria Ruiz Simon sobre els riscos polítics i institucionals que comporta la situació.

Un bon estat de la qüestió des d’una mirada europea el trobem en l’article de Benoît Pellistrandi [text 6] publicat a Telos. En relació al marc jurídic del referèndum veure l’article d’Argelia Queralt [text 7] a Agenda Pública; també, els comentaris de José María Pérez Gómez i d’A.Vigil Hochtleiner sobre les responsabilitats legals de les autoritats públiques i dels funcionaris D’altra banda, Manel Pérez repassa les posicions del món empresarial català davant del referèndum i Luis Garicano analitza els arguments econòmics de l’independentisme. En torn de la mobilització independentista de l’Onze de Setembre veure els articles d’Enric Juliana i Cristian Campos. Per acabar amb els articles sobre aquest tema, veure l’anàlisi de José Miguel Contreras sobre l’estratègia comunicativa del procés.

Com que no és massa habitual pel nivell del nostre debat públic, és destacable la polèmica entre Íñigo Errejón [text 8] i José María Lassalle sobre el concepte de populisme, arran de la publicació del llibre de Lassalle  “Contra el populismo”.

Finalment, recomanem un article de Jamie Barlett [text 9] sobre un hipotètic renaixement de les ciutats-estat en el marc del declivi dels estats-nació causat per l’impacte de la globalització i la revolució digital.

 

Manuel ARIAS MALDONADO, “Stormy weather” a Revista de LIbros (13-09-17)

http://www.revistadelibros.com/blogs/torre-de-marfil/stormy-weather

La imagen es recurrente: una hilera de palmeras azotada por el viento huracanado se destaca sobre un fondo grisáceo, combándose con violencia sin llegar a quebrarse, mientras el agua cae en tromba e inunda la calle de Miami por la que se aventuró el fotógrafo. Es posible que el centro de Irma, el ciclón tropical que se ha abatido durante estos días sobre Florida tras dejar un reguero de destrucción en las islas caribeñas, esté lejos. Incluso a una distancia de ochenta kilómetros, sin embargo, sus vientos pueden alcanzar los ciento cincuenta kilómetros por hora y formarse en el mar olas de varios metros de altura. Pero la palmera aguanta. Es tentador pensar que, si no aguantase, no existiría; que la selección natural ha trabajado con su eficacia habitual poblando los trópicos de árboles alargados capaces de soportar temibles galernas con la misma elegancia con que se elevan hacia el cielo cuando sale el sol.

Sus dos mil seiscientas especies son, de hecho, casi exclusivas de los climas tropicales y subtropicales: los mismos que producen ese fenómeno natural que son los huracanes. ¡Nada nuevo! O sí: huracanes de una intensidad desconocida hasta ahora que sugieren una relación directa con el calentamiento global. De donde se deduciría que los huracanes ya no son sucesos naturales, sino socionaturales. Aunque delante de las palmeras, zarandeadas de un lado a otro, sólo veamos la vieja naturaleza sublime –y, por tanto, temible– que ha fascinado a nuestra especie desde sus orígenes.

No es que el ser humano sea incapaz de adaptación. Todo lo contrario: es nuestra extraordinaria capacidad de adaptación la que nos ha convertido en una especie exitosa, que ha visto aumentar su población y mejorar progresivamente sus condiciones materiales de vida a lo largo de la historia. Ni Harvey ni Irma han provocado tantas víctimas como Katrina en 2005: el esfuerzo preventivo ha sido mucho más concienzudo y ese siniestro precedente ha convencido a las autoridades de la necesidad de tomarse en serio las advertencias de los metereólogos. Miami era, el pasado sábado, una ciudad fantasma: las imágenes de sus calles desiertas, tomadas por un dron que acertó a sobrevolarlas, son un sobrecogedor recordatorio de nuestra condición terrenal. Su aire distópico remitía directamente al cuerpo literario de la climate-fiction, dedicado a fabular acerca de un mundo cuyo clima ha dejado de ser hospitalario: de J. G. Ballard a Kim Stanley Robinson. A ese mismo universo remitían las instantáneas de los primeros saqueos en la capital de Florida: el estado de excepción climático desemboca fácilmente en la suspensión del orden legal.

Es verdad que los huracanes son un rasgo permanente del clima terrestre: no empiezan ayer. Son propios de las zonas tropicales, y no por casualidad: es en el Ecuador donde el sol cae sobre la Tierra más directamente, calentando en mayor medida las aguas y creando así las condiciones para su formación. Y son la misma cosa en el Caribe que en el Índico o Australasia, aunque allí los llamemos tifones o cliclones. El fenómeno es idéntico: una masa rotatoria de tormentas organizada alrededor de núcleos circulares ventilados por franjas de viento huracanado. Se forman sobre el mar y pierden fuerza al tomar tierra, pues obtienen ésta del calor latente que produce la condensación del agua. Para que se cree un huracán, la temperatura del agua debe estar por encima de los veintiséis grados y mantenerse así sesenta metros por encima de la superficie; la humedad debe rondar el 75-80%. No son condiciones estrafalarias y, por fortuna, se forman menos huracanes de los que podrían; apenas el 10% de los centros de bajas presiones sobre las aguas tropicales da lugar a ellos. Por lo demás, lo noticioso es que lleguen a tocar tierra: si no, apenas son carne de estadística antes de que de noticiario.

Sucede que la actual temporada de huracanes ‒la prensa norteamericana anuncia cada año rutinariamente su comienzo, que coincide con la apertura del período vacacional en el mes de junio‒ está trayendo desagradables sorpresas. Irma, sin ir más lejos, ha batido algunos récords: formado a finales de agosto, el huracán se ha mantenido vivo durante al menos doce días y ha sido capaz de mantener vientos de 297 kilómetros por hora durante treinta y tres horas consecutivas, exhibiendo además una baja presión inédita de 914 milibares. Esta longevidad es uno de sus dos rasgos excepcionales; el otro es su origen. Irma es un huracán de categoría 5 que no se ha originado ‒como sí hizo Katrina, por ejemplo‒ en las cálidas aguas del Golfo de México o el Caribe, sino que lo ha hecho más al este, en el Atlántico tropical. ¡Por una vez, Trump no exageraba!

Establecer una asociación entre el cambio climático y los huracanes de este verano no es caprichoso. De hecho, es elemental: si los huracanes necesitan de altas temperaturas y aguas calientes para tomar forma, un planeta cuyas temperaturas medias aumentan será un planeta donde aumente el número de huracanes. Así lo vienen diciendo los registros: su número se ha incrementado en las últimas tres décadas, igual que las regiones templadas están conociendo un aumento de las tormentas y los modelos climáticos indican un incremento en la fuerza de los monzones del próximo siglo. No se trata con ello de ser catastrofista, sino realista. Es decir, de aceptar que la provechosa actividad industrial de los últimos doscientos cincuenta años ‒provechosa en términos de progreso material humano‒ ha terminado por alterar el clima del planeta y nos corresponde ahora tomar las medidas necesarias para minimizar los riesgos que de ahí se derivan. Ante los escépticos, sólo pueden presentarse los datos afanosamente compilados por los científicos. Y si es verdad que el aumento de las temperaturas ‒objetivamente mensurable‒ apenas se discute ya, abundan todavía quienes niegan que el ser humano tenga nada que ver con ello. Sin embargo, por resumir un asunto bien complejo, hay un dato concluyente que apunta en sentido opuesto: como nos enseñan los paleoclimatólogos, los gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera se han correlacionado con la temperatura del planeta durante los últimos ochocientos mil años. Si el ser humano se ha dedicado a algo durante los últimos tres siglos, es a liberar esos gases mediante la actividad industrial. Por eso ahora puede decirse que los huracanes son un fenómeno socionatural: porque son sucesos climáticos que tienen lugar en un planeta donde el clima ha sido modificado por la actividad social.

No sería así de extrañar que los futuros historiadores marcasen este año como el inicio oficioso del nuevo régimen climático. O, alternativamente, como el momento en que el Antropoceno ‒una de cuyas manifestaciones mayores es el cambio climático‒ dejó de ser una vaga abstracción manejada por expertos para convertirse en una realidad acuciante, e incluso como el acontecimiento climático cuya peligrosidad nos reveló la ambigüedad esencial de esta incipiente Era Humana, donde conviven la transformación humana del planeta y la desestabilización de los sistemas terrestres. De manera que la humanización de la naturaleza ‒que implica tanto cambio como destrucción de especies y hábitats‒ se ve acompañada por el resurgir de una naturaleza inhumana de la que no acostumbrábamos ya a recibir noticias. ¡Apenas un terremoto devastador de vez en cuando! Hablando de terremotos: la ciencia aún no tiene una explicación precisa para los relámpagos que iluminan el cielo justo antes de que se produzca un gran sismo, como sucedió en México la pasada semana y puede comprobarse en algunas grabaciones caseras que han circulado por Internet. Irónicamente, sin movimientos tectónicos no existiría vida sobre el planeta: una Tierra plana no habría creado las condiciones para la diversificación evolutiva de la vida orgánica. Historia geológica, historia de la vida, historia social: estas distintas temporalidades convergen en el Antropoceno y hacerse cargo de todas ellas simultáneamente presenta dificultades considerables para un sistema político acostumbrado a no ver más allá de la próxima convocatoria electoral.

Por otro lado, ahora que Corea del Norte tiene la ocurrencia de hacer otra vez probaturas nucleares, no está de más recordar que los ensayos atómicos de los años cincuenta van ganando la batalla simbólica por el registro fósil del Antropoceno: los geólogos que debaten dónde debe fijarse su inicio parecen inclinarse por las marcas dejadas por esos isótopos. En el terreno de la ficción, David Lynch ha subrayado la relevancia de la bomba de hidrógeno, situándola en el hermético corazón de la tercera temporada de Twin Peaks, aludiendo con ello a algo a medio camino entre la caja de Pandora y el fin del mundo. También en relación con el Antropoceno está hablándose de apocalipsis, aunque no en el sentido literal. La desestabilización de los sistemas planetarios nos invita a contemplar el mundo desde el punto de vista de su final, para así, tal vez, dar forma a algún tipo de política climática colectiva.

Se da de este modo la paradoja de que la Era Humana contiene a una especie que piensa en trascenderse a sí misma a través del mejoramiento tecnológico o la manipulación genética y a una que se ve obligada a defenderse de un planeta repentinamente convertido en amenaza. Por eso se habla de una «Tierra desafiante» (Clive Hamilton) o de «la intrusión de Gaia» (Isabelle Stengers): el mundo deja de ser un oikos ‒u hogar humano‒ bajo las hospitalarias condiciones creadas por el Holoceno y exige de nosotros un esfuerzo de adaptación cuya primera condición es la toma de conciencia. Es decir, el momento reflexivo en el que aceptamos haber entrado en territorio geológico desconocido. De ahí las alusiones a una humanidad aglutinada contra la amenaza común, a la firma de un nuevo contrato social global que incluya al mundo no humano, a la declaración de una Guerra de los Doscientos años que enfrente ‒como sugiere Bruno Latour‒ a los terrícolas contra el planeta. Eso no va a suceder mañana: quizá no suceda nunca. Entre otras cosas, porque las noticias que nos trae la ciencia no se traducen al lenguaje político de manera automática: la búsqueda de soluciones es en sí misma controvertida y exige la conciliación de valores e intereses diferentes. Descarbonizar, ¿cómo? Proteger el mundo natural, ¿hasta qué punto? Seguir creciendo, ¿cuánto? Y así sucesivamente.

Es imposible saber qué efecto producirá sobre la opinión pública esta inquietante temporada de huracanes. Quizá Irma ejemplifique eso que Crispin Tickell ha denominado «pegagogía de la catástrofe benigna», llamada a mostrar al público las consecuencias potenciales de un cambio climático abandonado a su inercia. En este escenario, el shock psicológico así producido generaría el capital político necesario para dar impulso a las correspondientes políticas de sostenibilidad: las ciudades sumergidas nos despertarían de golpe al nuevo desorden climático. Pero también puede ser que, disipadas las nubes, centremos nuestra atención en otro asunto: hay donde elegir. ¡Todavía hay quien desea crear naciones! O que nos acostumbremos gradualmente a las excepciones climáticas, hasta el punto de interiorizarlas como una nueva normalidad a la que adaptarse sin aspavientos. En otras palabras, nos despediríamos sin dramatismo del Holoceno y daríamos la bienvenida al enigmático Antropoceno. Viendo el tamaño del huracán en las imágenes por satélite o la altura de las olas a pie de playa, sin embargo, cuesta creer que logremos mantener la calma.

 

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Will OREMUS, “¿Cuánto vale el futuro?” a Letras Libres (14-09-17)

http://www.letraslibres.com/mexico/economia/cuanto-vale-el-futuro

Desde hace mucho tiempo los científicos sabían que el cambio climático probablemente causaría huracanes mayores e inundaciones más fuertes en la costa estadounidense del Golfo, que incluye ciudades como Houston. Aunque, por supuesto, era imposible predecir la fecha o detalles específicos al respecto. En los últimos tres años, esa ciudad ha sido azotada por tormentas improbablemente fuertes que incluso superan las predicciones más pesimistas. Pero, tal vez no habría importado que los científicos pronosticaran correctamente estas inminentes tragedias. En repetidas ocasiones, los funcionarios locales ignoran las advertencias sobre el cambio climático y decidieron autorizar la construcción en terrenos conocidos por ser propensos a inundaciones o esenciales para prevenir la inundación de la ciudad.

Imaginemos que los científicos hubieran sabido desde hace décadas la posibilidad de una tormenta de la magnitud del huracán Harvey y que los oficiales gubernamentales de Houston hubieran aceptado la información y planeado sus acciones en consecuencia. ¿Cuánto presupuesto habría destinado la ciudad durante, por ejemplo, la década de los noventa para mitigar la tragedia que vive hoy? O, tal vez una pregunta más acertada: ¿cuánto presupuesto debería haber destinado?

Hoy, ante la situación de Houston, con calles sumergidas bajo el agua, docenas de muertos e innumerables familias sin hogar, es fácil pensar que la respuesta es “tanto como hubiese hecho falta”. Pero, los economistas tienen una respuesta diferente: se basan en un concepto conocido como la tasa social de descuento. La polémica en torno a cómo calcular estos gastos poco a poco está cambiando la manera en que los legisladores tratan problemas a largo plazo, desde la protección contra inundaciones y el uso de la energía nuclear hasta la construcción de un tren de alta velocidad.

¿Qué representa exactamente esta tasa? ¿Quién decide cuánto se invierte? ¿Cómo se utiliza la tasa realmente?

Para empezar, tenemos que entender cómo funciona la tasa social de descuento. Por ejemplo, supongamos que sabemos que si no hacemos nada al respecto, en 10 años sufriremos el ataque de un robot gigante y que nos costará 100,000 dólares. Un economista clásico preguntaría: ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar en este momento para prevenir el ataque de este robot gigante en diez años?

Para estimar el gasto que habría que hacer hoy habría que aplicar la tasa social de descuento: el porcentaje anual de devaluación de un beneficio futuro por cada año que uno espera para obtenerlo. Con una tasa de descuento anual del 5 %, los 100.000 dólares que costaría el desastre en 2027 equivaldrían a 65.000 dólares de hoy. Entonces, siguiendo esta línea de la economía clásica, no deberíamos pagar más que eso para construir nuestras defensas contra robots gigantes.

Esta lógica, que refleja el comportamiento de individuos y corporaciones en el mercado, podría ser útil para la toma de decisiones financieras simples. Y, durante casi toda la segunda mitad del siglo veinte, fue el modelo predominante para analizar de la relación costo-beneficio en proyectos públicos y privados. En 1972, la Oficina de Administración y Presupuestos del presidente Nixon impuso una tasa social de descuento del 10 % en todos los análisis de relación costo-beneficio realizado por las agencias federales con el objetivo de desalentar la inversión en proyectos cuyos beneficios no fueran a superar los inversiones privadas sólidas. Aunque hoy en día parezca increíblemente alta, esta tasa se sostuvo durante 20 años hasta que, en 1992, la misma oficina la redujo a un 7 %, que sigue siendo una cifra importante.

A nivel individual, esto podría llegar a tener sentido: casi nadie hace planes a tan largo plazo, principalmente porque todos estaremos muertos en 100 años. Sin embargo, cuando hablamos de inversión pública en una escala de tiempo tan grande como esta, uno se enfrenta al problema que las personas que recibirán el beneficio no serán las que toman la decisión hoy. Podemos entender que un ciudadano común prefiera 10 dólares hoy antes que 100.000 dólares en 2117, ¿pero podemos justificar que el gobierno les dé un valor 10.000 veces mayor a los ciudadanos del presente que a sus nietos? No solamente es injusto para las futuras generaciones, sino que al hablar de cambio climático y del uso de energía nuclear, parecería que nos enfundamos en una altísima tolerancia ante la posible extinción de la raza humana.

Pero para volver al experimento mental inicial: podríamos decir que una alta tasa de descuento, basada en la rentabilidad del mercado, implicaría que los funcionaros públicos de décadas pasadas en Houston estaban justificados al priorizar el crecimiento económico de la ciudad a corto plazo en lugar de invertir en prevención contra inundaciones a largo plazo –incluso si hubiesen sabido que algo similar al huracán Harvey ocurriría eventualmente. Sin embargo, ante la situación actual de Houston, esa no parece ser una conclusión aceptable.

La tasa de descuento social se desarrolló para analizar principalmente inversiones en infraestructura que darían beneficios a la sociedad a largo plazo, como el sistema de autopistas de los Estados Unidos. Sin embargo, algunas de sus limitaciones se hicieron evidentes incluso antes de que surgiera el debate sobre el cambio climático. En la década de los setenta, se intentó aplicar a temas como la generación de energía nuclear o el almacenamiento de residuos nucleares. De la misma forma, también surgieron advertencias sobre la pérdida de biodiversidad, lo que hizo que los economistas se preguntaran cómo podían incorporar valores como la sustentabilidad a sus cálculos de relación costo-beneficio. En las décadas recientes, los economistas han buscado alternativas para definir la tasa de descuento social que tengan un mejor equilibrio entre los beneficios a corto plazo y los riesgos a largo plazo.

En 2006, el debate llegó a un punto de inflexión cuando, por encargo del gobierno británico, un equipo liderado por el economista Sir Nicholas Stern publicó un informe sobre los costos del cambio climático. En la investigación, conocida como el Informe Stern, se llegó a la alarmante conclusión de que se necesitaban tomar medidas inmediatas y complejas para evitar efectos catastróficos a largo plazo relacionados con el cambio climático causado por los humanos. Específicamente, el informe recomienda invertir hasta un 1 % del PIB anual mundial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, una cifra altísima comparada con lo que se gasta actualmente. En 2008, Stern aumentó la cifra al 2 % del PIB mundial.

En lugar de emplear tasas de interés del mercado como tasas de descuento social, Stern utilizó otro tipo de fórmula, donde incluyó cuestiones sobre la igualdad entre generaciones presentes y futuras, así como predicciones pesimistas sobre el futuro crecimiento económico. Según Stern, el bienestar de nuestros nietos merece ser tomado en cuenta tanto como el nuestro. Estableció que la tasa de descuento debería ser de tan solo el 0.1 % solo para reflejar la remota eventual posibilidad de la extinción de la raza humana. En otras palabras, dio el mismo valor a las próximas generaciones que a la nuestra; y no solo a la generación de nuestros nietos, sino también a la generación de los nietos de los nietos de los nietos, etc.

De esta controversia académica, surgió un posible acuerdo donde se establece una tasa más alta que la de Stern, pero también mucho más baja que la usada en el siglo XX y que la que se ha utilizado para calcular el rendimiento de inversiones privadas. En 2010, un grupo de trabajo federal encargado de establecer el precio oficial del carbón que se usaría para evaluar políticas climáticas estableció una tasa del 3 %.

Pero, hoy en día, hay economistas ambientales que insisten en que esa tasa es demasiado alta y plantean que se debe cambiar el enfoque con el que se determina la tasa de descuento cuando se trata de riesgos mundiales como el cambio climático. En un trabajo de 2012 realizado por Laurie Johnson, la entonces Líder de Economistas del Consejo para la Defensa de Recursos Naturales, y por Chris Hope, de la Universidad de Cambridge, se plantearon argumentos contra la teoría de que las futuras generaciones estarán mejor que nosotros en un mundo con temperaturas cada vez más altas. Johnson, que ahora es Directora Ejecutiva del grupo sin fines de lucro Carbon Cost Project, señala que los sectores más vulnerables de la sociedad son los que se verán más afectados por el cambio climático. De ser así, podría socavar la teoría de que las futuras generaciones darán menos valor que nosotros a un dólar, incluso si el PIB mundial sigue aumentando. Johnson está convencida de que los economistas deberían analizar el cambio climático con el objetivo de minimizar los riesgos y no de maximizar las utilidades.

Estas reflexiones, que complican el proceso para establecer una tasa de descuento social adecuada, parecen filtrarse en las políticas generales, aunque muy gradualmente. El reconocido informe de 2014 realizado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) incluyó un análisis profundo y sutil sobre las tasas de descuento que permitió proponer una fórmula que toma en cuenta las disparidades entre generaciones y clases sociales, junto con la aversión al riesgo, sin olvidarse por completo de los supuestos tradicionales sobre crecimiento económico. El economista Charles Kolstad, que ayudó a dirigir al equipo encargado de ese capítulo, me dijo que cree que el consenso entre economistas ha cambiado desde 1996, cuando un informe anterior del IPCC utilizó tasas de descuento mucho más altas.

Sin embargo, opina que la brecha más importante hoy no es la que divide a los economistas; sino la que se interpone entre el acuerdo de los académicos, por más holgado que sea, y la realidad política y normativa en una complicada democracia. Es posible que a Johnson le pareciera muy bajo el precio del carbón que decidió el grupo de trabajo en 2010 (aunque después se aumentó), pero este año Donald Trump emitió una orden ejecutiva para cancelar completamente el proyecto para calcular el costo social de las emisiones de gases de efecto invernadero. Volvamos a Houston. En una entrevista del año pasado con ProPublica, el entonces encargado de control de inundaciones en Harris County admitió que su agencia no tenía planes para estudiar el impacto potencial del cambio climático en relación con inundaciones locales.

Según Kolstad, todo esto demuestra la desconexión entre nuestros cálculos egoístas —y, a veces, miopes— del futuro y los cálculos que usan los economistas en sus publicaciones académicas. “Si en 1990 hubiéramos pedido a los habitantes de Houston que invirtieran en prevención contra huracanes, la mayoría hubiera contestado que no tenían idea de dónde estarían en 20 años”, reflexiona Kolstad. “En caso de peligro, piensan que podrían mudarse. Pero la ciudad de Houston no tiene esa posibilidad”.

 

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Daniel VERNET, “Angela Merkel vers une quatrième victoire: Nous y arriverons’” a Telos (8-09-17)

https://www.telos-eu.com/fr/angela-merkel-vers-une-quatrieme-victoire-nous-y-a.html

Même si le référendum sur le Brexit, l’élection de Donald Trump et l’ascension improbable d’Emmanuel Macron doivent inciter à la prudence, tout laisse à penser qu’Angela Merkel rempilera pour un quatrième mandat après les élections législatives du 24 septembre. Son parti, la CDU-CSU, devance de 15 points dans les enquêtes d’opinion la Social-Démocratie (Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD) menée par l’ancien président du Parlement européen, Martin Schulz. Les sondages varient de plus ou moins un point selon les semaines, mais la Démocratie chrétienne reste autour de 38% des intentions de vote. Et quand ces dernières faiblissent, ce sont les petits partis tournant autour de 8 à 9% qui en profitent et non le SPD. Les libéraux du FDP (Freie Demokratische Partei) devraient espérer le retour au Bundestag après une législature sabbatique. La gauche radicale Die Linke, parti protestataire, cède du terrain à l’extrême-droite, notamment dans l’ex-Allemagne de l’Est. L’Alternative für Deutschland (AfD) devrait faire son entrée au Parlement. Quant aux Verts, ils paieront leur « embourgeoisement ». La moitié des électeurs n’a pas encore arrêté son choix.

Le quotidien de Munich ddeutsche Zeitung (centre gauche) titrait récemment « La bataille électorale commencera le 25 septembre ». Autrement dit, c’est au lendemain du scrutin, avec les discussions pour la formation d’un gouvernement de coalition, que se dessinera le véritable paysage politique de l’Allemagne – car il est exclu qu’un seul parti obtienne la majorité absolue. Ce n’est arrivé qu’une fois dans l’histoire de la République fédérale, en 1957, et encore Konrad Adenauer avait-il choisi de former une coalition avec une petite formation, disparue depuis, lors, le Deutsche Partei qui militait déjà pour la réunification du pays.

La championne de la démobilisation asymétrique

Angela Merkel devrait donc avoir le choix entre quatre solutions, en fonction de l’arithmétique parlementaire : soit une coalition dite « bourgeoise » avec les libéraux du FDP  – c’est la formule qui a dominé la vie politique (ouest) allemande ; soit une reconduction de la grande coalition avec le SPD, mais les sociaux-démocrates auraient bien besoin d’une cure d’opposition pour sortir de leur marasme électoral ; soit une alliance avec les Verts, déjà prônée en 2013 par des figures de l’écologie comme Daniel Cohn-Bendit ou le politologue Claus Leggewie ; soit, enfin, une combinaison originale dite « Jamaïca », car elle associerait le noir, couleur de la démocratie chrétienne, le jaune couleur des libéraux, et le vert des écologistes, à l’image du drapeau de la République jamaïcaine.

La chancelière a déblayé le terrain devant toutes les hypothèses. Elle n’a exclu aucune solution, sauf une coopération avec la gauche radicale ou avec l’extrême-droite anti-européenne. Elle a asséché le terreau idéologique de ses concurrents en puisant dans leur programme. Elle défend l’orthodoxie budgétaire et chante les mérites du Mittelstand (les entreprises moyennes), même si certains libéraux trouvent qu’elle n’est pas assez… libérale.

Son gouvernement de grande coalition a mis en œuvre depuis 2013 plusieurs revendications de ses alliés sociaux-démocrates, comme le salaire minimum, l’abaissement de l’âge de la retraite pour les salariés ayant eu une longue vie professionnelle, la création de crèches pour encourager l’emploi féminin, etc. Elle a levé les obstacles à un accord avec les Verts en annonçant, en 2011 à la suite de la catastrophe de Fukushima, la sortie du nucléaire pour 2020, puis en ouvrant les portes de l’Allemagne aux réfugiés à l’automne 2015, et plus récemment en laissant entendre qu’il fallait réfléchir à la fin du moteur à explosion. Elle l’a fait à sa manière, en ménageant l’industrie automobile, fleuron de l’économie allemande au centre du scandale sur le diesel, tout en lançant quelques perches vers les écologistes. Elle avait employé la même méthode avec le mariage pour tous. Au détour d’un entretien dans un journal féminin, elle avait levé son opposition à une discussion, à la grande satisfaction des progressistes. Elle-même a voté contre au Bundestag, ce qui n’a pas empêché l’adoption du mariage gay mais lui a valu le respect des conservateurs. Et quand le SPD veut un gouvernement paritaire hommes-femmes, la chancelière trouve l’idée intéressante.

Cette « triangulation », appelée aussi « démobilisation asymétrique », est l’un des secrets de sa réussite. Ce n’est pas le seul. Angela Merkel est le meilleur argument électoral de la Démocratie chrétienne. Après douze ans au pouvoir, elle reste populaire. Sa cote a baissé au cours des dernières semaines, campagne oblige, mais elle est toujours positive. Si le chancelier (la chancelière) était élu(e) au suffrage universel direct, elle battrait son rival à plate couture.

Martin Schulz avait pourtant bien commencé. Au début de l’année, il semblait parti pour menacer Angela Merkel. Nouveau venu sur la scène politique intérieure allemande, il n’était pas gêné pour critiquer un gouvernement auquel il n’avait pas appartenu, contrairement aux autres dirigeants sociaux-démocrates. Toutefois son équation personnelle n’a pas compensé son incapacité – ni celle de son parti – à trouver un thème mobilisateur. Angela Merkel fait campagne sur le thème « L’Allemagne va bien », les caisses de l’État sont pleines, le chômage est au plus bas, la croissance se maintient. Martin Schulz rétorque « Oui, mais elle pourrait aller mieux ». Loin de lever un espoir, cette phrase est reçue comme une critique adressée à l’ensemble de ses compatriotes dont les efforts laisseraient à désirer. En appelant à plus de justice sociale il a donné le sentiment de dénigrer ce qui a été accompli jusqu’alors. Sa critique des réformes Schröder l’ont mis en porte-à-faux vis-à-vis de ses camarades.

Accordez-moi encore un peu de votre confiance

La chancelière, au contraire, table sur l’aspiration de ses électeurs à la stabilité. Ça va bien et, avec moi, ça continuera à aller bien. Tel est le message. On lui reproche de prendre son temps, de différer les réformes, d’endormir les Allemands par une routine sans vision. Elle ne s’en défend pas. Elle reprend volontiers à son compte la boutade d’Helmut Schmidt : « celui qui a des visions doit consulter le médecin ».

Ce réalisme sérieux, voire ennuyeux, est en même temps trompeur. Angela Merkel est aussi capable de décisions radicales et impromptues. Voir la sortie du nucléaire ou l’accueil d’un million de réfugiés en 2015. Wir schaffen das (nous y arriverons), a-t-elle martelé pendant des semaines face aux commentaires sceptiques et même hostiles de ses propres amis politiques. Malgré les incidents, les ratés, les critiques sur les moyens financiers engagés, et les attentats terroristes qui n’ont objectivement rien à voir avec les réfugiés, mais qui sont souvent liés dans l’appréhension collective, l’Allemagne « y est arrivée ». Elle a réussi à accueillir et souvent à intégrer ces réfugiés. Là encore, la chancelière a mené une double politique, ouvrant les portes, refusant de fixer un « plafond » au nombre des migrants, et travaillant en même temps à en réduire le flux, en particulier grâce à l’accord peu glorieux conclu avec la Turquie.

Passé le moment où les Allemands ont été fiers de regarder leur visage humaniste dans le miroir des réfugiés, la popularité d’Angela Merkel en a souffert. Mais une majorité lui fait confiance pour régler les problèmes que sa décision a créés. La sécurité est la première des préoccupations des Allemands et ceux qui reprochent à la chancelière de l’avoir mise en danger comptent sur elle pour conjurer les risques. Face à son concurrent qui, n’ayant plus rien à perdre, est passé à l’attaque, Angela Merkel met en garde contre un saut dans l’inconnu. Elle clôt ses meetings électoraux par une note de fausse modestie : « Ce serait bien si vous m’accordiez encore un peu votre confiance ». Au moins pour les quatre prochaines années.

 

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Roger PALÀ, “Guia per sobreviure fins al referèndum de l’1 d’octubre” a Crític (10-09-17)

http://www.elcritic.cat/blogs/rogerpala/2017/09/10/guia-per-sobreviure-fins-al-referendum-de-l1-doctubre/

Al setembre del 2015 vam publicar en aquest blog un ‘post’ titulat “Guia per sobreviure a la batalla campal de Twitter fins al 27-S”. En aquell text exposàvem algunes normes bàsiques d’urbanitat a les xarxes socials, en un moment en el qual el debat polític era especialment intens. Tots aquells apunts segueixen sent vàlids en el moment actual: estem immersos en un setembre elèctric on viurem episodis d’especial intensitat mediàtica. Però a ningú se li escapa que la tensió i la confrontació política han anat en augment des del 27-S, en especial a les xarxes socials. Durant aquest temps, hi ha hagut una sèrie de tendències que s’han consolidat arreu del món: l’ús polític dels trols anònims, les campanyes d’assetjament digital, l’increment de les notícies partidistes o directament de les notícies falses… A Catalunya, com és normal, aquestes tendències també han anat fent via. Cinc anys llargs de procés han provocat sens dubte un cert esgotament.

És per això que a CRÍTIC hem decidit posar negre sobre blanc una sèrie de reflexions per mirar de pal·liar aquest clima d’intensitat i tensió política que alguns perceben. És un recull amb un seguit de pràctiques no restringides a les xarxes que mirem d’aplicar-nos (tot i que no sempre ens en sortim). L’objectiu de totes aquestes pràctiques és un: trobar la fórmula per allunyar-nos del soroll de les trinxeres —de totes les trinxeres— i mirar de conservar el cap fred i la mirada crítica amb tot el que s’apropa.

Mira molt menys Twitter (o no el miris)

Ho hem de reconèixer: Twitter ha perdut una gran part de la gràcia i de les virtuts que van fer popular aquesta xarxa social. Ara com ara, ha esdevingut un camp de batalla adobat al partidisme, la crispació i al troleig en totes direccions. Avui podem dir sense por d’equivocar-nos que ser a Twitter no és sinònim d’estar més ben informat.

Els directius de Twitter són ja plenament conscients que un dels problemes que afronta aquesta xarxa social és l’alt grau de tensió, d’insults, d’amenaces i d’odi. Ho explicava Sergi Picazo en un article titulat: “Per què estem perdent Twitter en favor de la cultura de l’odi?”. Les xarxes socials tenen un problema i ho saben. Sobretot Twitter, un dels principals espais de creació i construcció d’opinió sobre política. Organitzacions de defensa dels periodistes i dels drets humans ja consideren que el que s’anomena ‘online harassment’ (‘assetjament digital’) és una de les principals amenaces a la llibertat d’expressió i la llibertat de premsa al món, sobretot en el cas d’activistes i dones periodistes. De fet, molta gent se n’està anant de Twitter: és una tendència global. Per tant, sense deixar de ser-hi actius, potser és una bona idea consultar-lo menys, pensar 30 segons abans de clicar el botó de publicar sobre què diem i què no diem… i mirar de moure’s per altres xarxes socials per ampliar horitzons.

Consulta directament els teus mitjans de referència

Recordeu aquells temps en què anàvem al quiosc i a canvi d’un euro compràvem un diari que ens oferia un menú informatiu complet? Llavors ens semblava una cosa molt ‘sosa’. Però, vist el panorama actual, potser no estava tan malament (sí, sé que és un comentari que sona ‘viejuno’, però miraré d’argumentar-ho). Les xarxes socials ens ofereixen la possibilitat d’accedir a una pluralitat de visions i d’opinions mai vista; però, al mateix temps, incrementen la sensació de vertigen i sobredosi informativa barrejada amb centenars —o milers— de comentaris al dia que són purament opinió i no informació. Reportatges d’interès i notícies contrastades conviuen amb vídeos de gatets, tuits d’humor amb milers de rèpliques, quilos de propaganda política i, a més…. assetjadors anònims i/o professionals.

Als mitjans de comunicació —ho sabem prou— no tot és perfecte. De fet, a vegades també hi ha vídeos de gatets, seccions d’humor i propaganda política. Però, reivindiquem el periodisme! Els mitjans ofereixen informació seleccionada, jerarquitzada, que passa o hauria de passar per uns filtres de contrastació, d’equilibri i de pluralitat, i, a més, amb una mica més de mesura. La sobreinformació provoca desinformació. El primer que falta després d’una inundació en una ciutat és, malgrat l’excés d’aigua, l’aigua potable. Contra la sobredosi informativa, va bé buscar més d’una capçalera de referència i consultar-les directament, sense haver de pagar el peatge de passar per unes xarxes que tampoc són neutrals.

Protegeix-te de la propaganda

L’ús que fan els partits i alguns líders polítics de les xarxes molt sovint és positiu. Major contacte amb la gent, possibilitat de respondre preguntes —tot i que es fa ben poc!— i una plataforma per difondre informació de manera directa i sense filtres de titulars esbiaixats als mitjans… Tot això pot ser enriquidor per als ciutadans. Però també té un revers tenebrós: la propaganda sense control, sense contrast i sense rigor. I, en conseqüència, l’auge de les ‘fake news’ i dels ‘fets alternatius’ que tant ha utilitzat a Twitter el president dels Estats Units, Donald Trump.

Les xarxes són una excel·lent arma propagandística si la sabem emprar bé. Ho van descobrir primer els moviments socials d’arreu del planeta (i aquí: digues-li 15-M, digues-li ANC); però, algun temps després, empreses i partits polítics van descobrir la potencialitat de Twitter i de Facebook. L’expertesa en el món de les xarxes socials es va traslladar a les organitzacions polítiques tradicionals. Els partits polítics s’han convertit en maquinàries molt ben greixades en la manufacturació i difusió de missatges de propaganda a la xarxa. Consumir-ne és probablement inevitable, però sempre serà millor que ho fem amb moderació i amb una dieta variada. Davant la propaganda: periodisme, periodisme i periodisme.

Llegeix sobre altres temes que no siguin el procés

Els primers dies dels atemptats del 17-A a Barcelona i a Cambrils, els periodistes que cobrim política catalana vam viure quelcom d’estrany: per primer cop en bastant de temps, hi havia un fet que no tenia a veure directament amb el procés que acaparava l’atenció informativa d’una forma com només el procés havia estat capaç de fer-ho durant els últims anys. Això va suposar un esforç per a moltes redaccions i també ens va permetre, durant algun temps, obrir-nos a altres debats importants per a la nostra societat: el terrorisme, la situació de l’Iraq i de Síria, la integració de la immigració, l’educació, la desigualtat social, la qüestió musulmana a Catalunya…

Tot plegat ja s’ha anat recol·locant dins els esquemes del procés a partir del moment en què va entrar en joc la disputa partidista respecte a la gestió i prevenció dels atemptats. Però, en aquests moments de màxima intensitat en el debat sobre la independència, per fer una mica d’higiene mental segueix sent molt important llegir coses que no tinguin a veure amb el procés. Sí, hi ha altres temes, sí, segur!

Oxigena les teves xarxes: comparteix altres continguts

Fes un exercici senzill: estiguis a favor o en contra del referèndum o de la independència, durant l’última setmana… has piulat alguna cosa que no hi faci referència? Has penjat a Facebook algun article o vídeo que no hi tingui a veure? Ets una persona raonable però, de tant en tant, t’agafa l’impuls de tuitejar compulsivament insults o desqualificacions personals, sigui contra Espanya, els Comuns o els independentistes? Si la resposta és no, amb independència de quina sigui la teva posició política, pot ser —i t’ho diem amb tot l’amor i simpatia, perquè a nosaltres també ens passa— pot ser que estiguis ‘cunyadejant’ una mica. Per oxigenar el nostre ecosistema i les nostres xarxes, doncs, també és bo que compartim continguts que no tinguin res a veure amb l’1 d’octubre i les seves causes o conseqüències.

Hi ha vida més enllà dels articles d’opinió contundents

(Se que aquest punt és tirar-me pedres sobre la pròpia teulada, però bé… som-hi.)

L’auge de la premsa digital arreu del món ha tingut diverses derivades. Una d’aquestes és una sobredosi d’articles d’opinió. Vivim envoltats d’opinió i opinió. De fet, com més rotundes, sense grisos i contundents siguin aquestes opinions, més es retuitejaran. Els opinadors que dubten són pocs i, sovint, el mascle alfa de l’opinió política ho té tot superclar. Tot és blanc o negre. Amb mi o contra mi.

Per què ha passat, això? Bàsicament per dos motius: en primer lloc, escriure articles d’opinió és sovint, sobretot si es fa amb presses i sense preparar-se i treballar els temes a fons, més fàcil i barat que escriure reportatges documentats, anar al lloc dels fets o entrevistar-se amb els principals experts de qualsevol fet polèmic, i, en segon lloc, els articles d’opinió —ai!— donen sovint més audiència que aquells reportatges tan ben documentats. Alguns articles d’opinió són bons. D’altres són prescindibles i d’altres són directament dolents. Cal reduir la nostra dosi d’articles d’opinió diària. Fixar-nos només en aquells autors de referència i, si pot ser, de tendències contraposades.

Com en la majoria de punts d’aquesta guia, a CRÍTIC hem de fer autocrítica perquè nosaltres també tenim tendència a publicar molts articles d’opinió (tot i que també publiquem reportatges i entrevistes). Una bona alternativa a l’opinió és l’anàlisi. Cal diferenciar-les: l’opinió sovint és unidireccional; l’anàlisi ha d’incorporar, si és possible, diferents punts de vista.

Llegeix i comparteix coses en les quals no estiguis d’acord

Una de les conseqüències de l’auge de les xarxes socials és el denominat ‘efecte túnel’. El meravellós algoritme de Facebook ens mostrarà abans aquells continguts que comparteixen gent amb la qual interactuem més o que s’apropen més als nostres gustos, que no pas d’altres que en difereixin. La conseqüència d’això és que probablement deixarem d’accedir a altres punts de vista que, tot i no coincidir-hi, ens poden resultar interessants. Llegir atentament opinions diferents sempre és bo. Per tant, aquest mes de setembre, més que mai, hem de fer un esforç conscient per llegir aquells mitjans, articulistes i periodistes amb qui no estiguem d’acord o amb qui no compartim completament l’anàlisi de la realitat.

Converteix-te en ciutadà periodista: sigues escèptic

Amb els atemptats del 17-A, hem vist de nou com informacions no del tot contrastades o directament falses han estat publicades per alguns mitjans com si fossin certes. En alguns casos hi ha hagut desmentiments posteriors; en d’altres no. Gairebé tots aquells mitjans que es mouen en l’actualitat han estat víctimes d’aquesta tendència, i no tingueu cap dubte que, si CRÍTIC fos un mitjà que cobrís actualitat, segurament també hi hauria caigut (d’aquí venen les nostres resistències a deixar-nos endur per aquesta voràgine).

Tanmateix, aquesta dinàmica ens obliga als lectors i consumidors d’informació a ser encara més proactius i escèptics a l’hora d’analitzar i compartir informació. Abans de clicar sobre el botó de ‘share’ a una informació o una opinió que reforci la nostra posició, fem de periodistes ciutadans: quin mitjà la publica? És una capçalera consolidada o no en sabem res? Quina és la seva línia editorial? Té un format periodístic? Aporta més d’una font? Quina és la font original? Resulta creïble? Difondre informació poc veraç o descontextualitzada, encara que pretengui reforçar els nostres arguments, a la llarga no farà cap bé a la nostra causa.

Apaga la pantalla i surt al carrer

Aquesta és, probablement, una de les qüestions més rellevants i alhora més difícils de dur a terme per aquelles persones que passem el dia hiperconnectades. Però resulta cada cop més imprescindible: és l’hora d’apagar les pantalles. Necessitem tornar als espais físics de trobada i de debat. Necessitem llegir més i llegir en paper. En aquest sentit, des de CRÍTIC tenim dues bones notícies: la primera és que estem preparant una festa pel tercer aniversari el pròxim 19 de setembre al Pati del Casinet d’Hostafrancs. La festa és oberta i, a més, si sou subscriptors o subscriptores, us convidem a una cerveseta. La segona és que estem immersos en l’elaboració d’un fantàstic DOSSIER CRÍTIC en paper. Serà el quart número que publicarem. Més de 100 pàgines per abordar una qüestió cabdal dels nostres dies: el feminisme i les discriminacions de gènere. El tindrem enllestit durant el mes de novembre.

 

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Jordi AMAT, “Això, de què va?” a  La Vanguardia (10-09-17)

http://www.lavanguardia.com/opinion/20170910/431182750731/aixo-de-que-va.html

Ho hem sentit una pila de vegades. “Això va de democràcia”. Ha estat un dels últims eslògans magnètics del procés. Potser va ser al desembre quan es va utilitzar per primera vegada de manera planificada. Fou durant l’acte que les entitats sobiranitzadores van organitzar per donar suport a la presidenta del Parlament. Carme Forcadell acudia al Tribunal Superior de Justícia per declarar com a investigada. Molta de la gent convocada duia cartells amb el fons vermell on estava impresa l’afirmació “Això va de democràcia” sobre els logotips dels convocants. També aquell dia, abans que la presidenta i altres integrants de la Mesa del Parlament pugessin l’escalinata del Palau de Justícia, uns membres de l’ANC van arrenglerar 10 lletres al carrer davant la capçalera de la concentració. Democràcia. L’escenografia, altra vegada, era potentíssima. La capitalització del concepte no podia ser més efectiva.

Ara bé, més enllà de la imatge, això ha anat de democràcia? En part sí, però diria que accidentalment o, en tot cas, caldria aclarir-ho més enllà de l’eslògan per evitar més ambigüitats tàctiques. Traiem-nos la careta de la revolució dels somriures. Ja no cal. Abans que res, si això ha anat sobre alguna cosa, ha estat sobre si els catalans podem exercir (o no) el dret a l’autodeterminació.

Abans que sobre el funcionament de la democràcia, això va sobre sobirania. Concretem. ­Això va sobre l’exercici del dret a l’autodeterminació per trencar amb l’Estat espanyol refundat arran de la revolució liberal i crear-ne un de nou en l’era de la globalització que s’emmotlli als límits d’allò que hem consensuat que és la nació catalana. En aquesta darrera fase de conflicte institucional va sobre si una majoria minoritària dels ciutadans avui pot legitimar una majoria parlamentària (no qualificada) per aprovar una legislació alternativa a l’establerta amb l’objectiu de constituir un nou poder. I paral·lelament, això també va sobre la capacitat del Govern espanyol per imposar i fins a on la defensa de la sobirania espanyola. Aquest és el nus plantejat. És el nus que el referèndum pretén resoldre per via unilateral, que no és precisament la més democràtica de les vies. Però que és una via.

El relat de l’independentisme moderat fixa l’inici del procés de sobiranització de la societat del catalanisme en la sentència del Tribunal Constitucional. Diria que és una explicació un pèl simplificada perquè peca per causal i només és unidireccional. Més ajustat a la complexitat de la realitat seria convenir que la sentència, decantant la interpretació de l’ambigua Constitució en direcció uniformitzadora, va propulsionar una dinàmica sobiranista que des de feia ben bé un lustre s’estava estructurant (ideològicament, políticament i socialment). Seria difícil d’explicar, si no fos així, la naturalesa de la manifestació contra la sentència del 10 de juliol del 2010 i en la qual el president de la Generalitat José Montilla va ser escridassat. Aquella convocatòria massiva, organitzada per Òmnium Cultural, ja era descaradament sobiranista, com proclamava el lema “Som una nació. Nosaltres decidim”.

Allò que canviava amb la sentència, esquerdada la mecànica institucional, era que el sobiranisme havia identificat l’instrument que caldria desballestar: l’intèrpret del manual d’instruccions de l’Estat del 1978. Des d’aquell moment un argument central i necessari ha estat presentar el TC com l’organisme de l’Estat deslegitimat per antonomàsia. Per aconseguir-ho calia que el PP no es mogués de la seva posició. Que ­persistís. En la mesura que els populars no han afrontat políticament el problema i han seguit usant el TC com el seu delegat en el conflicte impedint que actués com a àrbitre, mes rere mes, any rere any, l’estratègia sobiranista de deslegitimació de l’Alt Tribunal no ha fet altra cosa que reforçar-se.

Però l’estratègia del bloc na­cionalista, que ha estat molt reeixida, venia d’una mica més enllà.

Amb majoria a la ponència que redactava l’Estatut al Parlament, van tensar prou el redactat perquè la filosofia predominant al text fos la d’una bilateralitat que depassava els marges de la Carta Magna. No era la idea federalista de Maragall sinó que sonava a la confederació del

pla Ibarretxe. No hi va haver capacitat dels socialistes per desaccelerar malgrat que lideraven el Govern. No es va produir la rectificació. Dit amb altres paraules: es va plantejar un torcebraç sobiranista en el pla jurídic que en paral·lel va buscar un suport social massiu. L’Estatut va esdevenir, també, agent de mobilització. L’alimentava el PP trotant sobre el carro del populisme de les consultes demagògiques i flirtejant amb les seves terminals mediàtiques que consolidaven “una suerte de estrategia dogmática rayana en el fascismo” (cito el popular José María Lassalle). L’ambigu dret a decidir maquillaria la ­recuperació del dret a l’autodeterminació, que semblava arraconat a les golfes de la ruptura de la transició. Actors i hereus de la ­ruptura es van retrobar amb els fills del pujolisme més actius. El catalanisme havia començat a mutar. Passava de regionalista a ­sobiranista. I, ocupant el carril central de la ­societat, segueix així.

 

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Benoît PELLISTRANDI, “Catalogne: l’accident démocratique” a Telos (12-09-17)

https://www.telos-eu.com/fr/catalogne-laccident-democratique.html

Voté le 6 septembre au cours d’une session parlementaire chaotique et signé dans la nuit du 6 au 7 décembre, un projet de loi convoquant un référendum d’autodétermination de la Catalogne pour le 1er octobre 2017 semble devoir entrer en vigueur. Le Parlement de Catalogne, limitant pour cela les droits de l’opposition, et le gouvernement de la Généralité ont décidé d’ignorer le cadre constitutionnel espagnol qui justifie et légitime leur existence. Le Parlement de Catalogne qui, selon l’article 3-1 de la loi, « agit comme le représentant de la souveraineté du peuple catalan », valide un renversement de toute la norme constitutionnelle et juridique actuelle (article 3-2) en établissant un « ordre juridique exceptionnel ». Le texte de la question posée le 1er octobre prochain sera : « Voulez-vous que la Catalogne soit un État indépendant sous forme de République? »

Il est précisé (article 4-3) que le résultat de ce référendum sera « contraignant ». La victoire du oui entraînera la déclaration unilatérale de l’indépedance.

Le Tribunal constitutionnel, saisi par le gouvernement de Mariano Rajoy, va annuler les décisions du Parlement de Catalogne et le gouvernement espagnol aura les moyens juridiques officiellement d’empêcher la tenue de ce référendum et en tout cas d’en ignorer le résultat en le considérant nul et non avenu.

Lundi 11 septembre, à l’occasion de la célébration de la Diada, le nationalisme indépendantiste sort dans les rues de Barcelone et des autres villes catalanes, renvoyant une image de soutien populaire qui est comme une anticipation des résultats du 1er octobre.

Telle est la situation. Elle va évoluer d’ici à trois semaines. Mais d’ores et déjà la crise catalane est devenue un conflit ouvert et va déboucher sur un accident démocratique majeur dont les conséquences pourraient être dramatiques.

Un coup de force?

Ce qui arrive aujourd’hui en Catalogne est le résultat de cinq années de dérive sécessionniste et d’une recomposition des forces politiques catalanes au profit des plus radicales. L’ancien parti nationaliste de Jordi Pujol et Artur Mas, Convergencia i Unió (CiU), a sombré tant à cause de son alliance avec les indépendantistes qu’en raison des scandales de corruption qui l’ont disqualifié. Esquerra Republicana de Catalunya (Gauche Républicaine Catalane, ERC) a réussi une OPA en douceur sur le vote nationaliste: longtemps hostile à CiU, ERC a pris la tête du mouvement indépendantiste. Le résultat fut la liste commune – Junts pel Si (Ensemble pour le oui) – avec laquelle les nationalistes se présentèrent aux élections régionales de 2015. Ils obtinrent 62 députés, à six sièges de la majorité absolue. Junts pel Si a donc dû avoir recours au soutien de la Candidature d’Unité Populaire (CUP), un parti bolchévique et indépendantiste. Ce petit parti, avec ses 10 députés, est l’aiguillon de la dérive sécessionniste. Menaçant de censurer l’exécutif de Carles Puigdemont si celui-ci cédait, la CUP est le grand vainqueur tactique de la politique catalane. Autrement dit, l’objectif indépendantiste a neutralisé la vie politique catalane et l’a simplifiée à l’extrême. Il n’y a plus d’options: il y a des gens favorables à l’indépendance et des gens hostiles. On a créé deux blocs d’amis et d’ennemis.

Le vote du Parlement de Catalogne du 6 septembre est-il légal? À écouter les parlementaires (72) qui ont voté oui, le 6 septembre est une journée historique qui manifeste la volonté catalane face aux tentatives d’intimidation de l’État espagnol. À entendre les opposants et à lire la presse espagnole, un coup a été porté à la démocratie. ABC titre « Coup d’État du Parlement catalan », Xavier Vidal-Folch, éditorialiste à El País, parle du « début d’une rébellion catalane », son homologue Iñaki Gabilondo n’a pas hésité à parler ces jours-ci de « catastrophe ». « Nous sommes sur une pente descendante, sans freins », ajoute-t-il. Même le quotidien catalan libéral La Vanguardia, titre « la majorité impose son référendum ».

Le secrétaire général du Parlement catalan et le chef du service juridique ont refusé d’accompagner le débat du 6 septembre et la loi n’a été publiée sur la version électronique du Journal Officiel de la Généralité que par l’intermédiaire d’un député. Les services administratifs et juridiques catalans ont informé le Parlement et le gouvernement catalan du caractère illégal du vote.

Les droits de l’opposition ont été bafoués : les groupes parlementaires n’ont disposé que d’une heure pour préparer des amendements, alors même que l’ordre du jour de la session du 6 a été modifiée à l’ouverture de la session par un tour de passe-passe réglementaire. Plus grave encore, la réforme du règlement, préparée en amont, permet le vote de la loi dans une session d’urgence au terme d’une seule lecture. Comment expliquer qu’une loi aussi importante ne fasse l’objet que d’un débat parlementaire de quelques heures ? Comment expliquer qu’une loi aussi décisive puisse être votée sans majorité qualifiée alors même qu’une réforme constitutionnelle doit faire l’objet d’un vote à la majorité des 3/5es ?

Il y a donc bien eu coup de force: un coup de force maquillé par des apparences de vote parlementaire. Plus grave encore, les indépendantistes jouent du chevauchement de deux légalités: l’une, obsolète à leurs yeux, celle de la Constitution de 1978; l’autre, à venir, celle du peuple catalan souverain. Cet entre-deux juridique est le propre de situations révolutionnaires et permet tous les coups de force au nom de la légalité future qu’il convient de forcer au nom de la légitimité. Quand légalité et légitimité s’opposent, l’historien reconnaît une crise de nature révolutionnaire et il s’en inquiète pour l’avenir.

Vers le conflit?

Y aura-t-il vote le 1er octobre? Rien n’est moins sûr mais empêcher ce vote présente de très nombreux obstacles pratiques. Si le gouvernement central suspend l’autonomie de la Catalogne (article 155 de la Constitution), il faudra installer de nouvelles autorités (concrètement les délégués du gouverement, sorte de préfets). Mais il faudra aussi « neutraliser » les autorités en place. Qui le fera ? La police catalane – Les Mossos d’Esquadra – est certes un corps d’État mais son chef est aujourd’hui un indépendantiste convaincu. Nommé en juillet, Pedro Soler a remplacé Albert Batlle, insuffisamment engagé dans la cause selon les radicaux de la CUP. Des hauts fonctionnaires sont pleinement favorables à la lutte indépendantiste tandis que d’autres sont conscients des risques encourus. Comment procéder sans donner lieu à une épuration politique et administrative ?

Si le gouvernement se limite à déclarer illégal le vote du 1er octobre et l’interdit, comment fera-t-il ? Enverra-t-il la Guardia Civil en Catalogne? L’armée ne peut en aucun cas se prêter à une telle opération pour des raisons à la fois symboliques et politiques. L’armée de la démocratie espagnole refusera de faire revivre des images qui renvoient à la crise de la Seconde République et au franquisme. L’armée espagnole sait qu’elle n’est pas un instrument au service du règlement des conflits politiques.

Même interdit, le vote du 1er octobre aura lieu sous une forme ou une autre: un scrutin sans liste électorale, sans garantie de résultats contrastés et sans vérification contradictoire ou une manifestation massive dans les villes de Catalogne. Symboliquement, les indépendantistes ont marqué un point dans leur bataille politique. Mais pour le faire, ils ont ouvert la voie à un climat de crispation dramatique et potentiellement tragique.

L’état de fracture de la société catalane, et l’hostilité réciproque entre les Catalans et les autres Espagnols, ont créé un climat d’incandescence. Il suffit de lire les commentaires ignobles qui circulent sur les réseaux sociaux pour mesurer l’irresponsabilité de tous. Certains appellent à « violer en groupe » la présidente du groupe parlementaire centriste Inés Arrimadas, hostile à l’indépendance. D’autres demandent un « bombardement de Barcelone. Tout cela est consternant. La violence des mots prépare la violence politique.

Cette violence politique se conjuguera avec une violence ethnique. La loi parle du peuple catalan. Mais qui le définit? Quand on songe que les victimes de l’attentat du 17 août ont été distinguées entre Catalans et Espagnols (et parmi ces derniers, un Espagnol né à Grenade en 1957, venu en Catalogne en 1970… et mort en 2017 après 47 ans de vie en Catalogne!), on mesure la menace ethnique qui pèse sur le débat catalan.

Une double irresponsabilité nationaliste et politique

Otages de la CUP et de sa logique radicale, les nationalistes catalans ont choisi l’affrontement parce que, dans cette situation, les notions de droit et de légitimité sont fragilisées. C’est ce que nous évoquions plus haut: le chevauchement de deux légalités, l’une ancienne et l’autre à venir. Comme dans tout processus nationaliste, il faut forcer l’histoire. Le vote du 6 septembre et le référendum apparaissent aux yeux des constitutionnalistes comme une monstruosité. Qui sait si dans trente ans, ils ne seront pas compris et présentés dans les livres d’histoire comme l’amorce de l’indépendance catalane ?

Le problème de fond est celui de l’indépendance catalane. Cette question est longtemps restée marginale. Elle a gagné en force au point de dévorer la logique nationaliste – celle de Jordi Pujol. De quelle Catalogne parle-t-on? De quel peuple catalan? Hier, la CUP a revendiqué un territoire de 4000 km2 actuellement territoire de l’Aragon! L’indépendance de la Catalogne ouvrira un conflit de frontières dans un des pays les plus stables de ce point de vue… Nous ne sommes pas dans les Balkans et pourtant l’indépendantisme balkanisera la Péninsule.

Pour autant, l’indépendantisme, y compris dans sa forme sécessionniste, est une option légitime. Certes, il se nourrit de fantasmes historiographiques, de délires idéologiques (récemment, le maire indépendantiste de Sabadell voulait débaptiser la rue Antonio Machado, parce que ce grand poète mort à Collioure en 1939, Espagnol libéral et laïque, était franquiste dans son essence pour avoir écrit le recueil poétique Champs de Castille! De même, la rue Goya devait elle aussi être débaptisée pour des raisons similaires). La question à poser est la suivante: comment en est-on arrivé là ?

À l’irresponsabilité des nationalistes, il faut opposer celle des dirigeants espagnols: tant l’ancien président socialiste José Luis Rodriguez Zapatero que l’actuel président Rajoy. Le premier a cautionné la dérive du Parti Socialiste Catalan vers le nationalisme entre 2003 et 2010 et l’alliance du PSC avec ERC (Gauche Républicaine Catalane). Le second a refusé d’ouvrir le débat sur la réforme constitutionnelle alors même que l’évolution de l’État des Autonomies, dessiné par la Constitution de 1978, exigeait une actualisation. Droite et gauche se sont affrontées sans merci, laissant un espace considérable aux nationalismes qui, dans leur dérive vers la sécession, ont gommé leurs divergences idéologiques. L’État epsagnol s’est trouvé affaibli par ceux-là mêmes qui devaient le servir, sans doute pour d’assez mesquines considérations électoralistes de court terme.

Une illusion

L’Europe va assister dans les mois à venir à une crise espagnole majeure. Bien que l’historien refuse de se lancer dans la prospective, je peux prendre ici quelques risques. L’histoire des nationalismes dévoile des mécanismes connus: revendication culturelle, construction d’une offre politique, mise en scène de l’opposition, lutte avec ses défaites et sa victoire finale. Jusqu’ici le déroulement de la crise catalane obéit à ce schéma. On sait donc que loin de s’apaiser la crise ouverte en Catalogne va s’approfondir et avec elle les risques de conflit.

Il y a encore plus grave: jusqu’ici on ne parle que politique, c’est-à-dire manœuvres et rapports de forces. On ne parle pas réalité. Le 2 octobre, Carles Puigdemont proclamera peut-être l’indépendance de la Catalogne. Mais quel État la reconnaîtra, mis à part le Venezuela de Nicolás Maduro? Les Catalans vivent actuellement dans une bulle: ils se croient attendus par le monde. Or, personne ne s’en soucie (sans doute à tort à cause du conflit qui couve). Plus encore, comment la Catalogne indépendante serait-elle viable? Comment négocierait-on une indépendance, c’est-à-dire la répartition des charges de la Sécurité Sociale, de la dette publique espagnole, des frontières, l’adhésion à l’Union Européenne dans un tel climat de haine et de conflit?

Le rêve indépendantiste catalan est une puissante liqueur qui a enivré des responsables politiques et une partie de la société catalane, mais il est une chimère dramatique qui conduit l’Espagne et les Espagnols, qu’ils habitent en Catalogne ou non, à une épreuve redoutable. Il faut être inquiet.

 

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Argelia QUERALT, “La democracia no es la ley del más fuerte” a Agenda Pública (10-09-17)

http://agendapublica.elperiodico.com/la-democracia-no-la-ley-del-mas-fuerte/

Ya “tenemos” ley del referéndum para la autodeterminación en Catalunya. Lo que hace unos meses hubiera sido para algunos una alegría -considerábamos que un referéndum sobre el encaje de Catalunya en España era un instrumento para la solución del conflicto creciente entre ambas-, se convirtió en la culminación de un engaño. Ello porque creíamos en un referéndum, pero no en cualquier referéndum, sino en uno legal y pactado con el Estado y que, por ello, estuviera rodeado de la máxima legalidad y legitimidad interna e internacional. La ley aprobada por el Parlament no reúne ninguna de estas características.

La pasada semana se vivieron en el Parlament días oscuros, muy especialmente el día 6 de septiembre porque en este día la mitad de la ciudadania de Catalunya quedó excluida de un debate trascendental. Fue un día largo, en el que se incurrió en diversos y graves incumplimientos no ya de la Constitución española y de la legalidad estatal, sino también del Estatut de Autonomía de Catalunya de 2006 y de la legalidad catalana, y en que se obviaron el Reglamento del Parlament y la función quasi constitucional del Consell de Garanties Estatutàries. Se negó la palabra reiteradamente a los diputados y diputadas de la oposición y finalmente se aprobó la ley con 72 votos a favor de dos grupos, 11 abstenciones y sin que estuvieran presentes, por propia voluntad, 52 diputados y diputadas que no olvidemos, también representan al pueblo de Catalunya. Todo ello porque lo que sucedió el día 6, también el 7, es la consecuencia de forzar y saltarse las leyes con el fin último, siendo bien pensante, de querer declarar la independencia sí o sí.

Llevamos años quejándonos de que el Partido Popular con su mayoría absoluta ha actuado como un rodillo en el Congreso de los Diputados, aprobando leyes, también orgánicas, sin el respaldo de ningún otro grupo. Nos quejamos amargamente cuando el PSOE, pactando con el PP, aprobó una reforma constitucional a través del procedimiento de urgencia, y sin debate. Estos son solo algunos ejemplos. Y nos quejamos con razón porque la democracia moderna no es solo la confrontación entre una mayoría y una minoría, sino un sistema jurídico en que el se garantiza que las mayorías y las minorías puedan participar en el proceso de toma de decisiones, en que afloren todos los intereses presentes en el Parlamento que, no lo olvidemos, es el órgano en el que reside la representación del pueblo y/o de la ciudadanía. Esa es la esencia del procedimiento legislativo. En ocasiones solemos referirnos al procedimiento legislativo como algo tedioso, como la suma de fases, trámites y plazos. Sin embargo, todos esos episodios parlamentarios están llamados a permitir que la ciudadania, a través de sus representantes, conozca las diferentes propuestas legislativas, y que estos puedan estudiarlas, debatirlas, enmendarlas y, en su caso, mejorarlas. Asimismo, el procedimiento legislativo sirve como instrumento de publicidad y control dado que permite a los representados, la ciudadanía, conocer y valorar la labor de sus representantes en un democracia representativa como la nuestra.

El día 6 asistimos a la aprobación de una ley por el trámite de urgencia (tramitación permitida por una reforma del Reglamento del Parlament hecha con la intención de aprobar esta ley, por cierto). El procedimiento de urgencia es un método normativamente permitido y utilizado con cierta frecuencia por los Parlamentos (a veces de forma excesiva). En este caso, la tramitación de urgencia supuso la práctica eliminación del debate entre los grupos y de la posibilidad de la oposición de plantear sus puntos de vista ante un texto que no podía aprobarse con las reglas de juego existentes, como habían puesto de manifiesto el Secretario General y el Letrado Mayor del Parlament.

En este escenario, no asistimos a un ejercicio de filibusterismo; por contra, los diputados y diputadas de la oposición, así como sus portavoces en la Junta de Portavoces, no hicieron otra cosa que ejercer sus derechos fundamentales como representantes de la ciudadanía, reconocidos por la Constitución, y también por el Estatut de Autonomia y el Reglamento del Parlament, y de poner de manifiesto la improcedencia del texto debatido. Pese a lo que se derivar de la actuación de la mayoría absoluta parlamentaria, que no social, la democracia no es la Ley del más fuerte; si fuera así, no haría falta un estado de Derecho. Por ello el juego de las mayorías y minorías debía de haber quedado claramente visualizado y respetado en el proceso de elaboración y debate de una ley de enorme trascendencia jurídica y política que culminaba la ruptura institucional de Catalunya con el régimen constitucional español. Si los independentistas en el Parlament querían romper con un sistema al que tildan de no democrático deberían haberlo hecho dando una lección de corrección democrática. No solo no lo hicieron, sino que decidieron  actuar sin la más mínima compostura parlamentaria y el mínimo respeto a los derechos de las minorías (muy mayoritarias) del legislativo catalán.

Se aprobó finalmente una Ley sin encaje en ninguna legalidad vigente (ni siquiera la pretendida nueva legalidad catalana: la ley de transitoriedad fue aprobada dos días después), sin amparo en ninguna de las normas que cita en su Preámbulo (ni en la Constitución ni en los tratados internacionales que son válidos por estar ratificados por España), que cuenta con el respaldo mayoritario del Parlament pero no de la mayoría social. Una ley que no hace ningún bien al legítimo proyecto independentista y que rompe con los que creímos en el derecho a decidir. Y lo peor de todo, no soluciona nada. Si la ley del referéndum pretendía ser la salida a la desidia política del ejecutivo español respecto de Catalunya, se ha equivocado. La independencia de verdad no llegará a través de rupturas unilaterales, sin cobertura constitucional, y que a día de hoy ha perdido los escasos apoyos internacionales que pudiera tener. Así no.

 

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Íñigo ERREJÓN, “Artillería intelectual contra el populismo” a “Babelia” de El País (9-09-17)

https://elpais.com/cultura/2017/09/06/babelia/1504715398_751870.html

José María Lassalle ha escrito un ensayo breve, ágil y vigoroso dedicado a combatir la que en su opinión es la principal amenaza para las democracias contemporáneas, un fantasma de contornos imprecisos que en los últimos años inspira ríos de tinta, gruesos titu­lares y cataratas de adjetivos: el fantasma del populismo. Con un buen olfato intelectual y un explícito compromiso liberal y conservador, Lassalle diagnostica la discusión fundamental de nuestros días: para sectores cada vez más amplios de nuestras sociedades, las certezas de antaño, las promesas de seguridad y prosperidad, están hoy rotas y se han llevado por delante con ellas la confianza de los gobernados en las élites políticas y económicas.

A partir de aquí, y todo en virtud del combate de la demagogia y las “bajas pasiones”, Lassalle no escatima en recursos e imágenes para que compartamos su inquietud: “Entre los escombros de la fe en el progreso (…) repta silenciosa y oculta a los ojos de la opinión pública la serpiente de un populismo que puede convertirse en la columna vertebral de un nuevo leviatán totalitario”. Casi nada. A lo largo del ensayo, la ausencia de demostraciones empíricas que permitan contrastar la encendida prosa con la realidad es compensada por más andanadas retóricas, hasta dibujar un paisaje tenebroso en el que causas y consecuencias se confunden.

El autor acierta en su lectura de la sensación generalizada de fin de ciclo, de pacto social y político resquebrajado. Pero indaga poco o nada en sus causas, en el tipo de políticas concretas que han sustituido la conciencia de los derechos por el miedo al futuro, en la voladura de las instituciones o las políticas públicas que tenían como objetivo limitar el poder de los más fuertes, elevar las oportunidades de los más débiles y garantizar unas reglas del juego compartidas por toda la comunidad política. Este marco de convivencia, en el libro de Lassalle, habría volado por los aires fruto de una “crisis” sin nombres ni apellidos, sin decisiones concretas con ganadores y perdedores de las mismas. Un fenómeno al margen de la política, sobre el que no cabe hacerse preguntas políticas ni, por tanto, pensar alternativas, igual que sucede, por ejemplo, ante un huracán. Así que el problema pasa a ser que sobre ese fenómeno han surgido fuerzas políticas que para Lassalle son más bien “estados de ánimo”, por supuesto irracionales: rencor, venganza, miedo. La fractura social, la jibarización de la democracia por poderes privados no sometidos a control alguno no existían hasta que despiadados tribunos de la plebe la han señalado, de tal manera que el problema es señalarla, no su existencia. Por poner un ejemplo concreto: el desprestigio de las instituciones no tendría tanto que ver con su uso patrimonial —o saqueador— por parte de las élites tradicionales como por la artillería discursiva del populismo.

El constitucionalista norteamericano Ackerman señala que la historia pasa por “épocas frías”, durante las cuales la institucionalidad existente contiene en lo fundamental las esperanzas y demandas de la población, y por “épocas calientes”, de carácter más bien fundacionalista, en las que un excedente popular no contenido o satisfecho en la institucionalidad existente reclama con más o menos éxito la reconstrucción del interés general y una arquitectura institucional acorde. Esto no es resultado de malignas y demagógicas conspiraciones, sino la esencia de la política: los fines de una comunidad, su propia composición, no están dados y es en torno a su definición que se articula la disputa y el pluralismo. También los “antipopulistas” elaboran relatos que explican la realidad, atribuyen responsabilidades, reparten posiciones e identifican a un “nosotros” que quieren mayoritario. La diferencia es que ellos lo niegan.

Nuestros sistemas políticos contemporáneos son hijos de una convergencia, no exenta de conflictos, entre el principio democrático y el principio liberal. Ambos han convivido en un equilibrio siempre inestable. En los últimos tiempos, ese equilibrio se ha escorado claramente hacia el principio liberal por la erosión de los derechos sociales y el estrechamiento de la soberanía popular. De ahí procede el desencanto y la brecha entre gobernantes y gobernados. Sin embargo, a los intentos de reequilibrar esta convivencia Lassalle los mira como afanes revanchistas y rencorosos propios de perdedores. Su solución es protegerse aún más del componente popular y profundizar el desequilibrio en favor del liberalismo. Salir del hoyo cavando.

Una de las mejores hebras del libro es el análisis de la tensión entre la “excepcionalidad” del momento de construcción popular y la “normalidad” del enfriamiento institucional. El problema es que Lassalle no la puede desarrollar pues para él no hay tensión, sino contraposición moral. A pesar de todas las evidencias empíricas, para él se trata de dos fuerzas antagónicas y no de una tensión que genera un movimiento pendular. Al negar todo posible entendimiento entre el momento popular y el momento republicano, Lassalle nos devuelve en lo teórico a la dicotomía simplificada liberalismo versus comunitarismo, y en lo político nos condena a la inmovilidad y la mistificación de lo existente como lo único posible.

Siempre que, tras un momento de dislocación y crisis, hay una nueva reunión de voluntades, un “volver a barajar las cartas”, aparece el pueblo, la gente o el país, como nueva voluntad colectiva. Es el momento fundacional de we the people que a los conservadores de distinto signo ideológico fascina cuando está escrito en un código o expuesto en un museo de historia, pero horroriza cuando asoma la cabeza en el presente. El “pueblo”, por tanto, es entonces algo así como un imposible imprescindible: imposible porque la diversidad de nuestras sociedades —­afortunadamente— nunca se cancela o cierra en una voluntad general plenamente unitaria y permanente, pero al mismo tiempo imprescindible, porque no existen sociedades sin mitos, relatos y metas compartidas en torno a las cuales construir orden y anticipar soluciones a los principales problemas del momento. La hegemonía es la capacidad dirigente para articular un nuevo horizonte general que incluya también a los adversarios. Y hoy está en disputa, lo que inquieta a sus tradicionales detentadores hasta el punto de llevarles a escribir encendidos ensayos.

Los conservadores siempre han desconfiado de “los riesgos que conlleva la arquitectura masiva e igualitaria de la democracia” y en los años dorados del neoliberalismo acariciaron la utopía regresiva de establecer “democracias sin demos”: de electorados y consumidores, fragmentados, solos frente a los grandes poderes, sin pasiones ni identidades compartidas, que se reúnen sólo dentro de los límites y cuando son oficialmente convocados: exorcizar la comunidad. Tal cosa nunca fue posible, pero el estallido de la crisis financiera y el devastador resultado de su gestión en favor de intereses de minorías privilegiadas hacen hoy inaplazable la discusión que de manera certera identifica Lassalle: la refundación democrática de nuestras comunidades políticas para paliar la incertidumbre, la precariedad, la desprotección y el sentido de injusticia e impunidad de los poderosos que se abaten sobre nosotros.

Parece difícil negar que hoy atravesamos un momento caliente. La encrucijada es si sabremos encauzarlo institucionalmente o elegiremos condenarlo moralmente —“los míos son actores políticos legítimos, los otros son un estado de ánimo, una suspensión de la razón”—. Nos jugamos que el impulso popular sirva para ensanchar y robustecer nuestras democracias o que se estrelle contra unas élites atrincheradas y temerosas del futuro… e incluso de una “sobredimensión de la esencia popular de la democracia”. Esta es, como bien señala el autor, la batalla intelectual más relevante del momento, y Lassalle es sin duda de los más lúcidos y preparados para librarla desde el campo conservador. Bienvenida sea.

 

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Jamie BARLETT, “Return of the city-state” a Aeon (5-09-17)

https://aeon.co/essays/the-end-of-a-world-of-nation-states-may-be-upon-us?utm_source=Aeon+Newsletter&utm_campaign=34228d890c-EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_04&utm_medium=email&utm_term=0_411a82e59d-34228d890c-68940261

If you’d been born .,500 years ago in southern Europe, you’d have been convinced that the Roman empire would last forever. It had, after all, been around for 1.000 years. And yet, following a period of economic and military decline, it fell apart. By 476 CE it was gone. To the people living under the mighty empire, these events must have been unthinkable. Just as they must have been for those living through the collapse of the Pharaoh’s rule or Christendom or the Ancien Régime.

We are just as deluded that our model of living in ‘countries’ is inevitable and eternal. Yes, there are dictatorships and democracies, but the whole world is made up of nation-states. This means a blend of ‘nation’ (people with common attributes and characteristics) and ‘state’ (an organised political system with sovereignty over a defined space, with borders agreed by other nation-states). Try to imagine a world without countries – you can’t. Our sense of who we are, our loyalties, our rights and obligations, are bound up in them.

Which is all rather odd, since they’re not really that old. Until the mid-19th century, most of the world was a sprawl of empires, unclaimed land, city-states and principalities, which travellers crossed without checks or passports. As industrialisation made societies more complex, large centralised bureaucracies grew up to manage them. Those governments best able to unify their regions, store records, and coordinate action (especially war) grew more powerful vis-à-vis their neighbours. Revolutions – especially in the United States (1776) and France (1789) – helped to create the idea of a commonly defined ‘national interest’, while improved communications unified language, culture and identity. Imperialistic expansion spread the nation-state model worldwide, and by the middle of the 20th century it was the only game in town. There are now 193 nation-states ruling the world.

But the nation-state with its borders, centralised governments, common people and sovereign authority is increasingly out of step with the world. And as Karl Marx observed, if you change the dominant mode of production that underpins a society, the social and political structure will change too.

The case against the nation-state is hardly new. Twenty years ago, many were prophesising its imminent demise. Globalisation, said the futurists, was chipping away at nation-states’ power to enforce change. Businesses, finance and people could up sticks and leave. The exciting, new internet seemed to herald a borderless, free, identity-less future. And climate change, internet governance and international crime all seemed beyond the nation-state’s abilities. It seemed too small to handle international challenges; and too lumbering to tinker with local problems. Voters were quick to spot all this and stopped bothering to vote, making matters worse. In 1995, two books both titled The End of the Nation State – one by the former French diplomat Jean-Marie Guéhenno, the other by the Japanese organisational theorist Kenichi Ohmae – prophesised that power would head up to multinational bodies such as the European Union or the United Nations, or down to regions and cities.

Reports of its death were greatly exaggerated, and the end-of-the-nation-state theory itself died at the turn of the millennium. But now it’s back, and this time it might be right.

There were only tens of millions of people online in 1995 when the nation-state was last declared dead. In 2015, that number had grown to around 3 billion; by 2020, it will be more than 4 billion. (And more than 20 billion internet-connected devices.) Digital technology doesn’t really like the nation-state. John Perry Barlow’s ‘Declaration of the Independence of Cyberspace’ (1996) sums it up well: the internet is a technology built on libertarian principles. Censorship-free, decentralised and borderless. And now ubiquitous.

This is an enormous pain for the nation-state in all sorts of ways. It’s now possible for the British National Health Service to be targeted by ransomware launched in North Korea, and there are few ways to stop it or bring perpetrators to justice. App technology such as Uber and Deliveroo has helped to produce a sudden surge in the gig economy, which is reckoned to cost the government £3.5 billion a year by 2020-1. There are already millions of people using bitcoin and blockchain technologies, explicitly designed to wrestle control of the money supply from central banks and governments, and their number will continue to grow. It’s also infusing us with new values, ones that are not always national in nature: a growing number of people see themselves as ‘global’ citizens.

That’s not even the worst of it. On 17 September 2016, the then presidential candidate Donald Trump tweeted: ‘A nation without borders is not a nation at all. We WILL Make America Safe Again!’ The outcry obscured the fact that Trump was right (in the first half, anyway). Borders determine who’s in and who’s out, who’s a citizen and who’s not, who puts in and who takes from the common pot. If a nation cannot defend its border, it ceases to exist in any meaningful way, both as a going concern and as the agreed-upon myth that it is.

Trump’s tweet was set against the German chancellor Angela Merkel’s offer, one year earlier, of asylum for Syrians. The subsequent movement of people across Europe – EU member states received 1.2 million first-time asylum applications in 2015 – sparked a political and humanitarian crisis, the ramifications of which are still unfolding. It certainly contributed to the United Kingdom’s decision to leave the EU. But 1.2 million people is a trickle compared to what’s coming. Exact numbers are hard to come by, and notoriously broad, but according to some estimates as many as 200 million people could be climate-change refugees by the middle of the century. If the EU struggles to control its borders when 1.2 million people move, what would happen if 200 million do? The lesson of history – real, long-lens human history – is that people move, and when they do, it’s hard to stop.

This is the crux of the problem: nation-states rely on control. If they can’t control information, crime, businesses, borders or the money supply, then they will cease to deliver what citizens demand of them. In the end, nation-states are nothing but agreed-upon myths: we give up certain freedoms in order to secure others. But if that transaction no longer works, and we stop agreeing on the myth, it ceases to have power over us.

So what might replace it?

The city-state increasingly looks like the best contender. These are cities with the same independent sovereign authority as nations, places such as Monaco or Singapore. The city-state has recently been feted by Forbes magazine (‘A New Era For The City-State?’ 2010), Quartz (‘Nations Are No Longer Driving Globalisation – Cities Are’, 2013), The Boston Globe (‘The City-State Returns’, 2015) and the Gates Foundation-funded How We Get to Next (‘The Rebirth of the City-State’, 2016).

The trends that are pinching the nation-state are helping the city-state. In a highly connected, quasi-borderless world, cities are centres of commerce, growth, innovation, technology and finance. According to Bruce Katz, Centennial Scholar at the Brookings Institution in Washington, DC, and co-author (with Jeremy Nowak) of the forthcoming book The New Localism: How Cities Can Thrive in the Age of Populism, the hub-like quality of large cities is especially valuable in the modern economy: ‘Innovation happens because of collaboration, and that needs proximity. You need a dense eco-system, and so hyper-connectivity is reinforcing concentration.’ Cities also have demographic weight on their side: for the first time in history, in 2014 the majority of humans live in cities.

This is giving cities more political muscle than ever, which they are increasingly keen to flex. On the issue of climate change, for example – something at which nation-states have failed abysmally – cities are pushing ahead. Since 2006, the C40 initiative has brought together more than 60 cities to promote partnerships and technology to reduce carbon emissions, often going significantly beyond international agreements. In the US, where the federal government appears to have given up on climate change, leadership has fallen to cities.

This shift in power is visible in the way that the mayors of major cities are political heavyweights in their own right: think of Bill de Blasio in New York, Sadiq Khan in London, Virginia Raggi in Rome, Ada Colau in Barcelona. Cities as diverse as Indianapolis and Copenhagen are experimenting with ways of using their own physical, economic and social assets to self-finance city-level investment.

According to Katz, the world is moving beyond a nation-state world. ‘We’re entering a period where cities have new kinds of power. They have enormous chances to leverage their economic and financial advantages to augment their position and effect change,’ he told me. I’m used to thinking about power in binary terms: you either have it or you don’t. But according to Katz, we need to re-think because there is something in between, where cities are not fully independent of their nation-states, but not supplicant to them either: ‘Cities are not subordinate to nation-states, they are powerful networks of institutions and actors that co-produce the economy. Power in the 21st century belongs to the problem-solvers. National governments debate and mostly dither. Cities act, cities do. Power increasingly comes from the cities up, not handed down from the nation-state.’

For a very long time, power was always found at the city-level. For thousands of years, urban settlements with self-government and city walls provided protection, services in exchange for tithes and taxes, and a set of rules by which to live and trade.

The Hanseatic cities for example – with their own armies and laws – pooled their economic weight to improve their bargaining power with other nations in the early 19th century, and became an economic powerhouse in the Baltic trade route. These cities – which included Bremen and Hamburg – realised they shared much in common, and that their mutual interests might be best served by working together. As today’s centres of urban global capitalism, major cities are more similar to each other than the provinces of their own nation-states. They are all hubs of finance, tech innovation, culture, and characterised by high levels of diversity and inward migration. While the UK voted to leave the EU 52/48, London voted to remain 60/40. (Following this vote, there was a short-lived movement for London to declare independence from the rest of the UK.) London, as is often remarked by visitors, is nothing like the rest of the country. The same can certainly be said of the US east- and west-coast behemoths.

Fleeting around from one city to the next, as I sometimes do, feels more Hanseatic League than League of Nations: a system of powerful, trading, networked cities. And the Hanseatic League itself was hardly an oddity. Before that there was Venice of course, and that was merely the most well-known of many independent city-states dotted across what is now Italy in the 10th to 16th centuries, including Florence, Bologna and Turin. But even this is ‘recent’ in the lifetime of the ancient city-state, which reaches back to Jerusalem, before that Athens, before that Babylon, and all the way back to Ur. Only a few formal city-states still exist today (Monaco, Singapore and the Vatican are the completely sovereign city-states; others, such as Hong Kong, act like one but do not have full sovereignty). It is in fact a historical anomaly that so few of us live in city-states.

Clearly, nation-states won’t go down tamely. Carving out a new form of sovereign authority from an existing one is extremely difficult, and is generally frowned upon by the UN. There’s a more prosaic reason too. In 2015, 2.1 million residents of Venice in Italy (89 per cent of those who voted) voted for independence in a non-binding referendum. Residents were annoyed that the city pays $20 billion more in tax than it gets back. But Italy will certainly not let Venice and its $20 billion tax go easily.

This is why some of the more exciting endeavours are about creating new cities entirely. Paul Romer, the chief economist at the World Bank, has long been an advocate of creating more chartered cities, essentially city-scale administrative zones that operate, to some extent, independently. Cities are the right size, he argues. Large enough to try something new, but not too big that all your eggs are in one basket. ‘A rule to create new rules,’ Romer said in a TED talk on the subject in 2009. A chartered city, built on uninhabited land would allow experimentation with new rules and systems to attract investment and people. His particular idea is for nations to work together, like China and the UK over Hong Kong. (Special Economic Zones, which have been around for several years, are similar: essentially geographic areas that are physically secure, and operate different economic laws to the host country, usually to encourage foreign direct investment.)

But even this is not easy, since it would require other countries leasing land, which wouldn’t even be full autonomy. There are some models, though, that don’t even need that.

Out on the swampy Croatian-Serbian border lies the 7 square kilometres of Gornja Siga. Although currently under Croatian control, this small patch of land is technically unclaimed since Croatia and Serbia both believe it belongs to the other. Due to its unusual legal status – terra nullius – this is where Vít Jedlicka, a 32-year-old libertarian from the Czech Republic, is at work trying to create a libertarian city-sized paradise of freedom, trade and prosperity called ‘Liberland’.

Liberland, which is uninhabited but has more than 100,000 online citizens ready to move if Croatia stops blocking inward access, already has the trappings of a city-state. A currency, a constitution, a president and even a football team. Everything has been designed to maximise individual liberty. For a start, anyone can join and leave as they wish. It would be the first state in the world where nothing would be compulsory, where you can do whatever the hell you like, as long as it doesn’t physically harm someone else. ‘It’s a tax heaven, not a tax haven,’ Jedlicka told me recently when I interviewed him for my book Radicals Chasing Utopia (2017). Schools, hospitals, pensions, roads, sewage works, rubbish collection and the rest will be provided by the market, if people decide that’s what they want and stump up the money.

Like most libertarians, Jedlicka loves modern digital technology, seeing it as extremely helpful to the libertarian cause, weakening the nation-states and helping new models such as his. It might seem like a pipe-dream – no other country has recognised this patch of swampland – were it not for the fact that several influential Silicon Valley-type investors share Jedlicka’s libertarian outlook, and are donating to his cause. ‘A completely novel situation,’ wrote the esteemed Chicago Journal of International Law in a detailed examination of Liberland in July 2016, suggesting it had ‘a shot’ at statehood.

The problem for Liberland is that the Croatian police could roll in any time they want, which is precisely what they did when I tried to reach the land while writing my book. This is why, as the American libertarian activist Patri Friedman told me recently when we met in Silicon Valley, the next new cities won’t be built on land at all. They will be floating in international waters, beyond the reach of the nation-state and its armies.

In 2008, Patri founded the Seasteading Institute, armed with half a million dollars donated by Peter Thiel, the libertarian billionaire who co-founded PayPal, and a plan to build island cities at sea in an experiment with how to live. ‘[Seasteading] is the market for countries,’ he told me. ‘You can only get so far patching and hacking the old system.’ And in a flourish worthy of his grandfather Milton, he told me that: ‘When you don’t have a start-up sector, existing countries suck … they give you crappy services and no change. You need a start-up sector to threaten them.’ In a world of seasteads, if you don’t like your system of government, it’s simply a matter of sailing off to another one you do like. Just as easy as switching series on Netflix, ordering an Uber, or meeting someone new on Tinder.

Patri thinks every seastead will be different and this will create a market in different types of systems of living that will force everyone to improve performance. Especially if the nation-state starts to crumble. (‘We don’t care if sea levels rise,’ he told me.)

Once again, technology is key: Patri is taking the Silicon Valley mindset and applying it to the nation-state. There are all these things you could now do that didn’t exist when our current system of government was invented, he told me. Constant online direct-democracy voting, building smart-cities, using crypto-currencies. And yet we still use a 19th-century model.

Google ‘Seastead’ and you’ll find fantastical designs of floating metropolises, fantasy worlds designed on laptops. It’s a pipe-dream. Even the Seasteading Institute’s modest target of 150 seasteaders by 2015 was missed.

And yet. This year, Patri together with his institute’s communications director Joe Quirk released an exhaustive book on seasteading, and signed a memorandum of understanding with French Polynesia to create the first semi-autonomous seazone in shallow waters off their coast for the first prototype city at sea. Patri told me that they’re starting to build very soon, and within a couple of years expect to have a few hundred people living on this floating metropolis just off the coast of Tahiti. I asked him if that was a realistic prospect. Of course! he replied. Look at the property prices in San Francisco. If you could live in a completely new country for less, lots of people would. He told me that he has a waiting list ‘of thousands’, and plenty of backers – mostly technology entrepreneurs – who see it as an investment opportunity. ‘These are people who look at a broken system and say: “What if we designed something better?”’

Nation-states are unlikely to collapse overnight. There are no barbarians at the gate. Even Rome did not collapse in a day. But it evolved during a time of industrialisation, centralised ‘command and control’ bureaucracies and national loyalty. Modern technology tends in the opposite direction: it’s distributed, decentralised and uncontrollable. If our political arrangements are a mirror of the modes of production and assumptions of the time, the future doesn’t look rosy for this 19th-century relic. It looks far brighter for the modern, connected, agile city, whether that’s on land, on borders, or out in the ocean. And anyway: doesn’t it pay to have some experiments going on, just in case?