Presentació

El proper 15 de març comença als Països Baixos la sèrie de processos electorals determinants per al futur d’una Unió Europea que navega sense lideratge (Álvaro Imbernón), sense rumb i sense ànima (Andrés Ortega). Jon Henley desxifra a The Guardian l’entrellat del laberint político-electoral holandès, on les enquestes pronostiquen un important salt endavant de l’extrema dreta i una major fragmentació encara de la representació.

Mentre,  s’acosten les eleccions presidencials a França amb unes perspectives negatives tant per a la dreta republicana després de l’escàndol Fillon, com per a unes esquerres dividides (Serge Raffy), i on tot sembla indicar que Emmanuel Macron s’erigeix en el candidat útil per frenar l’extrema dreta de Marine Le Pen (informe de The Economist i anàlisi del programa de Macron per Le Monde i per Renaud Thillaye a Social Europe).

A Alemanya la candidatura de Martin Schulz està revifant les expectatives electorals del SPD (Guy Chazan);  i a Itàlia la crisi del Partito Democratico (Claudio Magris), amb l’escissió de la seva ala esquerra (Gianfranco Pasquino), obre la porta a una preocupant inestabilitat política.

Precisament, aquestes incerteses europees ofereixen l’oportunitat a Mariano Rajoy de recuperar pes  dins de la Unió Europea, tot presentant  la carta de la relativa estabilitat espanyola (Enric Juliana), malgrat la seva precarietat parlamentària i el degoteig persistent de casos de corrupció del Partit Popular. Sobre l’actual posició d’Espanya en el context mundial veure l’informe del Real Instituto Elcano coordinat per Ignacio Molina i del que hem seleccionat la presentació de Charles Powell.

Per la seva banda el socialisme espanyol, pendent de resoldre la seva crisi de projecte i de lideratge (Jordi Pérez Colomé), pretén tancar la crisi amb el socialisme català amb un acord d’actualització del protocol d’unitat del 1978, que confia clarificar les relacions entre les dues organitzacions, especialment  pel que fa al capteniment dels diputats i senadors del PSC, la política d’aliances a Catalunya i la posició comuna sobre la resolució del problema català. Per a Ignacio Varela es tracta d’un acord que fa de la necessitat, virtut, per preservar la unitat socialista en una situació de feblesa recíproca. No obstant és lícit  preguntar-se si no es traspassa el límit que obre la porta a l’anul·lació de la sobirania del PSC (Xavier Barrena).

La combinació de desobediència i corrupció pot ser letal per al procés independentista català (Jordi Juan), afectat per la síndrome del “tenim presa” (Oriol Bartomeus), que porta a veus mesurades com la de Juan José López Burniol a pronunciar un taxatiu “tot té un límit”. Malgrat l’escepticisme imperant sobre la possibilitat d’evitar el “xoc de trens”, reconforten posicions com les de Pablo Salvador Coderch proposant un mètode per cercar els més amplis acords: “En la cuestión catalana, por favor, pongámonos de acuerdo en aquello que ni unos ni otros vamos a hacer o deshacer. Todo negociador profesional sabe que un acuerdo negativo es más fácil de alcanzar que otro positivo. Una lista negativa nos ayudaría a todos, pues conseguiría el apoyo de la inmensa mayoría de la población en Cataluña y en el resto del Estado”.

Oportuna  reflexió de Roger Senserrich sobre el lideratge, arran de la idea simplista del populisme de dretes que predica les virtuts del lideratge empresarial com a model del lideratge polític, on recorda coses tan elementals com aquesta: “¿Son los políticos mejores organizadores entonces que un CEO brillante? No, en absoluto. Es muy posible que un primer ministro brillante fuera incapaz de vender iPhones o juguetes fabricados en China de forma medio decente. El motivo no es que los políticos sean tontos, sino que simplemente las habilidades, virtudes y talento que hacen de alguien un buen político no son absoluto comparables a las que hacen de alguien un buen empresario”.

Enrique Feás a Agenda Pública aporta la seva contribució al debat sobre les prioritats de la política social: què és més important, combatre la pobresa o la desigualtat?. I conclou que “la reducción de la desigualdad no debe considerarse un subproducto de la lucha contra la pobreza, sino un elemento crucial de la estrategia de crecimiento de un país: no es posible crecer ni combatir la pobreza mientras existan niveles de desigualdad excesivos”.

Finalment, amb motiu del traspàs de Kenneth Arrow,  us recomanem els  5 articles  sobre el el seu llegat  intel·lectual seleccionats per José Moisés Martín a Agenda Pública.

Jon HENLEY, “Todo lo que hay que saber de las elecciones en Holanda” a eldiario.es/The Guardian (3-03-17)

http://www.eldiario.es/theguardian/saber-elecciones-holandesas_0_618388783.html

Tras el triunfo del Brexit y de la victoria de Trump, la presencia de Geert Wilders, un político antimusulmán y antiUE, está logrando que todo el mundo esté pendiente del resultado de las elecciones holandesas del 15 de marzo.

Contexto e importancia

El 15 marzo se celebrarán las elecciones parlamentarias de Holanda.  Los sondeos anticipan desde hace mucho tiempo que el Partido por la Libertad (PVV, por sus siglas en holandés) del populista Geert Wilders, un partido antimusulmán y antieuropeo, podría convertirse en el partido más votado del país, aunque existen dudas de que Wilders logre entrar en el Gobierno.

Tras el referéndum sobre la permanencia en la UE en el Reino Unido y las elecciones generales en Estados Unidos que dieron la victoria a Donald Trump, un triunfo del PVV se podría leer como el siguiente paso en el auge de las narrativas de los movimientos nacionalistas extremistas y antiestablishment.

La fortaleza en los sondeos del Frente Nacional francés de Marine Le Pen de cara a las elecciones presidenciales del próximo mayo refuerzan esta idea. Algunos analistas creen que está en juego el futuro de la UE.

Panorama político y funcionamiento

El Parlamento holandés tiene 150 miembros, o sea que se necesitan 76 para tener mayoría. Nunca ningún partido ha logrado obtener la mayoría absoluta, y Holanda ha tenido gobiernos de coalición desde hace más de un siglo.

Los parlamentarios son elegidos por representación proporcional de una única circunscripción que abarca todo el país. Esto significa que cualquier partido que logra el 0,67% de los votos tiene asegurado un escaño (se puede encontrar más información sobre cómo funciona el sistema electoral holandés   aquí ).

En las últimas décadas, la política holandesa ha estado marcada por el debilitamiento de los tres principales partidos de centro, derecha e izquierda. Estos partidos han pasado de contar con un 80% del electorado en los años ochenta a alrededor del 40% este año.

Esta tendencia es visible en toda Europa. En Holanda se ha visto paralelamente el crecimiento de partidos más pequeños con intereses específicos: en estas elecciones participarán no menos de 28 de estos partidos, muchos de ellos recién formados. Se calcula que unos 14 conseguirán representación parlamentaria, y que  ocho de ellos obtendrán más de 10 escaños.

Es gracias a esta fragmentación del voto, más que por un aumento del apoyo del electorado, por lo que el PVV podría convertirse en el mayor partido del país. Los movimientos que generaron el Brexit y la victoria de Trump obtuvieron alrededor de la mitad de los votos, sin embargo, se calcula que Wilders obtendría menos del 20% (más sobre los sondeos de Peilingwijzer aquí ).

¿Quién es Wilders y qué quiere?

Wilders fue elegido parlamentario por el partido liberal VVD hace 19 años, luego lo abandonó y en 2006 fundó el PVV, un partido definido por su agresiva oposición al islam y lo que describe como la “islamización” de los Países Bajos. (El diario Politico tiene más información sobre los antecedentes de Wilders aquí ) .

En diciembre pasado, Wilders fue declarado culpable de incitación a la   discriminación contra los marroquíes holandeses  y en el lanzamiento de su campaña insultó a la “escoria marroquí que vuelve inseguras nuestras calles”. Ahora vive bajo protección policial las 24 horas.

El PVV no es un partido político normal: Wilders es su único miembro. Su manifiesto electoral de una sola página ( en inglés aquí ) promete, en su mayoría, medidas contra los musulmanes, como cerrar mezquitas y escuelas islámicas, prohibir la venta del Corán y vetar la inmigración musulmana.

También se compromete a retirar a Holanda de la Unión Europea, aumentar el gasto en seguridad y defensa y reducir la inversión en energía eólica y en ayudas internacionales. Algunas de sus propuestas violan leyes internacionales e incluso la propia Constitución holandesa.

¿Qué otros partidos se presentan?

El VVD del primer ministro, Mark Rutte, que aspira a obtener entre 23 y 27 escaños, junto con su compañero de coalición, el partido laborista de centro-izquierda PvdA, podrían perder el 30% y el 70% de los escaños que tienen actualmente, respectivamente.

Los partidos medianos que podrían obtener entre 10 y 20 escaños son la Democracia Cristiana (CDA) y el partido socioliberal y progresista Demócratas 66 (D66), ambos con representación parlamentaria desde los años sesenta. También están el Partido Socialista (SP), más radical, y el de Izquierda Verde (GL), en rápido crecimiento y que aspira a cuadruplicar sus escaños. Más información sobre los principales partidos holandeses aquí .

Los partidos pequeños que se estima que obtendrán menos de 10 escaños incluyen dos partidos religiosos, el Partido por los Animales (PvdD), el partido 50Plus para jubilados, el partido antieuropeo Foro para la Democracia (FvD) y el Denk (Piensa), que representa en su mayoría a los inmigrantes musulmanes.

Y hay un partido que se llama Niet Stemmers (No Votantes) que intentará atraer al 25% de votantes holandeses que piensan abstenerse. El partido promete que sus representantes no votarán nada en el Parlamento.

¿Cuáles son los problemas en cuestión?

El paro está en su mínimo de los últimos cinco años y el crecimiento económico es del 2,3%. Las bases de la economía holandesa se están recuperando bien. (El gobierno ofrece más información sobre su política económica   aquí ).

La crisis de refugiados sigue siendo una preocupación, pero menos que durante el pico de la crisis europea de 2015. El año pasado se presentaron 31.000 solicitudes de asilo, una cifra mucho menor a las más de 90.000 que había anticipado el Gobierno.

La inmigración y la integración son un tema importante. (Se puede encontrar más información, aunque un poco desactualizada, sobre la inmigración en los Países Bajos aquí .) Wilders habla de “Ingrid y Henk”, una pareja holandesa imaginaria que sufre por culpa de la élite política corrupta, una UE déspota y, por supuesto, los invasores inmigrantes musulmanes.

La influencia de Wilders, el hecho de que Rutte también haya pedido a las comunidades de inmigrantes que cumplan con las normas holandesas y el clima político actual en Europa hacen que los temas dominantes inevitablemente incluyan el multiculturalismo, la globalización, la soberanía, los valores holandeses y hasta qué punto la UE le sirve, o no, a los Países Bajos.

¿Quién ganará más escaños?

La mayoría de los sondeos hechos desde el verano de 2015  muestran al PVV de Wilders ganándole por poco al VVD del primer ministro.

Pero el apoyo a Wilders parece estar disminuyendo: Peilingwijzer   sugiere que el PVV ha bajado su proyección en tres o cuatro escaños en el último mes, quedando con entre el 16% y el 17% de los votos, por detrás del partido de Rutte o, en el mejor de los casos, quedando empatados.

Esto se correspondería con lo que sucedió en elecciones pasadas, en que el PVV llevó la delantera hasta las últimas semanas previas al día de votación. Pero los sondeos también indican que más de la mitad de los votantes todavía podría cambiar de opinión.

¿Y si Wilders gana el mayor número de escaños?

El PVV de Wilders lo tendría difícil para formar Gobierno incluso si fuera el partido con más escaños. Según el sistema holandés, el nuevo Parlamento nombra a un “informante”, generalmente un político de larga trayectoria, para que arme las coaliciones.

Como el VVD y todos los principales partidos a la izquierda de éste se han comprometido a no pactar con Wilders, es difícil pensar que el PVV, incluso aunque obtenga más de 30 escaños, pueda lograr convencer a más de 46 parlamentarios para formar Gobierno.

Wilders ha advertido que si lo excluyen se podría desatar una revolución, pero la verdad es que no sería la primera vez que el partido con más escaños no puede pactar: ya le ha sucedido tres veces al PvdA (centroizquierda), incluso una vez que obtuvo más de un tercio de los votos.

Así que es improbable que Wilders sea parte del gobierno. Quizá ni lo intente: en 2010, el PVV formó parte minoritaria del gobierno de Rutte, pero se retiró repentinamente dos años más tarde. Muchos creen que Wilders prefiere quedarse fuera antes que pactar.

¿Cómo podría quedar formado el Gobierno?

Los socialistas del SP se han comprometido a no pactar con el VVD del primer ministro, lo cual complica las cosas. Pero las negociaciones se podrían resolver en torno a los partidos VVD, PvdA, CDA y D66, con el agregado de uno o más partidos pequeños. El partido de la Izquierda Verde, que está creciendo muy rápidamente, podría convertirse en un jugador clave.

Los sondeos sugieren que se necesitarán al menos cinco partidos para formar Gobierno sin el PVV. Aunque esta vez las diferencias entre varios de los posibles socios de una coalición no son tan grandes, el proceso de negociación podría llevar su tiempo: el promedio en Holanda es de tres meses.

 

Ignacio MOLINA (coord.): “España en el mundo  en 2017: perspectivas y desafíos”. Elcano Policy Paper 1/2017 (27-02-17)

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/policy-paper-espana-en-mundo-2017-perspectivas-desafios

Charles POWELL. Conclusiones: no es cierto que hayamos tenido ya suficientes expertos

Resulta obvio constatar que 2016 no salió exactamente como se esperaba y aún estamos algo paralizados por el desconcierto producido como consecuencia de ciertos desarrollos de los acontecimientos a lo largo del año pasado. En efecto, el muy convulso panorama electoral (con la victoria del Brexit en junio, la elección del nuevo presidente de EEUU en noviembre, el auge de los populismos euro-escépticos en el corazón de Europa y, en menor medida, la larga interinidad del escenario español o la derrota de los gobiernos en los referendos de Colombia e Italia) condujo indefectiblemente a una sensación de incertidumbre sobre el momento político y cierta confusión sobre cómo abordar el futuro inmediato. No vamos a negar que la coyuntura es especialmente compleja y, como se ha mencionado en varios epígrafes este trabajo, no resulta del todo descartable que algunos de los fenómenos producidos el año pasado trascienda lo coyuntural, dando lugar a cambios más estructurales en el orden global y europeo de la post Guerra Fría. No obstante, parece necesario hacer dos importantes precisiones: en primer lugar, que no es del todo cierto que esas grandes sacudidas recientes fueran tan sorprendentes y, como luego se dirá, la edición anterior de este mismo documento adelantó algunas de ellas. En segundo lugar, que el paradigma de legitimidad y gobernanza internacional fundado en la segunda mitad del siglo XX, y que ahora parece estar en duda, puede ser endeble pero también más resiliente de lo que de forma precipitada tienden a considerar algunos analistas.

En relación con la primera precisión –hasta qué punto desde los think-tanks no fuimos capaces de entender una realidad compleja y advertir de la posibilidad de un año tan turbulento– merece la pena señalar que cualquier análisis detallado de los sondeos en EEUU o el Reino Unido no llevaban en absoluto a la conclusión de que el Brexit y Trump eran impredecibles. De hecho, la mitad de las decenas de encuestas publicadas en ambos países hace ahora doce meses (enero-febrero de 2016) otorgaban ya la victoria a la opción que aparentemente no podía suceder. En el caso estadounidense, los sondeos agregados mostraron que Hillary Clinton nunca tuvo más de cinco puntos de ventaja sobre Donald Trump, cuyo histrionismo y radicalidad eran bien conocidos por el público estadounidense desde el principio de la carrera presidencial. La diferencia entre los pronósticos y el resultado final –teniendo en cuenta además que la candidata demócrata ganó el voto popular por 48% a 45,9%, aunque el complejo sistema electoral norteamericano acabase otorgando la Casa Blanca a su oponente– fue por tanto bastante pequeña. Y si se observan los estudios bien afianzados de identificación de partido entre los votantes estadounidenses, se comprueba que en ningún momento de los últimos 40 años ha dejado de haber un equilibrio demoscópico entre demócratas y republicanos, de manera que cualquier candidato elegido por uno de los dos partidos en el largo y participativo proceso de primarias tenía desde luego opciones de ganar. Si observamos lo ocurrido en el Reino Unido, la conclusión es la misma o incluso más clara, puesto que absolutamente todos los sondeos realizados desde el fin de la era Blair hasta 2012 otorgaban ventaja a los partidarios de abandonar la UE; una actitud asentada además sobre una larga serie histórica de fuerte euro-escepticismo que se remonta al momento mismo de la adhesión en 1973. Es verdad que la apuesta del anterior primer ministro, David Cameron, por un nuevo estatus renegociado había conseguido que las encuestas posteriores tendieran al empate, pero nunca hubo auténtica ventaja para los europeístas, que finalmente acabaron perdiendo por 51,9% a 48,1%. En suma, no tanta sorpresa.

Pero, si todo esto era así, ¿no lo advirtieron los analistas? Es obvio que sí que lo hicieron. Hay cientos de publicaciones y grabaciones, algunas de ellas atribuibles al Real Instituto Elcano, que así lo atestiguan. Cosa distinta es que el ambiente político y periodístico dominante proyectara la impresión contraria –simplificando y magnificando lo que sólo eran pequeños puntos de diferencia a favor de Clinton o del Remain– o también que, una vez producido el desenlace, se prefiriese hacer una lectura exagerada e injusta sobre lo mucho que habían fallado los expertos. Evidentemente, los expertos podemos errar, porque el comportamiento humano no es del todo predecible y porque la política comparada y las relaciones internacionales tienen un ingrediente de ‘agencia’ que impide las exactitudes de las ciencias naturales. Pero lo cierto es que en este caso apenas hubo fallo. O no, desde luego, como para llegar a deslegitimar la labor de los analistas independientes del mundo académico o de los think-tanks.

Como quiera que sea, la labor de prospectiva resulta ciertamente compleja y es bueno que se someta a evaluación, determinando dónde se acierta y dónde no, para poder mejorar. El ejercicio que hemos realizado en estas páginas, y que ahora llega a su quinta edición, se caracteriza por la elaboración de escenarios a corto plazo sobre España y su conexión exterior que son luego rápidamente testados. En años anteriores hemos dedicado una parte de estas conclusiones precisamente a comprobar hasta qué punto la realidad confirmó o se desvió de nuestras perspectivas. Y es obvio que esta vez –donde ese ejercicio parece mucho más espinoso– resulta más interesante que nunca realizar esa evaluación. No es exagerado decir que partimos con el listón alto porque este documento lleva cinco años consecutivos acertando en su análisis de grandes tendencias: la superación de la crisis del euro aunque sin grandes avances federalizantes, la persistencia de fuertes amenazas a la seguridad provenientes del vecindario meridional y oriental, la gradual recuperación de la posición de España dentro de la UE y de su imagen internacional, los problemas para una política exterior más influyente mientras no se recupere el esfuerzo en cooperación al desarrollo y proyección cultural-científica, el escasísimo recorrido de la pretendida internacionalización del proceso soberanista catalán, la moderación en los precios de la energía, la relativa estabilidad de Marruecos y América Latina, la institucionalización de ciertos asuntos globales en la agenda política mundial (cambio climático, igualdad de género) y un largo etcétera.

Pues bien, pese a lo dicho sobre lo complicado que resultaba acertar en 2016, podemos concluir que hemos vuelto a superar el desafío. En el escenario nacional, nuestras principales predicciones de hace un año ya apuntaban al mantenimiento de la recuperación económica (con un buen comportamiento del factor exterior: exportaciones y turismo), una mejora adicional de la imagen-país o el logro del equilibrio entre los flujos migratorios de entrada y salida, mientras en el plano político se apuntaba la alta probabilidad de la repetición electoral, que finalmente se produjo en junio, y a la dificultad para adoptar reformas estructurales o incluso decisiones de menor calado por parte de un gobierno interino y en minoría parlamentaria. En el contexto regional europeo, además de señalar la mayor importancia de las cuestiones migratorias sobre las económicas (con un impacto directo en el auge populista), se apuntaba que la UE y el Reino Unido alcanzarían pronto un acuerdo para intentar evitar el Brexit, pero se advertía sobre la alta probabilidad de un resultado adverso. En el amplio plano mundial, si bien no se realizaron predicciones sobre las elecciones presidenciales en EEUU –por quedar fuera del objeto de un estudio dedicado a España– se volvió a acertar en el terreno de las tendencias económicas o energéticas (que fueron en general positivas) y de la seguridad (sin grandes cambios en lo referente a la amenaza terrorista ni a los escenarios más complejos de Siria, Libia, o Ucrania).

Como se ha dicho en las páginas anteriores, el panorama para 2017 resulta mucho más complejo en lo global, como consecuencia del triunfo de Trump y el radical cambio de la doctrina dominante en la política exterior estadounidense que eso supone. Aunque el impacto directo bilateral con España será seguramente escaso a corto plazo, el efecto indirecto ha comenzado ya a observarse de forma preocupante en muy diversos escenarios: el deterioro del vínculo diplomático y comercial transatlántico, el incierto futuro de la OTAN, la mayor tolerancia hacia la agresividad rusa, los peligros que se ciernen sobre México y otros países latinoamericanos, el enfrentamiento con China y gran parte del mundo islámico y, por encima de todo ello, la erosión de la gobernanza económica y financiera mundial y el abandono de la globalización como paradigma político e intelectual. Como es sabido, hay incluso quien vaticina que estamos ante el principio del fin del orden liberal internacional surgido en la segunda posguerra mundial.

Las perspectivas concretas para Europa no resultan mejores, por las grandes vacilaciones que resultan de combinar el calendario electoral inminente en estados miembros absolutamente claves –en todos los casos, con partidos populistas antieuropeos en auge– y el arranque del delicado proceso de retirada británica de la UE. España se juega mucho en esa encrucijada. Por lo que respecta al Brexit, si bien el acuerdo final sobre los importantes intercambios interpersonales, comerciales y de inversiones cruzadas se demorará aún bastante, sí que se decidirá en este año algo tan crucial como el clima político de la negociación. Pero si esto es trascendental para España, mucho más lo será comprobar hasta qué punto una mayoría social en Francia y Alemania –que, a diferencia del Reino Unido, sí resultan imprescindibles para el futuro de la integración europea– sigue respaldando el proyecto indudablemente más estratégico para nuestro país.

Con todo, y aquí corresponde introducir la segunda precisión a la que se aludió al principio, una cosa es estar prudentemente preparados como país para lo peor y otra distinta es exagerar la probabilidad de que realmente suceda. El sistema político de EEUU tiene contrapesos y equilibrios institucionales, políticos o sociales que ya están funcionando y que probablemente impidan que los elementos más dañinos del programa de gobierno de Trump se conviertan en irreversibles. Por supuesto asistiremos a lo largo del año a giros ultraconservadores en algunas de las políticas decididas en Washington pero, pese a todo, eso forma parte legítima de la vida democrática. Otra cosa distinta es si eso puede ir más allá, amenazando los fundamentos del orden liberal que ha imperado en el país norteamericano durante toda su historia contemporánea y que éste ha promovido en el exterior de manera tan destacada desde hace tres cuartos de siglo.

No lo sabemos con certeza, y eso es ya fuente de enorme inquietud, pero también es verdad que el mundo ha podido generar también en estos años sus propios ‘checks and balances’ en forma de multipolaridad, y de una incipiente gobernanza internacional (Naciones Unidas, G20, OMC, Bretton Woods, etc.) y regional (NAFTA, OTAN, UE, OSCE) que no resultará fácil de esquivar ni desmontar. No se nos escapa el papel tan importante a desempeñar por la UE en ese test de resiliencia del multilateralismo liberal. Los dos momentos fundacionales del sistema de legitimidad hoy vigente en el mundo (1945 y 1989) fueron rápidamente complementados en el ámbito regional europeo (1950 y 1992) con la puesta en marcha del proceso comunitario y su conversión en Unión Europea. Ese es el orden en el que fundamentalmente se asienta hoy la prosperidad y seguridad de España. Sus cimientos son seguramente sólidos para superar este embate de proteccionismo nacionalista e incluso puede aprovecharse la ocasión para repensar y reforzar algunos de sus fundamentos, sobre todo por lo que respecta al reforzamiento de la UE como auténtico actor internacional y, de puertas para adentro, atendiendo a la desigualdad y frustración de muchos sectores sociales que ven en la globalización y la integración supranacional más amenazas que oportunidades.

Para concluir, y aunque resulta obvio que a lo largo del año dominará la preocupación por saber hasta qué punto hay un riesgo cierto de que se confirme la hipótesis más dramática, sigue habiendo muchos ámbitos de alcance medio a los que prestar atención. Este documento los ha repasado en sus distintas secciones. Y también ha desgranado una gran cantidad de medidas que el gobierno español y el resto de actores públicos podrían comenzar a desplegar para mejorar nuestra conexión con el mundo. En ese sentido, y terminando con una breve reflexión sobre nuestra labor como think-tank, resulta más importante que nunca reforzar nuestro compromiso con una ciudadanía más informada sobre los asuntos internacionales, que los españoles presten más atención a lo que ocurre más allá de nuestras fronteras y que exijan que lo que ocurra dentro se conecte con el exterior para maximizar fortalezas y reducir vulnerabilidades. La democracia requiere un público bien informado sobre cuestiones básicas. Cuando la máxima autoridad del planeta juguetea con la post- verdad o la realidad alternativa (sobre el impacto de la globalización, la inmigración, el cambio climático, la regulación financiera internacional, la estigmatización indiscriminada como terroristas de países enteros, o la importancia de la integración europea) resulta más necesaria que nunca nuestra labor. Y resulta más necesario que nunca que los ciudadanos españoles sean conscientes de todo lo que se juegan en esa conexión entre España y el mundo.

 

Pablo SALVADOR CODERCH, “Por una lista negativa” a El País (5-03-17)

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/03/04/catalunya/1488646574_992554.html

En la cuestión catalana, por favor, pongámonos de acuerdo en aquello que ni unos ni otros vamos a hacer o deshacer. Todo negociador profesional sabe que un acuerdo negativo es más fácil de alcanzar que otro positivo. Una lista negativa nos ayudaría a todos, pues conseguiría el apoyo de la inmensa mayoría de la población en Cataluña y en el resto del Estado.

Lo primero es no hacer daño: una mayoría abrumadora de ciudadanos descartamos el horror de un conflicto civil, que aquí (casi) nadie quiere otra guerra civil (algunos la llaman revolución). Proclamemos entonces que, ocurra lo que ocurra, nadie va a encender ese fuego. Los políticos del país deberían conjurarse en proclamar la primera entrada de la lista. Quien osara faltar, quisiera dar largas o balbuceara vaguedades quedaría aislado al instante. Luego está el conflicto económico. Discutamos a modo, pongamos pasión, presión y premura en el debate, pero no agravemos los tres problemas económicos básicos del país: paro, productividad y pensiones. A partir de ahí, es factible pactar reformas positivas, por ejemplo, en educación, pero de momento ha de primar el acuerdo negativo: en tu pugna por el poder, por el cargo, o por tu nombre en cien plazas, no meterás la mano en las cosas de comer, que ya está bien.

En tercer lugar está el conflicto político, el cual alcanza al derecho político por antonomasia, a la Constitución Española de 1978. Compulsiva, la discusión se ha centrado sobre abstracciones primarias del poder: el pueblo, la soberanía, la nación, el Estado y su Jefatura.

Sin embargo, la lista negativa puede crecer gradualmente, desde abajo, desde las concreciones constitucionales que pocos ponen en duda. Así los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución vigente caben en la lista. Casi todos podemos tratar de alcanzar acuerdos negativos sobre materias tales como la libertad de expresión. Pocos rechazarán una entrada que excluya el insulto. O menos se opondrán a que quienes defendemos el principio de lengua oficial única en un territorio nos pongamos de acuerdo con usted, que prefiere la cooficialidad de varias, en que nunca perseguiremos o sancionaremos a un particular por hablarnos en su lengua de elección (ni tampoco a su pequeña empresa, a la S. L. digamos, formada por un fontanero, magrebí o ecuatoriano, su mujer y su hijo), que a nadie le privarás de su voz. Y así, de uno en uno, derecho a derecho, hasta el último. De nuevo por ejemplo, usted tiene perfecto derecho a ser republicano, pero no amenace, por favor (“Foc al Borbó”). O tampoco debería caber la arremetida estatal de quienes creen que las libertades de manifestación y expresión excluyen los comportamientos colectivos coordinados por el gobierno, jurídicamente irrelevantes como votación (como referéndum simbólico, para ser claros), pero sentidos como la honda manifestación de un anhelo comunitario y compartido: no prohibirás a la gente expresar pacíficamente sus objetivos políticos.

La lista negativa habrá de enriquecerse con entradas que pusieran al derecho al reparo de los estropicios de gentes de buena fe y mediana cabeza que creen que cualquier insensatez, si es democrática, quita de en medio a esta ley, a ese derecho o a aquel deber: “La soberanía municipal (sic) nos permite imponerle a usted una sanción de medio millón de euros a la segunda vez que infrinja una ordenanza”, “acataremos las ocurrencias de nuestros cargos electos y de nadie más”, “en este barrio está prohibido abrir una asociación cultural”. Aquí la lista debería incluir una entrada que dijera algo así como que nadie se saltará el mandato de una ley hasta que sea derogada o sustituida por otra mejor, acaso la nuestra.

Una buena lista negativa está jerarquizada y ha de ser gestionada: primero se incluyen las cosas que rechaza el noventa y cinco por ciento de la gente. Luego las que no aceptan las dos terceras partes de la población. Y, finalmente, se detiene cuando llegamos a aquellas que dejan de tener una mayoría clara, absoluta y estable, en su contra.

Y ha de estar gestionada por un órgano al abrigo de las mayorías de turno (no todo es democrático en un régimen bien construido, lo siento): si hay tres partidos dominantes y los tres discrepan sobre si primero es la nación, segundo la economía y tercero la sociedad, es perfectamente posible que se sucedan coaliciones muy inestables para cada política concreta. Por eso se requiere un gestor al margen que evite los ciclos de inestabilidad del poder: no construirás una lista autogestionada. Ignoro qué pasará en Cataluña y España este año y dentro de los tres o cuatro que seguirán, nadie lo sabe. Pero estoy seguro de algunas cosas que nadie desea que ocurran. Exijan una lista.

 

Roger SENSERRICH, “Un país no es una empresa” a vozpópuli (3-03-17)

http://www.vozpopuli.com/opinion/pais-empresa_0_1004300945.html

Cuenta la leyenda que cuando Harry S. Truman, presidente de los Estados Unidos, se enteró que su Dwight D. Eisenhower había ganado las elecciones para sucederle, comentó con sorna: “Se sentará aquí y dirá: ¡haced esto! ¡haced aquello! Y no sucederá nada. Pobre Ike. Esto no se parece nada al ejército. Le parecerá muy frustrante.”

El comentario es probablemente apócrifo, pero tiene bastante de cierto. Estos días en que el líder del mundo libre ha llegado a la Casa Blanca en no poca medida en base a su reputación como CEO y gestor, vale la pena recordar que aunque el presidente de los Estados Unidos tiene en sus manos un poder y responsabilidad gigantescas, para ejercerlo no basta con dar órdenes. El trabajo de un gobernante tanto en Estados Unidos como en cualquier democracia avanzada es completamente distinto al de un general o el jefe de una empresa. Su capacidad para conseguir que algo suceda depende más de su talento para construir consensos y calibrar rivalidades que de su decisión o su identidad como hombre de acción.

Empecemos por lo obvio: un estado moderno (o una comunidad autónoma, o una ciudad grande) es una organización muchísimo más compleja que cualquier empresa multinacional, por grande que sea. La empresa más grande del mundo por volumen de ingresos, Walmart, facturó 482.000 millones de dólares el año pasado, con más de 2,3 millones de trabajadores en plantilla. Esta cifra es comparable al PIB de Cataluña y Madrid juntas, una cantidad de dinero absolutamente descomunal. La complejidad logística y organizativa de una compañía de este tamaño requiere una talento y competencia tremendos. El éxito de Walmart es, por encima de todo, el triunfo de la logística y organización.

Comparado con la tarea de un gobierno, sin embargo, lo que hace Walmart es relativamente sencillo. Es una empresa que compra productos a proveedores, negocia precios, los envía en flotas de barcos, trenes, aviones y camiones por todo el mundo y los vende a consumidores. En esencia, tienen un trabajo, comprar barato y vender caro, moviendo cajas de A hasta B. El volumen es excepcional, pero tienen un trabajo, y clientes que hacen una cosa, comprar productos.

Miremos, sin embargo, una administración como la Comunidad de Madrid. El gobierno regional tiene muchos menos clientes que Walmart, una empresa que si fuera un país estaría cerca de entrar en el G20 por volumen de negocio, pero sus responsabilidades son infinitamente más variadas. Cristina Cifuentes debe supervisar cosas tan variadas como el transporte de un área metropolitana de más de seis millones de personas, ejercer como empresa de seguros de salud para seis millones cuatrocientos mil potenciales pacientes, gestionar la educación de un millón trescientos mil niños y jóvenes, atender a las necesidades de más de dos millones de jubilados, proteger más de tres mil kilómetros cuadrados de espacios naturales, supervisar el suministro de agua potable a dos millones largos de hogares y mantener el orden público para que toda esta gente no se maten entre ellos.

Todo esto debe hacerlo, además, a la vez que intenta conseguir que sus ciudadanos están contentos, tienen trabajo y prosperan aceptablemente, trabajando en cooperación (en un día bueno) con decenas de municipios, un gobierno central que hace lo que quiere y sujeto a los desvaríos de sus compañeros de partidos, socios de coalición, protestas ciudadanas y el resultado del Real Madrid del sábado. La variedad de tareas, y la gigantesca complejidad de todas ellas, hacen que Walmart parezca un juguete sencillo.

Un gobernante, además tiene el problema adicional que todo el mundo es cliente suyo. Walmart es gigantesca, pero puede permitirse el lujo de ignorar a dos tercios de la población de Estados Unidos que no entrarán en un Supercenter más que por motivos de extrema necesidad. Cifuentes o Puigdemont no pueden hacerlo. Todos los catalanes y madrileños son “clientes” (forzosos) del gobierno regional, y todos han pagado por servicios recibidos. El servicio de atención al cliente de Walmart no debe perder el tiempo intentando complacer a aquellos que les odian. Los votantes catalanes y madrileños están ahí siempre, y deben siempre recibir servicios.

La dificultad del trabajo de un gobernante en un Estado moderno va más allá de su enorme rango. En muchas de sus actuaciones, un gobierno tiene un control más o menos indirecto sobre los resultados de sus políticas públicas. Cifuentes o Puigdemont pueden trabajar muy duro para generar crecimiento económico, pero no pueden ordenar a nadie que cree más empleo. El control que tiene un gobierno sobre la economía no es trivial, pero a corto plazo la capacidad de un primer ministro o presidente es muy limitado. Por muy bien que un hipotético hombre de negocios entienda como funciona la economía, la realidad es que los instrumentos que tiene en sus manos son mucho menos ágiles o funcionales que los que tendría como CEO.

Todas estas complejidades palidecen con el componente político en el trabajo de un gobernante. En Estados Unidos, el presidente realmente tiene poco poder institucional directo. Cualquier cambio institucional o política económica medio seria requiere de la aprobación de nuevas leyes, y eso pasa necesariamente por conseguir mayorías en el congreso. Por desgracia para el presidente, el procedimiento legislativo en un legislativo bicameral con partidos políticos poco disciplinados como es el que tiene Estados Unidos es complicado, farragoso y bizantino en un día bueno, y poco menos que kafkiano a poco que el presidente esté en minoría, sea impopular o los legisladores tengan ganas de marcha. Cualquier acción de gobierno requerirá a partes iguales ideas claras, flexibilidad mental, capacidad de encontrar ideas de consenso que puedan satisfacer a todas las partes implicadas en el proceso y voluntad de entender procesos legislativos complicados y reglamentos confusos llenos de requerimientos extraños. En esta clase de batallas, ser un tipo decisivo que da órdenes claras y directas no sirve absolutamente de nada; el congreso no funciona a base de pegarle gritos.

Incluso en sistemas políticos con legislativos menos obtusos como es el caso de los gobiernos europeos, un primer ministro pocas veces llega demasiado lejos gracias a su capacidad de tomar decisiones y dar órdenes a subalternos. El estado natural de los sistemas parlamentarios son los gobiernos de coalición o gobiernos en minoría, así que cualquier decisión exigirá negociaciones con presuntos socios de gobierno para sacarlas adelante. Los primeros ministros europeos, además, deben ser capaces de mantener a su partido contento; históricamente la mitad de ellos pierden el cargo a manos de rivales de su propia formación, no en las urnas. Las negociaciones serán más discretas, pero también deberán buscar consensos.

Queda, además, la burocracia. Un Estado moderno necesita burocracia; sus responsabilidades son inmensamente complicadas, y una burocracia profesional, permanente, con procedimientos y reglas estandarizadas y codificadas es la mejor manera de llevarlas a cabo. Por muy necesaria que sea, los políticos se enfrentan a dos problemas serios. Primero, ellos están de paso, mientras que los funcionarios permanecen. Un estado moderno es un ente poco menos que inmortal que no depende de su capacidad para ganar dinero para sobrevivir; los burócratas están ahí desde el amanecer de los tiempos, y conocen mucho más sobre cómo funcionan las cosas que el político o ministro de turno.

Segundo, como toda institución que lleva unas cuantas décadas (o siglos) funcionando, la burocracia a menudo tiene pocas ganas de cambiar cómo trabaja, y tienen mucha más práctica que cualquier político en el juego de poner trabas, pegas e informes por triplicado a cualquier intento de reforma. El CEO de una empresa puede despedir empleados rebeldes y fichar a otros con experiencia en un competidor que le ayuden a hacer las cosas. Un político no puede recurrir a la burocracia francesa para que le ayuden a convencer a los funcionarios de fomento a que se porten bien. De nuevo, el trabajo de un político requiere una combinación de amor por el papeleo, paciencia, persuasión, tozudez y capacidad de construir consensos que un CEO raramente va a necesitar en su empresa.

¿Son los políticos mejores organizadores entonces que un CEO brillante? No, en absoluto. Es muy posible que un primer ministro brillante fuera incapaz de vender iPhones o juguetes fabricados en China de forma medio decente. El motivo no es que los políticos sean tontos, sino que simplemente las habilidades, virtudes y talento que hacen de alguien un buen político no son absoluto comparables a las que hacen de alguien un buen empresario. Es posible que alguien sea bueno haciendo ambas cosas, pero es poco probable.

 

Enrique FEÁS, “Combatir la pobreza reduciendo la desigualdad” a Agenda Pública (7-03-17)

http://agendapublica.es/combatir-la-pobreza-reduciendo-la-desigualdad/

Durante muchos años el análisis de la distribución de la renta y de la desigualdad tuvo un carácter secundario dentro la teoría económica, y generalmente se estudiaba dentro de las teorías del desarrollo, es decir, en el marco de comparaciones entre países. La convicción general de que para poder redistribuir la riqueza había que generarla primero hizo que el análisis del crecimiento y sus determinantes acaparara gran parte de la atención académica.

Pero los tiempos cambian, y hoy en día el estudio de la desigualdad es uno de los ámbitos de investigación económica más pujantes. Autores como Thomas Piketty o Branko Milanovic –dignos herederos del gran Tony Atkinson– aparecen hoy en las listas de economistas más influyentes y sus libros en las listas de los más vendidos.

No obstante, aún son muchas las voces que defienden que lo importante no es combatir la desigualdad, sino terminar con la pobreza. Los argumentos empleados, sin embargo, suelen adolecer de tres errores: confundir la desigualdad a nivel internacional con la desigualdad interna o intranacional, subestimar la relación entre desigualdad y crecimiento y sobreestimar la relación entre redistribución y crecimiento.

1. La desigualdad interna es la otra cara de la igualdad internacional

El primer error se deriva de un dato indudablemente positivo: la pobreza es hoy mucho menor que hace treinta años, y la desigualdad entre países ricos y países pobres es menor. Ello se debe, fundamentalmente, a la incorporación a la clase media mundial de gran parte de los habitantes de dos de los países más poblados del mundo, China e India. Pero esa reducción de la pobreza y de la desigualdad a nivel mundial se ha producido al tiempo que aumentaba la desigualdad interna dentro de la mayoría de los países desarrollados (proporcionalmente más en los anglosajones, sobre todo EEUU) y de una gran parte de los países en desarrollo (incluidos China e India).

Este error conceptual sobre el ámbito analítico de la desigualdad se añade al prejuicio que confunde el concepto de igualdad con el de igualitarismo, es decir, la defensa de una igualdad no sólo formal –de derechos y obligaciones– y de oportunidades, sino también de resultados. Pero eso no es así: los principales teóricos de la desigualdad defienden no sólo las ventajas, sino incluso la necesidad de una cierta desigualdad, basada exclusivamente en un mayor esfuerzo, capacidad o ambición relativos, para generar unos incentivos adecuados y promover el crecimiento. El problema no es que haya una cierta desigualdad: es que esta sea excesiva, calificación que habrá que modular no sólo en función de su valor (generalmente a través del Índice de Gini referido a la renta, complementado con los de riqueza y de consumo), sino también de su tendencia.

2. La desigualdad perjudica el crecimiento

El segundo error es olvidar que la desigualdad afecta negativamente al crecimiento. Así, estudios del FMI como los de Ostry et al. (2014) demuestran que un Índice de Gini elevado para la renta neta (después de impuestos y transferencias) está correlacionado con un menor crecimiento de la renta per cápita, y que un aumento de 5 puntos del índice reduce el crecimiento medio anual en 0,5 puntos; Dabla-Norris et al. (2015) estiman, por su parte, que un aumento de un punto en la renta acumulada por el quintil superior reduce el crecimiento en 0,08 puntos durante cinco años, mientras que un aumento en el quintil inferior lo aumenta. Desde la OCDE, a su vez, se calcula que una reducción del coeficiente de Gini en un punto se traduciría en un aumento del crecimiento el 0,8 por ciento del PIB a lo largo de un periodo de 5 años (Cingano, 2014).

Los canales a través de los cuales la desigualdad se traduce en un menor crecimiento son múltiples, pero podemos agruparlos en tres:

•     Vía riesgo político: aparte de los riesgos generales de que una desigualdad excesiva se traduzca en la captura del proceso político por unas élites –generalmente proteccionistas de sus monopolios– y los derivados de la menor cohesión social, el FMI señala que, en los países en desarrollo, la desigualdad excesiva suele traducirse en un descontento social que termina por minar la estabilidad política. Por otra parte, en los países desarrollados la desigualdad suele dificultar la defensa de políticas que contribuyen al crecimiento, como la liberalización comercial o la integración económica. El desarrollo de los nuevos populismos en Estados Unidos y Europa se ha visto sin duda favorecido por la percepción de una mayor desigualdad.

•     Vía riesgo financiero (a través del ahorro): La idea, defendida por economistas como Larry Summers, es que la desigualdad aumenta el ahorro, porque las clases más ricas consumen una menor proporción de su renta (la propensión marginal al consumo es decreciente con el nivel de renta). La acumulación del ahorro presiona a la baja los tipos de interés, estimulando los precios de los activos y alentando el endeudamiento, en especial el de los hogares de renta media y baja con bajos salarios. Algunos estudios del FMI alertan del peligro en los países desarrollados de este sobreendeudamiento derivado de la desigualdad, que a la larga puede desencadenar crisis como las de la Gran Depresión o la Gran Recesión.

•     Vía productividad: Una excesiva desigualdad limita la capacidad de las capas más bajas para asumir riesgos e invertir, especialmente en capital humano (formación), o la condiciona a su salud (especialmente en ausencia de cobertura médica), lastrando el crecimiento futuro.

3. La redistribución no perjudica al crecimiento

El tercer y último error es considerar que la redistribución perjudica el crecimiento porque destruye los incentivos. Sin embargo, diversas investigaciones concluyen que la redistribución, salvo que sea extrema, no incide negativamente en el crecimiento: los datos muestran que el crecimiento de la renta por habitante no es significativamente menor en los países con más redistribución, y que un esfuerzo redistributivo (diferencia en índices de Gini en rentas bruta y neta) de 13 puntos o más (como en gran parte de Europa occidental) lo que hace es simplemente reducir la duración de una etapa expansiva. Por supuesto, todo dependerá también de los detalles (tipo de impuesto y financiación).

Al mismo tiempo, la realidad demuestra que la mayor parte de los efectos redistributivos –diferencias entre el Indice de Gini de la renta buta y neta– se producen por la vía de los gastos, más que de los impuestos. El FMI destaca que el mantenimiento y mejora de infraestructuras es una de las mejores vías, y un reciente estudio de Fedea atribuye al gasto el 93% del efecto redistributivo en España.

Finalmente, tan importante o más que la redistribución a posteriori es la redistribución a priori, o predistribución, íntimamente ligada a la igualdad de oportunidades: el gasto público en educación, formación y sanidad o las políticas activas de empleo pueden ser el mejor modo de garantizar la igualdad de oportunidades y evitar una desigualdad posterior.

Las implicaciones de política económica son importantes. Así, la desigualdad ha pasado ya a primer plano dentro de las políticas y recomendaciones del Fondo Monetario Internacional –iniciadas a raíz de su análisis de Bolivia– y del Banco Mundial, y es de esperar que el resto de organismos internacionales la incorpore a sus análisis. Por lo pronto, es bueno que se consolide la idea de que los recortes en sanidad o educación no sólo comprometen el crecimiento vía deterioro del capital humano, sino también vía incremento de la desigualdad

Por otro lado, el propio FMI reconoce que la financiarización de la economía y el sobreendeudamiento de las familias de renta media y baja son factores que favorecen la desigualdad, lo que hace recomendables medidas macroprudenciales y de control del sistema financiero.

Desde el punto de vista de la estructura impositiva, siempre será mejor estimular impuestos sobre el capital –que fomentan la igualdad de oportunidades– que recargar excesivamente los impuestos sobre la renta o los salarios, así como favorecer una adecuada progresividad del sistema en su conjunto.

Finalmente, desde el punto de vista de los gastos, es preciso estimular tanto los que favorezcan la redistribución (infraestructuras) como los que promuevan la predistribución (desarrollo y nutrición en primera infancia, sanidad y educación universales y de calidad, formación profesional, políticas activas de empleo), incluyendo en su valoración los efectos externos sobre la desigualdad.

En conclusión, la reducción de la desigualdad no debe considerarse un subproducto de la lucha contra la pobreza, sino un elemento crucial de la estrategia de crecimiento de un país: no es posible crecer ni combatir la pobreza mientras existan niveles de desigualdad excesivos.