Presentació
Els esdeveniments polítics del 2016, especialment l’encadenament del Brèxit amb la victòria de Donald Trump, són vistos com a símptomes d’una reacció defensiva d’una part de les societats davant les incerteses que projecten els canvis en curs. Per tant, és evident que l’exigència mínima de tot projecte polític que vulgui tenir futur és identificar l’escala i l’abast d’aquests canvis i de les seves conseqüències. Juan Francisco Jimeno -a Nada es Gratis- ens recorda quins són els tres canvis bàsics: els canvis demogràfics que alteren els equilibris dels Estats de Benestar; els canvis tecnològics (robòtica, intel·ligèncial artificial) que fan replantejar radicalment el concepte i les condicions del treball; i el canvi climàtic, de conseqüències imprevisibles. En aquests tres àmbits les polítiques impulsades pels Estats s’estan mostrant ineficaces per la seva inadequació a l’escala dels canvis. Des d’una perspectiva europea, es dibuixa una agenda per assolir un desenvolupament sostenible basat en un creixement econòmic equilibrat, una economia social de mercat competitiva i un nivell elevat de protecció i millora de la qualitat del medi ambient; per evitar l’exclusió social i la discriminació de gènere i generacional (Pau Marí-Klose); i per assegurar la cohesió entre els Estats membres de la Unió.

Les possibilitats de desenvolupar aquesta agenda definida per Jimeno es veuen seriosament condicionades per les incògnites polítiques i estratègiques que planen sobre la Unió Europea, tal com recull el Llibre blanc sobre el futur d’Europa presentat per la Comissió Europea aquesta setmana. Unes incògnites lligades en bona part al desenllaç de les eleccions del 2017 en els dos grans països de la Unió (enquestes recents a Alemanya i França) que avanci un hipotètic desinflament de l’onada populista (Fareed Zakaria), i -encara que improbable- a una reconducció del Brexit (Tony Blair). El que sembla inqüestionable és que o la Unió Europea és capaç d’esdevenir el bastió de resistència en front de la deriva reaccionària o s’acomplirà la profecia de Ted Malloch (probable futur ambaixador nordamericà a la UE) sobre la seva desintegració, tal com explica Bastien Nivet a The Conversation.
Tornant a l’agenda dels canvis, concretament sobre els canvis demogràfics, resulta de gran interès l’anàlisi de Raimundo Ortega a Revista de Libros sobre l’informe del Banco de España sobre el sistema públic de pensions a Espanya; una ressenya que conclou així: “… sea cual sea el tipo de reforma finalmente adoptada, debería tenerse muy presente: 1) En qué medida se hace recaer sobre cada generación ya sea el ajuste de las prestaciones al Sistema o el incremento de los impuestos preciso para recuperar su equilibrio financiero. 2) Cuán gradual es la reforma, esto es, sobre cuántas generaciones recaerá el ajuste. 3) Hasta qué punto se propone emplear las pensiones como instrumento para actuar sobre la desigualdad generacional. 4) La existencia de un amplio margen para la influencia de una política económica general, alejada de todo tipo de sectarismos, que colabore a la sostenibilidad del sistema público de pensiones”.

La qüestió catalana acumula aquests dies un seguit d’esdeveniments que pot fer pensar que s’esta arribant a la massa crítica per a que es produeixi l’anunciat xoc de trens, que gairebé tothom dóna per inevitable, tot i que amb diversos graus d’intensitat (Guillem Martínez, Lluís Bassets):  el segon judici del 9N (Enric Company); l’inici del judici del cas Palau (veure l’imprescindible diccionari del 3% de Roger Palà a Crític); i més inquietant, la maniobra de Junts pel Sí per modificar via express el reglament del Parlament per poder tramitar acceleradament la llei de transitorietat jurídica (Xavier Arbós). D’aquesta iniciativa, Enric Juliana en dedueix que el moviment independentista està fent el salt d’una etapa democratitsa a una etapa bonapartista. D’altra banda, proliferen les especulacions sobre importants divergències estratègiques dins del camp independentista entre els partidaris de consumar el xoc frontal amb l’Estat i els que s’inclinen per evitar-lo i cercar una via de sortida (Joan Tapia).

La cinquena i darrera peça de la selecció d’aquesta setmana és el comentari de Daniel Gascón a Letras Libres sobre el llibre de José Maria Ridao, “El vacío elocuente. Ensayos sobre Albert Camus” (Galaxia Gutenberg. Barcelona, 2017): “Camus pertenece a ‘una estirpe de hombres que aun inspirando sus acciones en un ideal, en una verdad última, ni se la apropian ni aceptan ser sus comediantes’”.

Finalment, una recomanació en paper: el número de març de la revista L’Avenç, amb un magnífic relat -“Tríptic d’Amèrica”- de Josep Maria Muñoz sobre la seva recent estada als Estats Units. I també la visió de Zadie Smith sobre el Brèxit: “Tanques. Un diari del Brèxit”.

Juan Francisco JIMENO, “El futuro no es lo que era (tampoco en Bruselas)” a Nada es Gratis (2-03-17)
http://nadaesgratis.es/juan-francisco-jimeno/el-futuro-ya-no-es-lo-que-era-tampoco-en-bruselas

El orden económico y social está experimentando mutaciones profundas. Tenemos la incómoda sensación de que nos movemos hacia territorios insospechados. No es por culpa de Trump, ni de Brexit, ni otras manifestaciones del ascenso del populismo contrario a la globalización. Estos solo son síntomas (malignos) de las preocupaciones de mucha gente sobre las consecuencias de transformaciones estructurales asociadas a los cambios demográficos, las nuevas características del progreso tecnológico, impulsado por la robótica y la inteligencia artificial, y el cambio climático.

Problemas que se nos vienen encima

En primer lugar, las tendencias demográficas harán que, en muy poco tiempo, la estructura por edades de la población cambie radicalmente, con consecuencias socioeconómicas que solo empezamos a comprender. Por ejemplo, políticas sociales financiadas por transferencias de los jóvenes a la población de mayor edad (como es el caso de las pensiones de jubilación) son fácilmente sostenibles en un escenario de elevados crecimientos demográfico y de la productividad. No lo son tanto a medida que crece el peso de la población a proteger y la productividad se estanca. En esta situación, cabe dudar de la capacidad de los Gobiernos nacionales para sostener estas prestaciones en el futuro, sobre todo cuando se han acumulado deudas muy elevadas a las que tendrán que hacer frente las mismas generaciones que se supone que han de financiar las prestaciones de la población de mayor edad. Los temores a un encogimiento del Estado del Bienestar y a la llegada de “competidores que vienen a aprovecharse de lo que pueda quedar de él“, parecen causar la xenofobia, la construcción de muros en las fronteras y la recuperación de controles a la inmigración.

Las innovaciones tecnológicas, aun en el escenario favorable en el que el crecimiento de la productividad se recupere por los avances en la robótica y la inteligencia artificial (las bases más probables de la nueva ola de dichas innovaciones), también generan incertidumbre e inquietud. ¿Cuánto empleo es susceptible de ser “robotizado”? ¿Qué habilidades deberían adquirir los seres humanos para seguir siendo útiles en la producción de bienes y servicios? Y si los robots se encargan de la mayor parte de la producción, ¿qué harán los seres humanos? ¿Cómo se distribuirá dicha producción entre la población evitando una concentración aun mayor de la renta y de la riqueza en los propietarios del capital? ¿Cómo conseguir que la distribución de la propiedad de los robots sea más igualitaria, de manera que todos nos beneficiemos de este nuevo proceso de automatización?

Finalmente, a todo ello hay que añadir que cada vez resulta más evidente que las consecuencias económicas del cambio climático pueden ser considerables. Aquí caben tres escenarios. Uno es una transición gradual hacia tecnologías limpias y compatibles con las sostenibilidad del medio ambiente sin costes elevados en términos de desaceleración del crecimiento económico. Otro es que el control de los costes medioambientales sea mayor por la necesidad de implementar políticas mucho más agresivas y de mucho mayor alcance para conseguir una eliminación más rápida de tecnologías contaminantes. Pero también puede ser que el cambio climático ya sea irreversible y que se produzcan desastres medioambientales con consecuencias graves para la localización de la producción y los movimientos migratorios internacionales.

y políticas que siguen ancladas en el pasado

Estos fenómenos plantean retos considerables a las políticas económicas y sociales, que siguen mirando hacia atrás, especialmente las educativas y las de empleo. Sigue el empeño en pretender que los sistemas públicos de pensiones podrán ofrecer rentas de sustitución a futuras cohortes de jubilados a tasas parecidas a las que disfrutaron las anteriores. La legislación laboral no está pensada para el tipo de relaciones laborales que surgirán en un mundo tecnológicamente diferente. El sistema educativo y la formación ocupacional y vocacional están básicamente dirigidas a proporcionar habilidades y capacidades que no serán necesarias si se confirman las tendencias tecnológicas que se vislumbran en la robotización y el desarrollo de la inteligencia artificial. Y la coordinación internacional sobre las causas y las medidas de control del cambio climático ha sido una broma, que pronto podría entrar en la categoría “broma de mal gusto”.

Con estas incertidumbres por resolver y con políticas y regulaciones nacionales por adaptar, la Comisión Europea tiene que elaborar un nuevo marco financiero plurianual que condicionará el presupuesto de la UE durante el periodo 2021-2027. Se supone que los objetivos a lograr son: i) el desarrollo sostenible, basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente, ii) la lucha contra la exclusión social y la discriminación, el fomento de la justicia y la protección sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del niño, y iii) el fomento de la cohesión económica, social y territorial, y la solidaridad entre los Estados miembros. Y todo ello se ha de acometer con otra incertidumbre añadida: el futuro de la integración europea.

Ante un ejercicio de esta naturaleza caben varias preguntas: ¿En qué áreas y cómo se debería invertir? ¿Qué instrumentos de ejecución de las inversiones son más eficaces? ¿Cuál debería ser la referencia geográfica de los programas de inversión de la UE: las regiones, como ha sido el caso hasta la fecha, o los países? ¿Qué condiciones han de establecerse para acceder a los programas de inversión comunitarios? ¿Con qué tipo de financiación se deben implementar tales programas? ¿Cómo diseñar estos programas para apoyar los avances en la construcción de una Unión Europea plena?

Estas preguntas se escuchan cada vez con más frecuencia en Bruselas. Ciertamente, son difíciles de responder sin más conocimiento sobre cuáles serán las consecuencias de los cambios demográficos, tecnológicos y climáticos. Pero aunque no sepamos (todavía) cuáles son las respuestas, sí sabemos cuáles no lo serán. No lo serán inversiones en infraestructuras innecesarias y en capital humano inútil, ni otros programas diseñados para servir los intereses de los intermediarios, y no tanto a los ciudadanos europeos a los que se pretende ayudar. Tampoco el énfasis en el desarrollo regional parece haber tenido éxito a juzgar por el escaso avance en la convergencia económica entre regiones europeas.

A la vista de los fallos del pasado y mientras se despejan las incertidumbres sobre el futuro, una estrategia conveniente debería favorecer, además de la solidaridad y la eficacia, la transparencia y la flexibilidad. Para ello, un primer paso es la simplificación de  la panoplia de fondos ahora en funcionamiento (Fondo Social Europeo, FEDER, Plan Juncker, Programa Europeo de Empleo e Innovación Social, Fondo de Ayuda Europea a los Más Necesitados, por citar solo algunos). Una segunda medida, todavía más decidida, sería la constitución de programas plenamente europeos, es decir, bajo la autoridad y la responsabilidad de la propia Comisión Europea, que dieran prioridad a las transferencias directas a los ciudadanos y no a sus Gobiernos nacionales (tal y como se sugería aquí).

Cambiar radicalmente las estrategias de inversión de los fondos comunitarios será muy complicado. Existen restricciones institucionales considerables, tanto dentro de la propia Comisión Europea, como en las relaciones entre ésta y los Gobiernos nacionales. También hay poderosos grupos de presión para los que el statu quo resulta muy favorable. Pero, al menos esta vez, el proceso de configuración del nuevo marco financiero plurianual de la UE parece haber comenzado con las preguntas correctas. Está por ver si las respuestas serán novedosas o si persistirán los errores del pasado. Habrá que seguir estrechamente dicho proceso y recordar machaconamente que el futuro… ¡queda hacia adelante!.

Bastien NIVET, “L’Union européenne face au défi réactionnaire” a The Conversation (1-03-17)
https://theconversation.com/lunion-europeenne-face-au-defi-reactionnaire-73705

Implosion, dissolution, disparition, crise existentielle : l’Union européenne (UE) est aujourd’hui présentée comme étant en grand danger. Après avoir longtemps été perçue comme un processus ne pouvant qu’aller de l’avant, en s’approfondissant en permanence à travers de nouvelles politiques et institutions, et en s’élargissant de façon continue à de nouveaux membres, elle fait aujourd’hui l’objet de diagnostics très pessimistes. Brexit, crise de la dette grecque et de la zone euro, tensions internes et pressions internationales (Trump, Russie de Poutine, défis migratoires et des demandeurs d’asile), donnent à voir une UE sur la voie d’une possible déseuropéanisation, jusqu’à présent largement impensée.

Mais si l’Union apparaît autant fragilisée, ce n’est pas simplement par la simple somme concrète de ces défis pourtant considérables. C’est que la Russie de Poutine, les évolutions politiques dans certains pays européens eux-mêmes, le Brexit ou l’arrivée de Trump à la Maison Blanche signalent un « moment politique » dont l’UE est, a priori, l’exact opposé. Celle-ci est menacée aujourd’hui non seulement par sa difficulté à faire face aux pressions économiques et politiques objectives, mais aussi et surtout parce qu’elle incarne un autre monde, une autre réalité que celle qui émerge à travers les nouvelles mœurs et pratiques politiques et diplomatiques.

Celles-ci dessinent un moment réactionnaire dont nous ne sommes pas encore en mesure de saisir l’ampleur, la durée et les conséquences. Un moment prenant à rebours l’esprit même de la construction européenne, mais aussi la façon dont l’UE a cherché à se projeter et à se construire à l’international.

Populisme et démocraties illibérales

Ce mouvement réactionnaire, au sens propre (retour en arrière, contestation du progrès) est avant tout visible à l’intérieur même de l’Union. Débats autour du Brexit, dérives populistes en Pologne, en Hongrie ou en Slovaquie, menaces similaires en France et aux Pays-Bas remettent en cause certains éléments de contenu historiques de l’UE, mais aussi des conditions fondamentales de la construction européenne.

Bien que longtemps centrée sur les enjeux économiques, la construction européenne a aussi été vécue, construite et utilisée comme un projet aussi destiné à diffuser ou consolider la démocratie en Europe. Contrairement à l’OTAN qui a, par exemple, compté parmi ses États membres la dictature des colonels en Grèce de 1967 à 1974, les Communautés européennes initiales, puis l’UE depuis 1993, n’ont toujours compté que des démocraties en leur sein. Les adhésions de la Grèce à la CEE en 1981, puis de l’Espagne et du Portugal en 1986, constituaient une reconnaissance, un accompagnement et une consolidation des trajectoires démocratiques récentes de ces États. Plus récemment, le processus d’élargissement à l’Est des années 1990-2000 a aussi posé comme condition, au-delà des critères économiques et réglementaires, des critères politiques et démocratiques précis – dits de Copenhague-, et incarné une stratégie délibérée d’ancrage démocratique et libéral des États d’Europe centrale et orientale.

Cette association entre intégration européenne, démocratie libérale et État de droit est aujourd’hui menacée de l’intérieur, remise en cause par des mouvements populistes ou extrémistes présents ou aux portes du pouvoir dans plusieurs États européens. Divers dans leurs causes, formes, fondements idéologiques et aspirations, ces mouvements font émerger au sein même de l’UE des pouvoirs proches de ce que Fareed Zakaria avait notamment qualifié dès 1997 de mocraties illibérales.

Le refus du compromis

Ces mouvements ou pouvoirs exercent une pression directe sur l’UE en remettant en cause des acquis et conditions d’appartenance comme certaines règles démocratiques, d’État de droit ou de progrès social. Ils ont aussi en commun une exacerbation de la notion d’intérêt national, la stigmatisation de l’UE comme un carcan non démocratique empêchant de véritables choix politiques, des velléités de centralisation du pouvoir autour d’une personne ou d’un parti.

Ces aspirations remettent en cause directement la démarche même de construction européenne. Celle-ci vise à accommoder intérêts particuliers (des États, des entreprises, des citoyens) et intérêts collectifs (européens, globaux), à gérer par la négociation et le compromis les convergences autant que les divergences d’intérêts entre acteurs. Des valeurs et habitus qui s’accommodent mal de ces nouvelles façons de faire et d’envisager la politique.

Le refus de s’accommoder de compromis, par définition imparfaits, le recul des valeurs de progrès social et d’ouverture, la remise en cause de certains acquis démocratiques, sont autant de caractéristiques de ces démocraties illibérales et mouvements populistes et/ou extrémistes et des partis ou individualités qui les incarnent.

Fragile puissance civile et normative

Défiée de l’intérieur par des forces politiques réactionnaires multiformes, l’UE est aussi menacée par un mouvement similaire dans son environnement international. Acteur international atypique (ni État ni organisation internationale), au potentiel de puissance ou d’influence difficile à clarifier, l’Union a toujours opté pour un positionnement international privilégiant le multilatéralisme, la coopération, l’instauration de règles et de normes, le dialogue. Parfois présenté comme une vertu européenne, ce positionnement est aussi une nécessité dictée par les faiblesses de l’UE comme acteur international (limites de sa cohésion politique et diplomatique, absence de puissance militaire).

Il a, quoi qu’il en soit, permis à l’UE d’émerger comme un acteur international sur des enjeux comme le nucléaire iranien, le changement climatique, la gestion des crises et des conflits en Afrique. Capable d’opérer en réseau, de promouvoir des approches normatives et multilatérales de dossiers internationaux complexes, l’UE s’est construit un rôle international en tirant profit et promouvant une diffusion incomplète mais néanmoins réelle du multilatéralisme, institutionnalisé (OMC, CPI) ou non (groupe 5+1 sur le nucléaire iranien par exemple).

Ce mélange de puissance civile européenne et de puissance normative européenne est aujourd’hui défié par un retour en arrière vers des pratiques internationales classiques. Retour des enjeux de conquête territoriale (Crimée) et de recours à la force militaire (Russie-Ukraine, Syrie), remise en cause du multilatéralisme et d’une vision normative des relations internationales (États-Unis de Trump, velléités de retrait de la CPI en Afrique notamment) sont autant de signaux d’un moment réactionnaire aussi sur le plan international, prenant à rebours la démarche autant que le contenu de l’action internationale de l’UE.

Ces évolutions politiques internes et défis internationaux fragilisent l’UE au point qu’elle semble, à tort ou à raison, menacée dans son existence même. Ce sentiment de grande vulnérabilité et d’incertitude reflète les imperfections et limites de la construction européenne, mais en légitime aussi – a contrario – les atouts et valeurs: stabilisation par la coopération, progrès par la diffusion de normes, gestion des défis communs et différents par le multilatéralisme et la négociation.

Ce n’est pas un hasard si Ted Malloch, pressenti comme futur ambassadeur des États-Unis auprès de l’UE, s’en est pris récemment à la fois au fonctionnement institutionnel et à l’action de l’Union : elle incarne un univers de règles, de normes et de principes d’action politique à l’opposé du mouvement réactionnaire politique et diplomatique émergent.

L’UE pourrait ainsi être la principale victime de ce mouvement mais aussi, pourquoi pas, s’en ériger en principal bastion de résilience et de résistance aux côtés d’acteurs comme le Canada.

Raimundo ORTEGA, “¡Es la demografía, incautos!” a Revista de Libros (1-03-17)
http://www.revistadelibros.com/discusion/es-la-demografia-incautos?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl20170301

A propósito de: El sistema público de pensiones en España: situación actual, retos y alternativas de reforma de  Pablo Hernández de Cos, Juan Francisco Jimeno y Roberto Ramos

(Madrid, Banco de España, Documentos Ocasionales, N.º 1701, 2017)

No hace mucho tiempo escribía en esta revista un artículo alertando sobre el peligro que la crisis demográfica suponía para el mantenimiento del llamado «Estado del bienestar», que los españoles nos hemos acostumbrado, con escaso fundamento, a considerar asegurado desde nuestro nacimiento hasta la vejez. Una de sus bases −las pensiones de jubilación− se ha convertido durante estas semanas en tema de acalorado debate a medida que aparecían cifras y estudios avisando del peligro de quiebra del sistema público y empezaban a discutirse las medidas urgentes, todas ellas impopulares, necesarias para apuntalar su supervivencia.

Entre esos trabajos destaca, en mi opinión, el recientemente publicado por el Banco de España con un título muy explícito respecto a sus ambiciosos propósitos. En efecto, sus cincuenta y tres páginas de lectura relativamente fácil, pero que en algunos epígrafes pueden exigir cierta atención, confirman una amarga sospecha: el Sistema Público de Pensiones (en adelante, el Sistema) es insostenible a medio plazo, salvo que se adopten medidas complementarias que, desde luego, no serán bien recibidas –manteniendo las ya acordadas− y, además, precisarán englobarse en el marco de una política económica general que no pocos sectores sociales considerarán incompatibles, ya sea con sus concepciones ideológicas o sus intereses personales, ya con ambos conjuntamente. Más adelante se entenderá esta afirmación que ahora podría considerarse atrevidamente injusta.

Comencemos por recordar algo que, por sabido, se olvida a menudo al discutir sobre el Sistema y que resumiré citando un reciente trabajo sobre la desigualdad en España que publiqué recientemente en Revista de Libros. Según ese estudio, las prestaciones de jubilación supusieron el 78% de las transferencias monetarias recibidas por los hogares españoles en el período 2003-2013 y constituyeron un factor clave para amortiguar la desigualdad en la distribución de la renta a lo largo de unos años caracterizados por la gran crisis económica iniciada en 2007-2008. Junto a ese hecho, el estudio ahora comentado indica ya en sus primeros párrafos unos datos esenciales: en el año 2007, las cuentas de la Seguridad Social arrojaban un superávit equivalente al 2,2% del PIB de ese año, mientras que ocho años después habían pasado a registrar un déficit del 1,5%  (un desequilibrio de unos 37.000 millones de euros aproximadamente), alcanzando el 1,7% en 2016, según datos recientemente facilitados por la ministra de Empleo y Seguridad Social. Sus causas: un incremento de los gastos y, en menor medida, una ligera reducción de los ingresos. Paralelamente, el Fondo de Reserva, creado en 2004, y que alcanzó en 2011 el equivalente al 6,2% del PIB de dicho año, se ha reducido hasta situarse en el 1,4% del PIB a finales de 2016.

¿Cuáles son las causas de tan drástico cambio? El estudio publicado por el Banco de España, El sistema público de pensiones en España las concreta en las cuatro siguientes:

a) El incremento en un 3,1% del PIB en el pago de pensiones contributivas debido a una mayor tasa de dependencia (es decir, al incremento del número de pensionistas en relación con la población en edad de trabajar; generalmente entre dieciséis y sesenta y cinco años).

b) Lo mismo ha sucedido con la tasa de sustitución (o cociente entre la pensión media y el salario medio).

c) El descenso de la tasa de empleo.

d) La caída en cuatro décimas del PIB de la relación cotizaciones sociales/PIB, originada por la menor participación de los salarios en este último, no compensada por el pequeño incremento del tipo efectivo de las cotizaciones sociales.

En resumen, el menor crecimiento del producto y del empleo, como consecuencia de la grave crisis económica, ha originado un aumento en el gasto en pensiones y un descenso en los ingresos por cotizaciones sociales, provocando un fuerte aumento del déficit en el Sistema. A agudizar tan preocupante evolución ha coadyuvado la tendencia imparable al envejecimiento de la población y, lo que es aún peor, que dicha tendencia se intensificará en las próximas décadas, tal y como apuntan las proyecciones de las pirámides demográficas hasta 2066 del Instituto Nacional de Estadística. Resulta muy significativo un dato que los autores del estudio apuntan: la población mayor de sesenta y siete años, que a principios de la pasada década de los ochenta representaba el 10% de la población total, supone hoy en día el 16% y superará ligeramente la cota del 30% a partir de 2040.

¿Tiene algo que ver la estructura del Sistema español con tan preocupante situación? ¿En qué se parece y se diferencia de los sistemas del resto de Europa? Estas son las dos preguntas a las que se responde en el estudio ahora reseñado mediante el repaso de su marco institucional y de sus características en comparación con las de los países de nuestro entorno.

Después de señalar la existencia de dos grandes modalidades: la asistencial (viudedad, orfandad y enfermedad), financiada con los impuestos generales en los casos de personas que se encuentren en esa situación careciendo de un determinado nivel mínimo de recursos, y la contributiva obligatoria, financiada con las cotizaciones sociales (que suponen el 85% de los ingresos del Sistema), pagadas por empresarios y trabajadores en activo, se señala un rasgo importante; a saber, que no es entre nosotros muy frecuente, a diferencia de la Unión Europea, que el Sistema de reparto se complemente con fondos de capitalización, ya sea dentro del ámbito público o del privado.

Veamos ahora qué se nos dice respecto a las semejanzas y diferencias entre nuestro Sistema y los del resto de los países de la Unión Europea y de la OCDE:

A) Semejanzas

1.Las bases de cotización empleadas para calcular la base regulatoria de la pensión se revalorizan en España con la inflación, como en la mayoría de los países de la Unión Europea y la OCDE

2. La edad legal de jubilación en España es semejante a la media de otros países: sesenta y cinco años y cinco meses para hombres y mujeres −aumentando progresivamente hasta los sesenta y siete en 2027−, siendo las respectivas medias en la OCDE de sesenta y cuatro y 63,1 años.

3. En todos los países la jubilación anticipada reduce las pensiones en función de los años de jubilación adelantados. En España, la edad efectiva de jubilación es de sesenta y cuatro años, inferior a la media de la OCDE.

B) Diferencias

1. La tasa a la cual se acumulan derechos de pensiones es más elevada en España que la del resto de los países de la OCDE: 1,82% de la base reguladora por año cotizado frente al 1,34% de media en otros países.

2. Los años que sirven para calcular la pensión es de veinte en nuestro país –serán veinticinco en el año 2023−, pero en la mayoría de los países de toma en cuenta la totalidad de la vida laboral.

3. La pensión máxima en España es del 165% del salario medio de la economía en general, frente al 149% en diecinueve de los países de la OCDE.

4. La tasa de sustitución de las pensiones de jubilación en España (un 49,5%) es superior a la de la OCDE (42,1%). Y, si se mide como cociente entre pensión inicial y último salario recibido, el nuestro aparecería en 2013 como el que tenía una tasa más alta (81,9%) de la Unión Europea.

5. Por el contrario, después de las últimas reformas −que se comentarán a continuación−, el mecanismo de revalorización de las prestaciones de jubilación es más exigente entre nosotros que en la mayoría de los países antes aludidos, ya que, en lugar de indexarlas al crecimiento de los precios, depende del equilibrio financiero, con unos máximos y unos mínimos.

La impresión que podría sacar un lego en estas materias es que nuestro Sistema ha sido y sigue siendo todavía muy generoso y que ello, añadido a la evolución demográfica y a los efectos de la grave crisis financiera de mediados de la década anterior, ha obligado a acometer unas reformas a lo largo de los últimos años. En este sentido, conviene tener muy presente que, en los tres lustros que separaron 1980 de 1995, el gasto en pensiones contributivas creció, según nos informa este estudio, desde el 5,6% del PIB al 8,4%, mientras que la relación entre el número de afiliados y el de pensiones disminuyó del 2,7% al 2,1%. Semejante desequilibrio provocó un informe −conocido como Pacto de Toledo− cuyas recomendaciones acabaron plasmándose en la Ley 24/1997, de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social.

En el estudio publicado por el Banco de España se sigue la pista de las posteriores reformas: Acuerdo para la Mejora y el Desarrollo del Sistema de Protección Social de, abril de 2001, luego concretado en la Ley 35/2002; Ley 28/2003, Reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social; renovación del Pacto de Toledo en julio de 2006 y Ley 40/2007. Pero han sido las Leyes 27/2011 y 23/ 2013 las que han implantado las medidas más efectivas para adecuar el Sistema al desafío demográfico al introducir el factor de sostenibilidad de las pensiones de jubilación a partir de 2019 (que supedita el importe inicial de las pensiones de jubilación a la evolución de la esperanza de vida) y el índice de revalorización (que acaba con el mecanismo que liga la actualización anual de las pensiones al IPC y establece ese incremento anual mediante una fórmula que tiene en cuenta el balance entre ingresos y gastos del Sistema con dos topes: la revalorización no puede ser inferior al 0,25% −que es el aplicado estos últimos años− ni superior al resultado de sumar un 0,50% al incremento del IPC).

¿Qué podemos esperar del efecto de estas medidas respecto a la sostenibilidad del Sistema? La respuesta que se nos da en el estudio ahora reseñado distingue entre el corto y medio plazo (concretamente, hasta mediados de la próxima década) y el largo (hasta el año 2060). Ambos supuestos se basan, se nos dice, en estimaciones «más bien favorables» del comportamiento futuro del empleo, la productividad y la inflación (un 2% anual de media), que permitirían a largo plazo contrarrestar el efecto del esperado incremento de la tasa de dependencia y apuntalarían la sostenibilidad futura del Sistema. Ahora bien, de no conseguirse ingresos adicionales del Sistema −más adelante ofreceré alguna cifra−, el peso del ajuste se materializaría en una reducción de la pensión media respecto al salario medio, o tasa de sustitución, que la Comisión Europea estimaba en 2015 en 20 puntos porcentuales (recuérdese que actualmente está casi en un 60,0, una de las cuatro más altas de la Unión Europea, sólo superada por Gracia, Chipre y Portugal) entre 2013 y 2060 (1).

Pero los impacientes tienen derecho a saber qué puede suceder a corto y medio plazo. Pues bien, manteniendo los supuestos macroeconómicos antes indicados, y sin aumentar los ingresos, la aplicación efectiva del índice de revalorización y del factor de sostenibilidad antes mencionados reduciría anualmente el déficit del Sistema en una décima del PIB, lo cual permitiría alcanzar el equilibrio a partir de la segunda mitad de 2020. Pero no se olvide: con una inflación aproximada del 2%, ello supone mermas del poder adquisitivo de las pensiones.

En resumen, la clave para asegurar la sostenibilidad futura del Sistema, habida cuenta de cuál es el nivel de ingresos adecuado para sostenerlo −afirman los autores del trabajo−, reside en la tasa de sustitución, pero sin olvidar las implicaciones sobre la equidad intergeneracional de las decisiones que se adopten. Y es que mantener la tasa de sustitución antes mencionada obligaría a elevar los ingresos del Sistema a largo plazo en torno a unos 12.500 millones en medias anuales y, puesto que las cotizaciones de empresas y trabajadores suponen algo más del 85% de esos ingresos, es fácil imaginar el lastre que ello significaría para la creación de empleo que, no se olvide, es uno de los instrumentos básicos para asegurar la sostenibilidad del Sistema. Estamos en una encrucijada especialmente delicada, si bien es cierto que existen mecanismos complementarios, tales como reforzar la relación entre contribuciones y prestaciones en nuestro sistema de reparto, introduciendo medidas como la implantación de cuentas nocionales de contribución definida.

Pero la bomba de relojería que es la evolución demográfica sigue ahí y obliga a una respuesta en términos de política económica que surta efectos a largo plazo. La estrategia ha de basarse en la consolidación fiscal y la reducción de los altísimos niveles de deuda pública existentes, de tal forma que las finanzas públicas puedan afrontar los problemas provocados por el envejecimiento de la población, a lo cual ayudarían reformas decididas en los mercados de trabajo y de bienes y servicios, junto con programas de educación y formación de los trabajadores. A lo que yo añadiría medidas generosas que incentivasen la natalidad: en este campo, Francia es un ejemplo a imitar, pues su tasa de fecundidad alcanza la media de 2,1 hijos frente a 1,3 en España y 1,5 en la Unión Europea.

Los autores, tres distinguidos economistas del Servicio de Estudios del Banco de España (2), insisten en sus análisis una y otra vez tanto en la influencia de la intensa caída de la natalidad (en 2015, nueve nacimientos por mil habitantes, que se espera se reduzca a 6,6 en 2030 y a 5,6 en 2060) como  en el aumento de la esperanza de vida (hoy en día una persona, de sesenta y cinco años tiene una esperanza de vida de casi seis años más que otra con la misma edad en 1975 y se proyecta que vivirá casi ocho años menos que una persona de la misma edad en 2060). A ello se añade un tercer factor, el saldo migratorio, que arroja una reducida entrada neta de personas hasta finales de la primera década. Sus consecuencias sobre la pirámide demográfica española indican que la población mayor de sesenta y siete años (aproximadamente el 10% de la población total a principios de la pasada década de los ochenta) supera hoy el 16% y se proyecta que represente más del 30% partir de 2040, como he recordado al comienzo de esta reseña, cuando se señalaba el creciente desequilibrio entre ingresos y gastos del Sistema en relación con el PIB.

Con este trasfondo, el estudio intenta extrapolar la evolución del gasto en pensiones de acuerdo con supuestos relacionados con la evolución de la tasa de dependencia, el valor inverso de la tasa de empleo, tasa de sustitución y la participación de los salarios en el PIB. El objetivo perseguido es cuantificar cómo posibles cambios en esos cuatro factores modificarían la evolución del gasto en pensiones del Sistema. Para ello escogen los siguientes valores:

Tasa de dependencia: 42,7% en 2035 y 64,3% en 2050.

Tasa de empleo:

a) Se mantienen los valores actuales, alrededor del 60%.

b) Se supone que aumenta hasta el 70%.

Tasa de sustitución:

a) La actual, 44%.

b) Se reduce a la mitad.

Masa salarial/PIB: 48%

Los resultados pueden resumirse como sigue: Si la tasa de empleo alcanzase el 70% y la de sustitución se mantuviese en el 44% actual, en el año 2035 el gasto en pensiones podría mantenerse por debajo del 13% del PIB en ese año, pero se elevaría hasta el 19,5% en 2050. Por el contrario, con una tasa de empleo inferior (el 60%), y manteniendo la tasa de sustitución, en 2035 el gasto en pensiones se elevaría hasta el 15% del PIB; pero con otra inferior (aproximadamente del 35%), el gasto en pensiones se mantendría en un 12% del PIB. Por el contrario, en caso de intentar mantener ese nivel quince años después −esto es, en 2050−, sería necesario reducir la tasa de sustitución al 23,3%. Ello pone de relieve algo bien conocido: la importancia de la evolución del empleo, pues, en efecto, su incremento en diez puntos reduce el gasto en pensiones al relación con el PIB en 3,2 puntos.

Los cálculos ofrecidos en el trabajo reseñado no se agotan con los aquí resumidos, pero analizarlos, aun cuando fuese de forma muy sumaria, alargaría en exceso este comentario. No me resisto, sin embargo, a hacer una breve referencia a las conclusiones del Grupo de la Comisión Europea  que en 2012 y 2015 elaboró los denominados «Informes de Envejecimiento» y sus previsiones de gasto en pensiones a largo plazo, con la ventaja de que estos informes han podido incluir en sus cálculos las reformas españolas de 2011 y 2013 a las que antes he hecho referencia. Pues bien, sus resultados corroboran que la puesta en vigor de esas dos reformas permite estabilizar el gasto en pensiones a largo plazo –es decir, 2060−, que descendería desde un 18,8% en 2013 a un 11,9% en 2040, un 12,3% en 2050 y un 11% en 2060. Conviene añadir que esa evolución se apoya en una disminución clara de la tasa de sustitución, que podría complementarse con mecanismos tales como el aumento del número de los años de cotización utilizados para calcular la base reguladora de la pensión de jubilación; reducir el porcentaje de la pensión (actualmente, el 50%) a la que da derecho el período mínimo de cotización o retrasar la edad de jubilación. Estas medidas, y otras que no menciono para no fatigar al lector, tienen otra virtud: acercar nuestro sistema al conocido como cuentas individuales nocionales de contribución definida, que, entre otras ventajas, incluyen una mayor claridad para el futuro pensionista a la hora de decidir cuándo jubilarse, puesto que las prestaciones se calculan como la anualidad correspondiente a la cantidad de cotizaciones acumuladas y la esperanza de vida en el momento de la jubilación.

Existen igualmente alternativas para incrementar la financiación, entre las cuales conviene destacar una, siquiera sea por la popularidad alcanzada y por la ligereza con la cual se apoya su implantación inmediata: me refiero al empleo de los impuestos generales, ya se trate del IRPF, el IVA o algún nuevo tributo destinado específicamente a esta finalidad. El estudio publicado por nuestro banco central señala, muy acertadamente, que a la hora de adoptar esta decisión convendría ponderar varios factores. El más destacado, al menos en mi opinión, es que recurrir a los impuestos generales para apuntalar un sistema de reparto como el nuestro no sólo diluiría su carácter de mecanismo de transferencia de rentas entre trabajadores, sino que, además, enturbiaría la relación entre ingresos y prestaciones. Como los aumentos de los impuestos generales afectarían a todos los contribuyentes −estén ocupados o no, hayan o no contribuido al Sistema−, el propósito de financiar las rentas de los pensionistas sería también pagado en buena medida por los mismos que han contribuido antes al Sistema y cuyas rentas se intentan ahora proteger con sus propios impuestos. Una tercera vía, que parece estar considerándose por el Gobierno, al menos para satisfacer las pagas extraordinarias, consistiría en la emisión de deuda pública: un dislate monumental, por mucho que se justifique comparando favorablemente su posible coste con la rentabilidad obtenida por los activos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social., casi todos ellos emitidos por el propio Tesoro. El razonamiento es de un simplismo desalentador. De acuerdo con informaciones facilitadas por la propia Seguridad Social, la rentabilidad de los activos que el Fondo de Reserva mantiene en cartera descendió entre 2015 y 2016 en 77 puntos básicos, al tiempo se nos informaba que la rentabilidad exigida por los mercados a los Bonos del Tesoro a diez años se había encarecido en 40 puntos básicos. ¿Cuál se piensa que será la reacción de los mercados al anuncio de más emisiones públicas para financiar un sistema de pensiones que la propia ministra del ramo reconoce que «genera dudas»? Con una deuda pública equivalente al 100% de lo que anualmente producimos, ¿añadir dieciséis o diecisiete mil millones de euros va a ser recibido por los mercados como «business as usual», cuando, además, no se aclara qué medidas se tomarán para no repetir la demanda el año próximo?

Conviene recordar cuatro recomendaciones finales de este esclarecedor trabajo a la hora de dar por concluida esta reseña. A saber, que sea cual sea el tipo de reforma finalmente adoptada, debería tenerse muy presente:

1) En qué medida se hace recaer sobre cada generación ya sea el ajuste de las prestaciones al Sistema o el incremento de los impuestos preciso para recuperar su equilibrio financiero.

2) Cuán gradual es la reforma, esto es, sobre cuántas generaciones recaerá el ajuste.

3) Hasta qué punto se propone emplear las pensiones como instrumento para actuar sobre la desigualdad generacional.

4) La existencia de un amplio margen para la influencia de una política económica general, alejada de todo tipo de sectarismos, que colabore a la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

La insostenible evolución del Sistema Público de Pensiones está propiciando la discusión de un amplio abanico de opciones para hacer frente a los retos que ha venido propiciando la estructura de aquél y que tanto las reformas de 2011 como la de 2013 buscaban encauzar, pero que las perspectivas demográficas han agudizado hasta crear un clima de alarma que va creciendo a medida que empiezan a aparecer las inevitables apelaciones retóricas y lo que me atrevería a calificar de «la demagogia del gasto». En mi opinión, pedir siempre más no es en la situación actual de nuestro Sistema de Pensiones ni una opción ética, ni siquiera racional. Cuando se esgrime la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones en un momento en el cual intenta apuntalarse su pervivencia podría ser retórica incompetente. Todos los especialistas que han estudiado esta cuestión coinciden en que lo que debe hacerse bajo la inmensa presión del envejecimiento de la población española es intentar asegurar la sostenibilidad financiera del Sistema y ello, en el mejor de los escenarios ahora previsibles, consiste, más o menos, en reducir al máximo el desfase entre sus ingresos y sus gastos dentro de unos diez o doce años. Ese horizonte puede colorearse de diferentes matices políticos, pero convendría que las ideologías no impidiesen la aplicación de la razón a las cuestiones políticas o, lo que es muy parecido, parafraseando a John Rawls, que no todas las utopías son realistas.

__Notas al pie del artículo completo

1. En un trabajo también recientemente publicado (Sostenibilidad financiera de las pensiones), J. Ignacio Conde-Ruiz, profesor en la Universidad Complutense de Madrid, subdirector de FEDEA, miembro del Comité de Expertos que colaboró en las reformas del Sistema de Pensiones y autor del libro titulado Qué será de mi pensión, estudia las posibilidades de lograr la sostenibilidad financiera del Sistema, pero llega a conclusiones más pesimistas que las contempladas en el estudio objeto de esta reseña. En efecto, frente a las respuestas optimistas que suelen ofrecerse para restablecer la sostenibilidad financiera del Sistema a medio y largo plazo (creación de empleo, subida de salarios, crecimiento de la productividad y disponibilidad de más recursos financieros), Conde-Ruiz analiza y responde negativamente a cada una de las cuatro para concluir que en 2050 el gasto en pensiones «alcanzará aproximadamente el 17,4% del PIB y que los ingresos seguirán en el entorno del 10% del PIB». Es decir, que se precisaría recaudar 7,4 puntos del PIB para alcanzar el equilibrio. Medidas habitualmente contempladas, como la subida de cotizaciones sociales, originarían aumentos en los costes laborables inasumibles (por ejemplo, para recaudar esos 7,4 puntos del PIB mediante cotizaciones sociales, habría que «incrementar el tipo efectivo de cotizaciones sociales del 21% al 36,5%», lo cual, es de temer, cercenaría de raíz la posibilidad del pleno empleo).

Después de desechar la utilización de los impuestos generales −la emisión de deuda pública ni la contempla− y situar como primordial el mantenimiento sin pérdidas sustanciales del poder adquisitivo de las pensiones a lo largo del período de jubilación y su suficiencia, considera también fundamental la transformación del actual sistema en otro de cuentas nocionales de contribución definida que permitiría al trabajador decidir de una forma más transparente y ajustada la duración de su vida laboral y de sus aportaciones para conseguir la pensión deseada en función de sus expectativas de vida. ↩

2. Prefiero este título al actual de Dirección General de Economía y Estadística, acaso más al gusto actual de las denominaciones europeas. Al fin y al cabo, deberían pesar más los ochenta y siete años de historia de lo que en 1930 comenzó a calificarse, a justo título, de Servicio de Estudios. ↩

Enric JULIANA, “El Directorio” a La Vanguardia (2-03-17)
http://www.lavanguardia.com/politica/20170302/42440601586/el-directorio.html

La mayoría parlamentaria catalana está a punto de erigirse en Directorio. La pretensión de aprobar la ley clave del proceso independentista –ley de Transitoriedad Jurídica– mediante la restricción de los derechos de los diputados de la oposición constituye un salto cualitativo que no puede dejar indiferente a nadie. Estamos ante un movimiento que altera todo el relato político del soberanismo catalán desde que este comenzó a crecer exponencialmente en otoño del 2012, empujado por la crisis económica, acelerado por la movilización cívica y pacífica de centenares de miles de personas y estimulado por el punto de referencia escocés.

El tablero está a punto de romperse. El momento crítico llegará antes de septiembre. La situación es de una extrema complejidad y el estrés se está apoderando del grupo dirigente catalán, en el que conviven en estos momentos cinco centros de decisión con intereses dispares: la presidencia de la Generalitat (en cuyas manos están las principales palancas), Artur Mas y su círculo de confianza, la nueva y joven dirección del Partit Demòcrata Europeu Català (ex-CDC), la dirección de Esquerra Republicana, en estos momentos muy cohesionada, y los fraticelli de la CUP, cuya unidad ha sido salvaguardada estos últimos meses por Quim Arrufat, uno de sus dirigentes más competentes. Las descargas eléctricas entre estos cinco polos, como si se tratase de un experimento del mítico Nikola Tesla, determinarán en buena medida la evolución de los acontecimientos en los próximos meses. No será fácil de contar.

Vayamos a lo fundamental. La mayoría parlamentaria soberanista quiere actuar como Directorio en el momento decisivo. No es una anécdota, ni una astucia mal ejecutada por el diputado Jordi Turull, presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí. Es algo más. Es una novedad política importante, que merece ser analizada fríamente, sin ese atropello de adjetivos calificativos que tanto gustan a alguna gente de Madrid. Estamos ante un salto de cualidad. El democratismo catalán, santo y seña del soberanismo en su fase expansiva, siente ahora la tentación bonapartista,

Objetivo: reformar el reglamento del Parlament a la brava (esa era la intención inicial), para poder aprobar la ley de Transitoriedad Jurídica en menos de veinticuatro horas, sin previo debate en comisión y sin derecho a la presentación de enmiendas. Proclamación de las bases de la independencia sin un aval explícito de las urnas –como es bien sabido, la proposición independentista no alcanzó el 50% de los votos en las últimas elecciones catalanas– y con la oposición maniatada. Adiós liberalismo británico, adiós espíritu escocés. Adiós, búsqueda de nuevos apoyos sociales. Adiós, partido de los comunes, que dispone ahora de un magnífico argumento para marcar distancias. Hola, tentación dirigista. Hola, vergonzosa “reforma exprés” del artículo 135 de la Constitución, española, que también se aprobó por el procedimiento de lectura única, arrinconando a la oposición, con especial disgusto entonces de los partidos catalanistas.

La mayoría soberanista que no logró una victoria plebiscitaria en las elecciones del 2015 quiere maniatar al Parlament en la hora decisiva. En los cinco polos antes referidos, no todo son caras de satisfacción. No todos están de acuerdo con la maniobra. Unos lo susurran y otros callan, a la espera de acontecimientos. En el experimento de Nikola Tesla, ¿cuál de los cinco polos intenta marcar la pauta a los demás? Respuesta: Artur Mas y su círculo de confianza, muy angustiados por los acontecimientos en curso.

Y Europa observa, efectivamente.

Daniel GASCÓN, “Albert Camus y el malentendido” a Letras Libres (24-02-17)
http://www.letraslibres.com/espana-mexico/cultura/albert-camus-y-el-malentendido

La literatura y la personalidad de Albert Camus siguen inspirando estudios y ficciones. Hace unos años Berta Vias Mahou publicó Venían a buscarlo a él, una novela inspirada en su vida. Kamel Daoud obtuvo el premio Goncourt de primera novela por Meursault, caso revisado y Alice Kaplan ha escrito una investigación en torno a El extranjero, Looking for the Stranger.

En El vacío elocuente (Galaxia Gutenberg, 2017) José María Ridao se propone analizar un par de malentendidos sobre el autor de La peste. El primero sería el que lo presenta como un escritor de talento pero superficial, un filósofo amateur envuelto “en una bruma de sospecha e incluso de desprecio”. El segundo -y ahora imperante- sería el que lo ha convertido en una especie de santo laico y fotogénico. El primer malentendido se debía en parte a la polémica con Les Temps modernes en torno a El hombre rebelde. El segundo malentendido es opuesto: tiene que ver entre otras cosas con el periodismo, para quien Camus “no es un ejemplo sino una coartada”. Aunque Camus escribió bastante en prensa, Ridao prefiere no hablar mucho de su labor periodística, “por una mezcla de repugnancia y hastío hacia una de las actividades más impúdicas y pagadas de sí mismas”.

El elemento que habría cambiado la percepción de Camus, explica Ridao, fue la publicación póstuma de El primer hombre en 1994. Allí “aparecía al desnudo por primera vez, sin las máscaras narrativas a las que había recurrido en obras anteriores, un mundo de fascinante belleza, y, a la vez, de aterradora miseria, que no era otro que el mundo argelino en el que transcurrió su infancia y primera juventud”.

Uno de los objetivos de Ridao es crear un contexto para la filosofía de Camus y mostrar que “la dimensión del Camus filósofo no desmerece de la del Camus literato”. En esa dimensión fue muy importante su maestro Jean Grenier, a quien Camus dedicó El derecho y el revés y El hombre rebelde. La influencia, el énfasis en lo concreto, los consejos a veces inesperados -como que le recomendara entrar en el Partido Comunista-, la manera de mirar Argelia o el resquemor de Grenier por el éxito de El extranjero -que incluyó un reproche de obsesión freudiana porque se mencionaran cuatro veces los pechos de la amante de Meursault en la novela- inspiran páginas brillantes.

Camus se propuso prolongar esa otra tradición que tomó de Grenier, una tradición para la que rechazar los sistemas filosóficos no equivale a rechazar la razón en la que declaran fundarse, sino tomar conciencia tanto de la fuerza de la razón como de sus limitaciones.

Ese impulso, argumenta Ridao, está presente en Ensayo sobre el espíritu de ortodoxia de Grenier y en El hombre rebelde. Tiene que ver con el debate con Sartre y Les Temps Modernes a propósito del último libro: el autor de La náusea defendería una racionalidad histórica a la que se oponía Camus: “para Sartre, el concepto de historia exige rechazar cualquier otro orden que no sea el que deriva, precisamente, de la historia, de la historia como máscara del absoluto”. Frente a eso, “La legitimidad para juzgar las acciones no puede fundamentarse según Sartre en ningún reconocimiento de la condición metafísica del hombre, sino en las inexorables leyes de la historia, que son las que Camus nunca habría querido o podido comprender”.

Si Sartre situaba a Camus en la tradición de los moralistas y aunque Berlin no incluía a Camus en esta corriente y sus herederos, Ridao lo compara con autores románticos o prerrománticos como Hamann, que Berlin consideraba el “embrión del existencialismo”. “La transformación de la tradición antirracionalista en una tradición de signo contrario, una tradición que, en palabras de Berlin, proporciona ‘un cierto grado de autocomprensión racional consolidado, vendría a poner de manifiesto que no todo rechazo de la filosofía de sistema conduce al rechazo de la razón, o dicho en otros términos, que los usos posibles de la razón no se agotan en la construcción de los sistemas filosóficos”.

Ridao sabe iluminar de otra manera actitudes de Camus -que “no sé sitúa ni de cerca ni de lejos entre los existencialistas”, aunque construya “una filosofía de la existencia”- ante el suicidio (en El mito de Sísifo) o el asesinato (en El hombre rebelde), y añadir detalles a algunas controversias sobre las que hemos leído otras veces. Así, describe elementos autobiográficos casi obsesivos de su obra, explica la idea del absurdo del escritor, o relaciona las diferencias en torno a la pena de muerte para Brasillach entre Beauvoir y Camus con el existencialismo. Ridao explica los debates pero también analiza cómo se contaron después (naturalmente, cada uno cuenta la versión que más le favorece). Así, Beauvoir intentaba presentar a un Camus que cedía a las presiones de quienes decían clemencia, en vez de alguien que hubiera cambiado de opinión. En la célebre disputa sobre El hombre rebelde, sostiene Ridao, Sartre no siempre se mostraba como un interlocutor: parecía un profesor de filosofía.

A su juicio, en ese texto estaría una de las razones de El hombre rebelde: Sartre habría sido su impulsor involuntario: “Con el artículo sobre El hombre rebelde, displicente y descarnado, Sartre acabó desbaratando el ‘pudor instintivo’ a hablar de la miseria que Camus había conocido en su infancia, y le estimuló, por este camino imprevisto, a sobreponerse al perturbador sentimiento que confesó en El primer hombre y que lo mantuvo durante años recluido en una reserva a la vez orgullosa e instintiva: la vergüenza de sus orígenes y la vergüenza de haberla sentido”.

Las discrepancias con Beauvoir y Sartre se repiten en las diferentes posturas sobre Argelia, que es el asunto del que trata el último capítulo. “Puesto que Sartre coloca la legitimidad y la justicia en la balanza del colonizado, no porque sus acciones sean en sí mismas legítimas y justas, sino porque hacen avanzar un proceso establecido por la leyes de la historia, quien no tome un partido expreso e incondicional por el colonizado opta por la ilegitimidad y la injusticia”.

Compara a Camus -enfrentado a una elección desgarradora que lo lleva al silencio- con Germaine Tillion, y con Manuel Azaña. Azaña y Camus “reconocen que, invocadas desde una tribuna, las verdades dejan de ser últimas y se convertien en verdades de parte, en verdades inevitablemente arrojadas al tumulto de la lucha”. Como Tillion (o Azaña, Marek Edelman, Varian Fri, Jan Karski y Albert Hirschman, por mencionar los otros ejemplos que cita Ridao), Camus pertenece a “una estirpe de hombres que aun inspirando sus acciones en un ideal, en una verdad última, ni se la apropian ni aceptan ser sus comediantes”.

Ridao busca las aristas del personaje: critica su capacidad para hacer sufrir a sus seres cercanos y señala sus cambios de opinión, sus errores y vacilaciones. Frente a la imagen que lo presenta como alguien que contempla los acontecimientos “con ojos de buen salvaje” y que por eso -por no haber entendido a Hegel, como escribía Sartre- no habría cometido los errores de gente mejor informada, como si “la ignorancia fuera el verdadero nombre de su lucidez”, muestra que lo interesante de él no son solo sus aciertos, sino cómo llegó hasta ellos. Como en los casos de Koestler, Orwell, Semprún o Ridruejo, “reside en el recorrido sembrado de dudas y no solo en el destino que alcanzaron a través de genuinas contriciones y desgarradores sacrificios”, escribe Ridao, en este libro preciso y apasionado, inteligente y extrañamente íntimo.