El pensament humanista ha perdut un dels seus referents més lúcids amb la mort de Tzvetan Todorov, que amb la seva mirada crítica ens interpel·la a descobrir els “enemics íntims de la democràcia”, ens adverteix sobre les conseqüències indesitjades del bonisme (“la temptació del bé”) o ens convida a concebre un humanisme humil que -lluny del determinisme utòpic o cientifista- entén la llibertat com una aposta. Podeu trobar a la pàgina de la Letras Libres una sèrie de textos de Todorov, entre els que hem seleccionat una entrevista recent amb Daniel Gascón.

Aquesta setmana descansem de Donald Trump, però és inevitable deixar una sèrie de referències per seguir ampliant el corresponent dossier: Diego Beas  a Agenda Pública ha seleccionat cinc articles per conèixer el cercle íntim del nou president; Gemma Pinyol, també a Agenda Pública, analitza l’ordre executiva sobre els refugiats; Roger Senserrich a Politikon comenta les dificultats d’una alternativa al Obamacare; i Lluís Bassets a El País apunta els riscos d’un xoc de trens globals originat per la política exterior de l’Administració Trump.

Algunes notícies europees d’interès: Jorge Galindo a Politikon exposa els possibles escenaris resultants de les eleccions del 15 de març als Països Baixos; Ramón Aguiló a El Mundo explica l’impacte de la candidatura de Martin Schulz en les perspectives de les eleccions federals alemanyes del mes de setembre; i Luis Sánchez-Merlo a La Vanguardia comenta l’ascens sobtat d’Emmanuel Macron en les enquestes sobre les eleccions presidencials franceses.

De més calat són dos articles sobre el Brexit: el primer, de Pol Morillas en una nota del CIDOB sobre la recomposició de la Unió Europea després del Brexit; i el segon -que reproduÏm- d’Ignacio Peyró a Revista de Libros que comenta extensament l’excel·lent crònica del procés del Brexit de Tim Shipman “All out war. The full story of how Brexit sank Britain’s political class”.

El baròmetre del CIS de gener ens ofereix una fotografia d’un certa estabilitat de la situació política espanyola, com ressalten en els seus respectius comentaris Ignacio Varela i Lluís Orriols.

Una estabilitat que contrasta amb la mala maror que viu Podemos en el seu procés cap el seu segon congrés (Enrique Gil Calvo)), amb vicissituds -“una política de guerra” (Nuria Alabao)- que recorden la  vella tradició caníbal (Pere Vilanova) i caïnita (Raimon Obiols) de l’esquerra, que Sergi Pàmies caricaturitza irònicament amb un “Tu recordes per què ens vam barallar?”.

Mentre al PSOE segueix latent el germen de la divisió i la desconfiança que cap dels tres candidats actuals a la secretaria general sigui capaç de treure el socialisme espanyol del carreró sense sortida en que es troba. D’aquí que comencin a sentir-se veus partidàries d’una quarta candidatura al lideratge (Gonzalo López Alba), tot apuntant al pollitòleg i actual diputat per Teruel Ignacio Urquizu. Més interessants, però, són les propostes per trobar nous continguts al projecte socialdemòcrata, especialment en els temes clau de la revolució digital (Simon Jenkins) i de la modernització de l’Estat del benestar. En aquesta línia hem seleccionat els articles de Manuel Escudero a CTXT i de Manuel de la Rocha a Agenda Pública.

No podien faltar referències a la hiperbòlica situació política catalana que aquests dies torna a viure “jornades històriques” amb el judici del 9-N i les seqüeles del cas Vidal. Les cròniques de Joan Tapia, Guillem Martínez, Enric Juliana o Roger Palà, entre d’altres,  ens aproximen a les diverses cares i interpretacions del judici. Mentre que Paola Lo Cascio ens introdueix en el continent de “Vidalàndia”. Severa i impotent és la mirada d’Antoni Puigverd sobre l’acceleració de l’anomenat xoc de trens. Igualment de sever, però més distant, és l’anàlisi que hem seleccionat de Kepa Aulestia: “… Engañarse es creer que el referéndum versará sobre la independencia cuando su significado queda reducido al deseo de dejar de ser español únicamente. Engañarse es acallar o posponer todas las demás cuestiones que interesan a los catalanes a la previa deliberación sobre el futuro de su autogobierno. Engañarse es aspirar a un recuento ilícito de votos para condicionar, así, el escrutinio autonómico posterior. Engañarse es enmudecer ante el temor de verse en el banquillo por hacer el juego a Rajoy”.

Finalment, volem deixar constància dels 500 primers articles  (Ferran Martínez) del blog Piedras de Papel, que contribueix amb altres iniciatives com Nada es Gratis, Politikon o Agenda Pública a elevar la qualitat del debat públic espanyol.

 

Conversa de Daniel Gascón amb Tzvetan TODOROV a Letras Libres (11-06-2015)

http://www.letraslibres.com/espana-mexico/historia/la-memoria-tiene-una-potencia-que-la-historia-nunca-alcanza

Tzvetan Todorov (Sofía, Bulgaria, 1939) ha escrito obras de crítica literaria, de antropología e historia, y ensayos de interpretación cultural sobre nuestra relación con el otro, el legado de la Ilustración o los desafíos de las democracias. Otro de los asuntos sobre los que ha reflexionado es la gestión del pasado, que aparece en obras como Frente al límite, Memoria del mal, tentación del bien, El hombre desplazado, La experiencia totalitaria o Los abusos de la memoria. Dice que no es filósofo porque no tiene un sistema y se define como un “comentarista”. Afirma que intenta alejarse del dogmatismo y el nihilismo, y que una dosis de relativismo es necesaria para entender las cosas. Combina una mirada humanista con una preocupación por las malas consecuencias de las buenas intenciones: “Crecí bajo un régimen comunista que presentaba todas sus medidas como algo que debía conducir a la felicidad universal, y experimento una fuerte desconfianza cuando me dicen que algo se hace por mi bien.”

Ha escrito que “la memoria es necesaria, pero no es suficiente”. ¿Por qué es necesaria y por qué no es suficiente?

Es necesaria porque estamos hechos, individual y colectivamente, del pasado, de lo que hemos vivido. Construye nuestra identidad. La esencia proviene de la existencia. No es suficiente porque no sabemos qué uso vamos a darle: puede ser bueno o malo. La memoria puede servir al mal y ser totalmente nefasta para nuestro desarrollo. No me sumo a la idea de que hay un deber de memoria. No puede haberlo, porque en sí la memoria no es buena. En una fábula de Esopo se dice: ¿Qué es lo mejor del mundo? La respuesta es: la lengua, porque se pueden decir cosas muy hermosas. ¿Y cuál es la peor? La lengua, porque se pueden decir cosas horribles. Con la memoria ocurre algo parecido: puede ser buena o mala en función del uso que le demos. Hitler, por poner un ejemplo de la “encarnación del mal”, estaba obsesionado con la memoria. Animaba al pueblo alemán a pensar todo el tiempo en el tratado de Versalles. Ese recuerdo nutría el espíritu de venganza. Toda educación nacionalista quiere recordar las páginas gloriosas del pasado pero también los momentos en que otro nos ha hecho daño, para alimentar el espíritu de venganza. Se cita a menudo la frase de Santayana que dice que los pueblos que no conocen su pasado están condenados a repetirlo. La frase solo expresa una media verdad, porque parece indicar que el pueblo que recuerda su pasado no lo va a repetir. Pero no hay ninguna garantía de que vaya a ser así. Hitler recordaba muy bien la derrota de la Primera Guerra Mundial y eso era una razón suficiente para desencadenar la Segunda

¿Cómo sería el buen uso de la memoria?

Con el malo me refiero a ese abuso, a realizar reivindicaciones en nombre del pasado como si constituyeran una justificación. Existe un deber de verdad o un deber de justicia, y la memoria es buena cuando sirve a esos deberes. No es buena cuando sirve a la venganza, la agresión, la violencia. David Rieff dice que no hay que recordar porque la memoria nos condena a la victimización y al rencor. Quizá sea excesivamente sistemático, pero ese uso es posible. En sí, la historia no tiene sentido. Somos nosotros, los intérpretes de hoy, quienes le hacemos decir una cosa u otra. Es bueno conocer la historia, pero el sentido que sacamos de ella depende del presente y no del pasado.

Ha escrito que la oposición entre memoria y olvido es tramposa.

No se trata de que el olvido sea preferible a la memoria o al revés. La memoria está hecha de la conservación y la eliminación del pasado. El olvido es una parte integrante de la memoria. Recibimos una cantidad de información infinita, a través de los sentidos, del lenguaje, de todos los sistemas de signos, y hacemos una selección inmediata. Escogemos lo que tiene cierta importancia y lo organizamos de una manera determinada. Hay una selección y una jerarquización; hacemos una construcción mental. Olvidamos por necesidad, si no sería imposible: un internet, un Funes el memorioso. Sin olvido no hay memoria. La memoria es el pasado filtrado y reconstruido. En La escritura o la vida Semprún dice que, si no hubiera podido olvidar su experiencia de los campos, no habría sobrevivido. Habría quedado atrapado en el horror de esa experiencia. Sin embargo, al final de su vida, sus últimos libros hablaban de Buchenwald, de cómo había sobrevivido, de si había en ello una culpabilidad o no. Al final de su vida era necesario, en 1950 tenía que olvidar. Y en cierto modo fue general. En Europa no se estudió mucho la Segunda Guerra Mundial entre 1945 y 1960. Había cierto regocijo en cómo se había sobrevivido. Solo después hubo una nueva interrogación de la memoria, como si hiciera falta que pasara una generación. Ocurre a menudo. En los países de Europa oriental también se quiso pasar página tras la caída de los regímenes comunistas. Ahora hay una orden, que llega del poder, que exige no tocar mucho el pasado, porque se piensa que eso debilita a los países. No creo que sea así. No obstante, también después de la Segunda Guerra Mundial De Gaulle intentó elaborar una leyenda dorada y presentar al pueblo francés como un pueblo resistente, batallador, solo marginalmente involucrado en la Ocupación. Su preocupación era pedagógica, no histórica. No buscaba poner en evidencia las debilidades de Francia. Prefería hablar de Juana de Arco y de la Resistencia.

¿Tendría que ver el buen uso con la distinción entre memoria ejemplar y memoria literal?

No, eso es algo más técnico. Hay que partir de la memoria literal. Luego es mejor trasladarla, generalizarla, para combatir la injusticia y no limitarnos a defender nuestra propia memoria, nuestro pueblo o nuestra personalidad. Conviene desconfiar de los usos de la memoria que nos van bien, personal o colectivamente, porque en realidad todo pueblo, como todo individuo, tiene en su historia páginas negras y páginas gloriosas y no hay que reducir el pasado a un solo elemento. Pero hay una gran tentación de atribuirse un papel positivo en el pasado. Hay dos grandes papeles favorecedores: por un lado está el héroe; por otro, la víctima. Últimamente el papel de la víctima ha cobrado mucha relevancia, lo que resulta paradójico. Nadie quiere ser víctima, pero se quiere pertenecer simbólicamente al grupo de las víctimas, porque eso te abre una especie de línea de crédito infinita, inagotable. Siempre puedes realizar una reivindicación en nombre de la injusticia pasada. Lo vemos en la vida privada: alguien cercano que, como ha sufrido una injusticia, siempre puede pedir reparaciones a los demás. Es probable que, con la misma frecuencia, uno sea héroe o víctima o beneficiario impotente de la ayuda de otro, o incluso el verdugo o al menos el malhechor. Hay que aspirar a una historia que escape al maniqueísmo e intente arrojar una mirada crítica y lúcida sobre el pasado de nuestra comunidad. Es también la historia que se debe enseñar. Es útil contar la historia de cuando nuestra sociedad se enfrentó a otra y sobre todo hacerlo desde el punto de vista de los otros. En Francia se cuenta el episodio napoleónico como una página gloriosa, pese a todo. Pero sería útil contar las campañas desde el punto de vista español, alemán o ruso. Lo mismo ocurre con el colonialismo. Ahora somos críticos con nuestro pasado y ya no se elogia ese periodo, pero sería provechoso comparar la visión que tenían los franceses del siglo XIX cuando estaban conquistando África occidental y África del norte con la visión de los vencidos. Trabajé sobre la visión de los vencidos en la conquista de México. Así se muestra que las buenas intenciones de una época pueden producir muchas desgracias. Siempre hay distintos puntos de vista sobre todas las páginas de la historia.

¿Cómo debe un país afrontar su pasado?

La buena manera de tratarlo es evitar que sirva a un objetivo inmediato. No se busca bien la verdad si ya sabemos cuál es. Hay que aspirar a un enfoque imparcial. Aunque ser totalmente imparcial es imposible, podemos al menos tender hacia ese ideal. Hoy, en Francia, se plantea a menudo la pregunta de cómo se puede enseñar historia en una clase donde hay niños que vienen de todo el mundo. ¿Cómo se les puede hablar de “nuestros antepasados los galos”, según la fórmula clásica? Esos niños vienen de Marruecos, de Senegal, de Mali, de Vietnam. Podemos enseñarles el espíritu cívico, una lealtad hacia el Estado en el que viven, sostenida por una forma de contrato social, pero también a mantener la lucidez sobre la identidad de este Estado conservando una mirada constantemente crítica. Eso no significa hablar mal de tu país, sino estar dispuesto a salir del maniqueísmo. Si hay una lección que la historia debería enseñar es que todo el bien y todo el mal nunca están del mismo lado, sino que hay siempre una complejidad.

Hay un asunto más concreto, que es cómo tratar tal o cual traumatismo del pasado.

Los países comunistas intentaron, tras la caída del sistema, realizar procesos judiciales. No salió nada bien. En Bulgaria, se procesó al jefe de Estado, que había tenido el poder 35 años, había sido primer secretario del partido, presidente, etcétera. Pero ¿juzgarlo por qué, exactamente? Se tenían que encontrar las leyes que había violado del tiempo en el que vivió. Si se escribía una nueva ley, sería injusto condenarlo en nombre de una ley que no existía en la época. Finalmente, se descubrió que usaba muchos coches y llevaba una vida lujosa. Era ridículo, cuando el país había estado lleno de campos de reeducación y de colonias penitenciarias. Pero todo eso estaba inscrito en la ley. Él se encarnaba en el poder, pero el poder se encarnaba también localmente en muchas personas. En otros países, como Polonia o Hungría, se ha buscado considerar ciudadanos de segunda clase a quienes participaron en el poder. No me parece una buena solución, porque implica que era posible ser un héroe, alguien que se comporta de forma admirable en toda circunstancia. Pero el totalitarismo duró decenios, y sencillamente no era posible rechazar participar en el mundo en que uno vivía. Nadie que viviera fuera de la prisión en los países comunistas se libraba de hacer concesiones al poder. Imagino que ocurriría algo parecido en España con Franco, aunque no fuera un régimen totalitario sino autoritario, militar al principio. La fuerza estaba en un lado y había una obligación de adaptarse. No se puede condenar a todos los demás como si hubiera existido la obligación moral de arriesgar tu vida y la de tus seres queridos, porque eso podía extenderse con facilidad. Es mejor una especie de confesión colectiva de la que se encargarían los historiadores y el mundo político o los que detentan el poder mediático. Es necesario contar lo que ha ocurrido. No es necesario haber sido un héroe. Hay un viejo precepto cristiano que dice: hay que condenar el pecado y perdonar al pecador. Existe una versión modernizada: odia el delito y compadece al delincuente. Las comisiones de la verdad y la reconciliación que han existido en varios países son una mejor respuesta que la apertura de procesos por haber tenido el poder o haber estado demasiado cerca de él. Eso no impide que pueda haber procesos sobre crímenes específicos cometidos en esa época. Pero no por no haber estado en la oposición: sería tanto como pedir un pueblo de héroes, y eso simplemente no existe.

¿Los crímenes deberían prescribir en algún momento?

En el caso español, por ejemplo, la Guerra Civil fue seguida por la dictadura franquista y el problema quedó en suspenso, no se trató en la posguerra inmediata. Hay que separar dos aspectos. Por un lado, está la revelación de la verdad. Hay que decir lo que pasó, y decirlo públicamente, con cierta autoridad, como hizo Willy Brandt en el gueto de Varsovia en nombre del pueblo alemán. Pero procesar a individuos no tiene sentido. No sé cuánto es demasiado tiempo o demasiado poco, pero ochenta años parece claramente demasiado tiempo. Es difícil saber cuál es el mínimo, porque depende de cada país. En mi país natal y el mundo comunista, no creo que el proceso sea la opción más adecuada. Desearía que las más altas autoridades establezcan hechos y asuman la responsabilidad pública. Se trata de crear una especie de relato común en vez de un estado de conflicto como ha ilustrado otras veces la historia de España: en la época de Goya, por ejemplo, había dos versiones totalmente diferentes. La democracia no permite reconciliar todos los puntos de vista, pero sí elaborar un relato común que contenga las páginas oscuras y las páginas rosas del pasado.

¿En qué se diferencia la relación con el pasado en las democracias y las dictaduras?

En las democracias, en principio, aunque esto después tiene sus matices, el poder no dicta la forma en que se debe tratar el pasado. Es el debate público el que la establece, hay libros que cambian la visión de los acontecimientos. En Francia, que es una democracia, se consideraba que el periodo de Vichy había sido globalmente un mal menor hasta que La Francia de Vichy, de Robert Paxton, dio la vuelta a esa idea. No hubo necesidad de condenar alguna injusticia o hacer la revolución. En cambio, el totalitarismo y las dictaduras en general intentan controlar por completo el pasado. Hay que desconfiar del control del pasado. Por esa razón no me gustan las leyes de la memoria. En Francia la primera ley de este tipo fue la Ley Gayssot, por el genocidio de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Con respecto al genocidio armenio hay una ley todavía más rara: una norma declara en Francia que hubo un genocidio en Turquía. La ley no tiene por qué decir lo que ha ocurrido. Si la verdad del pasado depende de un voto parlamentario, mañana el parlamento puede decidir que no murieron los judíos sino los alemanes. No hay que someter la verdad al voto. La verdad es más fuerte que un voto. Se puede denunciar una época, crear museos de la esclavitud, recordarla, pero hay que seguir siendo demócrata y no utilizar la ley para regir la memoria.

¿Cuál es la relación entre memoria e historia?

Son complementarias. Cuando se dice que la memoria se opone a la historia o viceversa, se quiere decir que la memoria es una cosa personal, individual, subjetiva, que se funda sobre la experiencia vivida. Los franceses de Argelia que se fueron en 1962 tienen un recuerdo traumático porque son sus familias las que hicieron las maletas y se subieron al barco para huir. En cambio, aunque la historia no es objetiva, porque la actividad humana no puede reducirse a la objetividad, pero sí intersubjetiva: tiene en cuenta la pluralidad de puntos de vista. Si hablamos de la partida de los colonos franceses de Argelia, situamos ese acontecimiento en relación a la colonización, a la experiencia del pueblo argelino, a la legislación que regía las relaciones entre las dos comunidades, a la posibilidad o no de encontrar otra solución. Se contextualiza el acontecimiento y se elabora un relato colectivo y no uno fundado por la memoria individual. La memoria tiene una potencia que la historia nunca alcanza porque la primera se funda sobre una vivencia interior, mientras que la segunda busca objetivar en la medida de lo posible y no descansa en el relato del individuo sino en el acopio de datos históricos y cifras que permiten probar que la situación era así, pero no dicen cómo la vivía la gente. Necesitamos las dos. Hay libros como La destrucción de los judíos europeos, de Raul Hilberg, y luego está Primo Levi que cuenta su experiencia. La fuerza de su relato viene de que estamos ante un individuo que nos cuenta lo que vivió. Los que no conocemos el pasado nos podemos aprovechar de uno y de otro. Los novelistas se acercan al punto de vista de la memoria. Deben tener nociones de historia, pero también tienen que saber cómo se han vivido las cosas desde el interior y ahí la memoria es fundamental. La memoria es una de las fuentes de los historiadores pero no la única, porque es infiel. Reconstruimos y nos atribuimos un papel que no es el que tuvimos, sino el que habríamos querido tener. No basta con quedarse solo con la memoria, pero tampoco con la historia, porque hay páginas de la memoria que nos dan una visión que no se encuentra en los libros de historia. Para mí la historia debe ser el cuadro global y la memoria debe estar dentro para alumbrarla de cerca. Hay una gran luz en la calle, pero también necesitamos una pequeña luz, quizás una vela, en una esquina, que va a iluminar de otro modo un rincón minúsculo del mundo y puede conmovernos de manera profunda.

Habla de dos peligros simétricos: la sacralización y la banalización.

La memoria debe optar por un camino intermedio. La sacralización tiene que ver con la memoria literal: mi experiencia es más potente, importante y grave que las demás. En el sentido opuesto, hay una banalización. Hace un momento le decía: Hitler es la encarnación del mal. Eso es pura banalización. Si hablamos así, es porque no nos preguntamos quién es Hitler. Si queremos saberlo, no podemos compararlo con todo, no podemos decir que Sadam Husein es Hitler, que Arafat es Hitler. Hitler se ha convertido en un nombre común. Son dos extremos peligrosos por igual. La memoria de mi experiencia puede comunicarse con la de los demás, pero siempre hay parecidos y diferencias. Hay que tenerlos en cuenta.

Ha hablado del culto de la memoria. En El impostor, Javier Cercas denuncia la “industria de la memoria”.

Sí, es todavía peor. Es una tendencia de la sociedad contemporánea: cultivar el pasado, crear lugares de memoria. Nuestro mundo se transforma muy deprisa y, como tenemos necesidad de una proyección en el tiempo, intentamos conjurar o combatir esa tendencia a lo desechable, multiplicada ahora por internet, con todas esas informaciones que avanzan y empujan el saber anterior hacia el no ser. Reaccionamos de manera excesiva con una industria o un culto de la memoria. Pero no se puede prohibir: son movimientos que se producen, modas, luego hay un reflujo. No creo que dure para siempre.

¿Cuál es la relación entre el arte y la memoria?

Los artistas y los escritores son mucho más responsables de cómo conocemos el pasado que los historiadores. Un novelista que cuenta bien un episodio puede tener mucha más influencia que un historiador que escribe de manera aburrida sobre el mismo acontecimiento. Guerra y paz presenta una visión extremadamente influyente de la guerra contra Napoleón. Javier Cercas escribió Soldados de Salamina, una novela muy lograda que nos impone una visión de la Guerra Civil española; otras nos imponen otra. La noche de los tiempos de Antonio Muñoz Molina ofrece una visión muy compleja y matizada de la contienda. Como aún estamos en una democracia, no podemos decir cómo hay que escribir, como se hacía en Bulgaria, donde se pedía a los escritores que contaran la historia mostrando que los comunistas siempre habían sido los mejores amigos del pueblo. Pero hay una cierta justicia que aporta el tiempo. Si el autor ha logrado seducirnos pero su visión no tiene una verdad profunda, pierde su impulso con los años. Esa prueba del tiempo indica, de manera algo cruel, que tal autor o tal pintor ha tocado una verdad profunda de la historia o del ser humano. Por eso siglos más tarde lo seguimos leyendo. Por eso seguimos mirando los grabados o los cuadros de Goya o de Rembrandt: de manera intuitiva sabemos que hay experiencias de ese tipo que un protocolo científico no puede probar, pero contienen una parte importante de verdad sobre nosotros. No se puede obligar a los escritores, pero hay que ser consciente de que existe una responsabilidad del talento o del genio. Esa capacidad de acceder al público, de convencerlo de que lo que dices es justo, lleva consigo una responsabilidad que aumenta en proporción al talento. Un autor mediocre puede escribir lo que quiera. Hay un ejemplo que se cita a menudo: Intolerancia, de Griffith. Es en cierto modo la primera gran película de la historia, pero también es una defensa del Ku Klux Klan. Hoy sabemos que había esa agenda, pero sigue siendo una gran película a pesar de ello (y no gracias a eso). Un caso parecido sería el de Eisenstein, que estaba estrechamente vinculado al sistema comunista pero realizaba grandes películas.

En sus libros sobre la memoria, cita a algunos autores –Germaine Tillion, Primo Levi, Vasili Grossman– como ejemplos. ¿Qué es lo que admira de ellos?

Unas cosas de unos y otras de otros. Me impresiona de Vasili Grossman lo que había sufrido personalmente, sobre todo por la invasión nazi, porque los nazis habían asesinado a todos los judíos de su ciudad natal, veinte mil personas entre las que se encontraba su madre. Pero no se limitó a su dolor personal, sino que quiso comprender el sufrimiento de otros. Escribió Vida y destino, que no establece una identificación sino una equivalencia entre las dos formas de totalitarismo, el nazismo y el comunismo. Germaine Tillion estuvo en la Resistencia durante la Segunda Guerra Mundial y más tarde se encontró en la guerra de Argelia como testigo. Había hecho su trabajo etnológico allí y por tanto se sentía cerca del pueblo argelino. Pero al mismo tiempo, como resistente, se sentía muy patriota. A diferencia de otros antiguos combatientes de la Resistencia, no quiso aplicar la lección del pasado de forma literal y defender Francia contra los argelinos como antes contra los alemanes. Los grandes dirigentes del ejército francés de esa época eran antiguos combatientes de la Francia libre. Pero contra los argelinos estaban del lado del poder. Tillion era una patriota francesa que amaba a los argelinos. Comprendía a los dos bandos. Renunció a buscar una causa política justa y se comprometió con salvar vidas individuales, combatiendo la pena de muerte, la tortura, pero también los atentados del Frente de Liberación Nacional. En cierto modo, renunció a la batalla política y adoptó un combate humanitario. Es un ejemplo de fidelidad y coraje. Pero hay otros casos: Goya, en Los desastres de la guerra, no se contentó con la condena del ocupante francés, ni con cantar las bondades de los insurgentes españoles, ni con elogiar las ideas de la Ilustración que impulsaban los franceses, ni con reprobar el oscurantismo del clero que encabezaba la rebelión, sino que condenó la violencia, la guerra, el hecho de matar en nombre de una buena causa. Entendió que se puede matar en nombre de Jesucristo y en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad. La posición que adoptó es valiente y justa; por eso es uno de mis héroes.

Ha prestado mucha atención a América Latina, y también ha trabajado sobre la memoria en esa parte del mundo.

Estuve hace poco en Argentina, Chile y Perú, y visité museos de la memoria o instituciones dedicadas a la memoria colectiva. No siempre estoy de acuerdo con cómo se ha gestionado. A veces la memoria ha sido parcial y no quería afrontar el pasado en toda su complejidad. El país donde me pareció que el trabajo de memoria había sido más eficaz fue Perú, porque allí hubo dos fuerzas en sentido contrario: Sendero Luminoso y la represión que se abatió sobre los insurgentes en la época de Fujimori que, a su vez, puso la ley entre paréntesis y practicó formas extralegales de represión. Esa pluralidad de transgresiones condujo a una visión matizada y compleja. En Argentina y Chile, que sufrieron dictaduras militares inmisericordes y violentas, el cuadro es más maniqueo.

La conciencia de la Segunda Guerra Mundial es una de las bases de la construcción europea. Ahora surgen pulsiones nacionalistas, y hay un regreso de la reivindicación particular, por ejemplo cuando Grecia reclama a Alemania reparaciones por la guerra. ¿Puede mantenerse la Unión Europea sin esa memoria común?

Es cierto que Europa se construyó contra un pasado. Se podría decir que Hitler y Stalin hicieron la Unión Europea. Se quería que la guerra fuera imposible; también que hubiera un régimen democrático y no una dictadura. Eso desempeña un papel. Pero más bien se trata de los imperativos, de los principios que dan sentido a la experiencia: el rechazo a la violencia en las relaciones entre países y un cierto tipo de régimen. Europa no quiso escribir un relato único de su pasado. Es razonable. La memoria española, italiana, alemana, francesa, británica no puede ser la misma. Europa oriental y Europa occidental no pueden tener la misma memoria. En Europa oriental el comunismo estuvo en el poder y aparece como opresor. En Occidente no: aunque también hizo otras cosas, allí defendió los intereses de los obreros. No se puede tener la misma imagen, porque la memoria se funda sobre los hechos históricos. Se puede hacer una historia compleja y mostrar que hay otros puntos de vista, por ejemplo sobre la Segunda Guerra Mundial. Sería bueno contarla desde el punto de vista de los franceses, los alemanes, los polacos. Pero no creo que se vaya a olvidar muy deprisa. El ejemplo de Grecia muestra que no estamos cerca de olvidarlo. Es un uso que quizá no esté bien, pero continúa. En Francia no pasa una semana sin una película, un programa de televisión o una serie que hable de la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, es cierto que es necesario un ideal y ya no podemos presentar la paz entre vecinos, la ausencia de guerra, como un ideal, porque para las generaciones jóvenes ya no es un ideal sino una realidad. No puede tener la fuerza de una motivación. Quizá haya que encontrar otra motivación, pero no está en el pasado, sino en un ideal que sería más equilibrado que ese mundo hacia el que nos empujan las tendencias que amenazan la democracia: el neoliberalismo y el neoconservadurismo.

También utiliza el término “ultraliberalismo”.

Con intenciones muy buenas y un vocabulario positivo se pueden defender causas que no lo merecen. Veo la democracia como una interacción de dos principios que son la preocupación por el bien común y la libertad individual. Cada uno debe servir de freno al otro, de limitación. No se trata de que la economía sea nacionalizada o sometida a un plan quinquenal, pero tampoco hay que desmantelar toda la legislación social, y eso es lo que está sucediendo: el Estado queda solo al servicio de los individuos y no de la comunidad. El desequilibrio es muy fuerte. El individuo no tenía ningún derecho bajo el comunismo, pero la balanza se mueve en sentido opuesto con demasiada fuerza. Una de las razones es que los ideales de justicia social y bien común terminaron desacreditados a causa del uso fraudulento que realizaron los regímenes comunistas. En los países de Europa del Este se insiste en un rechazo particularmente fuerte de toda forma de preocupación por el bien común porque recuerda una retórica que no era otra cosa que hipocresía, ilusión. Se rechazan sin pensar que podía haber algo bueno en esos ideales.

Usted es muy crítico con la justicia internacional y con la idea de crimen contra la humanidad.

Lo que me molesta no es que sean crímenes particularmente graves, sino que son imprescriptibles y son los únicos que tienen esa cualidad, además. Actuamos como si hubiera crímenes de una naturaleza totalmente distinta. No creo en eso. No hay unos absolutos, eternos, y otros que solo duran treinta años. En cuanto a la justicia internacional, actúa como si no hubiera relación necesaria entre justicia y poder, entre la fuerza y el derecho. No se puede ejercer la justicia si no se dispone de la fuerza. Si el Estado no dispone de policía, no puede llevar al criminal ante la justicia. Pero no hay una policía mundial. El Tribunal Internacional, de manera casi caricaturesca, solo condena a dirigentes africanos y nunca a un europeo o un norteamericano. Estados Unidos dice que el tribunal no puede juzgar a sus residentes: es una institución buena para los demás, no para ellos. No es una imperfección provisional, sino una debilidad estructural. No existe un Estado universal. La onu no tiene una fuerza militar propia, sino que se sirve de la fuerza de los países que la constituyen. Nunca actuarán contra ellos mismos. Hay una especie de mentira o de ilusión en la misma base de la justicia internacional. No hay que fingir que la justicia rige para todo el mundo: rige para los débiles, no para los fuertes. Rige para los vencidos.

En La experiencia totalitaria asegura que no cree en el progreso moral. Sin embargo, hay datos que muestran que vivimos en la época más pacífica de la historia.

Creo que hay un progreso de régimen político, de la sociedad en la que vivimos. Depende de lo que entendamos como progreso, pero tiene que ver con la igualdad. Ahora hay más igualdad que en el pasado: hay una apertura, una aceptación de todos los seres humanos. No todo el tiempo y no en todo, pero sí más que antes. En cambio, no veo que haya progreso moral, no veo que nos hayamos vuelto menos egoístas, por decirlo de manera sencilla. Siempre ha habido gente generosa y de espíritu noble, en la antigüedad y entre nosotros. La maduración moral no se hereda ni se contagia. No basta con frecuentar a gente muy generosa y humana para serlo; es un trayecto personal, que uno sigue más o menos y nunca al cien por ciento. En ese sentido, no veo progreso. Pero hay muchas cosas que progresan. El aumento de la longevidad es una señal positiva. Que todo el mundo tenga derecho a voto me parece un progreso en relación a la época en que solo los hombres podían votar, o cuando solo podían votar los hombres ricos. Hay progresos en muchos dominios. Pero la bondad humana no crece. ~

 

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Ignacio PEYRÓ, “Insula extraña. Una anatomía del Brexit” a Revista de Libros (8-02-17)

Sobre el llibre de Tim SHIPMAN. All out war. The full story of how Brexit sank Britain’s political class. William Collins. Londres, 2016

http://www.revistadelibros.com/discusion/all-out-war-the-full-story-of-how-brexit-sank-britains-political-class

Brexit, Trump y el Zeitgeist

De entre los acontecimientos geopolíticos más recientes, el Brexit y la victoria de Donald Trump parecen guardar una correspondencia especialmente estrecha con un Zeitgeist marcado –según es convicción común− por el llamado «momento populista», con sus resistencias a la globalización y esas apelaciones emotivas propias de la célebre posverdad. Incluso, en guiño a ese mismo espíritu de los tiempos, ambos resultados electorales comparten una condición de «cisne negro» ya convertida en lugar común. Acaso opacado por la presidencia del magnate neoyorquino, el éxito del Leave! en Gran Bretaña sigue siendo uno de esos raros acontecimientos que, al mismo tiempo que reordenan el mundo, llevan la política internacional a una cercanía insospechada. Así, si España es de los países más expuestos a cualquier riesgo generado por el Brexit en términos de economía, soberanía (Gibraltar) o libre circulación, las incertidumbres alcanzan a la propia Gran Bretaña −quinta economía del mundo−, al futuro del proyecto europeo y, por supuesto, a la propia redacción de un acuerdo de salida y un acuerdo de nuevas relaciones entre Reino Unido y la Unión Europea. Más allá de estas incógnitas, el Brexit ofrece por sí mismo un denso relato en el que se dan la mano agravios históricos, tacticismos políticos y prejuicios culturales, sostenidos –esa es nuestra tesis− por la reviviscencia de un nacionalismo inglés del que el Leave! es emanación directa. Asimismo, el «no» británico a la Unión Europea se muestra a nuestros ojos como una placa de Petri en la que se cultivaran no pocas expresiones de los malestares políticos concretos que definen la época, desde la reivindicación de la democracia directa al apego a una noción tradicional de soberanía, y desde la oposición al paradigma multicultural al examen de la incidencia de las tecnologías sobre las adhesiones políticas.

Los fenómenos aludidos han generado ya una feliz avalancha de bibliografía, en la que este artículo, modestamente, pretende integrarse. Para hacerlo, se ha tomado como guía el libro All out war. The full story of how Brexit sank Britain’s political class, publicado por el responsable de política del Sunday Times, Tim Shipman. Se trata de un trabajo de periodismo político de primer orden y –por el momento− de la obra de referencia sobre el Brexit. Su rigor en la documentación y prolijidad en la anécdota constituyen el mejor asidero de verdad para repensar el tema, con más efectividad –eso sí− en lo que respecta a las mecánicas internas británicas que concluyeron en la victoria del Leave! que en lo atinente al futuro de las relaciones entre Reino Unido y la Unión Europea.

Una atmósfera febril

Entrando ya en materia, se hace inevitable recordar un acontecimiento bien triste que se produjo pocos días antes del referéndum británico. Nos referimos a la muerte –al asesinato− de la diputada laborista Jo Cox. La noticia, como es lógico, causó una honda convulsión en Gran Bretaña. La hubiera causado en cualquier país. Pero es verdad que, en Reino Unido, el asesinato de Cox tuvo unas notas de sorpresa y de amargura muy características. Como todos sabemos, una de las tradiciones, tan particulares como venerables, de la política británica radica precisamente en la cercanía –física, tangible y real− entre los diputados y sus electores. Es una costumbre de siglos, tan propia de su vida pública como las pelucas y los armiños que todavía adornan el ceremonial parlamentario. Y es una costumbre que los demás les envidiamos y, sin mucho acierto, les hemos intentado copiar: no hay una campaña electoral sin que los políticos, sea en España, Chile o Suiza, se despachen con una ronda de saludos por las fruterías de los mercados.

El hecho de que hayamos intentado reproducir esa cercanía recalca que en todo plagio hay implícito un homenaje. No en vano, su proximidad entre representado y representante siempre nos ha hablado de algo que, a fuerza de siglos, hemos tomado como natural: el talento de los británicos para la política. El savoir faire institucional de aquel país. Como dijo Alfred Tennyson, quizá los británicos no crean en muchas cosas, pero sí en que «que un hombre debe tener sus propias ideas sin que nadie le dé en la cabeza por ello».

Por eso el choque ante el asesinato de Jo Cox fue proporcionalmente mayor, tanto a ojos de los británicos como de los foráneos. Durante siglos, desde el continente no hemos dejado de admirar al país que entró en la Modernidad –como dice Roger Scruton− con la menor dosis de conflicto posible. Hemos tomado la civilidad de su política por lo que es: la manera de transparentar la libertad y la tolerancia que han nutrido su vida pública. Y, en consecuencia, hemos admirado la institucionalidad británica –pese a sus riñas y trifulcas− como «el lago de placidez» que vio una viajera española por oposición a unas aguas continentales siempre de discurrir más turbulento. Los propios británicos, cabe decirlo, se han reconocido con complacencia en estos rasgos.

Ciertamente, la locura de un loco no es algo que permita extrapolaciones. Pero incluso una publicación de sangre tan fría como The Economist, tras el asesinato de Cox no pudo sino aludir a «la atmósfera febril» que, en los últimos años, ha venido rodeando a los políticos británicos. He ahí algo chocante: Gran Bretaña es uno de los países menos corruptos del mundo, y su clase política se cuenta entre las más transparentes. Los escándalos de gastos parlamentarios del año 2009, eso hay que concederlo, fueron causa de que los malos manejos de una minoría contaminaran el buen nombre del conjunto. Y las Islas tampoco han sido ajenas a los destrozos producidos por la crisis, a la aspereza de la austeridad ni a la tardanza de la política –siempre mayor que el deseo del ciudadano− en ofrecer reformas. Sin embargo, y notablemente desde la convocatoria del referéndum a esta parte, la crítica a los políticos ha ido pasando de la exigencia de rendición de cuentas a –directamente− una desafección basada en la filosofía de la sospecha, y alimentada por todo tipo de teorías conspirativas. Conocemos bien los argumentos o, mejor dicho, las consignas: «Todos son lo mismo», «No nos representan», etcétera, y también conocemos las menciones a oscuros cuerpos internacionales y poderes financieros que, detrás del escenario, manejarían a los títeres de una clase política degenerada en casta.

La mención al referéndum no es casual: en enero de este año, uno de los encargados de la campaña del Brexit admitía que parte de su plan consistía en la deslegitimación sistemática de la elite política británica. Y, como afirma Tim Shipman, en muy buena parte se terminaría por votar en esa clave: es el Brexit como voluntad no sólo de abandonar la Unión, sino de «cambiar toda una cultura política»; en definitiva, un triunfo de los outsiders frente a los insiders de Westminster. Sin duda, ya es un problema que el trabajo de una diputada como Jo Cox en su circunscripción no merezca valoración ni reconocimiento ninguno. Pero hay venenos retóricos especialmente dañinos. Y la oposición dialéctica establishment/pueblo, traslación política de una partición previa entre vileza y virtud originaria, no ha hecho sino dar combustible a una suspicacia que corroe los pilares de confianza que sustentan toda democracia. El asesinato de Jo Cox responde a la acción de un perturbado y no podemos asumir que fuera consecuencia de este humus de sospecha. Pero tampoco podemos dudar de que es el marco en que se encuadra.

Declinología británica

Es sabiduría común el decir que las decepciones son mayores cuanto mayores son las expectativas. Hay un viejo instinto –continental y también insular− por el que todos tenemos el reflejo de esperar mucho de la política británica. Desde este punto de vista, tanto el Brexit como su populismo subyacente no dejan de ser un mentís al ethos que siempre hemos considerado propio de la vida pública de las Islas. Ciertamente, la mecánica natural de los referendos, con su respuesta en blanco o negro a la policromía de la realidad, parece deshonrar el taraceado tan sutil de la política de aquel país: esa misma política que un anglófilo vio como «un asunto de tacto, en el que no se debe proceder sino con moratorias, transacciones y acuerdos». Al fin y al cabo, si podemos dedicar años de debate público al emplazamiento de un aeropuerto o el funcionamiento de una red de cercanías, parece un exceso fiar una cuestión mucho más trascendente –la relación con el proyecto europeo− al decisionismo coyuntural, al solo veredicto de un solo día. Como bien sabían David Cameron y George Osborne, y cita Shipman, la propia consulta tenía el potencial de «desatar» consecuencias imprevisibles.

Con todo, si el voto negativo ha resultado problemático, resulta aún más problemático considerarlo síntoma de un mal superior. Porque el Brexit puso muy fácil pasar de la discusión política a la definición existencial. Y para muchos ha sido y es tentador no juzgar la votación como un plebiscito sobre el papel de Gran Bretaña en el concierto europeo e internacional, sino como una pregunta por la propia identidad británica. Podemos pensar –y creo que es acertado− que casi ningún otro país ha dependido en tan alto grado de su relación con el mundo exterior para conformar su identidad. Pero no sólo los pesimistas y las cornejas profesionales, sino también algunas mentes lúcidas, parecen replicar en nuestros días aquellas palabras que, entre la profecía y la maldición, pronunció un Secretario de Estado estadounidense: tras la pérdida del imperio, Gran Bretaña todavía tenía que encontrar respuesta a qué hacer consigo misma.

No se trata únicamente del adiós al imperio, claro: de la nivelación de clases a la cultura pop o la competitividad económica que impone la globalización, Gran Bretaña se ha visto obligada a grandes cambios que arrancaron ya con las políticas de posguerra. Y bien podemos pensar que su caso es una historia de éxito: estamos ante una sociedad plural, una economía reconvertida y puntera y, como dijo el hoy innombrable David Cameron, «la superpotencia del poder blando». El caso es que, en las últimas décadas, y a pesar de estos éxitos de encaje con el mundo contemporáneo, ha surgido toda una escuela de declinología británica.

Algunas veces, esa declinología reprocha a su propio país la pérdida de su tradicional carácter acogedor, tolerante y liberal, esas mismas formas que, por su propia contextura, nunca hubieran dado lugar a un referéndum. Las más de las veces, sin embargo, se trata de un movimiento de nostalgia que busca el calor de la propia identidad en un pasado tan real como mitificado. No faltan datos objetivos para avalar el contraste entre el ayer y el hoy, naturalmente: hay un largo trecho desde Carros de fuego a los hooligans, como lo hay de los ternos de Savile Row a las viseras. La crítica cultural es legítima. Pero cabe preguntarse hasta qué punto es honesta esa crítica si cae en la tentación decadentista de negar toda virtud al presente para –necesariamente− convertir el pasado en una Edad de Oro. Sea como fuere, debemos hacernos cargo de un drama verdadero: con razón o sin ella, son muchos británicos los que consideran que se les ha hurtado el carácter nacional en que se reconocían. Y la cuestión es que esa vaporosidad nostálgica, si se quiere reaccionaria, se ha plasmado en un nacionalismo inglés enrocado, y ese blindaje ha tenido su operatividad política en el Brexit. Quizá sea un motivo para la perplejidad: a ojos del mundo, Gran Bretaña es –insistimos− un país triunfador. Sin embargo, en la experiencia de muchos de sus ciudadanos, lo que predomina es un relato de malestar. Que este relato sea verdad o sea mentira –si vale de algo, yo creo que es mentira− no importa tanto. Pero sí importa que –de nuevo− haya servido, si no de causa, sí al menos de ingrediente para el Brexit. En concreto, como propulsor de un atrincheramiento en la propia identidad frente al miedo –tanto identitario como económico− a la inmigración, asunto en el que insistiremos texto adentro.

Primeras certezas, primeras incertidumbres

De seguir los postulados de los declinólogos, estaríamos ante una gran ironía: ellos creen que la influencia de Gran Bretaña nunca ha sido menor; nosotros, en cambio, nunca hemos sentido esa influencia con más fuerza. No cabe, en efecto, minusvalorar la radicalidad del Brexit. Véase si es un fenómeno potente, que ya ha generado infinidad de páginas cuando –en puridad− todavía no ha sucedido. De momento, estamos a las puertas. Y si ni siquiera contamos con precedentes jurídicos, ni conocemos la arquitectura de la negociación, aún más oscuramente podemos escrutar la forma que adoptará la ruptura o los efectos que ha de comportar. Decía un pensador británico, Michael Oakeshott, que sabemos tanto hacia dónde irá la historia como cuál será la próxima moda en cuestión de sombreros. Sin embargo, ya tenemos alguna que otra verdad y algún motivo para la reflexión: la decepción ante las tentaciones cortoplacistas de los liderazgos políticos; la evidencia de un país dividido por naciones, por edades, por nivel educativo y por el arraigo cultural –más o menos urbano y cosmopolita− de procedencia; el cuestionamiento de una herramienta como el referéndum –asunto que nos toca de cerca− a la hora de plasmar la voz del pueblo, o más bien de dividir esa misma voz sin garantizar la proyección política de los discrepantes; la seducción de una retórica tradicional sobre soberanía –hasta Theresa May ha hablado de «controlar nuestro destino»− cuando las interdependencias de la globalización la han sobrepasado. También, desde luego, ha sufrido una merma la ejemplaridad que, ante nuestros ojos, habían tenido los británicos en materia política. Y, de igual modo, asistimos al primer borrón de impacto en un proyecto europeo hasta ahora siempre vencedor: algo que es importante en Europa y aún más importante en España, donde hay una larga tradición intelectual de salvación por el europeísmo. Pero, además, el Brexit nos deja otras constataciones preocupantes de índole profunda. Por ejemplo, la aceleración que medios y redes sociales imprimen a nuestra innata reducción a la emotividad de cuestiones políticas complejas. Se comprueba igualmente la realidad del repliegue identitario en tiempos en que operan fuerzas de integración, así como la vigencia del chivo expiatorio –en este caso, los inmigrantes− como canalización del malestar social. Y, ante todo, un hecho pavoroso: el populismo puede ganar. Incluso en esa Gran Bretaña que llevaba a gloria haber sido siempre ajena a él.

Junto a estas certezas, el Brexit abre también una serie de preguntas de esas que, como escribió Alfred Edward Housman, da miedo contestar. Será que, en un referéndum como este, era fácil saber contra qué se votaba, pero en ningún caso estaba claro a favor de qué. Para estas preguntas, antes que a la Ciencia Política, hay que recurrir al Derecho, la Economía, o las Relaciones Internacionales. Luego ahondaremos en ellas, pero, de momento, dejemos caer un par de ellas: ¿en qué condición van a quedar los 1,3 millones de británicos expatriados en la Unión? ¿Qué estatuto van a tener los 3,5 millones de ciudadanos de Estados miembros que viven y trabajan en el Reino Unido? ¿Qué plazos de transición han de darse entre el viejo y el nuevo escenario, y quién ha de arbitrarlos? Del comercio bilateral al contencioso de Gibraltar, y de los flujos turísticos a la operatividad de la City son, literalmente, cientos las cuestiones que han de responderse. Y, para bien o para mal, el Derecho, la Economía o las Relaciones Internacionales también van a ser menos decisivos que el buen o mal hacer negociador de nuestros políticos. Estamos, pues, como decían los antiguos mapas, entrando en tierra desconocida. Pero, como decían esos mismos mapas, tenemos motivos para pensar que aquí empiezan los dragones.

La otredad cultural, la otredad política

Si All out war ofrece no pocos motivos para la reflexión, la pasión lectora se hace presente en una narración pormenorizada de los altibajos de las campañas electorales emprendidas tanto por el Leave! como por el Remain! En verdad, es mucho más fácil ser profeta a posteriori, como esa fuente de Shipman que –aludiendo a la historia lejana y cercana− afirmaba que el referéndum se había perdido «mucho tiempo atrás» por dejación del europeísmo británico. Sin embargo, como ha relatado el jefe de prensa de David Cameron en Unleashing demons, incluso en Downing Street se las prometían muy felices, bien entrada la madrugada, con el recuento del Remain! En eso, cierto, no hacían sino seguir la rutina opinativa: pese a las aprensiones y los contratiempos demoscópicos de la campaña, desde mucho –desde años− antes de la votación, siempre se pensó que la opción europeísta iba a ganar. Dicho de otro modo, se soslayaron condicionantes culturales y políticos que urgían a tener en cuenta un fondo de solidez del «no» a Europa del que, profetas retrospectivos aparte, Shipman da muestra significativa. Porque si la trayectoria británica en el seno de la Unión ha tenido la agitación de una coctelera, las relaciones entre el continente y las Islas conocen una vieja, casi metafísica, tensión y tirantez. Y antes de adentrarnos en los significados del Brexit, por tanto, y antes de hacer un somero escrutinio de los errores que lo precedieron y los horrores que pueden seguir –el célebre «¿Y ahora qué?»−, quizá compense repasar con brevedad esos presupuestos culturales y ese itinerario político tan azacanado de Gran Bretaña en la Unión Europea.

No es una historia menor. Hay quien ha retrotraído la excepcionalidad británica a los tiempos del cisma anglicano, pero –de la historia a la geografía− nada menos que Shakespeare ha dado validez al argumento de la insularidad al hablar del mar «como muralla defensora o foso protector» de las islas británicas. De creer a un experto en la materia como el mallorquín José Carlos Llop, existe un «peso metafísico» propio en el ser isleño, «un carácter de frontera, de alejamiento del mundo, de creación de un mundo autárquico». Y del Robinson Crusoe a El señor de las moscas, no pocos de los mitos y ficciones de insularidad que han nutrido a los británicos –o que han emanado de ellos− son reflejo de una cultura que, como dijo el propio Daniel Defoe, no conoce mejores momentos que sus momentos de mayor soledad. Fieles a la recomendación de Arthur James Balfour, los británicos nunca han menospreciado el poder del océano para ayudarles.

A nadie se le oculta, por supuesto, que la relación entre el continente y Gran Bretaña ha sido responsable de detonar energías creativas de primer orden. Pese a las famosas particularidades insulares, el genio británico tendrá no poco de genio asimilador, en todo lo que va del paisajismo dieciochesco a la arquitectura palladiana y del curry a la novela en la huella de Cervantes. Por otra parte, tampoco podemos menospreciar –si consideramos Los Arapiles y el Somme, el Burdeos y el Jerez− la fuerza de la proyección británica en la Europa continental. Y, del mismo modo que, de Voltaire en adelante, los europeos continentales iban a caer –como diría Ian Buruma− en la pasión anglómana, los británicos también se enriquecieron con los viajes italianos y franceses del Grand Tour, y con una pedagogía clásica que, hasta fecha reciente, los amarraba en espíritu a este lado del Canal. Admitidas estas cláusulas, sin embargo, alguna desconfianza predomina cuando –como observa Nicholas J. Crowson−, al hablar de Europa, los británicos nunca están hablando de sí mismos.

Esa otredad británica ha podido tener sus manifestaciones entre chuscas y groseras en el desdén hacia el continente que, como dijo un tipo no muy fino, había dado al mundo «el Holocausto, la Inquisición y la Revolución Francesa». No han faltado, en efecto, críticas al supuesto totalitarismo del sistema métrico decimal y, del «valor holandés» a las «prácticas españolas», la consideración hacia los vecinos continentales no ha ido siempre acompañada de un cariño entusiasta. Pero si ha existido una querencia eurófoba en Gran Bretaña, también será justo añadir que ha habido –en igual medida− una anglofobia en el Continente, ante todo en Francia y en Alemania. No vamos a entretenernos mucho aquí, pero –del filisteísmo a la perversión, la avaricia o la hipocresía política−, nosotros tampoco hemos sido pródigos en afectos hacia esas «ínsulas extrañas». A comienzos del siglo XX, una representación teatral en París todavía podía verse sorprendida por gritos de «¡Abajo Shakespeare!»

Al margen de estos piques de familia, resulta más significativa aún la plasmación geopolítica, a lo largo del tiempo, del «espléndido aislamiento» británico, cifra feliz de la continuidad de sus esfuerzos estratégicos. Hablamos de una política exterior volcada, por una parte, en la consolidación del imperio, por otra en el cultivo de la «relación especial» con el amigo estadounidense y, en su vertiente continental, limitada por tradición a garantizar los equilibrios europeos. A esto aludía Benjamin Disraeli al definir a Gran Bretaña como «potencia asiática». Y a esto aludía memorablemente Duff Cooper al presentar su dimisión tras el Acuerdo de Múnich: la política europea del país, según le recordó a Neville Chamberlain, había pasado por luchar contra la tentación de la hegemonía en el continente, en todo lo que va de Napoleón a Felipe II y de Luis XIV al Káiser.

Todas estas pueden parecer sin duda –y lo son− historias viejas y sabidas. Lo llamativo, sin embargo, es que las relaciones entre Gran Bretaña y el proyecto de la Europa unida han dado continuidad a no pocas de esas mismas divisorias culturales y políticas de antiguo. De lleno en la fiesta de la posverdad, a nadie puede sorprender que Boris Johnson aprovechara que el Támesis pasa por Londres para hallar similitudes entre el proyecto europeo y la dominación europea de Hitler. Y, por momentos, casi nos veríamos tentados de caer en el determinismo histórico: a la mañana siguiente del Brexit, recordar que, el primer día que ondeó en las instituciones europeas, la bandera británica lo hizo del revés tuvo algo de burla amarga. Pero, más allá de fatalismos, quizá lo más ajustado sea decir que, en este encaje del Reino Unido en la Unión, no siempre ha aflorado lo mejor de cada uno. El Brexit no estaba escrito: sólo seiscientos mil votos –y la responsabilidad de un puñado de dirigentes, de David Cameron a Boris Johnson− escribieron su historia. Pero ahora es fácil considerarlo como el divorcio que sirve de final a una historia de desencuentros.

Un europeísmo de necesidad

A estas alturas, resulta agridulce considerar que hubo un europeísmo británico, y que Margaret Thatcher llegó a hacer campañas electorales para los tories bajo el lema de «Somos el partido de Europa». En verdad, ese europeísmo británico ha tenido siempre más de pragmatismo que de idealismo, y ha respondido a apuestas variables en función de la coyuntura doméstica, internacional o económica del propio Reino Unido. Aun así, en ese collage europeísta hay que incluir las en verdad rampantes proclamas federalistas de Winston Churchill en los cuarenta –cuando el federalismo tenía otras connotaciones−, el torismo que llama a las puertas de Europa en los años sesenta y setenta, la utopía breve de conformar el Mercado Común como un thatcherismo a escala europea o, en fin, el Tony Blair que, fiel a su europeísmo instintivo, encabeza la expansión de la Unión hacia los países del Este.

Por desgracia, si el europeísmo da para un collage, los choques que han incentivado el euroescepticismo dan para un muro de las lamentaciones. Fijémonos que, hasta el propio nombre de «Tratados de Roma» hizo propalar a alguno que eso de las Comunidades Europeas no era más que un complot papista. De hecho, resulta llamativo que incluso los hitos más positivos de esta historia –desde el propio acceso a la Comunidad Económica Europea hasta la aprobación del Acta Única Europea o la ratificación del Tratado de Maastricht− han supuesto para Gran Bretaña negociaciones interminables y votaciones frecuentemente agónicas y sólo ganadas a fuerza de necesidad.

Precisamente esa necesidad iba a ser el aglutinante de la voluntad de participación –en el esquinazo de los años cincuenta y sesenta− del Reino Unido en el proyecto europeo. Hasta entonces, es posible que una mezcla de hybris imperial y ceguera estratégica llevara a los británicos no ya a esnobear, sino –directamente− a boicotear la unidad europea por entonces naciente. Ha sido, en efecto, un lugar común hablar de «oportunidades perdidas» en la reticencia británica a sumarse a esa «Europa de los seis» fundacional. Y no ha sido menos tópico, ni menos verdadero, asumir que buena parte de las turbulencias posteriores –desde la pérdida de poder negociador para el acceso hasta la mirada escéptica hacia el llamado «socio extraño»− tuvieron su origen en esa reluctancia que, mucho después, Tony Blair llegó a considerar uno de los mayores errores de cálculo de la historia británica contemporánea.

Las cosas fueron, resumidamente, así. Al terminar la guerra, el peso británico en el ámbito internacional iba a adelgazarse a marchas forzadas. En sólo seis años, de 1939 a 1045, Reino Unido había pasado de ser el mayor acreedor a ser el mayor deudor del mundo. Con todo, el liderazgo ejercido durante la contienda refrendaba una posición de primacía moral en Europa. Situada en el punto de convergencia de sus tradicionales esferas –el imperio, el vínculo atlántico y el continente−, Gran Bretaña, sin embargo, iba a anteponer estratégicamente las dos primeras. Según se ha escrito, tenía otros compromisos ajenos a Europa. Y, al fin y al cabo, parecía razonable ser una potencia mundial de segunda magnitud antes que un mero agregado en el nuevo orden europeo.

Sólo los cambios en el escenario global iban a convertir en necesidad –como se ha dicho− el cambio de postura británico. El goteo de la descolonización empezó a urgir la búsqueda de nuevos mercados. La cercanía de Estados Unidos a la nueva Europa –y, muy especialmente, a la República Federal Alemana− diluía el papel estratégico de Gran Bretaña como mediador continental y como socio atlántico, y constituía un apremio para moverse. Y, ante todo, para pasmo de no pocos políticos de las islas, aquella Europa recién nacida parecía funcionar. Desde luego, funcionaba mucho mejor que la Asociación Europea de Libre Comercio, la EFTA, activada por los británicos como réplica de las Comunidades Europeas. Así, cuando Gran Bretaña finalmente llamó a las puertas de la nueva organización, lo hizo, como diría Quevedo, tarde y con dolor, y se topó con la resistencia berroqueña de un Charles de Gaulle que ni quería alterar los equilibrios internos de la Comunidad Económica Europea ni quería presuntas cuñas norteamericanas en su seno. Al final, Gran Bretaña sólo accedería, tras dos intentos marrados, con Georges Pompidou como presidente de Francia. Que a Edward Heath, uno de los peores premiers de la historia, le tocara el honor de la firma es sólo una vuelta de tuerca más en lo macabro de esta historia. En todo caso, para entonces Reino Unido ya había transigido con la realidad formulada por Philip de Zulueta, un anglo-español del gabinete de Harold Macmillan: estar en el juego europeo era la única manera de seguir en el juego del poder mundial.

La herida euroescéptica

Se ha dicho en ocasiones que los años setenta y los primeros ochenta fueron una década perdida para las Comunidades Europeas, y si eso es verdad para Europa, también lo fue para la pertenencia británica. Comienzan entonces –bien pronto− a aflorar problemas que se volverían clásicos. La Política Agraria Común y la escasa voluntad británica de pagar el camembert francés. El casus belli que ha sido siempre, para Reino Unido, el sometimiento a la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, primer punto de una larga tradición de opt-outs. La contribución –en principio, sí, desaforada− al presupuesto comunitario y la solución thatcheriana del célebre «cheque». Y, ante todo, la fractura interna de un laborismo que –en el año 1981− viviría una escisión de sus mejores cabezas ante la disyuntiva de más o menos Europa.

Compensa detenerse aquí un momento. Al euroescepticismo británico siempre han afluido diversas corrientes. Y si ha habido un euroescepticismo antifederalista por cuestiones de soberanía o antiburocrático por cuestiones de liberalismo, también ha habido un euroescepticismo basado en la concepción de la Europa unida como nido de mercaderes o –simplemente− como traba hacia la construcción del socialismo cuando el Labour Party era todavía de un radicalismo de aleación muy pura. De hecho, en parte por las malas condiciones de acceso, en parte por tacticismo partidista y en parte por una militancia fuertemente escéptica, Harold Wilson llevó la pertenencia europea a plebiscito en 1975. Para entonces, con el apoyo de la prensa y la condición de socio recién estrenada, el veredicto sólo podía ser sí o sí. Y, ciertamente, pese a la baja participación, fue sí.

Es sólo en los años ochenta cuando los laboristas van a entregar a los tories el testigo del euroescepticismo. La izquierda británica, tras deshacerse de diversos líderes inelegibles por dogmáticos, fue desde entonces iniciando su camino hasta llegar a los años noventa con un europeísmo inequívoco y firme, convencidos ya los sindicatos de las ventajas de la llamada «Europa social» de Jacques Delors. La derecha, por su parte, tomó el camino contrario: un trayecto que, si iba a terminar con la ruptura con la Unión, también ha sido causa de una fractura más que profunda entre los tories. Y que, en poco más de dos décadas, llevó al viejo partido europeísta al panorama que meses atrás definía un diputado conservador: «Hoy somos todos euroescépticos».

No puede negarse que hubiera choques conceptuales de fondo entre el thatcherismo y los intentos de remozar la arquitectura institucional y la orientación política de la hoy Unión Europea. Por citar un debate perpetuado hasta nuestros días, el Mercado Común y sus libertades de circulación parecían, a ojos de Margaret Thatcher, el punto culminante de la Europa unida, en tanto que para Jacques Delors sólo eran el comienzo de una unión más fuerte y más estrecha. Todos recordamos los gritos que Thatcher puso en el cielo contra la idea de una Europa federal, ante la percepción de la soberanía claudicante. Y tampoco fueron menores sus escepticismos ante el Mecanismo Europeo de Cambio, herramienta de estabilidad monetaria antecesora de la integración con la moneda única. Sin embargo, es de notar que, pese al ruido thatcherita, incluso sus propios socios europeos sabían que en su actitud había más drama que sustancia. De hecho, la libra ingresaría a regañadientes en el Mecanismo Europeo de Cambio, y no fue Thatcher, sino John Major, quien tuvo que soportar, en el Miércoles Negro de 1992, la forzosa retirada de una moneda británica en caída libre. Un acontecimiento que, con la coartada de asegurar la soberanía financiera, sumó nuevas incorporaciones a los primeros tories «paleoescépticos», con la consiguiente normalización paulatina de la actitud negativa ante Europa.

Para entonces, en efecto, el Partido Conservador ya empezaba a desangrarse por la herida euroescéptica. Y, piense uno lo que piense de su ejecutoria global, Thatcher estuvo atenta a hacer el primer corte, con una actitud de hostilidad y una retórica de “nosotros” y “ellos” que no sólo propició el enroque insular en su partido: también fue responsable de la ruptura de su Gobierno y, en última instancia, de su propia salida de Downing Street. La redirección sistemática del malestar doméstico a las decisiones europeas –ese eterno «envolverse en la bandera»− fue limando la presencia de las elites eurófilas en un partido que, tras la llegada de Blair al poder, utilizó el europeísmo blairita y la defensa de la libra como ariete –inútil, pero ariete− en clave electoral. Y, por primera vez, los euroescépticos comenzaron a contar con terminales mediáticas cómplices para propagar su mensaje en una sociedad británica que siempre ha sido de las peor informadas sobre los trabajos de la Unión Europea. Desde entonces, hay que reconocer que –tanto en el Parlamento como en los lobbies y think-tanks- los euroescépticos han sabido ser tan fieles como efectivos en su estrategia a largo plazo.

Tiene su ironía que el mencionado europeísmo de Blair durase hasta que –con motivo de la guerra de Irak− se activó un compromiso superior, como fue la «relación especial» con Estados Unidos. Aquella aventura iba a hacer muy poco para mejorar la opinión del eje franco-alemán sobre la militancia europeísta del liderazgo británico. Ya en plena tormenta financiera, sin embargo, la clase política de las islas tendría motivos para el festejo por la decisión de «esperar y ver» impulsada por el prudente Gordon Brown en el nacimiento del euro. Es notable, a este respecto, hasta qué punto la crisis financiera europea –la crisis bancaria británica tuvo una respuesta particularmente ágil por parte del propio Brown» ha parecido alentar los peores instintos del Brexit: la Unión Europea sufriente de estos últimos años venía a confirmar, según los propios euroescépticos, los argumentos a favor de la ruptura. Poco extraña, por tanto, que la propia presencia social de esos argumentos fuera tomando cada vez más cuerpo.

Eso es algo que puede medirse en el crecimiento consolidado de un partido que –con adherencias de torismo nacionalista y matices xenófobos de Little England− sólo se veía unido por el no radical a Europa. Hablamos, claro, de un UKIP cuyo auge –pasó del 16% en las europeas del 2004 al 27% en las de 2014− provenía de la pesca en los fondos tradicionales del voto conservador. Y si los tories han podido ser cambiantes en principios y políticas, han sido siempre de piñón fijo en su probada eficiencia electoral. Lo ocurrido ya no es nuevo en la política europea: un partido pequeño fuerza el error del grande. Y la percepción de la amenaza de UKIP consiguió redefinir las prioridades de los conservadores, en una decisión que está en el origen de la convocatoria del referéndum, que ha expuesto con crudeza los disensos internos del torismo y que, finalmente, les ha llevado a gestionar un problema como nunca hubieran querido gestionarlo.

El resto lo conocemos todos. El Cameron que convenció a sus pares de –literalmente− «dejar de dar la lata con Europa» como condición necesaria para la victoria electoral, decidió desoír su propio consejo tras conseguir esa victoria electoral. En enero de 2013, como líder de un Gobierno de coalición, a Cameron le salió barata la promesa del referéndum: ni se lo pedían, ni podía prever que algún día tuviera el respaldo parlamentario para convocarlo. Pero, en 2015, su mayoría absoluta iba a ser su primer paso hacia el cadalso. Y, así, un primer ministro mecido por el éxito ha degradado su nombre para la historia, sin el reconocimiento de los Brexiteers y con el aborrecimiento de los Remainers. Tras convocar el referéndum para «calmar» a los tories, como escribe Tim Shipman, la mera convocatoria exacerbó las diferencias. Y tras tantos años de combatir al UKIP con las posturas del UKIP, el déficit de credibilidad a la hora de defender la continuidad en el proyecto europeo era algo visible a ojos de todos. Como recoge Shipman de labios de un conservador, era difícil que se votara a Europa sin tomarse la molestia de hablar bien de Europa.

Sin duda, también hay que lamentarlo por David Cameron: fuera del Brexit, cabe pensar –es opinión personal− que había sido un político renovador y positivo, pero él mismo se ha encargado de que no podamos pensarlo en abstracción del Brexit. Hasta la memoria de Edward Heath se ve reivindicada: no quiso un referéndum para confirmar la entrada en las Comunidades Europeas con el argumento, muy razonable, de que los diputados eran representantes del pueblo y, en una democracia representativa, la voluntad del parlamento es soberana. En fin, un Cameron capaz de grandes riesgos –como el referéndum escocés− demostró, con el referéndum europeo, que también era capaz de grandes fracasos. De paso, la política británica ha dado motivo para el pasmo y el alipori al conjunto de las naciones europeas: la ronda cameroniana para vender sus –muy razonables, todo hay que decirlo− postulados para la reforma de la Unión ha dejado un rastro de ridículo diplomático antes impensable en los británicos. Y tanto la mala negociación externa como la mala venta interna de esta negociación fueron un elemento clave para que los británicos pensaran que Europa es irreformable, hecho a su vez decisivo en el resultado electoral, según subraya Shipman. Sea como fuere, hay que reconocer que Cameron difícilmente es original: al fin y al cabo, es el tercer primer ministro tory que cae arrastrado por la cuestión europea. No está mal para quien juró que Europa no definiría sus mandatos.

El referéndum de la emotividad

Uno de los consuelos morales de los que echaban mano los partidarios del Remain! está a medio camino de la historia y eso que aún llamamos carácter nacional. Hablamos de la intuición según la cual los británicos siempre iban a privilegiar el mantenimiento de un statu quo imperfecto frente al absolutismo de perfección que encarna la utopía. Uno no tiene ningún estudio que lo confirme, pero se hace tentador pensar, sin embargo, que –en contra de lo que pensaban en los cuarteles generales del Remain!, según Shipman− todo referéndum lleva en sí una prima contra el statu quo. El mero hecho de fiar un cambio de paradigma al voto de un día ya tiene algo de victoria del cambio frente a la continuidad.

En el caso del Brexit, la complejidad de algunas políticas quizás hubiera merecido mayores sutilezas y respetos de los que caben en un sí o en un no, por no hablar del haz igualmente complejo de la identidad que aquí se ha votado. Como dijo André Malraux a Charles de Gaulle cuando este quiso, a fuer de demócrata, convocar un plebiscito: «Un verdadero demócrata no pregunta tanto». Al fin y al cabo, polarizar con el sí o el no allana el camino para que los más aguerridos de los partidarios de una y otra opción copen el debate público, por lo que la consiguiente infrarrepresentación de voces matizadas o vías intermedias también hubiera aconsejado, por su parte, otros filtros institucionales. Desde este punto de vista, a un resultado irreversible en el tiempo parecía sensato, asimismo, haberle dejado más tiempo. No en vano, la simplificación que conllevan los referendos turboalimenta un fenómeno presente en toda elección y en la vida pública en general: la preponderancia de la adhesión afectiva sobre la respuesta meditada, informada y racional. Así, lo que hemos visto en este plebiscito es que la ambigüedad y esa «vía media» tan británica han dejado de existir para dar paso a la desproporción. Y quienes optaban por romper el statu quo –los partidarios del Brexit− se han beneficiado estratégicamente de ello. No es extraño: cuando unos hablaban de la balanza de pagos, por ejemplo, otros replicaban con el destino de la nación. Y, sin duda, parece mucho más épico y movilizador luchar por la grandeza del Reino Unido que por el mantenimiento de la cuota láctea o una cierta contabilidad creativa con el número de inmigrantes que quieren recibirse. En definitiva, desde que se convocó el referéndum sobre el Brexit, los favorables a él partían con una ventaja emocional tan intangible como real: «Lo suyo son las emociones; lo nuestro, el statu quo», afirma, angustiado, uno de los confidentes de Tim Shipman.

Al margen de que ahora todos van a tener emociones para saciarse, es notable constatar cómo la propia batalla electoral se jugó, de forma abrumadora, en ese campo que podemos llamar afectivo. De hecho, lo más digno de nota en la campaña ha sido la distinta temperatura precisamente emocional que ha tenido en el lado del Leave! y en el lado del Remain! Más allá del déficit de la Unión Europea a la hora de hacerse querer, años y años de quejas contra Europa dejaron a los partidarios de la continuidad sin más arsenal retórico que el voto del miedo, a saber, que el Brexit es malo en términos económicos. Mientras tanto, las gentes del Brexit podían incidir en dos mensajes de hondura. Por un lado, el recurso a paisajes idílicos de recuperación de la soberanía, con la enorme ventaja que presta al efecto el hecho de que la utopía no pueda contrastarse con la imperfección de lo real. Por otro, una llamada al miedo muy suya: el riesgo que representan los inmigrantes para el bienestar –y, por tanto, la economía− de los británicos. Así, si un potente eje intelectivo de la campaña separa la ilusión del Leave! de la resignación del Remain!, otro confirma que el miedo económico del Remain! fue menos movilizador que el miedo económico-identitario propalado por el Leave!

Otras circunstancias han coadyuvado a la causa de los partidarios del adiós. Si los postulantes del Brexit, por ejemplo, han logrado trasladar un mensaje unitario y unívoco, el campo del Remain! ha batallado desunido por las líneas de fractura partidistas y con un concurso notablemente tibio del Partido Laborista. Incluso una importante baza del Remain! logró volverse en su contra: que Obama, las instituciones, los partidos tradicionales, la banca y los organismos internacionales se mostraran unánimemente de su lado no hizo sino reafirmar el voto anti-establishment. Una muestra ejemplar está en lo ocurrido con la economía: no ha faltado think-tank ni organismo internacional que no se pronunciara en contra del Brexit, pero los partidarios del mismo tuvieron la habilidad de trasladar el debate sobre la economía, punto fuerte del Remain!, a territorios más primarios y más halagüeños para ellos, como el coste de la pertenencia a Europa y la citada amenaza para el bienestar que representaría el inmigrante. De nuevo, las cartas volvían a sonreír a los Brexiteers: para qué hacer caso a la verdad, dijéramos, cuando la posverdad que queremos oír, en este caso económica, nos basta.

Junto a ello, un elemento nuclear de la comunicación política –el papel de la prensa− también terminó por hacerle el juego al Brexit. No es sólo que los tabloides más filisteos dieran al Brexit una representación mediática muy superior a su contundencia electoral: un 45% de informaciones partidarias de la ruptura frente a un 27% partidarias de la Unión. Ocurre además que el Brexit se favoreció del juego limpio de la prensa no alineada, notablemente la BBC, que por equilibrar los argumentos del Remain! se veía obligada, con harta frecuencia, a convalidar manipulaciones y mentiras del voto rupturista. A modo de ejemplo, una vez se reporta como verdad que el Reino Unido transfiere trescientos cincuenta millones de libras semanales a la Unión, es muy difícil reescribir la sensación que eso ha causado, y los astutos ideólogos del Leave! sabían que el coste de Europa era, junto con la inmigración, el mayor argumento de movilización de su electorado, punto que recalcamos nosotros con tanta insistencia como Shipman en su libro. De hecho, en el psicodrama de la campaña puede pensarse que –en última instancia− se han hurtado elementos de verdad que resultaban necesarios para la toma de decisiones, y tiene algo de vergüenza democrática que esa realidad de los hechos haya importado poco a la hora de movilizar el voto. Afirmar que la demagogia ha tenido una hora de gloria con el Brexit no es menospreciar a los votantes, sino criticar a sus líderes.

En verdad, otras circunstancias concurrieron en auxilio del «no». Shipman las expone al detalle. Por ejemplo, al contrario que en el referéndum escocés, no hubo un pánico previo a la victoria del Leave!, con lo que se retrajo de modo sustantivo la participación en los caladeros londinense y escocés. Por otra parte, el hecho de que el político más popular –Boris Johnson− y uno de los más brillantes –Michael Gove− de Gran Bretaña se pasaran al «no» hizo un daño profundo a la causa del «sí». Y, de viajar en el tiempo, queda claro que tanto la estrategia a largo plazo del Leave! –en el Parlamento, en think-tanks− como su táctica en campaña –segmentación del mensaje, estudio de datos− estuvo siempre mucho más armada que la del Remain! Como leemos en el libro de Shipman, tal vez haya abundante verdad en la afirmación de que el referéndum se había perdido mucho tiempo atrás.

La inmigración, la soberanía y sus paradojas

Si la paradoja es un arte británico, el resultado electoral nos ha dejado varias de rara contundencia. Hay algo pasmoso en ser británico para celebrar el Brexit como nada menos que «el día de la independencia», en pie de igualdad con, pongamos, una vieja colonia como Malaui. No menos sorprendente es que la añoranza por aquella Gran Bretaña que regía las olas se haya sustanciado en un voto que la devuelve a los confines de la Little England. Y ya que acabamos de hablar de independencia, también tiene su ironía que el proceso de independencia más favorecido por el Brexit sea no el de la fiera Gran Bretaña, sino el de Escocia. En este bucle melancólico, otra consecuencia indeseada es votar por restañar el papel de Reino Unido en el mundo y que el prestigio de lo británico esté conociendo sus horas más bajas.

No en vano, los malentendidos han sido el bajo continuo de la campaña. Por ejemplo, desde que, a finales del pasado mayo, y contra las promesas de David Cameron, se hicieron públicos los datos sobre inmigración, esta materia pasó a ocupar la centralidad del debate y constituyó el paso más determinante –así lo refiere Tim Shipman− para la victoria del Out. Y aquí no faltan motivos para la sorpresa: contra las agonías del Leave!, resulta que los inmigrantes –que suelen ser gente joven, trabajadora y sana− pagan más en impuestos de lo que gastan en bienestar. Resulta que el tejido empresarial, incluso después del Brexit, va a necesitar su mano de obra barata para seguir siendo competitivo. Y resulta, por supuesto, que no sólo no «nos quitan los trabajos», porque no existe un número fijo de empleos en una economía, sino que tienden a ejercer los que no quieren para sí los británicos. Pero la cuestión de la inmigración va más allá, y bien podemos preguntarnos si este voto antiinmigrante puede efectivamente comportar algún cambio. Al fin y al cabo, los muchos que han llegado a Gran Bretaña no sólo no se van a ir, sino que, generación tras generación, van a formar parte del tejido vital de un país ya irreductible al purismo. Un punto de Shipman resulta especialmente estimulante, por paradójico: se ha votado contra la inmigración en lugares donde, por comparación, la inmigración está menos presente, lo que nos lleva a subrayar que ese miedo al otro era en esencia económico, aunque esta percepción de riesgo no se cohoneste con la realidad.

Similares equívocos afectan al voto favorable a la soberanía. Desde el punto de vista interno, el voto, lejos de afianzar unívocamente la voz del pueblo, ha conocido una atomización según las distintas naciones que conforman el Reino Unido, con unas urnas que han expresado el deseo de los ingleses y de los escoceses, y no de los británicos considerados globalmente. Por tanto, el Reino Unido que se separa de Europa también ahonda en su separación interior. Y no sólo entre las naciones que lo constituyen, sino a través de líneas divisorias hasta ahora soterradas, pero que han aflorado con dramatismo: la Inglaterra profunda que clama lo mismo contra Londres que contra Bruselas, por ejemplo. Desde el punto de vista internacional, parece claro que la apelación a algo en principio tan abstracto como la soberanía se ha vivido con toda visceralidad. Pero es legítimo que nos preguntemos sobre su efectividad práctica: por mucho que uno vote contra la globalización, la globalización va a seguir desplegando sus efectos. Y por mucho que uno estime su propia independencia, no va a ser grato que –a partir de ahora− tu mayor socio comercial vaya a decidir sin ti cuando hasta ahora tú podías influir en sus decisiones. No en vano, el pacto que ofrecía la Unión Europea parecía razonable: a cambio de que los demás tengan un mínimo poder sobre ti, tú –y más con tu liderazgo, tu economía y tu demografía− puedes ejercer una gran influencia sobre ellos. Por otra parte, se realiza una aproximación muy sesgada a los mecanismos de la Unión cuando dejamos de apreciar que sigue estando formada por un pool de Estados-nación muy distintos que luchan por defender sus distintos intereses. Aquí, irónicamente, el estatuto privilegiado –con tantas exenciones y excepciones− de Gran Bretaña en la Unión permitía a los británicos capitalizar su diferencia y jugar con ella para extraer ventajas tanto identitarias como económicas. Era una suerte de Europa a la carta de la que no gozaban los demás y de la que ya tampoco van a gozar ellos.

Nacionalismo inglés versus globalización

De conformidad con lo dicho, creo que tal vez quepa juzgar el Brexit, ante todo, como una manifestación del nacionalismo inglés –quizá la mayor desde la Reforma− ante la vivencia de la globalización como amenaza. De ahí que el voto negativo haya tenido un especial eco entre quienes se consideran en una posición especialmente vulnerable: por ejemplo, las personas que por edad tienen menos capacidad para redefinir su futuro o van a entrar en situación de dependencia. O, por ejemplo, los habitantes de zonas posindustriales que están perdiendo la batalla de la competitividad que impone la globalización y que, para mayor agravio, han experimentado con la crisis una caída en la capacidad adquisitiva que no se había visto desde la Gran Depresión.

El atractivo de este nacionalismo resuena a izquierda y derecha, y tiene especial acogida entre un público inglés por tradición celoso de su tierra y que ahora se siente acechado en sus señas constitutivas: por una parte, por la melancolía tras la pérdida de su preeminencia global; por otra, por la anemia identitaria que ha supuesto la devolución de los parlamentos a las naciones que constituyen el Reino Unido. A la izquierda, ese nacionalismo se ve matizado por la tendencia antineoliberal, pero, en todo caso, ha sido tan intenso como para que un tercio de los votantes del partido laborista hicieran caso omiso a las posiciones de su partido y un astuto Nigel Farage ciñera su campaña, con buen instinto, a los bastiones laboristas. A la derecha, el peso de la soberanía es concluyente, a veces con matices libertarios anti-Bruselas, a veces con un cariz más xenófobo, que deja entrever hasta qué punto la inmigración no es sino la globalización hecha persona.

Pese a los rasgos populistas del voto del Brexit, seguramente sea un error pensar en masas de desheredados, en muchedumbres de «humillados y ofendidos». El populismo también necesita –y esto lo estamos viendo en otros países europeos, por ejemplo en Francia− del concurso de franjas de la clase media y media-baja. Me refiero a un estamento conservador crítico lo bastante próspero para pensar que a uno le roban (por ejemplo, con el envío de dinero a los países vagos y manirrotos del sur), y también lo bastante instalado para que la soberanía pueda preocuparle más que la economía.

Es cierto que, entre los partidarios del Brexit, hay quien quiere reforzar los intercambios con China o con la India, o incluso convertir a Gran Bretaña en un super-Singapur a las puertas de Europa. Pero el voto anticosmopolita y antimulticultural –nativista, suele llamarse− del Brexit va a ser un caso de estudio dentro de la desglobalización. Una revuelta de aislacionistas que también tendrá, sin duda, su repercusión conjunta con esa internacional del populismo que hoy vemos formarse a uno y otro lado del Atlántico. Y que, pese a su voluntad de sustituir el futuro por el pasado, va a tener que enfrentarse a un Brexit en nada parecido a las promesas de la campaña electoral.

Hacia un «Brexit duro» y áspero

Los resultados de junio dieron paso a un largo semestre de aparente desorientación –con episodios de congoja− tanto en Gran Bretaña como en la Unión Europea. Los primeros pánicos se sustanciaron en la mayor caída de la libra en treinta años y, ante todo, en la constatación de que el Gobierno entrante de Theresa May no tenía previsto ningún itinerario para la desconexión e incluso carecía de personal especializado para despejar un camino exitoso a la ruptura. Durante un buen tiempo, en efecto, la doctrina oficial emanada de Downing Street se limitaba al enunciado «Brexit es Brexit», lo que abría no pocos campos para la cábala. Mientras tanto, los Estados miembros, con un equipo coordinado por Michel Barnier, hombre de experiencia en asuntos europeos, cumplían poco a poco con sus deberes hasta acordar la arquitectura de la negociación: no negociar hasta el inicio de las conversaciones formales –tras la activación por parte del Reino Unido del célebre artículo 50 de los Tratados antes de final de marzo−, y reafirmar la incondicionalidad de las cuatro libertades de circulación del mercado único, a saber, bienes, servicios, capitales y personas. En enero de 2017, Theresa May por fin desveló las dudas sobre el planteamiento básico del Reino Unido: la apuesta por un «Brexit duro», ahora reconvertido en «Brexit limpio», y –en paralelo− el compromiso de su Gobierno con una Gran Bretaña «auténticamente global».

El anuncio del «Brexit duro» está suponiendo ya un extra de aspereza en el momento político previo a las negociaciones: Theresa May no ha estado en exceso diplomática al afirmar cautelarmente que «no tener ningún acuerdo es mejor que tener un mal acuerdo», y tampoco ha constituido un mensaje de simpatía el afirmar que la Unión se haría a sí misma un daño «calamitoso» si prescindiera de los mercados financieros londinenses o del acceso a una inteligencia británica «que ya ha salvado incontables vidas». Irónicamente, es muy posible que el Gobierno de May se viera en la práctica obligado al «Brexit duro» por una mezcla de presiones internas, necesidad de formular un proyecto político propio y, ante todo, la anticipación de la imposibilidad de acceso al Mercado Único. Y cabe pensar que –pese a los alardes de May sobre la inteligencia o las finanzas− la fuerza negociadora sigue residiendo en la Unión. Sin embargo, la actual coyuntura no deja de mostrar un viento a su favor, con la política nacionalista y proteccionista de Trump como apoyo intangible de singular fuerza moral. No sólo moral, por cierto: tan poco afecto a la Unión Europea, el nuevo presidente de Estados Unidos –según los analistas− querrá dar un trato comercial preferente a Reino Unido para mostrar a otros países que el camino de salida de Europa no es tan arduo.

Cierto: el itinerario procesal de la desconexión permanece inmutable. La Unión y el Reino Unido tendrán que consensuar un Acuerdo de Retirada antes de marzo de 2019, y –a petición de los británicos, como se insiste desde Bruselas− también deberán negociar un acuerdo de nuevas relaciones. Sin embargo, si el margen para el Acuerdo de Retirada se consideraba en un principio insuperablemente angosto, ahora las tornas han cambiado. No en vano, los anuncios de May pasan por una salida completa y rápida, para centrar las energías negociadoras en un acuerdo comercial fortalecido y «lo más libre posible». Mediante este acuerdo, Gran Bretaña mantendría –según las intenciones de May− un acceso condicionado al Mercado Único en sectores como el automovilístico o el financiero, si bien la primera ministra ya ha comentado que su país no pagará «grandes sumas» para asegurarlo. Asimismo, desde Downing Street se buscará participar de algunos de los beneficios de la unión aduanera. Lo más relevante, sin embargo, es que el Gobierno británico ya se ha mostrado dispuesto a que sus peticiones de máximos se vean desatendidas. Así, puede pensarse que May ha entendido el Brexit como un voto a favor del control de la inmigración antes que como un voto a favor de una mayor prosperidad: en ningún caso ha discutido que vaya a aflojar en su premisa de restringir la circulación de trabajadores extranjeros. De este modo, las promesas más ideales de los Brexiteers se topan con una realidad: en efecto, podrán ejercer mayor control sobre la inmigración, se verán –al menos en muy buena parte− libres de contribuciones a la Unión y de la jurisdicción de sus tribunales. Pero no podrán seguir comerciando con la libertad con que comerciaban hasta ahora.

Es significativo del despecho que han provocado los anuncios británicos en Bruselas que destacados representantes de la Unión enfaticen que lo prioritario ahora no es la negociación del Brexit, sino el futuro del proyecto europeo. La voluntad de May de convertir al Reino Unido en un enclave de fiscalidad privilegiada para atraer inversiones –motivo de alarma en Bruselas− en nada suaviza los pasos previos a la negociación formal. Así, los Estados miembros pueden caer en la tentación de castigar al Gobierno británico: el libre comercio va en beneficio de todos, pero de esta manera se enviaría un mensaje de disciplina a los países más díscolos de la Unión. Por otra parte, no pocos Estados miembros pueden aprovechar la coyuntura para activar alguna ventaja competitiva: hablamos, ante todo, de la retirada del «pasaporte financiero» para que las entidades de la City –núcleo del 50% de las firmas de inversión europeas− no puedan operar en el mercado de la Unión. Por otra parte, si Theresa May ha puesto de ejemplo positivo los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Canadá, no pocos se han apresurado a subrayar que dichos acuerdos tardaron en fraguarse siete años. Así las cosas, se antoja difícil la rápida conclusión de un nuevo Acuerdo comercial entre la Unión y Reino Unido, también por la nula voluntad europea, proclamada una y otra vez, de confeccionar «un traje a medida» para el acceso condicionado de Gran Bretaña al mercado interior. Todo ello sin contar con factores potencialmente desestabilizadores de la negociación: la liquidación del «cheque de salida» británico, por ejemplo.

Voluntariosa como es, cabe aventurar que la actual sonrisa de los Brexiteers pueda congelarse en un plazo no tan largo. Tras culminar su proceso de salida, Gran Bretaña se verá obligada a reformular los más de cincuenta acuerdos comerciales que la Unión Europea mantiene en vigor, reducida a la condición de miembro de la Organización Mundial de Comercio. Ese es un obstáculo de cara a la consecución de la Gran Bretaña «auténticamente global» de May. Y, del recrudecimiento de la cuestión escocesa hasta el nuevo alzado de fronteras con Irlanda en el Ulster, otros problemas internos pueden avivarse. La mayor inquietud, sin embargo, procede de la colisión de los postulados contradictorios de May: la misma primera ministra que busca ahora una Gran Bretaña abierta ha mantenido un discurso que atenta directamente contra esta idea. Pensemos que, en una reciente visita a la India, May prefirió un mayor control sobre los visados a estudiantes de aquel país antes que facilidades bilaterales en el ámbito comercial. Y su retórica, lejos de convertirla en paladín del liberalismo internacionalista, ha tenido desde el primer día un aroma chocante a los gobiernos intervencionistas, ya fueran de izquierda o de derecha, de la posguerra británica: más Estado, más protección, más nacionalismo y más orden. No extraña que –como leemos en Shipman− ya la hayan llamado «Enoch Powell con faldas». Pero eso es incompatible con ser un abogado del laissez-faire a escala globalizada. En realidad, su voluntad de «retomar el control» sobre la inmigración ya lo anunciaba: la carta oculta de May está menos en la apertura que en la resistencia nacionalista.

La exposición española al Brexit

¿Y qué pasa con España? A la hora de negociar el Brexit, cada Estado ha de compatibilizar las directrices acordadas en las instituciones europeas con la defensa de los intereses de su relación bilateral con Gran Bretaña. Pues bien, de acuerdo con este postulado, los españoles tal vez seamos los europeos, como hemos dicho al principio, con más intereses en juego con relación al Brexit. No en vano, con Gibraltar convenientemente encapsulado, la relación hispano-británica vive el que tal vez sea el mejor momento de su historia. Es una relación de beneficio mutuo tan intenso que sólo podemos anticipar que ambas partes mostrarán su voluntad de evitar el daño.

Hay algunos datos que nos pueden ayudar a cuantificar esta relación. España recibe, cada año, cerca de dieciséis millones de turistas británicos: con un 22% de la cuota total en 2015, es nuestro principal mercado turístico. Más de doscientos cincuenta mil británicos están registrados en España, pero la cifra real ronda el medio millón. En lo que respecta a españoles en Gran Bretaña, nuestra presencia tampoco es menor: hablamos casi de doscientas mil personas.

Si el «factor humano» es importante, las implicaciones económicas no lo son menos. No se trata de aburrir con cifras, pero baste decir que Inglaterra es nuestro tercer socio comercial, el quinto inversor en España, el segundo país receptor de inversión española y nuestro cuarto destino exportador. No es exagerado, por tanto, afirmar que –por volumen y repercusión humana y económica− España es de los países, si no el país, con el que Gran Bretaña mantiene una relación más cercana. Consolidar esas relaciones bilaterales es estratégico, por tanto, para ambas partes. Y cuando el Banco de Inglaterra y el Fondo Monetario Internacional han publicado, a propósito del caso británico, la mayor revisión a la baja de sus previsiones de crecimiento, existen motivos para la preocupación por parte española.

Junto a la posible desaceleración británica, hay otros temas que tienen su interés en las relaciones bilaterales. Por ejemplo, el Gobierno de May no ha explicado qué tipo de tratamiento –permisos de trabajo, residencia, acceso a prestaciones sociales− piensa dar a los trabajadores españoles y europeos que lleguen a su país antes de la consumación del Brexit. Asimismo, con sus tensiones secesionistas propias, España no puede menos de estar interesada en que el Brexit afecte, como dijo May, al Reino Unido en su conjunto: la permanencia de Escocia en la Unión, por más que esté descartada en la práctica y España pudiera vetarla, sentaría un mal precedente desde el punto de vista de la política española.

Y, por supuesto, para terminar con el repaso a las relaciones bilaterales, está Gibraltar: un eterno retorno. Por principio, la salida de Reino Unido debe comportar, de modo automático, la salida de Gibraltar. En todo caso, el interés español es que la regulación de las relaciones entre Reino Unido y las instituciones europeas no contemple el caso gibraltareño, asunto del que –conforme a la jurisprudencia− sólo debieran tratar Gran Bretaña y España, si bien esto aún debe verificarse para tranquilidad de la parte española. El Leave!, desde luego, puede afectar muy negativamente tanto a Gibraltar como a su Campo. Pero, con mayor sustancia política, España querría que el Peñón mantuviera su acceso a Europa, posiblemente con la oferta de un pacto de cosoberanía negociado con los británicos, y con los propios gibraltareños insertos en la legación de Gran Bretaña y no como parte autónoma. Aquí se especula con la oferta de un estatuto ad hoc, con posibilidad de adoptar la doble nacionalidad, con la garantía de la conservación del autogobierno gibraltareño y su régimen fiscal propio, un plan de copiosas inversiones en la zona y –por fin− el adiós a la Verja y sus controles. Por supuesto, la voluntad de recuperar Gibraltar puede dar lugar a no pocas miradas escépticas: parece algo impensable. Pero también acabamos de ver que sucesos impensables –como el propio Brexit o la victoria de Trump− hoy son una realidad.

Una coda por la entente cordial

Además de su capacidad potencial para reordenar el mundo como un 11-S o una caída del Muro, el Brexit –según decía al principio− es algo que va a afectarnos casi casa por casa. Eso es algo notable en un país como España, de vínculos tan estrechos con Gran Bretaña en todo lo que va de la historia heroica al acelerado intercambio económico y humano de hoy. Esos lazos son significativos y valiosos. Los más anglófilos de entre nosotros recordarán cómo un súbdito británico, Robert Boyd, vino a morir junto a un buen tropel de españoles en una intentona antiabsolutista en Málaga allá por los años treinta del siglo XIX. Espronceda cantó en verso el episodio y Antonio Gisbert le dedicó un cuadro célebre, en el que no es difícil reconocer al propio Boyd, entre otros mártires de la «libertad constitucional». Es posible que aquellos liberales de antaño pecaran de utopistas, pero no es menos cierto que Boyd sigue siendo, para nosotros, imagen del pueblo británico según lo codificó Josep Pla: «Un pueblo que ha hecho lo que ha podido [...] para hacer sentir a todo el mundo el sabor de la libertad». Ojalá que, pese al Brexit, siga viva una ambición tan noble y seamos capaces de forjar nuevas «ententes cordiales» para una convivencia rica entre Reino Unido y Europa.

 

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Manuel ESCUDERO, “La izquierda y la revolución digital” a CTXT (4-02-17)

http://ctxt.es/es/20170201/Politica/10583/izquierda-internet-digital-fin-del-trabajo-productividad-economia-empleo.htm

Como dice George Monbiot, me encanta cómo los billonarios se reúnen en Davos para ponderar sabiamente sobre quién podría estar causando tantos problemas al mundo… Pero, aunque cínicos, los amos del establishment tontos no son, y no se les escapa en sus deliberaciones los fenómenos más importantes a los que se enfrenta el mundo. Parece que este año el tema de los impactos de la automatización en el mercado de trabajo está emergiendo como una preocupación clave en el Foro Económico Mundial (WEF).

Si cuando el río suena, agua lleva, vamos a ver de modo creciente este tema en los debates generales, tanto globales como en España. Merece por ello la pena reflexionar sobre el posicionamiento de la izquierda respecto a la revolución digital.

Visiones desde la izquierda

Es frecuente escuchar en la izquierda que la revolución digital es un tema tecnológico, extraño y ajeno a la economía política y al que solamente hay que conceder un poco (muy poco) de atención programática. Yo creo, sin embargo, que la digitalización de la economía va a tener efectos tan importantes que conviene que la izquierda se “meta el futuro en los huesos” y actúe desde ahora en consecuencia.

Esa escasa atención tiene que ver, de modo fundamental, con el cálculo de que la digitalización ocurrirá en un futuro indeterminado, que tiene escasos efectos a corto plazo sobre el empleo y que a largo plazo tiene un efecto neutro, porque se seguirán generando tantos empleos, o más, de los que destruya.

Las tesis del fin del trabajo debido a la revolución digital, o  lo que otros llaman “determinismo tecnológico” –sigue el argumento de los que no creen en ella–, está siendo desmontada por una enorme evidencia científica. Argumentan: si la revolución tecnológica hubiera sido una de las causas más importantes de la destrucción de empleo en EEUU, tendríamos que haber visto también un crecimiento muy notable de la productividad en ese país, y ese no ha sido el caso.

La polémica sobre la paradoja de la productividad

Es indiscutible que muchos estudiosos de tendencias en las economías industrializadas han mostrado perplejidad debido a que el rápido ritmo de innovación tecnológica digital no coincidía con grandes ganancias de productividad. Y es cierto que, en ese contexto, se ha hablado de la “paradoja de la productividad”. Pero conviene resaltar que ese es un debate del pasado, de las dos últimas décadas del siglo XX y sobre datos de los años 70, época en la que Robert Solow acuñó su famosa frase: “Vemos ordenadores en todas partes, menos en las estadísticas de productividad”.

Lo cierto es que ese estancamiento se corrigió a partir de los años 90. De hecho, de acuerdo con el US Bureau of Labour Statistics, el crecimiento de la productividad fue como media de 1,7% entre 1971 y 1980, y del 1,5% entre 1981 y 1990. Pero pasó a 2,3% entre 1991-2000 y a 2,4% entre 2001-2010. Previamente, en los comienzos del nuevo siglo, las estadísticas del Department of Labor de los EEUU también confirman que en 1995-2004 la productividad creció el doble que la media de las dos décadas previas: si en 1973-1995 la productividad creció 1,5, en 1995-2004 creció al 3,1.

Por ello habría que decir que hablar del estancamiento de la productividad como demostración del escaso impacto en la destrucción de empleo de la digitalización económica no es una afirmación basada en los datos empíricos significativos.

No obstante, surgen dos interrogantes que conviene despejar. En primer lugar ¿por qué existió un período (entre 1970 y 1995) en el que la revolución digital apenas se reflejó en avances de la productividad? En segundo lugar, ¿son ganancias de productividad de en torno al 3% lo que cabe esperar de la revolución digital? Al fin y al cabo son crecimientos no muy alejados de los ocurridos en los años 50 0 60 del pasado siglo…

Para responder brevemente a ambas cuestiones, la representación gráfica que se expone a continuación puede dar respuestas bastante convincentes. Procede de un libro que considero fundamental a la hora de abordar el tema de la importancia y los efectos de la revolución digital, The Second Machine Age, de  Brynjolfsson y McAfee:

 

 

En esta gráfica con una línea gruesa gris se reflejan las ganancias en productividad de la era de la electrificación (1890-1940); su escala temporal aparece en el eje horizontal superior. La línea negra más fina corresponde a la evolución de la productividad de la era de la digitalización, que se refleja temporalmente en el eje horizontal inferior entre 1970 y 2012.

Llama la atención en primer lugar la evolución muy similar de la productividad en las dos eras, de modo que sus trayectorias en cuanto a productividad casi se superponen en su desarrollo. Es evidente también en ambos casos que la productividad creció más gradualmente en los 25 primeros años desde la introducción de las nuevas tecnologías, y su ritmo se acrecentó a partir de entonces. Esto se debe a que, como está muy bien documentado, estamos hablando de General Purpose Tecnologies, tecnologías pivotales que para alcanzar todo su desarrollo necesitan propagarse por todo el tejido productivo y combinarse con otros elementos existentes para adquirir todo su potencial. Esto explicaría, de modo muy conciso, por qué la introducción en nuestro tiempo de las nuevas tecnologías (digitalización, microchips e Internet) no arrojaron, en sus primeras décadas, los efectos instantáneos que muchos esperaban.

En segundo lugar, se puede ver en el gráfico de la evolución de la productividad en la era de la electrificación que a partir de 1930, cuando la transversalidad y la capacidad combinatoria de la electricidad y la máquina de combustión interna se encontraron en su cúspide, volvió a acelerarse la productividad. Parece lógico que algo parecido, después de trayectorias muy paralelas, pasará en las próximas décadas con la digitalización económica. De hecho cabe esperar una aceleración incluso mayor por el carácter exponencial de la digitalización.

Es curioso que los estudios relacionados con la “paradoja de la productividad” se refieran a la digitalización de un modo genérico (el impacto de las computadoras). Sin embargo, conviene destacar que la digitalización de la economía encierra muchos fenómenos, y que éstos es ahora cuando comienzan a combinarse con extraordinaria rapidez. El esquema siguiente del WEF ilustra esto:

 

Se han definido las tecnologías de la digitalización con tres atributos: exponenciales, transversales y combinatorias. Su desarrollo exponencial es evidente. Por ejemplo en el caso de los microchips, los ordenadores personales y sobre todo los teléfonos inteligentes. Su transversalidad, penetrando prácticamente en todas las actividades de producción y de servicios y transformando más y más sectores, es otra evidencia para cualquiera que estudie lo que está pasando en el sector de las telecomunicaciones, banca, sector automotriz, energético, etc… Y es ahora cuando las propiedades combinatorias, que significa la producción de nuevos productos o servicios digitales combinando algunos existentes, se están convirtiendo en norma y esta pauta seguirá en el futuro: su ejemplo más destacado es el Internet de las cosas que comienza a combinar juguetes, ropa, complementos, redes de transporte, viviendas, etc… es ahora cuando comienza a desarrollarse de modo exponencial también.

¿La digitalización de la economía destruye más empleo del que crea?

Despejado el argumento de la “paradoja de la productividad”, sigamos al corazón de la argumentación según la que las tecnologías digitales no destruyen más empleo del que se crea en otros sectores de la economía. Para responder otra vez con brevedad, he aquí la evolución de la productividad y el empleo en los últimos años en los EEUU.

 

 

Nos encontraremos con una gran sorpresa: desde comienzos de los años 2000 se produce un desacoplamiento entre el crecimiento de la productividad del trabajo, que continúa creciendo, y el crecimiento del empleo, que se estanca y retrocede – antes de la gran recesión.

La sorpresa sería aún mayor si proyectáramos esta serie hacia atrás durante los últimos 200 años. Veríamos entonces que ese desacoplamiento no se ha producido nunca hasta ahora.

La tesis dominante en la izquierda, que yo comparto, es que el modelo neoliberal ha traído consigo la destrucción del poder organizado de los trabajadores y con él la aparición de salarios a la baja permanente, retroceso de la masa salarial y de las rentas de las clases trabajadoras y, en definitiva, la aparición del precariado. Pero esa realidad política, que debería suponer como resultado un crecimiento a la baja de la productividad y un crecimiento del empleo precario ¡no puede impedir que la productividad debido a la digitalización de la economía crezca y que el empleo se destruya (no vía estadísticas de empleo, sino de población activa, que es lo que está ocurriendo en los EEUU)

La única explicación posible es que ambas realidades, el modelo neoliberal y los efectos de la digitalización de la economía no son fenómenos excluyentes, sino complementarios: hoy nos vamos enfocando, al mismo tiempo, hacia una sociedad en la que una parte importante de los trabajadores son precarios y otra parte importante, parados tecnológicos.

Estimaciones actuales sobre el impacto de la economía digital en el trabajo asalariado

Veamos ahora diversas apreciaciones sobre los efectos sobre el empleo en el futuro inmediato de la digitalización económica.

a)De acuerdo con el informe del WEF The Future of Jobs, la llamada Cuarta Revolución Industrial conducirá al desplazamiento de empleos en “todas las industrias y regiones geográficas”. A medida que la robótica, la nanotecnología, la impresión 3D y la tecnología automatizada comiencen a funcionar, se perderán 7,1 millones de empleos netos en las 15 grandes economías desarrolladas y emergentes (incluyendo Reino Unido, Estados Unidos, Japón, India y China) para 2020. En su opinión, la mayoría de las pérdidas de empleo se producirán en los trabajos administrativos, como las funciones administrativas y de oficina. Sin embargo, estas pérdidas serán parcialmente compensadas por 2 millones de nuevos empleos proyectados, con demanda más alta para analistas de datos y representantes de ventas especializados. Los hombres serán proporcionalmente los más afectados por la automatización, con cinco puestos de trabajo perdidos por cada trabajo ganado. Las mujeres, por el contrario, pueden perder tres empleos por cada trabajo ganado.

b)El IPPR (Instituto de Investigaciones sobre Políticas Públicas), con sede en Londres, predijo el mes pasado (diciembre 2016)que el paso a una tecnología impulsada por software pondría 15 millones de empleos en el Reino Unido –dos de cada tres– en “riesgo” durante las próximas dos décadas. Entre los más afectados estarán los empleados en el comercio minorista, con 2 millones de pérdidas de puestos de trabajo previstas para 2030 (60% del total actual) y en la industria manufacturera, con 600.000 pérdidas de puestos de trabajo previstas para el mismo período.

c)Un informe ejecutivo de diciembre de 2016 publicado por la Casa Blanca cita la ya famosa investigación académica de Frey y Osborne, que sugiere que hasta el 47% de los puestos de trabajo de EE.UU. podría estar en riesgo durante los próximos 10-20 años debido a la inteligencia artificial y la informatización. Sin embargo, considerando que parte de esas profesiones están hechas de tareas rutinizables y no rutinizables, establece la horquilla de puestos de trabajo en riesgo entre el 9% y ese 47%.

Además, se espera que los impactos de la automatización afecten desproporcionadamente a los más pobres, con la automatización poniendo en riesgo un estimado del 83% de los trabajos con salarios igual o inferiores a $ 20 por hora. Esto se compara con el 31% de los puestos de trabajo cuyo salario se sitúa en $ 20- $ 40 por hora, y un mero 4% de los trabajos que hacen más de $ 40 por hora.

De hecho, sólo el 1% de los que tienen una licenciatura trabaja en puestos de trabajo formados por “tareas altamente automatizables”, en comparación con el 44% de los trabajadores estadounidenses con sólo un diploma de escuela secundaria.

Como conclusión, se debe establecer la hipótesis más probable de que en el corto plazo se comenzarán a sentir los efectos del paro tecnológico y que este efecto neto, de pérdida de puestos de trabajo debido a la automatización, se irá incrementando con el tiempo.

Los efectos perversos del negacionismo respecto al impacto de la economía digital

Hasta aquí algunas reflexiones basadas en datos. Sin embargo, lo peor de adoptar una posición desdeñosa frente a la revolución digital y sus efectos en el trabajo es que cierra las puertas a muchos temas cruciales que deberían ser parte de la agenda de la izquierda.

Se pasa por alto muchas veces que frente a la primera revolución industrial (la ocasionada por la máquina de vapor) y la segunda (iniciada con la electrificación), la digitalización de la economía se refiere a la utilización de un nuevo input productivo, la información, con características muy especiales: la información es infinita y quiere ser libre, porque su reproducción digital implica costes decrecientes que tienden a cero. Esto plantea un nuevo frente para el bienestar en el futuro. Para algunos la tarea de construir plataformas democráticas de la información es la principal en el siglo XXI para la izquierda, con una importancia equiparable a la construcción del Estado de bienestar en el siglo XX (IPPR).

Pero volviendo al impacto de la digitalización en el trabajo asalariado, en la medida en que la economía digital va penetrando el tejido económico, va destruyendo la necesidad del trabajo asalariado en el mercado capitalista. Naturalmente es una tontería decir que el trabajo va a desaparecer, porque los humanos seguiremos trabajando, es decir, utilizando nuestra creatividad para producir valor social. Pero no es una tontería decir que la economía digital va a prescindir de una cantidad creciente de trabajo asalariado.

Si no lo remediamos, muchos de los expulsados del mercado seguirán malviviendo con trabajos residuales y contratos basura: esa realidad es tan omnipresente que, en el fondo, explica el estancamiento secular al que se ve abocado el neoliberalismo hoy.

Pero también en las sociedades desarrolladas comienzan a aparecer segmentos importantes de ciudadanos que combinan empleos parciales con  nuevas formas de actividad socialmente útiles, o se decantan por nuevas actividades que tienen poco que ver con el capitalismo: Wikipedia,  los Creative Commons, el software libre y las nuevas iniciativas descentralizadas de economía colaborativa, social y solidaria son, quizás, el embrión de un modo de producción diferente y alternativo al capitalismo.  Esta es una tesis fuerte que, de confirmarse, abre la posibilidad de una transición a un nuevo sistema productivo y es ahí donde se podría encontrar parte del núcleo duro de un nuevo paradigma de la izquierda.

Por supuesto, uno de los grandes retos para aminorar este choque y mantener el objetivo de creación de empleo incluso en la economía digital es la necesidad de un cambio copernicano en los sistemas educativos y, en los países que envejecen como España, la necesidad de un sistema de formación a lo largo de toda la vida.

Para terminar, solamente si le concedemos a la digitalización de la economía el rango de característica sobresaliente de la nueva economía política del siglo XXI podremos dar todo su sentido a demandas políticas cada día más importantes, como la necesidad de reducir las horas de trabajo más allá, incluso, de las 30 horas semanales, o el establecimiento de una renta básica universal, que solamente en una perspectiva que tiene en cuenta los efectos de la economía digital cobra todo su sentido. Y es en ese sentido en el que abogo por una forma de RBU que comience ya a plasmarse estructuralmente en el sistema fiscal, en la forma de un impuesto negativo de la renta para aquellos cuya renta no llega hoy ni al nivel del umbral de la pobreza. Un impuesto negativo que pueda ir ganando en ambición en el futuro para generalizarse como una forma de renta  a la que acceden todos aquellos que ya no están en el mercado capitalista, pero realizan tareas de utilidad familiar, social, creativa, para la comunidad.

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Manuel de la ROCHA, “La modernización del Estado del bienestar, una apuesta socialdemócrata” a Agenda Pública (7-02-17)

http://agendapublica.es/la-modernizacion-del-estado-del-bienestar-una-apuesta-socialdemocrata/

Los socialdemócratas fueron determinantes en la creación de los Estados del Bienestar hace 50 años hace cincuenta años y deben seguir siendo sus máximos defensores. Pero el mundo ha  evolucionado de manera drástica en las últimas décadas.  Los cambios económicos y sociales impulsados por las nuevas tecnologías, el comercio, la demografía o la migración influyen en los resultados de las políticas públicas, incluidas las que afectan a los servicios públicos, que deben adaptarse a esas evoluciones ajustando sus políticas e innovando nuevas formas de lograr los objetivos.

En su acción política diaria los socialdemócratas repiten frecuentemente reflejos propios de otras épocas, que les pueden hacen parecer como conservadores en la defensa de ciertas conquistas o instituciones. Aunque la existencia de un estado fuerte y con capacidad de intervención es una condición básica para reequilibrar los fallos de los mercados, no todos los problemas de desigualdad e injusticia se pueden ni deben resolver con más gasto público. Como señala Daniel Innerarity en esa renovación inconformista y transformadora la socialdemocracia debe sustituir ¨aquella respuesta mecánica a los problemas sociales consistente en intensificar las intervenciones del Estado, por formulaciones más flexibles de colaboración entre Estado y mercado, con formas de gobierno indirecto o promoviendo una cultura de evaluación de las políticas públicas¨ (Innerarity 2010).

La socialdemocracia necesita hacer autocrítica y asumir errores para poder rectificarlos. Porque con el tiempo, tras la defensa de las conquistas sociales, en ocasiones se han podido enmascarar el mantenimiento de privilegios de ciertos insiders frente a los outsiders del sistema: así, ciertos intervencionismo públicos en los mercados pueden acabar favoreciendo monopolios ineficientes e igualmente injustos; la protección del poder adquisitivo de los pensionistas no debe llevar a olvidar la pobreza entre los jóvenes y sobre todo la pobreza infantil, o que la defensa firme de lo público debe ir aparejada de una igual exigencia de calidad, eficiencia, lucha contra los abusos y obtención de resultados en los servicios que se presten. En su modernización del discurso, hay que reconocer que el antagonismo trabajo-capital puede perder parte de su sentido histórico en sociedades donde un gran número de ciudadanos son inversores, emprendedores, y pequeños empresarios que necesitan apoyo y una regulación más sencilla, transparente. Tampoco la lucha por la igualdad nos debe llevar a desvirtuar la meritocracia, ni el valor del esfuerzo o el talento. El objetivo final es lograr un crecimiento económico inclusivo, equilibrado y sostenible, que favorezca la movilidad social y la cohesión.

En definitiva, en relación al Estado del Bienestar se necesita una modernización y adaptación de las ideas socialdemócratas, que vaya más allá del mantenimiento del nivel de gasto público, y se enfoque mucho más en la calidad, progresividad e impacto del mismo. En este sentido, las reformas adoptadas por los países escandinavos pueden servir de guía para marcar el camino.

Las experiencias escandinava en la modernización del Estado del Bienestar como modelo

A principios de los años 90 los países nórdicos, y en particular Suecia y Finlandia se enfrentaban a serias crisis económicas, con bajo crecimiento económico, niveles de desempleo nunca vistos y altos déficits debido al elevado nivel de gasto público necesario para mantener sus extensos estados del bienestar.

Ante estas perspectivas, liderados por Suecia y Finlandia, los países escandinavos iniciaron toda una serie de profundas reformas económicas, que pretendían fundamentalmente recuperar el crecimiento económico, al tiempo que garantizar la viabilidad futura de los Estados del Bienestar. No todas estas reformas fueron llevadas a cabo por gobiernos socialdemócratas, pero tampoco fueron revertidas cuando estos recuperaron el poder, y en algunos casos incluso fueron profundizadas.

En primer lugar, los países nórdicos lograron reformar sus instituciones y hacer sus mercados laborales y de productos más competitivos, no por medio de una simple desregulación, sino también con reformas tendentes a incrementar la formación, la movilidad geográfica y los incentivos al trabajo. Se puso mucho mayor énfasis en las políticas activas de empleo, en la formación continua, la empleabilidad de los trabajadores y en la igualdad de género. Destaca en este sentido el caso de Dinamarca, con su conocido sistema de flexicurity, que combina un mercado laboral bastante liberalizado, con un potente sistema de formación continua para los trabajadores financiado en gran parte por el Estado.

En segundo lugar, el proceso de reforma se vio generalmente acompañado de reajustes del gasto público. Junto a los ajustes presupuestarios, desde los 90 se puso enorme énfasis en la calidad del gasto, priorizando claramente las inversiones y gastos en nuevos sectores y actividades que promuevan el crecimiento. Además, se establecieron rigurosos sistemas de evaluación del presupuesto y revisión de las políticas, y se promovió la transparencia absoluta en su utilización.

Muchos programas sociales evolucionaron desde un sistema de beneficios totalmente universales a otros dependientes del nivel de ingresos. En los ámbitos de la educación y la sanidad se llevaron a cabo reformas profundas cuyo objetivo último era mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios y sus resultados concretos. La provisión de ambos sectores ha seguido siendo responsabilidad del Estado, aunque no necesariamente gestionado desde el sector público. Esto ha implicado dar entrada a los servicios privados concesionados. Se introdujeron copagos sanitarios para reducir el gasto superfluo. En el ámbito educativo, el gobierno conservador sueco estableció la entrega de vales educativos para que los padres puedan escoger los colegios que deseen, medida muy desafortunada que ha generado enorme desigualdad aunque no ha sido revertida por el actual gobierno socialdemócrata.  En Suecia se llevó a cabo una profunda reforma del sistema de pensiones que, manteniendo el sistema de reparto, incentiva la mayor participación laboral, la jubilación tardía y la corresponsabilidad de los ciudadanos, y que con el tiempo ha garantizado la sostenibilidad de sus cuentas. También se ha fomentado la descentralización, otorgando mayor responsabilidad a los municipios y provincias.

En tercer lugar, otro aspecto común fue la reorientación del Estado hacia las nuevas tecnologías y la innovación, a través de estrategias verticales entre gobierno y sector privado.  Estos países aumentaron enormemente su inversión en I+D, en educación y en TICs hasta alcanzar los niveles más elevados del mundo y la han mantenido en el tiempo, incluso en los periodos de crisis, lo que ha permitido la reestructuración de sus economías.  El enfoque para fomentar la innovación ha sido el de una colaboración estrecha entre el sector público y el privado.

Las reformas llevadas a cabo han sido exitosas desde el punto de vista económico, especialmente en Suecia y Noruega. Los países escandinavos recuperaron el dinamismo económico y, con la excepción de Dinamarca, han mantenido tasas de crecimiento económico y de la productividad durante las dos últimas décadas por encima de la media europea. Además, sus niveles de desempleo y desigualdad son de lejos los más bajos de Europa y  cuentan con una mayor proporción de la población activa que en el resto de la UE.

La clave de este relativamente exitoso modelo de sociedad se encuentra en su capacidad y habilidad para reformar y adaptar continuamente sus instituciones y políticas a los retos económicos y demográficos y, especialmente, para mantener el dinamismo y la innovación en el campo de las políticas públicas.

 

Algunas lecciones para España

El caso escandinavo desmiente las teorías neoliberales al combinar Estados del Bienestar fuertes, alta fiscalidad y baja desigualdad, junto a bajo desempleo y altas tasas de crecimiento, productividad y competitividad. Evidentemente, los modelos económicos no se pueden exportar de un país a otro, pues cada sociedad tiene una estructura económica, cultura e historia diferentes. Aún con esas cautelas, las reformas escandinavas nos muestran que, frente al Estado del Bienestar tradicional, se puede avanzar hacia un sector público activador, enfocado en la inversión social en educación, formación integral, y la movilización de todos los agentes sociales inactivos – jóvenes, mujeres, mayores, etc. –para convertirlos en ciudadanos económica y socialmente útiles, al tiempo que se atienden algunas de las lagunas de protección que se han generado.

Los Estados del Bienestar surgidos en Europa tras la segunda guerra mundial lograron servir los requisitos de igualdad de una clase trabajadora relativamente uniforme a través de servicios públicos homogéneos y garantías de mantenimiento de renta real. En el siglo XXI el Estado del Bienestar debe servir a sociedades más complejas, multiculturales, individualistas y en cambio permanente, lo que implica estrategias más centradas en empoderar y formar a las personas para que puedan tener éxito en un mercado que impone demandas crecientes en cuanto a capacitación y flexibilidad.

España se ha convertido en uno de los países con mayores niveles de desigualdad de toda la UE, situación que se ha agravado desde la llegada del PP al poder. El aumento de la desigualdad ha venido provocado por la expansión de la pobreza y exclusión: la tasa de riesgo de pobreza supera el 22% en el conjunto de la población y el 29% entre los niños (INE 2015). El empeoramiento en los niveles de renta se ha concentrado fundamentalmente en los hogares con menores dependientes, lo que tiene implicaciones directas muy negativas en la igualdad de oportunidades. El aumento de la pobreza infantil implica una inevitable desventaja para los niños pobres en su vida adulta, una menor calidad de sus futuras ocupaciones, una menor movilidad y un menor capital social futuro.

Las políticas públicas, aun siendo decisivas para contener los niveles de exclusión han perdido en las dos últimas décadas una parte importante de su capacidad redistributiva, lastradas por los recortes en los niveles de gasto anteriores a la crisis aunque en ésta se generalizaron, y por una creciente pérdida de progresividad de las mismas. En este contexto, es esencial para nuestro país rediseñar su estado del bienestar para dar respuesta al complejo desafío de reducir la desigualdad en la era de la globalización.

España ha mantenido tradicionalmente niveles de gasto público sensiblemente inferiores a los de la media europea -43,8% del PIB frente a 47,3% en la UE (Eurostat 2016) -, y los recortes de los años más recientes han ampliado esa brecha. Pero la respuesta no puede consistir únicamente en revertir los recortes de gasto, sin enfocarse en la calidad e impacto del mismo. Según datos de Eurostat las transferencias públicas en España, excluidas las pensiones, reducen el riesgo de pobreza en un 26%, comparado con la media de la UE que lo hace en un 33,4% y muy alejado de los países nórdicos donde la reducen en el entorno del 50%. Y es que una revisión del gasto público en nuestro país, muestra que el gasto social es comparativamente mucho más pequeño que en los países más avanzados y solo una pequeña parte del mismo van dirigido a la población con menores ingresos, por lo que disminuye la desigualdad en menor medida que en la media de los países de la OCDE y, además, este impacto se ha ido reduciendo en los últimos años. Es decir, existen algunas grandes partidas de gasto público con escasa progresividad, que benefician sobre todo a las clases medias-altas, como los gastos en educación universitaria, educación concertada o muchas desgravaciones fiscales.

La modernización del programa socialdemócrata debe romper ciertos clichés y admitir que no todos los servicios públicos pueden ser completamente gratuitos, ni universales, y que la eficiencia y eficacia del gasto son fundamentales desde la perspectiva de la capacidad redistributiva y de reducción de desigualdades, más aún en un horizonte de importantes restricciones presupuestarias.

Todo ello revela la importancia capital de priorizar claramente aquellos programas que más contribuyen a reducir las desigualdades y combatir la pobreza, así como aquellos que estimulan la inversión productiva y las posibilidades de crecimiento futuro (formación, innovación, I+D). Se trata de reforzar el Estado del Bienestar con la perspectiva de que los programas de protección social deben actuar como un “círculo virtuoso” en el campo económico y social. No deben suponer por lo tanto un incentivo perverso para no activar la situación de las personas auxiliadas, ni un acicate para mantener en la economía sumergida las actividades de los beneficiarios.

Desde esta perspectiva, la prioridad debe ser ofrecer herramientas que garanticen una auténtica igualdad de oportunidades y para consolidar una economía inclusiva. En esta evolución del estado del bienestar, garantizar la igualdad de oportunidades en las primeras etapas de la vida tendrá más relevancia que una igualación de rentas en etapas posteriores, un mayor énfasis en políticas de formación y reciclaje para los parados que mejoren su empleabilidad, o políticas familiares, de ayuda a la dependencia y de igualdad que faciliten e incentiven la plena e igual integración de las mujeres en el mercado laboral.

Es por lo tanto necesario un debate más profundo para decidir qué servicios púbicos pueden ser totalmente gratuitos y universales (sanidad y educación hasta la secundaria) y cuáles deben tener un subsidio público cuyo nivel estará en función de la renta;  la clave pasa porque ningún ciudadano se quede sin acceso a la universidad, a medicinas, o a vivienda por falta de ingresos. En esta línea, proteger a los más vulnerables garantizando su acceso a la educación superior o a los medicamentos que requieren debe tener prioridad frente a la gratuidad absoluta de dichos servicios.

Así mismo, nuestro estado del bienestar debe ser mucho más eficaz en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, cubriendo los nuevos riesgos sociales. Un reciente estudio del Banco de España ha revelado que han sido los pensionistas los que han salido mejor parados de la crisis en términos relativos comparados con las familias más jóvenes, de forma que hoy en día hay mayor porcentaje de riesgo de pobreza en menores de 16 años que en mayores de 65. Es sabido que nuestro sistema de protección está muy vinculado al mercado de trabajo y sin embargo, con la crisis han surgido numerosos colectivos sociales (jóvenes, familias monoparentales, inmigrantes, etc). que o nunca entraron en dicho mercado o llevan tanto tiempo fuera de él que han quedado totalmente desprotegidos Muchas de estas personas son desempleados de larga duración y es previsible que no vuelvan a encontrar trabajo. Por ello, es fundamental poner en marcha algún tipo de renta básica de inserción que sea un complemento a nivel estatal de las ya existentes en las CC.AA. garantizando un mínimo vital a todos los ciudadanos y con un enfoque especial en atajar la pobreza infantil, que se ha vuelto un problema particularmente lacerante en nuestro país.

Junto a lo anterior, el espíritu transformador y reformista debe defender una nueva relación entre las administraciones públicas y una ciudadanía más empoderada y responsable, lo que implica la máxima eficiencia y agilidad del sector público, la transparencia absoluta, la eliminación de duplicidades, y la introducción del gobierno electrónico, así como la evaluación permanente y la rendición real de cuentas.

El objetivo final en definitiva es la modernización del Estado del Bienestar, que combine solidaridad con responsabilidad, protección social y redistribución de la riqueza con inversión en crecimiento e innovación, y en el que la igualdad de oportunidades sea el mejor instrumento para que cada ciudadano pueda desarrollarse según sus expectativas, talento y esfuerzo.

Buena parte del recetario aquí propuesto va en la línea de mejorar la eficiencia de las políticas, al tiempo que se favorece la equidad. No obstante, no siempre es posible avanzar al mismo tiempo en ambos sentidos, lo que implica tomar decisiones sobre los trade off que generan determinadas políticas públicas. La socialdemocracia del siglo XXI, y el PSOE en concreto, debe recuperar el sentido de la eficiencia en la ejecución de las políticas públicas, pero en ningún caso debería hacerse a costa de sacrificar uno de sus principios rectores, como es el de la igualdad y la justicia social, pues son estos últimos y no el primero, el que impregna el carácter distintivo al movimiento socialista. Del espíritu reformista e innovador, capaz de concebir y ejecutar políticas renovadoras que avancen ambos valores juntos, dependerá en buena parte el éxito futuro de la socialdemocracia.

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Kepa AULESTIA, “Autoengaño” a La Vanguardia (7-02-17)

http://www.lavanguardia.com/opinion/20170207/414078163281/autoengano.html

La cumbre del Pacte Nacional pel Referèndum reunida el pasado miércoles en el Parlament de Catalunya pretendía transmitir una sensación de unidad en torno a la cita de “septiembre como muy tarde” y, además, dar la impresión de que esa era la asamblea representativa de Catalunya. La imagen de ayer de Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau dirigiéndose a la sede del Tribunal Superior arropados por la adhesión solidaria de 40.000 personas inscritas en la convocatoria pretendía advertir de que todas ellas se sientan en el banquillo ante una acusación infame. Asistimos a acontecimientos de indudable trascendencia, pero que adquieren su verdadero valor en el plano de la sugestión. El plano en el que, por ejemplo, Artur Mas puede llegar a pensar que el banquillo del Tribunal Superior es la rampa de lanzamiento para su reincorporación al liderazgo del proceso, hasta convencer a tanta gente de eso mismo que acabe consiguiéndolo por incomparecencia o desistimiento de otros posibles aspirantes.

La épica del momento se basa en que ninguno de los protagonistas principales del éxodo sabe qué va a ser de él mañana mismo. Es lo que confiere virtudes de entrega personal a decisiones e indecisiones que, en otras circunstancias, suscitarían juicios políticos más severos. Dado que los dirigentes se mueven en la incertidumbre personal, los ciudadanos no pueden exigirles que clarifiquen el horizonte próximo. Lo cual contribuye a dar carta de naturaleza al tacticismo como disposición sumamente contagiosa. No hay respuesta para ninguna de las preguntas clave. Empezando por si se adelantará o no la fecha del referéndum. O qué van a hacer los referendumistas contrarios a la independencia si acaba convocándose unilateralmente por tampoco se sabe quién.

El tacticismo se basa en la confianza de que los otros –enemigos, adversarios o compañeros de viaje– contribuirán a aclarar las dudas. El tacticismo se apoltrona en la seguridad de que Mas, Ortega y Rigau serán inhabilitados, o en que no lo serán, y entonces se procederá a dar el siguiente paso en clave victimista o triunfalista, qué más da. El tacticismo necesita alimentar además el mito de que todo está perfectamente estudiado –estratégica, política y jurídicamente– porque la misión cuenta con el asesoramiento de gente capaz de apurar las opciones que ofrecen los entresijos de la realidad. Aunque el fundamento último del tacticismo es la convicción generalizada de que esto –lo que sea– es imparable. Es imparable la drástica revisión de los lazos que unen a Catalunya con el Estado constitucional, y es imparable la sustitución de las élites políticas catalanas de las últimas décadas por otras que no acaban de eclosionar.

No va a haber un referéndum pactado entre las instituciones de la Generalitat y las centrales del Estado sobre la independencia. Ni este año ni en los próximos. De manera que el secesionismo solamente puede aspirar a desencadenar una espiral de agravios que reproduzca el 9-N con la meta puesta en unas autonómicas –otras– de carácter plebiscitario que consigan mantener al rojo vivo el ascua independentista y, a la vez, contengan las pretensiones alternativas de Ada Colau y compañía para evitar el cambio al frente de la Generalitat.

El Pacte Nacional pel Referèndum es la expresión del engaño mutuo en que se basa la política partidista en un escenario plural, que comporta siempre una disposición al autoengaño. A sugestionarse con que el otro está atrapado en tus redes, no se ha percatado de tus intenciones y, por ello, se convierte en un aliado más o menos manejable. Es el mercado de las oportunidades al que sólo puede accederse por la vía de las ambigüedades propias. El derecho a decidir referendario cobra sentido sólo cuando se explicita para qué se promueve. El independentismo ya tiene claro que en la próxima ocasión –de aquí a septiembre– no se andará por las ramas del 9-N en cuanto a la pregunta, pero sí en cuanto a la puesta en escena unilateral.

A sabiendas de eso falta por conocer para qué quieren el plebiscito sobre el Estado propio el no independentismo o el soberanismo posibilista, aparte de para no quedar mal.

Engañarse es creer que el referéndum versará sobre la independencia cuando su significado queda reducido al deseo de dejar de ser español únicamente. Engañarse es acallar o posponer todas las demás cuestiones que interesan a los catalanes a la previa deliberación sobre el futuro de su autogobierno. Engañarse es aspirar a un recuento ilícito de votos para condicionar, así, el escrutinio autonómico posterior. Engañarse es enmudecer ante el temor de verse en el banquillo por hacer el juego a Rajoy.