Presentació

En els últims dies s’han publicat tres peces que coincideixen en constatar l’afebliment del que Timothy Garton Ash identifica com el consens liberal, erosionat per l’eclosió dels populismes de diversa índole que, en bona part, sorgeixen com a reacció extrema a les conseqüències, econòmiques, socials i culturals de la globalització neoliberal. Un internacionalista liberal com Garton Ash es rebela contra la identificació del liberalisme genuí amb el neoliberalisme, tot reivindicant el valor de l’economia de mercat regulada, de les societats obertes i inclusives i de la cooperació internacional.

En el marc de la crisi política espanyola, José Álvarez Junco planteja la qüestió recurrent de si estem davant d’un problema de disseny institucional o bé de cultura política. En tot cas, subratlla el caràcter transversal -a dreta i esquerra- de la tradició antiliberal en la cultura política i social espanyola, que condiciona negativament la possibilitat d’unes polítiques públiques fonamentades en una deliberació racional.

El qüestionament de la democràcia representativa és un dels altres símptomes del declivi del consens liberal. Manuel Arias Maldonado en pren bona nota, però s’interroga sobre si existeix una alternativa viable per governar democràticament i eficaçment societats complexes, i apunta el risc que l’alternativa real no sigui una democràcia deliberativa sinó règims liberals plebiscitaris o, encara pitjor, règims no democràtics. Podria donar-se el cas que l’afirmació de més sobirania es dilueixi en una impotència política real; o que una major participació produeixi més fragmentació i polarització; o que les decisions refrendatàries siguin presoneres del curtterminisme.

Aquestes observacions crítiques amb la “nova política” fetes des del prisma liberal coincideixen en part amb la lúcida reflexió de Manuel Alcaraz Ramos -membre de Compromís i conseller de la Generalitat Valenciana- en un article que podeu llegir al nº 20 de La Maleta de Portbou (novembre-desembre 2016), amb un títol força explícit: “¿Por qué envejece tan rápido la nueva política?”. Alcaraz constata la incapacitat mostrada fins ara de passar de la ideologia a la política, en creure que n’hi havia prou amb la impugnació genèrica del sistema i que només existia un  moment únic per assolir el poder. També assenyala la contradicció entre la pulsió populista (emocional i a curt termini) i un projecte estratègic (racional i a llarg termini), i adverteix que la pulsió de canvi que s’expressa en la societat espanyola no és sinónim de canvi progressista. Sense un projecte estratègic es pot produir com a molt una revolta, però no les reformes fortes que podrien sorgir d’una nova aliança progressista que “revise desde otras miradas el funcionamiento del Estado del bienestar, que no tema indagar en nuevas fórmulas de reequilibrio igualitario, incluyendo una nueva fiscalidad, que no tema indagar en las nuevas preguntas de la sociedad del conocimiento. Una economía verde y paritaria, a partir de una reformulación del futuro de la UE en un marco de renovación tecnológica, parece ser un buen camino para un avance sólido”.

Però, la reformulació del futur de la Unió Europea pot fer-se sense el concurs de les forces europeistes de centre-dreta? Aquesta és la qüestió que planteja Kemal Dervis, que veu  imprescindible “el triunfo de fuerzas que reconozcan los inmensos beneficios de las sociedades política y económicamente abiertas, así como la necesidad de políticas públicas nacionales e internacionales que promuevan una mayor inclusión”. Pot donar-se el reformisme fort del que parla Alcaraz, fora d’aquestes premises?

Sobre la investidura de Rajoy facilitada per l’abstenció del PSOE veure la reflexió de Pau Marí-Klose, cventrada en el difícil equilibri de tot sistema democràtic entre representativitat i governabilitat.

 

Timothy Garton ASH, “Liberales del mundo, hacedlo mejor” a El País (27-10-16)

http://elpais.com/elpais/2016/10/24/opinion/1477317385_477353.html

“Lo malo de Hillary”, dijo un espectador con el que estaba viendo el segundo debate con el repugnante Donald Trump, “es que es la encarnación del consenso liberal”. Exacto. Y el antiliberalismo es uno de los hilos que une el trumpismo, el voto a favor del Brexit, el Gobierno populista y nacionalista de Polonia, el putinismo y muchas otras cosas. Los internacionalistas liberales debemos seguir desmontando las mentiras demagógicas de populistas antiliberales como Trump, Nigel Farage y Jaroslaw Kaczynski. Pero eso no debe impedirnos hacer un examen de conciencia sobre los fallos del liberalismo en su versión globalizada de los últimos 25 años.

Los que acuden a la llamada de los populistas tienen quejas económicas, sociales y culturales derivadas de la globalización liberal del mercado. Los motivos varían de un país a otro, pero hay muchos elementos comunes. En lo económico, esas personas han salido perdiendo, o al menos no han ganado tanto como otros. Sus ingresos están estancados o han disminuido y sus puestos de trabajo se han ido a India o China (donde, hay que subrayar, cientos de millones de personas sí se han beneficiado de la globalización), a inmigrantes dispuestos a trabajar por menos dinero, a jóvenes más capaces de adaptarse a una economía cambiante y a las máquinas de una época de automatismo digital sin precedentes.

En lo social, ven en su ciudad, en las zonas ricas del país y en televisión a personas a las que les ha ido increíblemente bien mientras ellos pasaban dificultades. Casi todos los banqueros que hundieron la economía capitalista financiera de Occidente —con lo que Sebastian Mallaby, biógrafo de Alan Greenspan, llama “este enloquecido sistema que estalló”— conservan intactas sus fortunas. Los ricos disfrutan, los pobres sufren. A propósito de un libro sobre los grandes banqueros, Francis Fukuyama dice: “Uno de los principales interrogantes… es si vivimos en una especie de oligarquía de las que atribuimos a Rusia o Kazajistán”. Lo dice Fukuyama, no Slavoj Zizek.

En lo cultural, los perdedores dicen: “Ya no reconozco mi país”, por las repercusiones de la inmigración, la difusión del liberalismo progresista y la velocidad de los cambios. Existe una gran tentación de culpar de todo al Otro. En Francia señalan a los musulmanes, muy numerosos. Por eso las musulmanas deben prescindir de sus burkinis, mientras el desvergonzado Nicolas Sarkozy intenta ganar a Marine Le Pen en xenofobia. En Polonia, los populistas decretan que el enemigo son los refugiados musulmanes, demonizados, a los que nadie ha visto porque el Gobierno se niega a aceptar más que a unos pocos, y las ideas occidentales, liberales y decadentes sobre el derecho a decidir de las mujeres, el matrimonio gay y el gender (así, en inglés, un auténtico grito de guerra para los populistas católicos). A su vez, en Reino Unido los polacos son el blanco de la ira de la clase trabajadora blanca. Y hace unos meses, mientras hacía campaña para la permanencia en la UE, conocí a varios británicos de origen asiático que lamentaban la oleada de inmigrantes del este de Europa. Es decir, los “malditos extranjeros” son europeos blancos y cristianos, y los que se quejan de ellos, a veces, son musulmanes. Trump dirige su política identitaria contra los mexicanos y los musulmanes. Siempre hay un Otro.

Los populistas fomentan estas protestas hasta la paranoia. Pero debemos reconocer que las quejas tienen causas reales, derivadas, al menos en parte, del capitalismo liberal globalizado desarrollado durante el último cuarto de siglo, desde el histórico triunfo del liberalismo en 1989. Es el mundo que hemos construido los internacionalistas liberales, aunque no todos nos hayamos dedicado a robar. Los euroescépticos suelen criticar a la UE por ser burocrática, dirigista, estatista y todos los demás horrores franco-belgas, pero la verdad es que las causas del Brexit tienen más que ver con una Comisión Europea que ha sido motor de la liberalización y la globalización y ha derribado barreras. Las “cuatro libertades” fundacionales de la UE no son las de Franklin D. Roosevelt (vivir libres de la pobreza y el miedo, y con libertad de religión y de expresión), sino la libre circulación de capitales, bienes, servicios y personas. Los acuerdos de libre comercio criticados por Trump forman parte del mismo tejido internacional. Como se ha dicho muchas veces, la globalización recuerda a un famoso fragmento del Manifiesto Comunista de Marx: “La necesidad de un mercado cada vez mayor para sus productos empuja a la burguesía a recorrer todo el planeta. Debe afincarse en todas partes, construir en todas partes, establecer vínculos en todas partes”.

Pero ahora, en lugar de “trabajadores de todos los países, ¡uníos!”, el grito de guerra es “populistas de todos los países, ¡uníos… unos contra otros!”. ¿Qué deben hacer los liberales para evitar estas contrarrevoluciones nacionalistas y populistas? Unas reformas oportunas, desde luego. “Crecimiento integrador” es el eslogan de uno de los principales liberales de hoy, el canadiense Justin Trudeau. “Una economía que beneficie a todo el mundo”, dice Hillary Clinton. ¿Cómo?

El historiador alemán Jürgen Kocka nos recuerda la tendencia intrínseca de este sistema económico a sumirse en crisis, que suelen empezar con crisis financieras, “como en 1873, 1929-1930 y 2007-2008”, y luego repercuten en el bienestar de amplios sectores y provocan malestar social y político. El efecto se agudiza por lo que Kocka llama “la actual fase de financiarización del capitalismo”. Como él dice, los mercados siempre han dependido de un marco que solo la política puede ofrecer: un Gobierno, unas leyes y un orden internacional.

Las vicisitudes de la libra nos están demostrando que la soberanía nacional existe en la medida que lo permiten los mercados de divisas y valores. Y vivimos en un mundo de gigantescos pulpos empresariales que haría las delicias de Marx. Los bancos mueven miles de millones con un clic. Los banqueros y los oligarcas rusos y chinos ocultan sus ilegítimas ganancias con ayuda de abogados panameños. Con un truco digno de Houdini, parece que Apple pagó gran parte de los impuestos de sus beneficios en Europa en un lugar llamado Erehwon. En 2014 Facebook pagó solo 4.327 libras de impuestos en Reino Unido. No hay un Estado capaz de controlar a estos pulpos.

Y ahora llega la suprema ironía. No solo es que los conservadores como Theresa May quieran que el Estado tenga un papel más importante para salvar el capitalismo liberal de la ira que ha revelado el Brexit. Es que, para resolver los efectos transfronterizos del capitalismo liberal globalizado, va a hacer falta más cooperación internacional, justo cuando los nacionalistas populistas están empujando en la dirección opuesta. Para remediar las consecuencias imprevistas de la globalización no necesitamos menos internacionalismo liberal, sino más”.

 

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José ÁLVAREZ JUNCO, “Sobre la libertad” a El País (25-10-16)

http://elpais.com/elpais/2016/10/24/opinion/1477297842_636226.html

“No estamos ante un aniversario redondo de la publicación del libro On Liberty, de John Stuart Mill, ni de ninguna otra fecha significativa de la vida de este autor. Pero el momento es tan bueno como cualquier otro para evocarlo, porque en él expresó la esencia de la cultura liberal y hace pensar aún hoy tanto como cuando se escribió.

Su tesis fundamental es sencilla: que nuestra libertad individual debe ser protegida como algo sagrado frente a las intromisiones de los Gobiernos o del conjunto social. Nadie tiene derecho a inmiscuirse en nuestro espacio privado, impidiéndonos u obligándonos a actuar en cierto sentido, incluso si lo hace por nuestro bien o para procurarnos la felicidad. Nadie puede obligarnos a ser buenos. Los únicos límites lícitos a nuestra libertad son los que impiden que perjudiquemos o perturbemos la libertad de otros. Mientras nuestros actos no nos afecten más que a nosotros mismos, nadie tiene por qué imponernos ni prohibirnos nada. De este derecho básico a organizar y dirigir nuestra vida íntima se derivan las libertades de conciencia y expresión.

La defensa apasionada de estas libertades es el meollo del libro de Mill. En este terreno, todo límite es malo, incluso si quien lo impone disfruta de un apoyo social abrumador. Es dictatorial que la minoría imponga su opinión a la mayoría, pero también que esta no deje hablar a aquella. Porque cuando existen discrepantes, aunque sea uno solo, las posibilidades son dos: que tengan razón, al menos parcialmente, en cuyo caso la sociedad, al prohibirles expresarse, pierde una oportunidad de superar errores generalizados; o que no la tengan, en cuyo caso el debate servirá para revitalizar y fortalecer la opinión dominante. Porque no hay verdad más fuerte que aquella que es explicada y defendida cada día frente a sus adversarios.

La cuestión de fondo, sigue Mill, es que no existe una verdad absoluta, objetiva e indiscutible. Los individuos somos la única realidad social, el único fundamento de las verdades y los principios morales. Sólo a través de la diversidad y el contraste de opiniones entre nosotros vamos acordando ciertas verdades parciales y transitorias. E incluso sobre estas, nadie es infalible. Eso es lo que no aceptan quienes imponen su opinión a otros, que convierten su verdad, o su certeza, en verdades y certezas absolutas; es decir, que deciden una cuestión para los demás.

Durante siglos, los gobernantes españoles pensaron lo contrario. Y proscribieron la heterodoxia en pro de la concordia social, creyendo que la homogeneidad de creencias evitaba los conflictos. Sofocaron así la creatividad y fomentaron la sumisión, el temor, el conformismo del “doctores tiene la Santa Madre Iglesia que os sabrán responder”. El país se aisló y apenas aportó nada a los formidables avances intelectuales europeos de los siglos XVII a XIX. Mejores resultados alcanzaron otras sociedades con menor temor a los discrepantes.

Y no hablo sólo de un pasado muy remoto. En mi propia mente tengo viva la imagen de aquel cura de mi colegio clamando, a mediados de los años cincuenta: “Libertad, libertad. Mucho hablar de la libertad. Pero si la Iglesia también está a favor de la libertad… La defiende en China o Japón, para predicar allí el Evangelio. Libertad, sí. Pero libertad para difundir la verdad. Libertad para el error, no. ¿Cómo se puede poner al mismo nivel la verdad y el error?”.

En ese ambiente nos criamos. Nadie nos hizo leer a Stuart Mill (¡ay, lo que pudo ser Educación para la Ciudadanía! Pero para padres de familia). Y así de asilvestrados salimos. Permítanme otro recuerdo: California, durante la guerra de Vietnam, un mitin izquierdista donde tomó la palabra, imprevisiblemente, alguien que defendía la política de Nixon. Nuestro grupo europeo (latino, la verdad: italianos, franceses, españoles) empezó a abuchearle. Uno de los radicales estadounidenses, situado a mi lado, me decía que le dejáramos hablar: “Let him talk!”. Como era de los nuestros, creí que no entendía bien lo que aquel tipo defendía e intenté explicárselo: ¿Pero no ves que es un reaccionario? Y se limitó a repetirme, lento, serio, tajante: “Let-him-talk!”.

Esa tradición antiliberal sigue nutriendo la cultura política española. Una tradición que no basa la legitimidad en las voluntades individuales sino en la de un ente etéreo, referente de la verdad. Un ente de carácter divino en las viejas monarquías absolutas y que, desde Rousseau para acá, ha encarnado en una colectividad: la nación, el pueblo, el proletariado, la “gente”. Según la lógica rousseauniana, en efecto, si gobierna el pueblo, ¿en nombre de qué se le pueden poner límites?, ¿quién puede proteger al pueblo contra su propia voluntad?, ¿cómo podría el pueblo tiranizarse a sí mismo?

Pero todo Gobierno necesita límites. Ante todo, porque ese ente ideal que legitima sus decisiones es ilocalizable. Nadie podrá presentarnos nunca a Dios, a la nación o al pueblo, sino sólo a individuos que dicen hablar en su nombre. Esos pueden alcanzar el poder, pero mejor será que este esté dividido y limitado si queremos evitar los abusos que siempre ocurren cuando se concentra en unas únicas manos, libres de trabas. Y, desde luego, que protejamos las libertades individuales básicas frente a su violación por cualquier gobernante o mayoría social.

No sólo el terror jacobino durante la Revolución Francesa sino el leninismo, los fascismos y los populismos han puesto repetidamente de manifiesto los fallos de este planteamiento colectivista/esencialista sobre la legitimidad del poder. Hay demasiados ejemplos de gobernantes que, en nombre del pueblo, la nación o el proletariado, han tiranizado a gran parte de esos mismos colectivos. No haber puesto límites a su acción política ha sido desastroso.

En España, este antiliberalismo es común a la derecha y la izquierda. Muchos conservadores blasonan de liberales y, cuando tienen el poder, lo ejercen de manera autoritaria, sin aceptar límites y aplastando a sus oponentes. El orden público, la jerarquía social, los principios morales irrenunciables o la unidad de la patria les preocupan más que las libertades individuales. Su liberalismo se reduce a suprimir controles sobre las actividades económicas y privatizar los servicios públicos (para dárselos a sus amigos).

En cuanto a la izquierda radical, la semana pasada grupos de matones impidieron hablar en la Universidad Autónoma de Madrid a personajes que no eran de su gusto. Que ocurran cosas así, en principio, no es tan escandaloso; siempre habrá locos violentos. Pero sí lo es que les avalen personas que aspiran a gobernarnos, o a legislar en nuestro nombre. Es el caso del secretario general de Podemos, que ha descrito esos hechos como síntoma de la “buena salud política” de que disfruta la Universidad. Coincide con el cura de mi colegio: libertad para predicar, pero sólo la verdad. Lo contrario de lo que defendía Stuart Mill”.

 

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Manuel ARIAS MALDONADO, “Goodbye, Jefferson” a Revista de Libros (26-10-16)

http://www.revistadelibros.com/blogs/torre-de-marfil/goodbye-jefferson?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl20161026

«El mundo de la democracia representativa se está acabando», acaba de decir Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid y, por tanto, ella misma representante política. Sus palabras reflejan un punto de vista hoy extendido. Hablamos de una sensación crepuscular, que unos ven con preocupación y otros reciben con esperanza: la esperanza de que una verdadera democracia pueda al fin constituirse y la preocupación ante la indefinición de las alternativas. A estas alturas, somos ya ilustrados sin ilusiones, razón por la cual los estados de ánimo crepusculares no deberían impresionarnos: no dejan de ser mecanismos de renovación periódica de los impulsos civilizatorios. Sin embargo, que el siglo de las ideologías de masas no nos haya vacunado del todo contra los anhelos de transformación radical –conspicuos desde el estallido de la crisis– no deja de ser preocupante. También hay ocasos que anuncian noches oscuras, como el colapso de las democracias liberales en la primera mitad del pasado siglo viene a recordarnos.

Pero, precisamente, no estamos donde estábamos. En consecuencia, no podemos hablar sobre la democracia como si su larga historia no hubiera dejado ya lecciones hoy parcialmente aplicables. Y digo parcialmente, porque también es necesario considerar las transformaciones sociales a que suelen aludir –no se sabe si por convicción o conveniencia– los críticos de la democracia representativa: globalización, digitalización, heterogeneización. De acuerdo con ello, lo que la alcaldesa quiere decir es que el mundo social que sostenía la práctica de la democracia representativa está desapareciendo. Es una tesis atractiva, que ejerce una considerable fascinación entre los crepusculares de todos los partidos, pero, irónicamente, parece empujar en la dirección opuesta a la apuntada por Carmena: hacia un reforzamiento de la democracia representativa y no a su desaparición. Ya que, por decirlo en pocas palabras, una sociedad compleja sólo puede organizarse democráticamente a través del mecanismo representativo. O, mejor dicho, sólo así puede gobernarse democrática y eficazmente.

Este último matiz es importante, por dos razones antagónicas. Por una parte, el declive de la democracia representativa no tiene por qué desembocar en una comunidad deliberativa que profundice en las esencias de la democracia, sino que bien puede significar lo contrario: la proliferación de regímenes iliberales de tintes plebiscitarios, donde el imperio de la ley pasa a un segundo plano y el gobierno adopta formas autoritarias. Véanse Hungría, Filipinas, Venezuela. O, por supuesto, los modelos no democráticos basados en un hombre –o partido– fuerte: de China a Rusia. ¡Ante la complejidad, mano dura! Por otra, sería posible organizar una democracia de referendos donde el ideal del autogobierno se llevase hasta las últimas consecuencias, acaso con ayuda de las nuevas tecnologías de la información a la hora de facilitar un voto frecuente y directo. Sin embargo, basta echar un vistazo a los más recientes referendos para percatarse de que su empleo generalizado conduciría a un rápido deterioro de las sociedades correspondientes: soberanas pero impotentes, participativas pero polarizadas, decisorias pero cortoplacistas. ¿O es que mejoraría la política económica y monetaria si las competencias de que ahora disfrutan ministros y banqueros centrales fueran asignadas a la «voluntad general» del pueblo soberano? Y ya sabemos lo que sucede cuando una democracia se deteriora socioeconómicamente: deja de ser una democracia.

Se ha dicho que los referendos, a pesar de los pesares, no deben ser vistos con tan malos ojos. Pero el impacto del Brexit sobre la teoría de la democracia está todavía por producirse: hablamos, como ya se ha explicado aquí, de un proceso político que muestra a las claras la dramática diferencia que media entre la teoría y la práctica. Igual que, por cierto, sucede con el famoso revocatorio venezolano: quienes suelen defender esta peculiar herramienta parecen aceptarla únicamente cuando el revocable es un adversario y no uno de los nuestros. ¡Como si Maquiavelo no hubiera existido! Recordemos que la campaña del Brexit estuvo llena de mentiras y el juicio de los expertos fue considerado inválido por razones más emocionales que racionales. Hay quien alega que la desinformación del electorado está también presente en las elecciones representativas y, por tanto, no es tan grave que el votante en referéndum no sepa demasiado sobre los asuntos en juego. Pero hay una diferencia capital entre una votación y otra: en las elecciones representativas, el ciudadano elige a quién decide, mientras que en un referéndum decide por sí mismo. De ahí que el conocimiento sobre lo que se vota sea imprescindible en el segundo caso y dañino, pero no letal, en el primero. Y ello, dejando al margen la imposibilidad de consultar directamente reformas dolorosas, dado lo improbable que sería su aprobación. Esta es también la razón de que el mandato imperativo, otra tradicional reivindicación de los críticos de la democracia liberal, sea impracticable.

Dicho esto, el malestar con la democracia representativa la ha acompañado siempre: su actual crisis sólo expresa un momento más en la larga insatisfacción con ella. Giovanni Sartori lo explica por razón del influjo que –en esto como en todo– ejerce sobre nuestro ánimo un ideal que tiene mucho de utópico: «En ningún caso la democracia tal y como es (definida de modo descriptivo) coincide, ni coincidirá jamás, con la democracia tal y como quisiésemos que fuera (definida de modo prescriptivo)». ¡Melancolía del perfeccionista! El propio Sartori explica con mucho tino las razones que explican la articulación representativa de la democracia moderna, entre ellas la necesidad de que la regla de la mayoría –que regía la toma de decisiones de las órdenes medievales– sustituya a la unanimidad ateniense como criterio de decisión, a fin de que el gobierno sea compatible con el mantenimiento del orden en sociedades fracturadas por un número creciente de brechas y diferencias. A ello hay que sumar, como ha resaltado Robert Dahl, la cuestión elemental pero decisiva de la escala: la configuración de la democracia no es indiferente al tamaño ni a la complejidad social, sino todo lo contrario.

Recordemos que la ciudad-Estado –griega, sí, pero también medieval o renacentista– deja paso a un Estado-nación cuya escala dificulta cualquier proyecto asambleario. A su vez, la erosión de la soberanía nacional en nuestros días, causada por el impacto de la globalización y la digitalización, plantea nuevos desafíos a la democracia: la fragmentación multicultural del demos y la complejidad social alejan todavía más la identificación de gobernantes y gobernados, demandando, en cambio, la creación de unidades transnacionales que comparten soberanía para ganar control sobre problemas complejos. De ahí que Thomas Jefferson, uno de los padres de la Constitución norteamericana, pudiera escribir, en una carta a John Taylor fechada en 1816 que un gobierno asambleario

se encuentra evidentemente restringido a límites de espacio y población muy estrechos. Dudo que sea practicable más allá de las dimensiones de un municipio de Nueva Inglaterra.

Para el propio Dahl, como es sabido, la consiguiente necesidad de organizar el proceso democrático a partir del principio representativo dificulta el pleno desarrollo de la dimensión del autogobierno, coexistiendo, de hecho, con la tecnocratización creciente de las decisiones políticas debida a la creciente complejidad social. Por eso él hablaba de «poliarquía» y no de democracia, describiendo con ello un régimen dotado de autoridades elegidas por sufragio, elecciones libres y justas, sufragio inclusivo, derecho a ser candidato, libertad de expresión y asociación, así como el derecho a una información plural. Dicho esto, la democracia representativa ha ido admitiendo nuevas formas de participación popular, como la expresión de demandas a través de los movimientos sociales, las campañas digitales y otras formas de expresión política no institucionalizadas. Las democracias contemporáneas combinan así un proceso político formal sobre el que influye de manera permanente un proceso paralelo e informal cuyo escenario principal es la esfera pública. La dificultad estriba precisamente en conectar los procesos comunicativos informales que implican cotidianamente a millones de actores –pensemos en las redes sociales– con la esfera política estatal. Esa conexión, sencillamente, no puede formalizarse. ¡Lo que no quiere decir que no exista!

Pero volvamos ahora a la paradoja enunciada anteriormente, es decir, a la idea de que los cambios sociales que a juicio de muchos comentaristas están provocando la crisis de la democracia representativa demandan, en realidad, más, y no menos, democracia representativa. Preguntada por las alternativas a esta última, Manuela Carmena se refirió a la necesidad de hacer consultas frecuentes a los ciudadanos en el ámbito local, sobre la en apariencia liberal premisa de que «el camino va por el empoderamiento personal, por el poder del individuo». Claro que el mismísimo Joan Tardà ha hablado en términos parecidos en una entrevista reciente para justificar la necesidad de celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Quiere decirse entonces que el «poder del individuo» al que alude Carmena no es exactamente el concebido por los viejos ilustrados anglosajones, sino que se acercaría más a la ilustración radical e igualitaria de raigambre francesa. Es un poder entendido como capacidad de decisión directa de los ciudadanos, traducido en más y más frecuentes consultas en forma de referéndum.

Pero, ¿tiene esto sentido en una sociedad cada vez más global, más heterogénea, más fragmentada? ¿Podemos aspirar en estas condiciones a construir algo parecido a una voluntad general compuesta a partir de los poderes individuales? Si el camino es «el poder del individuo» y la razón para afirmarlo es la revolución digital, habría que recordar que el «empoderamiento personal» al que se refiere Carmena es ni más ni menos que el núcleo del proyecto ilustrado, en contraste con el «poder del pueblo» de la tradición rousseauniana –más romántica que ilustrada–, que luego asumirá el marxismo y luce en nuestros tiempos en los programas nacionalistas y populistas. De manera que convendría precisar si el proclamado fin de la democracia representativa está relacionado con el poder del individuo o el poder de la multitud, que es la figura neomarxista, teorizada por Antonio Negri, que sirve para refutar el modelo liberal so pretexto de «superarla». Huelga decir que el programa emancipatorio de la ilustración, inicialmente plasmado sobre todo en la protección de la libertad individual ante los abusos del poder, incorpora paulatinamente una dimensión igualitaria: por el solo efecto del enriquecimiento de las sociedades, primero, y como objetivo explícito de las políticas redistributivas socialdemócratas, después.

En realidad, bajo la especie de que el poder debe ser devuelto de las elites a los individuos a través de formas directas de democracia está vendiéndose no un imposible, sino varios: que las decisiones resultantes serán más eficaces y justas, que podrá establecerse la identidad entre gobernantes y gobernados, que podemos acabar con la representación y arrojarla al basurero de las instituciones políticas, que suturaremos así la brecha trágica entre libertad individual y orden colectivo. Pero no es así, por las razones ya señaladas y alguna más que no cabe en esta entrada. El diseño del orden liberal no es caprichoso: responde a un aprendizaje histórico, a una adaptación gradual a circunstancias sociales cambiantes, a una fina observación antropológica. Si las democracias han desarrollado más la dimensión oligárquica que la democrática, se debe a su vez al exitoso incremento de la complejidad social: que un pequeño parlamento regional se levante en armas contra un tratado de libre comercio europeo es una invitación al neomedievalismo. ¿Y qué decir de las pulsiones identitarias colectivas?

Volviendo al tema inicial: la revolución digital no se produce a pesar de las instituciones liberales, sino gracias a ellas. Sin seguridad jurídica, derechos de propiedad, imperio de la ley, derechos cívicos y políticos, etc., no habrían surgido las tecnologías que la hacen posible, ni el tipo de colaboracionismo digital –del sharing a las campañas virales, del llamado periodismo ciudadano al consumo colaborativo– que a ojos de muchos convierten nuestras democracias representativas en monstruos de obsolescencia. Pero ese colaboracionismo digital constituye menos una razón para crear democracias directas o fomentar el uso del referéndum que un recordatorio de la vitalidad de la sociedad civil en los regímenes liberales donde –hará falta recordarlo– el ciudadano no dedica su vida a la asamblea, sino a su proyecto de vida personal. Está bien que para algunos ese proyecto de vida sea el activismo político; sin embargo, eso no es razón suficiente para diseñar el sistema político a su medida. Parece mucho más razonable mejorar el funcionamiento de las democracias representativas, cuyo principal punto ciego es la desinformación de los públicos de masas, antes que abrazar el utopismo refrendatario.

Que la toma directa de decisiones colectivas sea desaconsejable en líneas generales no significa que estemos privados del poder de decidir. No sólo elegimos a quién decide, sino que tomamos de manera constante decisiones sobre cómo, dónde y con quién vivir nuestras vidas; no es poco, aunque poco nos parezca. Dejemos, pues, que el colaboracionismo digital florezca en la sociedad civil y ejerza su influencia sobre el poder político; no extraigamos de ahí consecuencias precipitadas sobre el declive de una forma de concebir la democracia cuyas alternativas conocidas son el totalitarismo, el autoritarismo y –ahora de moda– el iliberalismo. No es que la democracia representativa no admita mejoras ni cambios: al contrario, los requiere. Pero, a estas alturas, somos ya ilustrados sin optimismo: no nos comportemos como principiantes”.

 

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Kemal DERVIS, “Una alianza política progresista para Europa” a eldiario.es (3-10-16)

http://www.eldiario.es/zonacritica/alianza-politica-progresista-Europa_6_571902843.html

“En menos de tres semanas sabremos quién asumirá la presidencia de Estados Unidos a partir de enero. La clase de socio que esa persona encuentre en Europa dependerá en gran medida del resultado de dos elecciones en 2017: la elección presidencial francesa a principios de mayo y la elección federal alemana a finales de octubre.

Por supuesto, la salida del Reino Unido de la Unión Europea también influirá en la forma futura de Europa. La opción de Brexit “duro”, de la que mucho se habló estos últimos tiempos (sobre todo desde que la primera ministra británica Theresa May anunció su intención de insistir en la imposición de límites a la inmigración, aunque implique perder el acceso al mercado común europeo), cambiaría el modo en que funciona Europa.

Como escribió hace poco el primer ministro francés Manuel Valls, la gran disyuntiva a la que se enfrenta la dirigencia europea es entre “desistir y dejar el proyecto europeo abandonado a una muerte lenta pero segura” o “transformar la UE”. Semejante transformación no será hazaña menor; demandará no sólo una nueva visión institucional para Europa, sino también una reestructuración política a gran escala, particularmente en Francia y Alemania.

Una visión institucional viable, que describí mucho antes del referendo por el Brexit, es establecer “ dos Europas en una”, de modo que los países de la Eurozona formarían una “Europa A” más profundamente integrada, y otro grupo de países formaría una “Europa B”, más diversa y menos conectada. Ambas Europas estarían estrechamente vinculadas, con cierta variación en los mecanismos de participación para los miembros de Europa B. Juntas, las dos Europas serían parte de una “ alianza continental” post-Brexit que en algún momento incluso podría reemplazar a la UE.

Es una visión un tanto radical, que sólo será factible si hay fuerzas políticas dispuestas a adoptarla, particularmente en Francia y Alemania. La dirigencia política de cada país deberá dejarse guiar (e incluso movilizar) por el objetivo de salvar a “Europa”. En concreto, eso implica seguir una política económica que equilibre el libre mercado y la solidaridad social, con margen sustancial para la diversidad local.

Tanto en Francia como en Alemania, esta dinámica política dependería de una alianza de fuerzas proeuropeas de centroderecha y centroizquierda que sea capaz de superar y a la larga disipar a los elementos más extremistas de cada campo y asegurar así que las tendencias políticas antieuropeístas no puedan obstaculizar el progreso. Para dar un ejemplo concreto (y provocador) de cómo podría ser semejante realineamiento en Francia: un presidente de centroderecha como Alain Juppé podría cooperar con un primer ministro como Emmanuel Macron mientras este intenta generar un movimiento juvenil de centroizquierda que “trascienda el pasado”.

En cuanto a Alemania, la centroderechista Unión Demócrata Cristiana (CDU) es, en su conjunto, insuficientemente proeuropea. Internamente está limitada por un ala conservadora definida por ideas que no son compatibles con el progreso de Europa a largo plazo. Externamente, por la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), que últimamente creció en popularidad.

En este contexto, incluso si la CDU de la canciller Angela Merkel obtiene la mayoría de los votos el año entrante, necesitará ayuda para construir una nueva Europa, con más responsabilidades conjuntas para los países de Europa A y mecanismos de participación flexibles para los países de Europa B. En concreto, los elementos proeuropeos de la CDU deberán colaborar con aliados de la izquierda, a saber, la mayor parte de los socialdemócratas y los verdes.

Una coalición informal de este tipo ayudó muchas veces a que los proyectos pro Merkel consiguieran apoyo en el parlamento a pesar de la oposición de los elementos derechistas de la CDU, pero para salvar a Europa deberá profundizarse y hacerse más confiable, con una agenda compartida dominada por objetivos comunes.

El imperativo de un realineamiento de fuerzas políticas no es exclusivo de Francia y Alemania. Hay amplia necesidad de que los reformistas y los globalizadores realistas unan fuerzas para hacer frente a los movimientos populistas que tratan de convertir la nostalgia en nacionalismo extremo, casi sin otra base que la política identitaria.

El mundo cambió mucho estas últimas décadas, y Europa no es la excepción. No podemos esperar que los viejos alineamientos respondan adecuadamente a las necesidades de definición de políticas o la dinámica política de la actualidad. Basta pensar en lo difícil que le está siendo a España hallar una nueva mayoría, en un proceso de dos años que todavía no terminó.

En este contexto, un reacomodamiento político es casi inevitable; los cambios de partido y los conflictos que caracterizaron esta elección presidencial estadounidense son buen ejemplo. Pero ese reacomodamiento puede llevar a diversos resultados. Para garantizar un futuro positivo, abierto y próspero para Europa, es crucial el triunfo de fuerzas que reconozcan los inmensos beneficios de las sociedades política y económicamente abiertas, así como la necesidad de políticas públicas nacionales e internacionales que promuevan una mayor inclusión.

Pero incluso si las fuerzas progresistas de centroderecha y centroizquierda consiguen superar a sus contrincantes reaccionarios, no será suficiente. La estructura política tradicional siempre corre riesgo de ser capturada o desplazada por el populismo identitario. Por eso los grupos políticos progresistas deben superar sus diferencias en forma más estructural para promover una nueva visión institucional de Europa.

Esta profunda reestructuración política para crear nuevas mayorías progresistas será difícil y no se dará de un día para el otro. Pero es la única opción para Europa. Sin ella, “Europa” morirá, y el asalto a la apertura económica y a los valores democráticos seguirá cobrando fuerza en todo el mundo, con consecuencias potencialmente devastadoras”.

 

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Pau MARÍ-KLOSE, “Gobernación contra representación” a eldiario.es (27-10-16)

http://www.eldiario.es/zonacritica/Gobernacion-representacion_6_574002615.html

“Con la llegada de la gestora al PSOE, se propagó la idea de que el partido estaba experimentando una deriva a la que era imperativo poner freno: la llamaron “podemización”. La podemización amenazaba supuestamente reglas de funcionamiento tradicional del PSOE, que garantizaban que se obrara de manera responsable, y no se sucumbiera al criterio voluble, poco formado e informado expresado por la militancia en consultas. Los órganos del partido reclamaban su condición de “representantes”, y como tales de intérpretes (cualificados y legitimados) del interés genuino de la militancia.

En principio, hay poco que objetar a este planteamiento normativo. En consonancia con las perspectivas de la teoría política liberal clásica, los representantes deben gozar de un margen amplio de maniobra para representar. No son delegados de sus electores. Al elegirlos, la militancia se pone en manos de un agente al que atribuye capacidad de discernir qué conviene hacer en cada momento, bajo circunstancias que van cambiando, y que no pueden anticiparse en el momento de realizar la elección. Le otorgan un “voto de confianza”.

Pero eso no significa que le estén concediendo “carta blanca”. Salvo en concepciones muy restrictivas de la representación democrática, los políticos deben mostrar cierto grado de responsividad, sobre todo en cuestiones centrales. La calidad de los procesos democráticos depende de que los políticos honren, hasta cierto punto, promesas hechas, contenidas en documentos programáticos y exhibidas en declaraciones públicas, y muestren sensibilidad a la evolución de preferencias de la ciudadanía en general, y en particular, las de sus militantes. Si no pueden hacerlo, o ante nuevas circunstancias y nueva información creen que no deben hacerlo en interés de sus representados, es su obligación explicarlo bien y, quizás incluso, someter su cambio de criterio a consulta.

La decisión que tomó el pasado domingo el Comité Federal ha sido poco explicada. Las razones para la abstención han sido presentadas en forma de cápsulas argumentales ideadas probablemente por algún consultor político más versado en el noble arte de la poesía que en la esforzada disciplina del análisis politológico (“la abstención no es apoyo”, “el gobierno del Parlamento”, “destruir la obra de Rajoy”, “poner al PP ante un desfiladero infernal”, “crujirlo vivo”).

Desde un punto de vista técnico, no resisten un examen mínimamente riguroso. El PSOE tendrá una capacidad bastante limitada de imponer sus criterios a un Gobierno del PP por muchas razones. Para promover sus preferencias se enfrentará a las mismas dificultades para construir una coalición trasversal que dé apoyo a sus iniciativas que las que tuvo Pedro Sánchez para lograr su investidura. Esas dificultades se agravaran por el hecho de que el PP y Ciudadanos tienen un pacto suscrito que, hasta nueva orden, Ciudadanos parece dispuesto a honrar, y por tanto limita su predisposición a sumarse a alianzas con Podemos y PSOE para “destruir la obra de Rajoy”.

Por si eso fuera poco, el artículo 134.6 de la Constitución otorga al Gobierno la facultad de rechazar cualquier proposición de Ley que comporte un aumento de gasto o disminución de los ingresos previstos en los Presupuestos del Estado. Pero incluso haciendo volar la imaginación, planteando un escenario difícilmente concebible en que el PSOE logre formar mayorías para colocar al PP en un “desfiladero infernal”, el PP podría convocar elecciones a partir de mayo, echando en cara al PSOE su actividad destructiva en los meses anteriores. Se trata de un factor disuasorio poderosísimo, que con toda probabilidad domesticará a un PSOE inmerso en un lento y trabajoso proceso de reconstrucción (sobre “el solar” que ha quedado).

Al Comité Federal y a la Gestora tampoco se les ha pasado por la cabeza convocar una consulta para refrendar el cambio de rumbo respecto a promesas hechas a la militancia y al electorado. La posibilidad de hacerlo les ha parecido incluso descabellada. Esa desconsideración no se la permitió ni siquiera Felipe González cuando, en 1982, recién llegado al poder, cambió de criterio respecto a la OTAN, y sometió a consulta su nueva posición, empeñando un enorme esfuerzo personal en persuadir a militantes y votantes de la conveniencia de ese cambio.

Como señaló Josep Borrell a la salida del Comité Federal, consultar a la militancia en este tipo de circunstancias, ya sea ex ante o ex post, no es una anomalía que evidencie una podemización del partido. Lo hizo el SPD tras decidir sus órganos entrar en un gobierno de coalición con la CDU de Merkel en 2013. Y tuvo que asumir, tras el referéndum saldado con un amplio respaldo, que todavía veintitrés diputados votaran en contra en el Parlamento.

Lejos de eso los órganos de representación del PSOE no solo han decidido negar la voz a los militantes, sino que actúan contra muchas señales que evidenciaban sus preferencias. A lo largo de toda España se han venido celebrando asambleas locales, donde las agrupaciones han expresado aparentemente de manera muy mayoritaria el rechazo a que su partido permitiera la investidura de Rajoy. Desde Ferraz se ha mirado con hostilidad e incluso se han ridiculizado los intentos de militantes de recoger firmas para pedir un Congreso extraordinario inmediato. El Congreso que la gestora debe organizar, según los estatutos del partido, ha sido aplazado sine die, en un claro intento de alargar la pista de despegue de un posible candidato/a alternativo a la Secretaría General, así como de disociar su elección del proceso de evaluación de los actos ejecutados por algún/a “candidatable” en el último mes.

Tendencia a alejarse de los militantes y simpatizantes

Todo sugiere que lo que hemos vivido en el PSOE en estas últimas semanas se inscribe en una tendencia más general de la política convencional a alejarse de militantes y simpatizantes que pretende representar. Como señala el politólogo Peter Mair en Gobernando el vacío, en la política contemporánea los partidos se han desplazado a lo largo de un continuum, desde una posición en la que se podían definir como actores sociales –como sucedía en los modelos clásicos de partidos– hacia otra en la que se conciben mejor como actores estatales.

En este nuevo contexto, los partidos tienden a considerarse a sí mismos organizaciones autosuficientes y especializadas, dispuestas a escuchar a todos los actores en general, pero evitando dependencias formales con bases sociales definidas. La organización del partido en sentido amplio –sus anclajes sociales al margen de las instituciones políticas– se desdibuja para los dirigentes. Lo que permanece es una “clase gobernante”, un grupo de profesionales y especialistas que se mueven con soltura dentro de un entramado de actores que intervienen en la gobernación: otros partidos de gobierno, instancias y organismos internacionales, elites burocráticas, expertos, etc.

En este contexto, los antiguos privilegios de la pertenencia a los partidos también tienden a desaparecer a medida que los dirigentes miran a la opinión pública por encima de su propia militancia. La voz de la ciudadanía amorfa, transmutada en forma de distribución de frecuencias de las respuestas de un sondeo, parece tener para los partidos más importancia que la que expresan los miembros activos del propio partido en asambleas locales, y los criterios externos de ciertos organismos e instancias que intervienen en la gobernación más que la de los delegados a los Congresos.

La clase dirigente se ha convertido en una elite que vive “dentro de la campana”. Su hábitat natural son despachos desde los que se gobierna el partido (en el sentido de administrarlo, imponer orden y preparar la maquinaria para ganar elecciones y gobernar) y, en todo caso, se persiguen “intereses generales”, pero se representa poco o nada a personas con sentimientos y afiliaciones partidistas. La destinataria de sus mensajes y estrategias de seducción es una ciudadanía pasiva y privatizada de potenciales votantes, que asiste a un espectáculo en el que no participa o lo hace de manera extremadamente protocolizada.

Como hemos visto en las últimas semanas, la invocación a la “ética de la responsabilidad” sirve como coartada para aplastar el mundo de las convicciones, las lealtades y los compromisos, tachados como una manifestación irracional de la política, que distorsiona cuando no torpedea el logro de grandes objetivos compartidos (objetivos “de Estado”). Mediante este desplazamiento (cartelización), los partidos “de Estado”, los partidos que gobiernan pero no representan, abren un nicho para partidos antiestablishment, que a diferencia de los primeros ofrecen cauces poderosos a la representación, aunque sea a costa de aplazar sine die intervenir en la gobernación (cuando no propugnan renunciar completamente a esa intervención, por considerarla impura y tóxica).

En su Comité Federal, el PSOE ha confirmado definitivamente que España entra en un nuevo ciclo político donde se abre un precipicio entre los partidos de la gobernación y los de la representación. Y el PSOE ha optado por situarse incondicionalmente al lado de los primeros, asumiendo (quizás ciegamente) los costes que ello comporta. Aceptemos con ellos, en efecto, que “la fantasía abandonada de la razón produce monstruos”. Pero recordemos también que ‘unida con ella es madre de las artes y origen de las maravillas’”.