Presentació

Aquesta setmana hem seleccionat dos articles que tracten de ple la qüestió central de com fer viable l’Estat del Benestar en el context de la globalització. Manuel Arias Maldonado interpreta que la clau del malestar social que sacseja les nostres societats rau en la ruptura del pacte intergeneracional en perjudici de les generacions més joves i considera imprescindible una reforma de l’Estat del Benestar per recuperar un equilibri social entre generacions. Antonio Cabrales veu en la confiança social un factor essencial per fer possible les reformes que possibilitin el creixement i, en conseqüència, pensa que la condició prèvia a les reformes econòmiques i socials és la regeneració democràtica que elimini l’ombra de la corrupció.

Sobre la situació política espanyola, Ignacio Varela analitza les perspectives electorals de les diferents forces polítiques, en la hipòtesi cada cop més probable d’una nova convocatòria electoral.

La dinàmica política espanyola dels darrers mesos ha desviat el focus d’atenció del panorama polític català, en el que el procés d’independència exprés sembla haver entrat en un carreró sense sortida. Lluís Bassets planteja un interessant trilema entre autogovern, identitat i democràcia per pensar sortides de l’atzucac més adaptades a la complexitat de la societat catalana. Des d’una perspectiva similar, Césareo Rodríguez-Aguilera de Prat reflexiona sobre com podria ser un referèndum útil per desbloquejar la situació, a la vegada que rebat les opinions que el consideren antidemocràtic.


Manuel ARIAS MALDONADO, “Las guerra edípicas” a Revista de Libros (13-04-16)

http://www.revistadelibros.com/blogs/torre-de-marfil/las-guerras-edipicas?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl20160413

“¿Hay algo más hermoso que ser joven y protestar contra una causa injusta? Seguramente, no. De ahí que las calles francesas se hayan llenado de estudiantes que hacen guardia con objeto de impedir la reforma laboral auspiciada por el presidente socialista François Hollande. Se trata de una pieza legislativa inspirada en la última reforma española, a la que los jóvenes franceses, cuyo movimiento ha suscitado comparaciones con nuestro 15-M, se oponen fervorosamente por la pérdida de derechos sociales que traería consigo su aprobación. Thomas Piketty les ha dado la razón, si bien el reciente premio Nobel de Economía, Jean Tirole, experto en regulación laboral, ha defendido lo contrario: que la reducción de la indemnización por despido habría de aumentar las contrataciones indefinidas, que ahora son apenas el 10% de las nuevos contratos. De ahí que The Economist haya subrayado la triste ironía de que se opongan a la reforma quienes más se beneficiarían de ella: los jóvenes outsiders de un mercado de trabajo dual que premia, en cambio, a los mayores que ya forman parte del mismo. Desde este punto de vista, la protesta sería igualmente emocionante, pero más bien desatinada.

Pero las movilizaciones francesa y española no son las únicas que han tenido a los jóvenes como protagonistas. Estos protestaron en Israel por el elevado precio de la vivienda y componen el grueso del apoyo al septuagenario Bernie Sanders en el proceso de primarias del Partido Democrático norteamericano (en un caso que guarda semejanzas indudables con el liderazgo de Jeremy Corbyn al frente de los laboristas británicos). Se diría que, como ha apuntado el historiador Harold James, vivimos las primeras escaramuzas de una guerra global entre generaciones que reemplaza a la vieja guerra de clases. Es una contienda peculiar:

La guerra se libra principalmente en las urnas –la gente mayor gana elecciones, mientras que la gente joven se queda en casa– y el botín está en el presupuesto nacional, en los equilibrios entre gasto educativo, en las pensiones, la sanidad y los regímenes fiscales. Debido a este impacto, el pacto intergeneracional que durante mucho tiempo ha apuntalado la estabilidad social y política se ha roto’.

La referencia a la participación electoral tiene consecuencias que van más allá de las elecciones ordinarias: la masiva preferencia de los jóvenes británicos por la permanencia en la Unión Europea puede verse frustrada ante el euroescepticismo de los mayores si aquéllos no acuden a votar en alto número en el referéndum de junio. En Alemania, los jóvenes son favorables a la Willkommenskultur defendida por la canciller Angela Merkel como solución para la crisis de los refugiados en una proporción mucho mayor que sus padres y abuelos. Richard Precht y Harald Welzer, prominentes intelectuales nacionales, han lamentado que la actual vida política europea esté lamentablemente marcada por el predominio demográfico de una población envejecida que padece un miedo atroz a los cambios.

Sucede que los propios jóvenes europeos no parecen ser conscientes de que esa es justamente la guerra que están librando. Tal como muestra el caso francés, el joven libra una batalla imaginaria contra enemigos en gran medida imaginarios: el capitalismo, el neoliberalismo, la casta, los banqueros, los ricos. Eso no quiere decir que estos fenómenos y actores carezcan de importancia a la hora de explicar algunas de las deficiencias que aquejan a nuestros sistemas sociales; pero mucho más decisiva es la colonización del futuro emprendida por quienes hoy se hacen fuertes en sus puestos de trabajo y, sobre todo, disfrutan de prolongadas jubilaciones y aún más prolongadas prejubilaciones. ¡Además del descuento de Renfe! En la apasionante conversación que mantuvieron en 2006 Boris Groys y Vittorio Hösle bajo los auspicios de la Escuela Superior de Diseño de Karlsruhe, el segundo subraya el problema que el actual desequilibrio generacional plantea para cualquier idea viable de justicia:

‘No se trata de que mantengamos en pie un Estado social que permita a la gente jubilarse con sesenta y cinco años o incluso antes, aunque la esperanza de vida haya aumentado enormemente en los últimos decenios y la gente joven tenga que pagar por ello impuestos sociales muy altos, lo que conduce a que no puedan ser contratados y consigan su primer puesto de trabajo fijo a los cuarenta y cinco. Eso no es justo’ (1)

Porque, ciertamente, las elevadas cotizaciones sociales que dificultan la contratación en la medida en que encarecen el despido –al menos mientras no pueda obligarse directamente a nadie a contratar contra su voluntad– operan de facto como impuestos sobre los jóvenes. A lo que habría que añadir el elevado endeudamiento estatal, en parte dirigido a sufragar pensiones y financiar el sistema de salud. Esos jóvenes, sin embargo, no parecen reparar en el expolio así padecido, acaso por abrazar totalidades –sociedad, pueblo, capitalismo– que velan los detalles de una realidad algo más prosaica que combina amplios beneficios sociales con un imparable envejecimiento de la población. Por eso llegan a salir a la calle contra las propuestas de retraso de la edad de jubilación, pensando ingenuamente que tardarán con ello un poco más en «ocupar» el puesto de trabajo abandonado por el futuro pensionista. Por el contrario, la ira se dirige contra el Estado que actúa insensiblemente o el mezquino empresariado, por no hablar del sistema capitalista en su conjunto; rara vez, en cambio, contra los desproporcionados beneficios disfrutados por las clases medias europeas después de su jubilación. He ahí un caso de falsa conciencia que sirve a la clase dominante –los mayores– para perpetuar su dominio.

Se plantea aquí, para empezar, un problema afectivo que dificulta cualquier toma de conciencia colectiva capaz de redirigir la protesta en una dirección más eficaz. Y es que rebelarse contra el sesgo generacional de las políticas estatales –alimentadas por los electorados durante décadas– supone rebelarse contra los propios padres y abuelos: son ellos quienes sufrirían las consecuencias del reequilibrio generacional de aquellas. ¿Cómo ver en ellos al enemigo, si comemos en su casa los domingos? Naturalmente, ese reequilibrio no tendría por qué ser injusto, ni aquellas consecuencias demasiado dolorosas. Pero mejor si se dispone de una explicación alternativa que pueda evitar ese daño y procure, en cambio, a todas las demás el espejismo de una posible universalización de los beneficios disfrutados por esas cohortes generacionales. Esta falsa solución es así preferida, creándose la ilusión de una unidad intergeneracional de intereses allí donde no hay sino el conflicto entre jóvenes y mayores por los recursos monopolizados por estos últimos. En décadas precedentes, singularmente en los años sesenta y setenta del siglo pasado, la ruptura entre padres e hijos fue un hecho repetido en muchas sociedades: bien debido a la presión libertaria ejercida por la cultura juvenil dentro de la sociedad tradicional de posguerra, bien a causa de una línea divisoria política irreconciliable del tipo alemán o español. Ahora, en cambio, mientras los jóvenes permanezcan ciegos a las causas –de orden casi estamental– de su desventaja relativa, esa ruptura no se producirá, y sus energías negativas serán reorientadas hacia un enemigo común a padres e hijos, ya que tampoco los mayores son conscientes de que los beneficios estatales de que vienen disfrutando causan un considerable daño a las oportunidades vitales de sus descendientes.

Análogamente, no han surgido partidos políticos capaces de ejercer la portavocía de ese agravio intergeneracional y de reclamar la mencionada reorganización de las políticas públicas. Es verdad que hay partidos nuevos que reciben un apoyo masivo de los jóvenes, como sucede en España con Podemos y Ciudadanos, frente a la fidelidad que sus mayores muestran hacia los partidos más consolidados. Pero sólo durante el 15-M pudo oírse, y aun débilmente, la voz de la protesta generacional. Es llamativo que Podemos, por razones ideológicas o puramente electorales, haya renunciado a convertirse explícitamente en el partido de la injusticia intergeneracional. Son razones ideológicas las que apuntan a la preferencia por las explicaciones totalizadoras, que desembocan en la propuesta de expandir los actuales derechos sociales hasta que todos puedan disfrutarlos por igual. Son razones electorales las que atienden al obstinado hecho de que el voto joven es menos abundante y más difícil de movilizar que el de los mayores.

Esto último implica que quien desee llegar al poder no puede hacerlo con el apoyo único del voto juvenil y debe apelar al electorado en su conjunto, con la consiguiente disolución programática del problema intergeneracional: se apela por igual al pensionista y al becario. Seguramente un partido que no hiciera tal cosa habría de renunciar desde el principio a la posibilidad de dirigir el gobierno de su país. Pero si se limitara a dar visibilidad en la esfera pública a los intereses de los jóvenes, influyendo con ello sobre el conjunto de la conversación pública, estaría ya rindiendo un beneficio considerable al proceso político de las sociedades tardomodernas. Más aún, un partido de estas características no tendría por qué permanecer indefinidamente en la oposición, ahora que el pluralismo de los electorados nacionales se ha visto fragmentado y los gobiernos de coalición están llamados a convertirse en norma antes que excepción. En cualquiera de los casos, los jóvenes no han tomado conciencia colectiva porque nadie se ha dirigido a ellos como tales, describiéndoles abiertamente su situación en términos de injusticia intergeneracional: esa frase permanece inédita en campaña. En lugar de llamar la atención sobre el sesgo generacional de las políticas públicas, que produce sesgos generacionales en el mercado de trabajo, los jóvenes se rebelan así contra las iniciativas gubernamentales que podrían serles de ayuda, convirtiéndose, de hecho, en un factor que frena de entrada el diseño de otras políticas reformistas antiestamentales: ningún gobierno quiere a los jóvenes en la calle.

Sería deseable, en fin, que los jóvenes europeos tomaran conciencia a tiempo del conflicto que les enfrenta a sus mayores a fin de que negociasen con ellos una redistribución razonable de los recursos públicos, antes de que las manifestaciones se conviertan en formas más violentas de desorden colectivo. Y que lo hicieran, dicho sea de paso, renunciando a las hipérboles que los retratan como «primera generación que vive peor que la anterior», porque ese dibujo en crudo debe hacer sitio a circunstancias atenuantes que matizan la contundencia de la afirmación: por un lado, sus padres vivieron vidas muchos menos experimentales y sus abuelos se jugaron la vida en la guerra; por otro, la pérdida de poder adquisitivo se ve parcialmente compensada por la mayor capacidad de acceder por menor precio, e incluso gratuitamente, a bienes y servicios de mayor potencia que en el pasado. Sería igualmente deseable, aunque improbable, que la psicología de la resistencia inherente a la cultura juvenil perdiera peso en beneficio de una posición más reformista. De lo contrario, como estamos viendo, el populismo de derecha e izquierda –que no por casualidad omite toda mención a la dimensión intergeneracional de los problemas sociopolíticos contemporáneos– tendrá las de ganar. Es sabido que Edipo nunca vio más claro que cuando perdió la vista, arrepentido por una violenta agresión intergeneracional de la que no tenía conciencia. Ojalá no debamos llegar tan lejos, aunque la metáfora nos sirve para describir otra agresión que pasa inadvertida: la perpetrada por los mayores de hoy contra sus jóvenes a través de los medios estatales”.

__Notas al pie del artículo completo

1. Boris Groys y Vittorio Hösle, La razón al poder. Una discusión, trad. de Manuel Fontan del Junco y Alejandro Martín Navarro, Valencia, Pre-Textos, 2014, p. 77.

 

Antonio CABRALES, “Una hipótesis sobre por qué es tan difícil conseguir reformas estructurales en España” a Nada es Gratis (8-04-16)

http://nadaesgratis.es/cabrales/una-hipotesis-sobre-por-que-es-tan-dificil-conseguir-reformas-estructurales-en-espana

“Hace unas semanas conté en Magdalen College (Oxford) en el ciclo Madariaga los resultados preliminares de un par de estudios experimentales que estoy desarrollando con varios coautores, algunos de ellos colaboradores de este blog, y me comprometí por twitter con Elena Alfaro, una de nuestras lectoras más inquietas, a hablar de ello (y como la última vez que me comprometí a algo, a promover unas “cervezas con NeG” fallé, prefiero no repetir). Los resultados de nuestros estudios son aún algo preliminares, pero me parece que la motivación es de interés general y quería compartirla. La hipótesis es que en sociedades con un bajo nivel de confianza generalizada” resulta más difícil llegar a pactos, acuerdos y compromisos, y a menudo estos acaban sustituyéndose por complicadas reglas formales que tampoco arreglan gran cosa y tienen costes elevados.

Para empezar, ¿qué es esto de la confianza generalizada”? Hay varias definiciones y no existe un consenso sobre cuál es la mejor, pero todas tienen como denominador común que la confianza implica una disposición de los individuos (o decisores colectivos) a colocarse en situaciones donde otros pueden aprovecharse, esperando que esto no suceda, porque de esa manera se produce una ganancia mutua (ver Doney et al). La palabra “generalizada” tiene que ver con la confianza en el resto de miembros de la comunidad, no en una persona en particular (es fácil y posible que en sociedades con poca confianza generalizada, la confianza en amigos o familiares se acreciente).

A los economistas nos interesa la confianza generalizada entre otras cosas porque se ha asociado a mayores tasas de crecimiento. Zak y Knack lo hacen con una sección cruzada de países, y Algan y Cahuc utilizan una estrategia más convincente para establecer una relación causal entre crecimiento y confianza. Algan y Cahuc muestran que el nivel de confianza heredado por los inmigrantes de los países de origen de sus antepasados explica una parte sustancial de la evolución del crecimiento económico para un gran panel de países.

Una de las maneras estándar de medir esta característica de los ciudadanos de cada país es a través de una pregunta que se realiza en las encuestas de valores (EWS WVS): “¿Se puede confiar en la mayoría de la gente?” En el siguiente gráfico se representa el porcentaje de gente que responde positivamente en varios países.

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Como ven no estamos bien. Y mi conjetura es que esto explica parte de la dificultad que experimentamos en llevar a cabo reformas, así como nuestro gusto por las protecciones alambicadas a nuestros derechos y libertades. Para darse cuenta de lo primero les recuerdo que, como ya hemos analizado aquí, en Suecia se hicieron muy serias reformas fiscales (aumento del superávit primario de 9 puntos del PIB, a base de recortes de gastos e incluso impuestos), laborales, educativas o de pensiones (más en este artículo de Bergh). Lo mismo se puede decir de Alemania, en la cual un gobierno socialdemócrata hizo reformas que aquí habrían costado varias huelgas generales.

Creo que esto también explica parcialmente la incomodidad de muchos países nórdicos con la reticencia de los países del Sur a aceptar reformas que ellos tuvieron que realizar hace veinte años. Pero también me parece que si creemos que los ciudadanos son racionales (o incluso para los que nos conformamos con pensar que son “razonables”) habría que buscar una razón para esta reticencia. Las reformas estructurales en general implican costes inmediatos evidentes con beneficios futuros inciertos. Y esos costes inmediatos no siempre están bien distribuidos. Para algunos pueden ser beneficios inmediatos. Por ejemplo, aceptar recortes salariales para aumentar la competitividad y mantener el empleo se puede hacer, como hicieron los alemanes, si se espera que efectivamente el empleo se mantenga o los salarios suban cuando las cosas vayan bien. Esto requiere confianza en que la otra parte cumplirá su porción del trato. Si no hay confianza, tenemos un problema.

¿Y si no hay confianza, qué hacemos? Una respuesta es legislar y regular. Cuando hablamos en el blog de, por ejemplo, reformar las oposiciones, y cambiarlas por otro tipo de procesos, la respuesta más habitual es decir que las oposiciones son lo único que nos separa del caos del amiguismo. Lo curioso es que dejamos claro que los otros sistemas pueden ser tan verificables y robustos como el anterior. Pero nadie se fía. Piensan que si se cambia el sistema, “hecha la ley, hecha la trampa” y alguien dejará un agujero para los amiguetes.

Por no decir cuando hablamos de reforma del acceso a la profesión universitaria. Mucha gente piensa que la única solución es que el acceso a la profesión pase por un examen como las oposiciones, o por presentación de currículos con un baremo predefinido y sin ningún atisbo de discrecionalidad por parte de nadie. Cuando cuento a algún español de fuera de la profesión que en una de las mejores universidades del mundo (y una universidad pública para colmo) me contrataron después de dar una charla y unas cuantas entrevistas con profesores del departamento y un par de administradores, suelo encontrar miradas de incredulidad.

Esto tampoco es irracional, ni siquiera extraño, Aghion y sus coautores muestran que la regulación tiene una correlación negativa muy marcada con el nivel de confianza generalizada. Lo curioso, muy curioso, del modelo y de los datos que lo confirman es que esta demanda de regulación resulta muy grande incluso a pesar de que el gobierno sea corrupto.

¿Qué se puede hacer? La verdad es que es un problema complicado, por esto estoy interesado en comprenderlo. Una vía de progreso nos viene de este otro estudio de Rothstein y Eek, que muestra que la corrupción hace decrecer los niveles de confianza. Por esto me parece obvio que la primera medida del próximo gobierno debe ser regenerar las instituciones. Incluso con una prioridad mayor que cualquier reforma estructural. Cuando la sombra de la corrupción haya desaparecido de las instituciones será más fácil llevar a cabo las reformas necesarias y pedir sacrificios a los españoles. Este fue un error muy grave de los anteriores gobiernos: quisieron hacer reformas cuando los responsables de escándalos gravísimos seguían en puestos de responsabilidad. Esperemos que el próximo no tropiece en la misma piedra”.

 

Ignacio VARELA, “El paisaje después (y antes) de la batalla” a El Confidencial (12-04-16)

http://blogs.elconfidencial.com/espana/una-cierta-mirada/2016-04-12/el-paisaje-despues-y-antes-de-la-batalla_1182292/

“Cuando se realizó la encuesta de DYM para El Confidencial, la contienda de los acuerdos estaba en todo lo alto: eran las vísperas de la esperada reunión entre el PSOE, Podemos y Ciudadanos, que tanto costó organizar y que tanto se infló con expectativas poco fundadas.

Mientras les contamos los resultados de la encuesta, esa temporada del serial ha concluido abruptamente. Ya no hay acuerdos de gobierno a la vista y todos los partidos se encaminan hacia las elecciones (es decir, hacen ahora a las claras lo que llevan cuatro meses haciendo con disimulo).

En estas condiciones, relatar lo que los encuestados han opinado sobre las negociaciones de gobierno puede parecer extemporáneo. Pero no lo es, ya que lo ocurrido durante estos meses puede influir -en opinión de algunos, decisivamente- en el voto del 26-J. La encuesta de DYM ofrece datos interesantes para conocer qué balance han hecho los españoles de este confuso periodo.

Para empezar: si los estrategas electorales pretenden hacer que la campaña se consuma en pelear sobre quién tuvo más voluntad negociadora y quién menos, que se ahorren el trabajo. Los ciudadanos ya lo tienen claro: el PSOE y Ciudadanos son los que más han trabajado por formar un Gobierno y el PP y Podemos son los que han puesto más dificultades.

Si se pregunta en positivo (“¿Qué partido político ha realizado más esfuerzo por alcanzar pactos de gobierno y evitar la celebración de elecciones?”), el 42% señala al PSOE y el 22% a Ciudadanos: en total, 64%. Un esfuerzo negociador que solo el 6% reconoce a Podemos y el 4%, al PP.

Y si se pregunta en negativo (“¿Qué partido ha puesto más dificultades para alcanzar un acuerdo de gobierno”?), las tornas se invierten: un 33% apunta a Podemos y otro 33% al PP. Dos de cada tres españoles identifican al partido de Rajoy y al de Iglesias como los principales obstaculizadores del acuerdo.

Lo más significativo es que esta visión se impone en todos los grupos sociales, en todos los espacios ideológicos y en todos los electorados. Para que se hagan una idea: solo el 15% de los votantes del PP cree que ese partido ha sido el más negociador, mientras el 62% de ellos reconoce ese esfuerzo al PSOE y a C’s. Y solo el 17% de los votantes de Podemos reivindica la supuesta voluntad negociadora de Iglesias: para casi la mitad de los podemitas (47%), quien más ha trabajado por el acuerdo ha sido el PSOE.

Es dudoso cuánto pesará esta cuestión en el voto, pero, a la vista de estos datos, no admite duda que esa parte de la batalla de imagen la han ganado claramente Sánchez y, en segundo lugar, Rivera. El veredicto social es que ellos dos han sido los más interesados en conseguir un pacto, mientras Rajoy e Iglesias han sido los que más lo han obstaculizado. Si estuviera en el equipo electoral del PP o de Podemos, recomendaría pasar esa página cuanto antes y buscar otras motivaciones para pedir el voto.

¿Cómo ha evolucionado la imagen de los partidos desde el 20-D? Se lo resumo:

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El PP y Podemos se han deteriorado claramente tanto en el conjunto social como en su propio electorado. Al PSOE también le ha ido mal en general, pero se salva por los pelos entre sus votantes (quizás eso explica su estancamiento en la estimación de voto). Y Ciudadanos es el único partido que sale bien librado de estos meses, tanto para el público general como para quienes lo votaron en diciembre.

Así que al PSOE se le reconoce como el que más ha hecho por el acuerdo, pero no avanza en votos; y quien más mejora su imagen y su expectativa electoral es Ciudadanos. Y el PP, que aparece -junto a Podemos- como el que más ha obstaculizado los pactos y más ha sufrido en su imagen, sin embargo conserva su fortaleza electoral -incluso sube levemente- y sigue siendo claramente el partido más votado. ¿Hay contradicción? No, lo que hay es complejidad. No me cansaré de prevenir contra la visión simplista -y a ratos oportunista- que se empeña en relacionar mecánicamente la intención de voto declarada en las encuestas con un reparto de premios y castigos por el comportamiento de los partidos durante estos meses.

Ni siquiera está claro en qué consiste haberse portado bien o mal. O mejor dicho, el juicio es cambiante. Los mismos comentaristas que la semana pasada presentaban a Mariano Rajoy como un zoquete inmovilista que conducía a su partido al precipicio, hoy se hacen lenguas de su paciente sabiduría estratégica, que ha sabido esperar a que sus rivales se destrocen entre sí y ahora tendría, como en la canción, la sartén por el mango y el mango también.

Aunque ya no es muy actual porque se ha cerrado el teatrillo de la negociación, DYM también preguntó a los encuestados por distintas fórmulas de gobierno, y el resultado tiene aspectos de interés para el futuro.

Para simplificar, puede haber cinco coaliciones básicas:

1     La Gran Coalición. Que incluye tanto el acuerdo PP-PSOE (muy minoritario en la encuesta) como el tripartito PP-PSOE-C’s, dejando fuera a Podemos.

2     La coalición de centro-derecha, basada en la asociación de PP y Ciudadanos.

3     La coalición de centro-izquierda, que corresponde al acuerdo entre PSOE y Ciudadanos

4     La coalición transversal, que excluye al PP y agrupa a PSOE, C’s y Podemos.

5     La coalición de izquierdas, con el PSOE, Podemos y IU.

Pues bien, veamos las preferencias de los votantes de cada partido:

3

Es claro que los dirigentes han trabajado con encuestas durante todo este tiempo. A la vista del escaso entusiasmo de los votantes del PSOE por la coalición llamada ‘de izquierdas’, Sánchez sabe muy bien por qué tiene que apostar por la fórmula transversal. Comprobando la frialdad de los votantes podemitas ante el acuerdo con PSOE y C’s y la contundencia con la que apuestan por la coalición de izquierdas, no parece que Iglesias corra mucho riesgo en su giliconsulta. Y tanto Rajoy como Rivera pueden seguir defendiendo -en sus dos versiones diferentes- la idea de la gran coalición, porque cuentan con la aquiescencia de sus respectivas parroquias.

Como dije en mi primer comentario sobre esta encuesta: a medida que las cosas van quedando más claras, el chocolate se hace más espeso. Es nuestro sino”.

 

 

Lluís BASSETS, “El trilema català” a elpais.cat (11-04-16)

http://cat.elpais.com/cat/2016/04/10/opinion/1460306347_598109.html

“No tot és possible. A hores d’ara, encara que sembli mentida, hi ha senyals que ja hem començat a reconstruir el consens. Després de cinc anys d’una cavalcada de somnis inassolibles, estem començant a aterrar. Finalment. No tots, és cert, però almenys alguns. Així cal llegir, de forma optimista, les barbaritats que estan sentint-se aquests dies, d’una i d’altra banda: són l’última reacció extralimitada abans de l’atac de sensatesa que inevitablement haurà d’arribar.

És hora, doncs, de posar-se al dia i de fer-ho amb una idea catalana, una d’aquestes idees alhora diferencials i pròpies. Diferencials, perquè, com sabem i ens han ensenyat des de la nostra més tendra infància, tot a Catalunya és diferent. I pròpies, perquè tot el que existeix a la resta del món també existeix a Catalunya en la seva forma peculiar i de vegades única. Dit d’una altra manera: tenim de tot. La meva proposta catalana té la forma d’un trilema. Necessitem un trilema i que sigui català.

Els trilemes deriven dels dilemes. En comptes d’escollir entre dos termes incompatibles, cal escollir entre tres. En els trilemes la incompatibilitat acostuma a reduir-se a un dels termes respecte a la combinació dels altres dos. Un bon exemple és el proposat pel filòsof eslovè i exiugoslau Slavoj Zizek respecte als intel·lectuals comunistes (alguna cosa en sap d’això): no poden ser alhora honests, intel·ligents i donar suport sincerament al règim; els honests i intel·ligents no donen suport al règim; els intel·ligents que donen suport al règim no són honests; i els honests que donen suport al règim no són intel·ligents.

La història dels trilemes és antiga. Es remunta als orígens de la filosofia i la teologia. Però és l’economia contemporània la que els ha posat de moda sota el nom de la Trinitat Impossible. Hi ha tres coses que no es poden fer alhora: una política monetària sobirana, llibertat de moviments de capitals i un sistema fix de canvi. Dani Rodrik, a la Paradoja de la globalización, va oferir una translació política: els termes incompatibles són la democràcia, l’Estat-nació i la integració econòmica.

La culminació del procés bé podria celebrar-se amb l’adopció del trilema català, particularment estimulat per l’últim manifest monolingüista. Els tres termes que el conformarien són la llengua oficial, un Estat independent i la convivència democràtica en el seu sentit més propi i complex.

Sí, ja sabem que ho volem tot i ara. Però el primer que caldrà dir és que tot no és possible i sobretot alhora. Podem fins i tot fer una lectura suau de les incompatibilitats, de manera que siguin una qüestió d’èmfasi: molta independència i molta llengua, serà a costa de la democràcia; molta llengua i molta democràcia, serà amb una independència limitada; i molta independència i molta democràcia, serà mitjançant concessions en l’estatus de la llengua.

El trilema obliga a abandonar l’abstracció, ja que cal analitzar cada dificultat en relació a altres dificultats. Quan es tracta de fer política amb els desitjos i els sentiments, sabem que la cosa es posa impossible, diguin el que diguin els poetes i cantautors. Però si ens disposem a fer política amb les realitats de cada dia, llavors ens trobem que hem d’optar.

És evident que els signants del manifest Koiné han fet una reflexió abstracta, a partir del que diuen els manuals de sociolingüística sobre llengües en contacte, diglòssia i bilingüisme. És un debat científic, tècnic, diuen. Ho ha dit el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per defensar-los de l’acusació vehement de racisme per part de Lluís Rabell. No té raó: és un debat polític que versa sobre opcions polítiques i ens situa no davant un dilema, sinó davant el trilema català i la necessitat d’optar.

Sí, els catalans haurem de decidir i ja estem decidint en bona mesura com volem que sigui la nostra societat. I això no es respon amb un sí o amb un no a la independència, encara que en algun moment respondre col·lectivament a aquesta pregunta ajudi a fer-ho. Hem de decidir fins a on volem que arribi l’autogovern, quin grau d’homogeneïtat lingüística i cultural estem disposats a reivindicar i organitzar i si volem fer-ho seguint la regla de la majoria i respectant les minories, a les quals protegeix sobretot la regla de joc vigent que ens hem donat nosaltres mateixos. Amb un advertiment: qui ho vulgui tot, ara i en el seu màxim grau haurà de demostrar, primer, que té la capacitat de fer-ho i, després, que també està disposat a quedar-se sense res a causa de la seva ambició irrealista i excessiva”.

 

 

Cesáreo RODRÍGUEZ-AGULERA DE Prat, “¿Referéndum antidemocrático?” a Agenda Pública (12-04-16)

http://agendapublica.es/referendum-antidemocratico/

“Es recurrente la opinión de que hacer un referéndum consultivo de tipo materialmente autodeterminista en Cataluña no sólo es inconstitucional, sino incluso antidemocrático (así lo ha afirmado recientemente Antonio Arroyo en El País, 7-4-16). Es cierto que pueden albergarse dudas sobre el encaje jurídico formal de un tipo de consulta así, pero- en cambio- resulta sorprendente el segundo argumento. Desde el primer punto de vista, la expresión “todos los ciudadanos” del art. 92.1 de la Constitución parecería cerrar la opción a celebrar referéndum consultivos en el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, pero no está de más recordar que el 30.1 impone el deber a los españoles de defender a España y, sin embargo, el servicio militar obligatorio se suprimió sin reformar ese artículo mediante una interpretación flexible del mismo. En todo caso, si la autorización de un referéndum consultivo autonómico necesitara un cambio explícito no puede olvidarse que  la reforma exprés del art. 135 ha sentado un precedente al respecto.

Al margen de las cuestiones legales, lo más relevante es dilucidar si un referéndum de estas características es o no democrático. La primera objeción habitual es la de señalar que es imposible porque afecta a la mítica soberanía nacional que reside en el conjunto del pueblo español y no se puede “trocear”, de ahí que- en todo caso- sólo sería admisible una consulta de tipo autodeterminista si pueden participar todos los ciudadanos españoles. Sin embargo, el carácter consultivo del referéndum implica que no es jurídicamente soberano (decisorio) y, por tanto, sólo sirve para revelar una opinión. Si un referéndum de este tipo diera una mayoría secesionista muy clara, eso tendría un fuerte impacto político, pero no afectaría (aún) a la soberanía nacional española puesto que- en todo caso- haría falta una reforma constitucional profunda a continuación que implicaría un referéndum vinculante de todos los ciudadanos españoles. Por tanto, es verdad que un referéndum consultivo autonómico no sería jurídicamente vinculante (por tanto, no sería soberano), pero también es cierto que ignorar un resultado muy claro sería suicida (precisamente por ello habría que precisar antes muy bien los tipos de quórum y la o las preguntas). El problema de fondo existe y no se puede soslayar y, además, ha venido para quedarse: hubiera sido mejor no haber llegado hasta aquí, pero el caso es que así ha sido y, por tanto, guste o no, el escenario (hoy lejano) de un referéndum consultivo de tipo autodeterminista posiblemente acabará llegando a medida que la correlación de fuerzas en España vaya cambiando a favor del mismo, lo que llevará su tiempo.

El argumento de que un referéndum de este tipo es antidemocrático no se sostiene si se consideran los impecables ejemplos de Quebec en Canadá y Escocia en el Reino Unido puesto que nadie puede negar las sólidas credenciales democráticas de ambos Estados. Por tanto, la demagógica tesis de Felipe González durante la campaña electoral de diciembre de que la autodeterminación defendida por cierta izquierda sería una ilusión a tenor del uso manipulativo que el estalinismo hizo de tal principio es una simplificación tan esquemática que se descalifica por sí misma. Finalmente se añade que la autodeterminación no tiene cabida en un Estado democrático y de derecho porque sólo está prevista internacionalmente para situaciones coloniales o dictatoriales. Es cierto que el Tribunal Supremo canadiense consideró que la autodeterminación, como principio formal, no tiene cabida en su país, pero ha reconocido que una demanda independentista tras una consulta con una pregunta clara y una mayoría clara obligarían a todas las partes a negociar una eventual separación. Por tanto, cuestiones semánticas aparte, a efectos prácticos materiales tal consulta no dejaría de ser una forma de autodeterminación, algo mucho más claro que el tan confuso derecho a decidir”- que nunca se precisa bien- defendido por el soberanismo catalán.

Más bien, la postura un tanto incómoda es la de los partidos que defienden tal consulta para pedir el no a la secesión (Podemos y una parte de Catalunya sí que es Pot) puesto que se abre una vía que indudablemente es muy conflictiva y divisiva para defender, al final, mantener la unidad estatal. En otras palabras, es totalmente congruente que los independentistas defiendan la autodeterminación puesto que su estrategia es la de romper con el Estado, mientras que la de los favorables a tal derecho, pero contrarios a la secesión, sólo pueden argumentar asumir un paso tan drástico como ese por híperdemocratismo ya que una gran mayoría de la opinión pública catalana desea ser consultada. Por todo ello, tal vez cabría pensar hipotéticamente en la posibilidad de un referéndum que dejara abiertas no dos, sino tres posibilidades ya que- puestas así las cosas y a tenor de las encuestas- el escenario más probable sería el de la victoria en Cataluña de más autogobierno que el actual sin necesidad de llegar a la secesión.

En conclusión, en un mundo interdependiente y en una Unión Europea nada favorable a la creación en su seno de nuevos Estados procedentes de los actuales, el famoso “encaje” de Cataluña en España podría abrirse paso con tres objetivos: reconocimiento de Cataluña como comunidad nacional, exclusividad competencial en lengua, cultura y educación y un nuevo sistema de financiación mucho más autónomo que el actual. Es más, tal vez para conseguir todo esto ni siquiera necesariamente habría que llegar a un referéndum autodeterminista si la mayoría de los actores políticos concordaran razonablemente sobre tales objetivos, salvo que incluso así el apoyo social a hacer esa consulta siguiera siendo muy mayoritario (en cuyo caso sería insoslayable). Sin duda, todo muy difícil, complejo y hasta incómodo, pero no antidemocrático y, además, algo s factible  a largo plazo que la ensoñación de la independencia exprés en quince meses”.