Presentació

L’estat de la Unió Europea apunta a una decadència que serà difícil de revertir, tal com explica Pablo Simón, a la vista de les dificultats per establir polítiques comunes en qüestions tan rellevants com la negocació del Brexit, amb un desacord de fons entre Alemanya i França; la gestió dels refugiats, que es manifesta greument amb la deriva il·liberal dels països que integren el Grup de Visegrad; o la integració fiscal, que divideix els països del Nord i del Sud d’Europa.

Fernando Velayos analitza el cas Apple que il·lustra les conseqüències negatives de la manca d’una integració fiscal europea, condicionada per la regla d’unanimitat que regeix en matèria tributària. Al mateix temps que posa en dubte la voluntat real dels Estats Units de fer efectiva una nova política tributària internacional.

Tanmateix les institucions europees segueixen produïnt decisions rellevants per a les polítiques públiques, com es el cas de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió sobre els efectes de la contractació temporal. Una decisió que, com explica Jorge Galindo, pot tenir conseqüències transcendents en la regulació del mercat laboral espanyol.

L’exasperant paràlisi del sistema polític espanyol, a l’espera que el temps decanti una solució per investir nou president i formar govern i  a l’hora que erosiona tots els partits polítics sense excepció, alimenta tota mena d’especulacions i de propostes per sortir del laberint. N’és un exemple la proposta de Xavier Vidal-Folch d’una abstenció concordada entre PSOE, Unidos Podemos i Ciudadanos que permetés la investidura de Rajoy contrapesat per un Parlament fort.

L’altra cara de la corrupció és el populisme justicialista,  denunciat per  Miguel Pasquau en un alegat contra el “totalitarisme de la puresa”:  un furor justicier apressat i arbitrari que confon la part amb el tot i deslegitima, així, els principis i les institucions democràtiques.

 

Pablo SIMÓN, “Cuaderno azul desde Estrasburgo” a Politikon (16-09-16)

http://politikon.es/2016/09/16/cuaderno-azul-desde-estrasburgo/

“Entre el lunes 12 y miércoles 14 de septiembre he tenido la suerte de poder visitar el Parlamento Europeo y ver en primera línea el Debate sobre el Estado de la Unión. La agenda ha estado cargada de seminarios y reuniones sobre los retos de la Unión, la negociación del Brexit, el TTIP, la multa a Apple…  Reconozco que me divertí tanto como aprendí sobre el funcionamiento de las instituciones europeas (me anoto eso de los “trílogos”). Esto que quiero compartir con vosotros no son más que algunas de las notas que he tomado estos días y que tal vez sirvan para ordenar un poco la cuestión. En todo caso, me vuelvo con la sensación de que la Unión Europea está entrando en una lenta y difícilmente evitable decadencia política, económica y social. Quizá la nota optimista sea que, al menos, están preocupados. Que al menos no me encontré con la orquesta del Titanic.

Una de las mejores charlas del viaje fue la de Paulo Rangel, del PSD portugués y vicepresidente de los populares europeos. Trufada de buen humor y referencias a España, vino a enmarcar los tres ejes de conflicto dentro de la UE. La tomo como punto de partida para hilvanar el contenido de los otros seminarios.

La salida del Reino Unido

El primer asunto tratado fue la gestión del Brexit. Durante su charla Rangel señaló que Alemania siempre ha mirado a Reino Unido por concordancia en las policies (más rigor y liberalismo) mientras que para Francia lo ha sido por politics (contrapeso frente a Alemania). A su entender Francia querría que la negociación de salida fuera rápida y ya busca a Italia como nuevo contrapunto frente a Berlín, pero desde Berlín prefieren que la salida sea lenta para que el polo meridional de Europa no sea tan importante. En todo caso, parece que la cuestión se demorará. Como se nos apuntó en otro seminario Richard Corbett (Laborista), antes de la activación del artículo 50, el de salida de la UE, es necesario hacer un listado de materias a tratar y que Reino Unido tome posición ¿Establecerá Reino Unido agencias nuevas para cada cuestión regida por agencias europeas? ¿Adoptará regulación propia? Las materias a tratar son ingentes y va para largo.

A grandes rasgos los conservadores británicos deben tomar una decisión que no es fácil. Tal como nos señaló Ramón Jáuregui, de los socialistas, si el Reino Unido quiere salirse de la UE pero permanecer en el Mercado Común – una especie de independencia post-moderna – no le queda más remedio que aceptar las cuatro libertades fundamentales: mercancías, servicios, capitales y trabajadores. Como os podéis imaginar, dado el tema de la inmigración, esta última es la más conflictiva de asumir. De no darse el caso, el Reino Unido debería salirse totalmente del Mercado Común, con las consecuentes barreras arancelarias, aunque pudiera haber sectores concretos de acuerdo. La última salida implica mayores pérdidas económicas que la primera, pero también mayor autonomía. Es justamente entre estas dos posturas donde hay discrepancias a ambos lados del campo.

Los conservadores británicos, crecidísimos en los sondeos, están divididos sobre si seguir la línea dura – no aceptar los cuatro puntos anteriores y salirse aunque eso suponga pérdidas económicas – o una más conciliadora – aceptar las condiciones comunitarias. En todo caso, la idea de un nuevo referéndum está olvidada pero no así la de hacer uno sobre el acuerdo final de salida de la UE. Esta es la bala que se guardan algunos. Si el acuerdo final no fuera ratificado, los años de negociaciones se irían al traste pero los británicos seguirían dentro. En el otro campo, los estados de la UE se dividen sobre lo mal que se lo quieren hacer pasar a Reino Unido. Es un juego de señalizar los costes que tiene salirse, sobre todo cuando puede haber una cascada de referéndums en Países Bajos o Francia, ambos con elecciones el año próximo. Un juego que se debe tensar lo justo para no incurrir en pérdidas económicas en la Europa Continental.

Sea como sea, está claro que como reconocen tanto Jáuregui como Daniel Hannan, de los conservadores británicos, Europa va inevitablemente a un modelo de diferentes niveles de integración, estando en el núcleo los países de la zona euro. Aunque, sinceramente, me quedo con la impresión de que es un espejismo pensar que dicho núcleo se va a integrar más tras este shock. Los tiros parecen ir más bien por echar el freno.

Soberanismo y refugiados

Una segunda y emergente línea de fractura dentro de la UE es el que se genera a partir de los países de Visegrado, conformado por Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia. Estos países plantean ir a un nuevo soberanismo nacionalista, claramente orientado a resistir la integración y apertura de los países más occidentales de la Unión. De hecho, en algunos casos se plantean directamente conformar democracias iliberales, lo que supone una amenaza de mayor magnitud. Este bloque es el que se ha opuesto de manera más viva a la búsqueda de un acuerdo común en materia de refugiados.

Como nos contó Cecilia Wikström, de los liberales suecos, la Convención de Dublín es el mecanismo de solicitantes de asilo de la UE, pero ha ido fracasando en sus sucesivas versiones. Con la llegada de casi un millón y medio de refugiados los últimos años – de los cuales un millón sólo ha sido acogido en Alemania, algo que merece la pena recordar – la respuesta de los socios ha sido ir suspendiendo la aplicación el tratado ¿Y cómo funciona en esencia Dublín? Las cuotas de refugiados se establecen en base a el PIB y la población de los miembros y se supone que una vez un país llega a una cuota máxima se comienza a distribuir. Un reto logístico monumental y para los países miembros han hecho bastante poco por poner los medios. Además, sin incentivos ni sanciones para que cumplan, era bastante inevitable que así fuera.

Wikström insistió mucho en los valores humanitarios de la Unión Europea y recordó que, al fin y al cabo, la política de asilo – que supondría 30 personas por cada municipio de más de 10.000 habitantes de Europa – es una política ganadora para todos. En especial para las zonas más despobladas de nuestros países cara a mantener servicios públicos. También se mojó y consideró ilegal el tratado con Turquía, e incluso denunció la idea que algunos plantean de hacer algo parecido con el estado fallido libio. Su energía y compromiso con la materia era total y por principio se negó a cerrar el mundo a la movilidad de las personas. Fue extremadamente crítica con el papel del Consejo en toda esta materia.

Sobre esto último me quedo con una queja legítima del eurodiputado Jonás Fernández. Si alguien ha intentado impulsar una política común de asilo ha sido la UE y la Comisión. Si ha fracasado esta política ha sido más bien por el bloqueo de los estados, por una Europa que ha dejado sola a Alemania en esta materia. Por eso dijo que tras el vergonzoso tratado con Turquía los ayuntamientos en España no deberían haber arriado la bandera comunitaria. Lo que deberían es haber arriado la española. Y razón no le falta.

La complicada integración fiscal

La tercera gran línea de conflicto es la que se plantea a propósito de la integración fiscal y la división Norte-Sur. Rangel se encargó de recordar que al fin y al cabo no existe verdadera soberanía monetaria fuera del euro – todas las monedas están ligadas al BCE. Auto-titularse soberano suena muy bien, pero su ejercicio real ya es otra cosa. En cualquier caso, insistió en que los países del norte no se fían de más integración (a pesar del avance de la Unión Bancaria) porque temen que el sur se siga desviando de las reglas. Por su parte, el sur sí pide integrarse más pero relajando los criterios de austeridad. Y mientras, como recordaba el eurodiputado Ernest Urtasun, del grupo Verde, lo que tenemos es una crisis social que está destruyendo los sistemas de partidos europeos, aumentando el euroescepticismo y desgastando la Unión.

Como se pudo escuchar en diferentes foros, la Comisión Juncker trampea de manera evidente las reglas para dar cierto respiro al sur y, no en vano, eso hace que su presidente esté en el punto de mira de Alemania. Esta legislatura, todos coinciden, está siendo de parálisis y en general no hay muchas expectativas con la cumbre de Bratislava. Aún así, con el caso Apple como telón de fondo, Pablo Zalba, de los populares, veía con buenos ojos la idea de mayor armonización fiscal en la UE dado que en esa cumbre se discutirá una base imponible común para el impuesto de sociedades. Sin embargo, para Paloma López  de Izquierda Unida, es más que probable que se vaya a hablar más de integración en Defensa, un tema menos divisivo. Algo que la entristecía ya que la ventana de oportunidad de opiniones públicas favorables, tanto a ser duros con las empresas que no cumplen como a más unión fiscal, empieza a cerrarse. En esa línea, Jaúregui insistió en le pilar fiscal y la hacienda Europea aunque Ramón Tremosa, de los liberales, rebajó las expectativas de integración, no viendo como algo necesariamente negativo la competencia fiscal dentro de la zona euro.

El lamento fue generalizado por cómo hasta la tasa a las transacciones financieras, que era idea de la UE y le podía haber dotado de ingresos propios, fue secuestrada por los estados para sí. El debate fiscal, que también se complementó con otro del TTIP sobre las ventajas o no de dicho acuerdo, dejaban en el aire dos preguntas sin respuesta. De un lado, la posibilidad o no de buscar regulaciones comunes a la globalización (o la gobernanza de la zona euro) cuando tienes políticas nacionales en colisión. Del otro, si hay compensaciones para los perdedores de una mayor integración (comercial o monetaria) de modo que sea sostenible. No vi respuestas claras a ningún lado del arco político.

¿Algo de margen para el optimismo?

Tras esta experiencia en Estrasburgo vuelvo con la percepción de que la magnitud de los retos hace que sea muy complicado salir del túnel. El calendario electoral además hace que con Matteo Renzi en la cuerda floja y elecciones francesas, alemanas y en Países Bajos el año próximo sea difícil maniobrar. Las opiniones públicas, por razones y por conductos diferentes, están votando repliegue nacional. Este hecho es incontestable, y es por lo tanto muy probable que el proyecto europeo entre en barrena. Por más que sea indudable que no estamos en 2010 y se ha avanzado mucho para evitar caer en los mismos errores que el pasado, las heridas están a flor de piel. La desigualdad dentro de los países es mayor, las divergencias entre ellos también lo es, la unión fiscal es complicada de montar, Reino Unido se va y el Este quiere desandar camino.

Decía Séneca que para un barco que no sabe a qué puerto se dirige ningún viento le será favorable. Eso es exactamente lo que ocurre en la UE aunque con algunos matices. El matiz que supone tener tantas crisis tal vez sea la oportunidad para poder negociar arreglos en diferentes mesas, más espacio para la transacción. Que los límites del soberanismo en la práctica los hemos visto y que no queda mucho más remedio que pensar a fondo cómo meter mano en este entorno global. Que aún con las dificultades, las instituciones tienen gente de muchísimo talento y valía. Que tal vez ahora en la UE se enteren que con un discurso de “valores” no se va a ninguna parte, que aquí hace falta cosas concretas. Tal vez todo eso sean oportunidades para moverse fuera de este equilibrio perverso. Porque tal vez, pese a todo, merezca la pena intentar salvar la Unión Europea, aunque sea de ella misma”.

 

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Fernando VELAYOS, “Caso Apple. Las raíces del manzano” a Agenda Pública (18-09-16)

http://agendapublica.es/caso-apple-las-raices-del-manzano/

“Se ha escrito y dicho mucho sobre este asunto. Y a estas alturas quizá resulte más interesante alguna reflexión más profunda.

Me gustaría hacerlo sobre dos aspectos o ramificaciones del caso “Apple”, que trascienden el marco técnico del expediente.

1. El caso Apple y la regla de unanimidad en materia de impuestos en la Unión Europea.

A priori sorprende que un asunto donde se discuten impuestos, y no cualquier cifra, estos se reclamen mediante un procedimiento no tributario llamado de “Ayudas de Estado”.  Esta naturaleza dual, donde un incentivo tributario se trata como una ayuda o subsidio encubierto e ilegal de un Estado que distorsiona la competencia dio pie a la fácil crítica de las autoridades de EE.UU., quienes apuntaron que “esta decisión está fuera del marco normal de la política tributaria” (declaraciones del Secretario del Tesoro USA, sr. Jacob Lew). Y algo de razón no le falta a EE.UU. si tenemos en cuenta lo que se reclama:

•     hasta 10 años hacia atrás (los controles tributarios se remontan normalmente a la mitad de ese tiempo: en España 4 años con carácter general);

•     por una Comisaría – Competencia- que no se ocupa de Impuestos, pues el Comisario que lleva Economía, Impuestos y Aduanas es el Sr Moscovici, no la Sra Vestager;

•     para beneficio de un país que no necesariamente hubiera tenido derecho a ese ingreso tributario porque los demás países de la Unión pueden tratar (y tratarán) de recuperar una parte para sí, una vez se haga público el expediente;

•     y para colmo este país al que supuestamente corresponde la parte del león no desea apoyar la reclamación.

Bastantes discordancias con respecto a un procedimiento normal de control tributario, por no hablar de la complejidad procedimental para recuperar en la práctica estas cantidades, que en España por ejemplo solo se ha resuelto en 2015, con la Introducción de un Título ad hoc en la Ley General Tributaria.

Esta peculiar – y posiblemente desconcertante- forma de abordar una práctica tributaria perjudicial, quizá deba mover a reflexión.

Este modelo ha resultado una necesidad institucional en un marco económico de plenas libertades (mercado único) pero sin armonización fiscal directa efectiva (el Impuesto sobre la Renta y las Sociedades), armonización que tiene todo el sentido económico, y la crisis lo ha evidenciado más todavía.

Como se hacía necesaria la armonización, ante la exigencia política de unanimidad en materia de impuestos, los intentos de acercar legislaciones se han tenido que limitar a (i) la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por definición fragmentaria y, a la hora actual, dada la amplitud de temas sobre los que se ha pronunciado, podría decirse que hasta incoherente en algunos aspectos; (ii) el soft law, esto es, acuerdos de aplicación cuasi-voluntaria como los Códigos de Conducta o las Recomendaciones de la Comisión y (iii) las ya mencionadas “ayudas de Estado”. Pero la jurisprudencia es solo una forma “negativa” de regular la materia (los Tribunales dicen lo que no se puede hacer), el soft law no supone coerción real y los problemas de aplicar “ayudas de Estado” a la vista están.

Sin embargo, en mi opinión, este marco de acción, posibilista, limitado y forzado, está siendo superado por los acontecimientos, al menos por 3 factores:

•     la necesidad de recolectar más y mejores impuestos (más eficientes) en el marco de una UE estancada y fiscalmente poco sostenible.

•     la evidencia de que el mundo está llegando de facto a acuerdos de armonización en política tributaria en el seno del G20 o la OCDE. Me refiero al plan de acción BEPS. Un conjunto de acciones coordinadas  contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios de multinacionales a paraísos fiscales. En efecto, llama la atención que los mismos países que no se atreven a consensuar una política tributaria en la UE (por ejemplo en materia de una Base Imponible Común Consolidada para el Impuesto sobre Sociedades) sin embargo aprueben las recomendaciones del G20 y del Consejo de la OCDE que les llevan (bien es verdad que bajo otro marco institucional, basado en el consenso) a adoptar reformas legislativas que, implementadas todas, suponen una considerable convergencia (y en muchos casos armonización) en materia de tributación societaria.

•     el Brexit, que elimina al mayor oponente de la armonización fiscal en Europa.

En suma, quizá ha llegado el momento, en esta “hora de la verdad” (yet another(?))  de la UE,  de (re)abrir el debate sobre la supresión de la regla de la unanimidad en materia tributaria, [salvo quizá en lo relativo a los tipos de gravamen].

2. Apple o el polígrafo tributario de los EE.UU.

La segunda reflexión se refiere a las dudas que suscita el caso Apple en cuanto al papel de los EE.UU. en el desarrollo de los históricos acontecimientos que en materia tributaria estamos viviendo.

En efecto, hasta 2009 los países “normales” convivieron con una pléyade de micro-estados (y otros, no tan “micro”) cuyo modelo (?)  económico se basa en dar guarida (bajo la doble llave del secreto bancario y de las sociedades con acciones al portador) a las fortunas obtenidas en esos países que llamamos “normales”, y en establecer laxos regímenes fiscales para beneficiar esquemas de grandes multinacionales que, con sedes espurias en estos territorios, desplazaban los beneficios y bajaban hasta límites no ya inmorales, sino criminales, sus facturas fiscales. Es exactamente en este estado de cosas donde se enmarca el caso Apple, como otros muchos que se han venido conociendo (casos de ayudas de Estado respecto de Amazon o Starbucks; asunto luxleaks; papeles de Panamá, etc.).

Pero todo esto cambia a partir de 2009. Una concatenación de fenómenos económicos, políticos y sociales derriban el secreto bancario. Y poco después caen (o están en vías de hacerlo) las entidades cuyos dueños no se conocen y, bajo el proyecto BEPS, se ha acordado dificultar a las multinacionales su impúdica forma de organizarse (que en el argot se llama “planificación fiscal”).

Lo más interesante y realmente efectivo del cambio es que es pretendidamente global, y en particular suscita el consenso de los países miembros de la UE, del G20 y de la OCDE, por tanto también de EE.UU. La paradoja radica entonces en lo siguiente: (i) existe un acuerdo sobre los principios de la “nueva política tributaria internacional” dentro del marco de BEPS, siendo el primordial que los beneficios deben tributar allí donde se generan. (ii) es absolutamente claro que el caso Apple es un ejemplo de cómo se incumple este principio, y de que es posible corregir esa situación, al menos en parte. Pues bien, sentadas estas premisas, como el caso concreto pone en entredicho a una gran corporación norteamericana, se buscan por la propia empresa (esto se entiende) y por otros estamentos privados y públicos de los EE.UU. interpretaciones ambiguas y políticas para pretender excluir este caso de lo que debe ser ese gran acuerdo contra la elusión fiscal. En este sentido, no son de recibo las declaraciones de del Secretario Lew indicando que esta acción “no es política tributaria normal” (¿acaso lo era el aceptar una tasa efectiva de menos del 0,5%?) y que es “ una medida retroactiva” (¿Cuándo el trabajo de control e Inspección tributaria no lo es?).

En realidad, se ha apuntado ya una posición poco comprometida de los EE.UU. con el ejercicio de mundial de mayor transparencia tributaria pues, simplificando un poco, se puede afirmar que los EE.UU. no entregan al resto del mundo la misma información que reciben del resto del mundo, y dan cobijo a ciertas estructuras opacas en algunos Estados de la Unión, como Delaware o Nevada o South Dakota. Algunos creíamos hasta ahora que el ejercicio de transparencia era plenamente secundado por la Administración Obama, y que el ya conocido y nocivo bloqueo legislativo de la Casa de Representantes, con mayoría Republicana, era el que impedía a los EE.UU. avanzar más; pero a la luz de este caso estamos empezando a dudar (por no hablar de los riesgos – en este momento menos improbables que nunca- de una administración Trump). Y es necesario advertir que, como ya ocurriera en el año 2000, sin los EE.UU. este consenso tributario histórico fallará”.

 

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Jorge GALINDO, “Europa y el fin de la dualidad” a Politikon (20-09-16)

http://politikon.es/2016/09/20/europa-y-el-fin-de-la-dualidad/

“El Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado que la forma temporal de contratación no es causa justificable para establecer una menor indemnización por despido. Lo ha hecho a seguidas de una denuncia de una antigua trabajadora interina del Ministerio de Defensa. Aquí lo explica bien Manuel V. Gómez. El periodista cita la parte clave de la sentencia:

(…) la lectura completa de la respuesta prejudicial va más allá. En la argumentación se afirma con nitidez que para hacer distinciones en las condiciones laborales —entre las que incluye de forma expresa la indemnización por despido—, deben existir “razones objetivas” que lo justifiquen. Y aclara: “El concepto de ‘razones objetivas’, en el sentido de la cláusula 4, apartados 1 o 4, del Acuerdo marco [en referencia a la directiva europea en la que asienta su fallo], no permite justificar una diferencia de trato entre trabajadores con contrato de duración determinada y trabajadores fijos por el hecho de que aquella esté prevista por una norma nacional general y abstracta, como una ley o un convenio colectivo”.

La reacción sindical, recogida en la misma pieza, no se ha hecho esperar.

(…) el sindicato Comisiones Obreras ha emitido este lunes un comunicado con un encabezado elocuente: “Los trabajadores temporales tienen derecho a percibir una indemnización de 20 días por año, sin necesidad de que su contrato sea fraudulento”. Y advirtió que la organización “promoverá las acciones judiciales necesarias para asegurar el pago de la indemnización a la totalidad de trabajadores y trabajadoras temporales que han visto extinguido su contrato en el último año” (…) La organización que dirige Ignacio Fernández Toxo reclamó “una reforma legal urgente para adaptar la norma al marco europeo”.

No soy experto en Derecho Comunitario, así que se me escapa hasta qué punto la amenaza puede transformarse en realidad, y cuántas argucias legales pueden desplegarse desde el Ejecutivo para evitar una ofensiva judicial de rango estatal contra la segmentación de indemnizaciones que aqueja a nuestro mercado laboral. Y que sufren los trabajadores precarios, claro.

Pero el movimiento del TJUE es, sin duda, políticamente significativo*. La discusión sobre regulación laboral en España es una con posiciones más o menos consolidadas. Cuenta con, al menos, tres frentes que se oponen al statu quo. De un lado, aquellos que desearían un refortalecimiento de la normativa, “igualando por arriba”. De otro, quienes pretenden igualar por abajo, o liberalizar al máximo las relaciones laborales. En tercer lugar están quienes favorecen un compromiso intermedio, en el que unos ceden protección y otros la ganan. Normalmente, los primeros y los terceros abogan también por una mayor y mejor inversión en capital humano y en red de seguridad para los desempleados, mientras que los segundos suelen mantener una posición más netamente liberal también en el sentido fiscal. Hasta ahora, el equilibrio de fuerzas ha sido tal que el statu quo ha prevalecido, muchas veces como segunda mejor opción para aquellos que desean una regulación fuerte para los contratos indefinidos cuanto menos, y también para los que buscan tener acceso fácil a trabajo barato. Pero la decisión del Tribunal arma de argumentos a quienes, dentro de los tres frentes, tienen un interés mayor por converger hacia un equilibrio no dual. Esto se produce, además, en un momento en el que España no tiene sino un gobierno en funciones, y en el cual la regulación laboral ha sido materia de agitada discusión entre al menos tres de los cuatro principales partidos. Al mismo tiempo, está por ver si esos sub-grupos que constituyen la punta de lanza re-reguladora, liberal y de compromiso son capaces de imponerse a sus compañeros, quizás más acomodaticios y poco deseosos de remover aguas en las que nadie ha salido ganando hasta ahora. Siempre pendientes del empeño existente desde el lado judicial, por supuesto.

Aún más interesante y significativo es observar la decisión del TJUE en el largo plazo. Al fin y al cabo, lo que la justicia europea ha dictaminado es que la ley española entra en contradicción con la normativa europea, que la precede. La UE es un proyecto político a medio hacer, en el cual tenemos algunas competencias dejadas en manos de Bruselas (supranacionales) y otras (la mayoría) en manos de la batalla diaria entre los Estados miembros. Ahora resulta que la porción de la regulación laboral que se refiere a la indemnización por despido podría pertenecer al primer grupo, y no al segundo. En España, esa pieza es bastante importante para entender el funcionamiento de nuestro mercado laboral, que divide a trabajadores entre estables y precarios (no es la única: el desempleo estructural parece jugar un papel igual de importante**). Pero un mercado único de productos y servicios, en parte también con divisa única, y con aspiraciones de unificación fiscal, no puede tener 27 regulaciones laborales distintas. Por razones de eficiencia económica, pues dificultaría la libre reasignación del factor trabajo. Pero también por motivos de igualdad, pues resultaría difícilmente defendible que ciudadanos de una misma entidad fuesen tratados de manera distinta en algo tan fundamental como es la manera de ganarse el pan. El federalismo llega lejos, pero, por el momento, no tanto.

Así pues, la sentencia viene a anticipar algo que iba a llegar tarde o temprano, si el proyecto europeo no se hundía antes. Los actores estatales se apropiarán ahora de la decisión del TJUE para avanzar sus propias agendas, como apuntaba más arriba y como ya lo hacen los sindicatos. Y eso estará bien, pues implica acatar sin mencionarla el lento achicamiento de la soberanía. Que por el momento (y por mucho tiempo mientras la unión esté en jaque) no es, ni mucho menos, completo. Así pues, nos toca mover ficha. Donde, y mientras, tengamos espacio para hacerlo.

*Como nota al margen, estaría bien que acabásemos con esta idea un tanto peregrina de que la esfera jurídica está completamente separada de la política, como si una vez estuviesen redactadas las leyes por el Legislativo y promulgadas por el Ejecutivo fuesen sacrosanta palabra no sujeta sino a la interpretación última del Judicial. La independencia y la separación de poderes no implica, para nada, que las normas por las que nos regimos estén tan sujetas a cumplimiento obligado como lo están a discusión dentro de los parámetros establecidos por las propias normas, y en la Constitución sobre todas ellas.

**Para comprender el fenómeno de la dualidad en toda su complejidad y el peso del desempleo en el caso español resulta muy recomendable leer este trabajo de Javier Polavieja: pdf.

 

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Xavier VIDAL-FOLCH, “Por una abstención múltiple” a El País (19-09-16)

http://elpais.com/elpais/2016/09/18/opinion/1474220776_618092.html

“Una abstención múltiple, de todos menos el PP, no es la solución ideal, pero sí una salida sensata:

1. No hay alternativa a un Gobierno encabezado por la primera minoría. Se intentó, y hubo nada.

2. Y si la hay, es mala. La mezcla con populistas y secesionistas rompería al socialismo. O engendraría un Gobierno-monstruo, garantía de una reactiva mayoría derechista por lustros.

3. La otra salida son las terceras elecciones. Sin dramatizar, es tan peor que nadie acierta a encontrarle un solo argumento.

4. Urge ya formar Gobierno. El PP no se movilizará para ello, menos aún tras las vascas y gallegas (salvo fiasco por Rita y compañía), pues las encuestas le auguran más escaños en otra elección (por el miedo, la inseguridad, el repliegue ante lo desconocido).

5. Pónganle ante el espejo. Háganle pagar una tercera convocatoria. ¿Cómo? Demostrando que es innecesaria. Permitiendo, bajo muy fuertes condiciones, investir a alguno de sus líderes: no necesariamente el actual, pues sufrió como presidente en ejercicio (no era un aspirante cualquiera) una doble censura en sus tentativas veraniegas; pues preside esta era de gran corrosión moral del PP.

6. El PSOE tiene también, como segundo, una enorme responsabilidad, pero no única. Un PP bordeando la mayoría absoluta sería el adiós al sueño de todos de condicionarlo en el Parlamento: prepárense a nuevas LOMCE, reformas antilaborales, recortes sociales e involuciones centralistas.

7. Por eso sería bueno que PSOE, C’s, Podemos y nacionalistas se abstuvieran en bloque. Impedirían así la reedición de la hegemonía autoritaria. Ojo: también los nacionalistas-no-CUP: ¿acaso no concurren, y conforman el Congreso? Vamos, si quieren al menos forzar el debate territorial.

8. Lo ideal era un Gobierno sólido y plural. En su imposibilidad ¡al menos un Gobierno!: bajo estricto escrutinio de la Cámara.

9. La abstención múltiple, mutualizada, es neutral: reparte con más equidad la factura entre todos los opositores, acerca su coste a cero. Reduce la presión exorbitante sobre un solo partido.

10. Quien se niegue, en ausencia de razón suficiente, lo pagará. Y dejará la vía expedita a abstenerse a quienes, como los socialistas, se enrocaron demasiado tiempo en el no-es-no.

La fórmula es muy difícil. Pero no más imposible que otras”.

 

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Miguel PASQUAU, “Las prisas de la pureza” a CTXT (21-09-16)

http://ctxt.es/es/20160914/Firmas/8491/Partidos-politicos-corrupcion-imputacion-dimision.htm

-- Pero, ¿qué es lo que os molesta de la pureza, señor?

      — La prisa, Adso –contestó Guillermo.  
El nombre de la rosa, U. Eco

”No creo que sea necesario explicar que la honestidad es una virtud política y la corrupción es la carcoma de la democracia. No creo que, para no resultar sospechoso de tibieza, deba pagar el peaje de enfatizar lo doloroso o irritante que puede ser para el ciudadano con apuros ver cómo un representante malversa el presupuesto público y cómo las Administraciones adjudican contratos o puestos de trabajo según una lógica privada. No estoy por volver a una complacencia de las élites con su propia corrupción, apoyada en la técnica de aturdir a la gente con el debate sobre qué partido tiene más corruptos, y ya me gustaría que la falta de ejemplaridad tuviese consecuencias electorales significativas. Pero me parece que es importante situar la corrupción en el terreno de las desviaciones, como un aspecto marginal de la política que, pese a su vistosidad y a la facilidad de un discurso regeneracionista simplón, no es el más importante.

El totalitarismo de la pureza

Igual que el terrorismo no daña sólo a las víctimas, sino que genera una inflada retórica antiterrorista que puede llevarse por delante algunos principios y nos hace peores, también la corrupción tiene graves efectos secundarios cuando se convierte en un estado de opinión. Y es lo que está pasándonos. Hemos dejado de percibirla como un conjunto de delitos cometidos por personas singulares, y le damos ya el rango de hábito del sistema: pero es una percepción totalitaria que no admite matices: todo está corrupto, y la virtud es una anécdota, apenas un islote en medio del océano. Ahora la corrupción ha tomado la casa y parece apelmazarse debajo de todas las alfombras, dentro de cada alcantarilla, en el subsuelo, en la atmósfera, en los cimientos, de manera que la gran prioridad sería una suerte de fumigación al menor atisbo de cucaracha, aunque el producto acabe haciendo irrespirable el entorno. “Todo está corrupto”, decimos, porque –es verdad– hemos descubierto demasiado estiércol en el abono de muchos espacios de la política. Hemos perdido la confianza en las leyes, en los procedimientos, y vamos a acabar pensando que la democracia es una trampa, y que la receta es un golpe jacobino de autoritarismo.

Me preocupa, sí, esa forma de totalitarismo, es decir, esa incapacidad de ordenar un discurso que sepa distinguir y que permita salvar el prestigio de los principios y las instituciones que han sido corrompidas, que separe la espiga y la cizaña y pode sin llevarse el tallo limpio. Digo “totalitarismo” en el sentido de confundir la parte con el todo, y hacerlo con un discurso facilón que “pega fuerte” pero esconde o posterga cosas más importantes sobre las que deberíamos hablar mucho más, como la desigualdad, la pobreza, la calidad de los servicios públicos, la política energética o el derecho a la vivienda. Me refiero a un totalitarismo de la pureza que, por supuesto con prisas, lleva a la hoguera todo lo que esté en contacto con el virus, sin la paciencia necesaria para hacer escrutinio, ésa que sí tuvieron el cura y el barbero con los libros de don Quijote, quienes, pese a la convicción de que aquellos libros habían causado la locura de su vecino, fueron capaces de salvar unos sí y otros no. Como la corrupción se ha infiltrado en la médula, tendemos a creer que ya no sirve el bisturí capaz de recortar un pedazo y extirparlo, sino que ha llegado el momento de la quimioterapia masiva, que por masiva es ciega y no discrimina entre lo sano y lo enfermo.

La necesidad de distinguir

Yo creo que sería justo abrir los ojos a cuánto de virtud hay, hoy mismo, en la vida política y en el funcionamiento de las administraciones. No se rían, no me tiren zapatos. No me refiero a santidad, ni a un altruismo heroico, sino a gente que hace bien su trabajo, que se resiste a prácticas dudosas que se le ofrecen como naturales, que se esfuerza en elegir las mejores opciones, que sabe decir que no. Y por eso, así como los periódicos nos exhiben a diario los detalles de la corrupción, yo propondría reservar un espacio como escaparate de la ejemplaridad: “Historias ejemplares”, podría denominarse ese espacio. ¿Por qué no, equipo de dirección de CTXT?

Cuatro consejeros de Bankia no utilizaron su tarjeta Black, ¿lo recuerdan? Muchos profesores se niegan a aprobar al alumno recomendado que no lo merece, aunque les cueste perder una amistad. Técnicos de miles de administraciones se afanan en seguir con lealtad los procedimientos reglados, resistiendo presiones. Jueces que tienen en sus manos decisiones que benefician a unos y perjudican a otros no dejan resquicios para que entren influencias extraprocesales o presiones (por ejemplo mediáticas). Cuántos concejales mantienen la ilusión de mejorar el servicio público que tienen encomendado. Hay, claro que sí, ministros y exministros libres de sospecha. Cuántos empresarios perdieron un buen negocio por no buscar prebendas o por ordenar a sus asesores que hagan las cosas bien, paguen las cotizaciones y no usen dobles contabilidades. Cuántos militantes y cuadros orgánicos de partidos políticos se han mantenido de pie y  siguen dando importancia a los principios que los llevaron a afiliarse. Cuántas obras públicas se deciden, se adjudican, se ejecutan y se terminan como dios manda. Cuántos policías se complican la vida en operaciones difíciles y arriesgadas que en ocasiones no tienen resultado, y no buscan atajos. Cuántas iniciativas de solidaridad promovidas o financiadas con cargo a impuestos. Cuántas decisiones políticas difíciles, de verdadera austeridad (cuidado de lo público) y contención del gasto superfluo que no satisfacen el bolsillo de nadie pero cuidan de las siguientes generaciones. Cientos de miles de funcionarios que cobran su sueldo, pagan sus impuestos y no han caído en el desánimo como excusa para instalarse en la rutina.

Nunca la virtud puede ser víctima del vicio, y para eso hay que saber distinguir. No todos son iguales, no todo está podrido, y es justamente el contraste con la honestidad y la seriedad de algunos lo que permite agrandar el reproche a los deshonestos y los chapuceros. Frente a la impunidad de los corruptos no caigamos en el inquisidor totalitarismo de la pureza: seamos capaces de hacer escrutinio y quemar sólo lo imprescindible. Tampoco es justo aglutinar a todos los que alguna vez se han equivocado y mandarlos al foso común de la etiqueta de “corruptos”: hay también una escala de gravedad en la mala gestión que no puede simplificarse bajo el maximalismo del binomio pureza/corrupción, porque la perfección sólo existe en el horizonte.

Más criterio, y menos prisas.

Lo peor de la pureza, sí, es la prisa. Y yo creo que ciertas formas de regeneracionismo que se exhiben con demasiado énfasis pertenecen al terreno de la prisa, más que al de la pureza. Me refiero, por ejemplo, al dogma (o moda) del cese automático público por el hecho de estar judicialmente imputado, que se ha incluido ni más ni menos que como una condición para un pacto de investidura. Permítanme mostrarme en desacuerdo con ese dogma que ahora es asumido hasta por los partidos viejos, afectados de un golpe de mala conciencia. Entiendo que si un partido o una autoridad tiene noticia de que uno de los suyos está implicado en un asunto sucio, lo que debe hacer, mucho antes de que un juez dicte un auto de imputación, es hablar con el concernido, pedirle explicaciones, y valorar si existen sospechas serias de corrupción (y si es así, cesarlo aunque no haya imputación judicial) o si por el contrario es un asunto defendible e incluso disculpable (en cuyo caso deberían poder mantenerlo en su puesto mientras no haya sentencia de inhabilitación). No me gusta el automatismo de los códigos éticos y pactos de gobierno que desplazan hacia el juez instructor (que al imputar no está, en absoluto, prejuzgando) la responsabilidad “política” del cese de un cargo público. Los tiempos de un procedimiento judicial van avanzando hacia un momento decisivo, que es la sentencia, que sólo puede dictarse después de un juicio (y por eso no se condena por “prejuicios”). La instrucción penal no es un juicio, porque el imputado no ha tenido oportunidad real de defenderse de una acusación que puede ser infundada. Por eso valen mucho más, aunque tarden, las sentencias que los autos.

La verdadera regeneración no necesita autos judiciales de imputación para expulsar, por decisión propia, a quien el partido considera manchado, ni puede consistir en ese absurdo automatismo de inhabilitar, de facto, a un cargo público por el solo hecho de que un juez no haya acordado a las primeras de cambio un auto de archivo, porque crea que hay que seguir investigando, o porque crea que es necesario un juicio con todas las garantías para determinar si merece o no la pena de inhabilitación. Piensen que la historia dejó entre nosotros un inolvidable ejemplo de pureza apresurada que aún no está erradicado en nuestra cultura: se llamaba Inquisición.

Lamentaría que alguien dedujera que estoy defendiendo a los partidos que más corrupción tienen en sus filas. Es peor aún: estoy defendiendo el sistema, es decir, la autonomía de lo político, el derecho a distinguir, y el derecho a un juicio justo”.